Sentencia AL-786-11 — Registro 4938
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, se revocó la parte resolutiva y se declaró sin lugar excepción dilatoria de incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda con relación a demanda laboral ordinaria para el pago de prestaciones e indemnizaciones, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir y costas promovida contra el recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala observa que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, inobservó en su resolución lo dispuesto en una normativa jurídica de orden público, como es el Decreto Legislativo No. 17-2010, contentivo de la denominada “Ley de Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, según publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,193 de fecha 22 de abril del año 2010, mediante el cual se concentra la Defensa de los intereses del Estado en la Procuraduría General de la República, que constitucionalmente lo representa de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 228 de la Carta Magna, siendo una de sus atribuciones contestar cualquier tipo de demandas o acciones que los particulares promuevan contra el Estado, según lo dispuesto en su Artículo 64..."..."En tal sentido se faculta a dicha institución para que certifique si lo considera necesario a los auxiliares de las diferentes Secretarías de Estado y órganos desconcentrados, para que presten servicio de representación y procuración legal o se contraten profesionales del derecho debidamente calificados y de reconocida experiencia para una defensa eficaz”; lo cual, aunado al derecho pertinentemente citado por el A Quo en la resolución conocida y revocada totalmente en apelaciones, no deja lugar a dudas que será la Procuraduría General de la República quien deberá representar los intereses del Estado, lo cual deja sin ningún valor y efecto la argumentación sustentada para dicha revocatoria en su primer inciso, la cual está referida a la no notificación, en forma por demás oficiosa, de la demanda al Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, para efecto de su comparecencia en juicio; lo cual tiene virtualidad toda vez que la demanda se presentó en fecha cuatro de junio de dos mil diez, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 17-2010, de fecha veintidós de abril del año dos mil diez; momento procesal en el cual, en efecto, resultaba del todo inoficiosa la notificación a terceros que la Corte de Apelaciones juzgó de incondicional importancia, en su momento, para denegar la Excepción Dilatoria de la cual se ha hecho mérito; prescripción jurídica materialmente orgánica y formalmente administrativa que está Sala estima como formalidad de estricto cumplimiento, la cual no puede ser obviada por no ser una disposición de carácter potestativo sino que de ineludible aplicación, puesto que ni los órganos jurisdiccionales ni los particulares pueden disponer o alterar su vigencia a su libre arbitrio..."..."la Corte Ad Quem ha fundando su fallo revocatorio en que la interposición de la Excepción Dilatoria no se presentó ninguna clase de pruebas por la parte demandada a efectos de acreditar la Excepción, lo cual realizó hasta el momento de la celebración de la Audiencia de Conciliación seguida de la primera de trámite. Este alegato no aparece tampoco como fundado en ley y de hecho, e inclusive parece darse a la contradicción con la vista de autos; pues en el escrito de Contestación de la Demanda presentado por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS se observa el acápite intitulado: “Medios de prueba que me haré valer en el proceso para acreditar los extremos de la contestación”, en donde anuncia la parte demandada se hará valer los medios de prueba siguientes: Documental, Testifical, Inspección Personal del Señor Juez asistido por su Secretario de Actuaciones, Confesión y Peritaje en caso de ser necesarios, además de las Presunciones Legales a detallarse con precisión en el momento procesal oportuno: “… y respecto a la excepción opuesta, presentaré como medio de pruebas los contratos suscritos entre la demandante y mí representado el Estado de Honduras”..."..."aprecia la Sala de lo Constitucional una crasa contradicción entre lo motivado por el Ad Quem y los hechos que sustentan la inferencia lógica en que descansa el fallo, lo cual tiene sin duda virtualidad para afectar el debido proceso de la parte demandante de amparo, toda vez que se le niega entidad a los medios probatorios que en su oportunidad fueron afirmativamente propuestos ante la instancia..."..."esta Sala de lo Constitucional, luego del estudio exhaustivo de los antecedentes y la formalización de la demanda de amparo observa que el Tribunal de Alzada ha vulnerado el Debido Proceso del recurrente, por inobservar los requerimientos, requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar una ley de orden público, cuyo cumplimiento resulta ineludible en un Estado de Derecho, lo cual debe arreglarse a derecho de conformidad a la presente garantía de amparo.- Por todo lo expuesto es procedente otorgar el amparo de merito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Decreto 17-2010 Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, art. 64 (Decreto 205-2012)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del año dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha veintiséis de agosto de dos mil once, que revoca la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha diecinueve de mayo de dos mil once, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ANA CATALINA URQUIA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA (ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 106 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de junio del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, la señora ANA CATALINA URQUIA, promoviendo Demanda Laboral Ordinaria contra el ESTADO DE HONDURAS demanda que promueve por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, con relación al pago de prestaciones e indemnizaciones, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir y las costas del juicio. 2) Que la Procuradora General de la Republica ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de representante legal del Estado, interpuso en el escrito de contestación de la referida demanda ordinaria laboral, una “Excepción de Incompetencia de Tribunal ante quien se hubiere presentado la Demanda”. En consecuencia, el referido Juzgado de Letras, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil once, dictó sentencia interlocutoria, por medio de la cual: “FALLA: Declarando CON LUGAR la excepción dilatoria de INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA, interpuesta ante este Despacho de Justicia por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por la señora ANA CATALINA URQUIA en contra del ESTADO DE HONDURAS (…)”. (Folios veintiuno (21) al veintitrés (23) de la primera pieza).3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado JORGE MARIN DIAZ DURON en fecha veintiséis de agosto de dos mil once, la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, conociendo en apelación la resolución que antecede, falló por mayoría de votos de sus miembros: “ I.- DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE MARIN DIAZ DURON, actuando en su condición de Apoderado demandante apelante.- II.- REVOCAR TOTALMENTE la parte resolutiva sentencia apelada en cuanto Declara CON LUGAR la Excepción Dilatoria de INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA, en consecuencia se Declara SIN LUGAR la Excepción Dilatoria de Incompetencia del Tribunal, ante quien se interpuso la demanda, interpuesta por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS en su condición de Procuradora General de la República y representante legal del ESTADO DE HONDURAS.- III.- Se confirma totalmente la declaración de SIN COSTAS.- IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”; con fundamento jurídico en que la Juez A Quo no dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 713 del Código de Trabajo, al considerar inoficioso notificar la demanda al Secretario de Estado, dejándolo indefenso para contribuir a la defensa de la entidad donde prestaba servicios la persona demandante. Asimismo, considera la Corte de Apelaciones del Trabajo en su fallo, que en la interposición de la Excepción Dilatoria de INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA por la parte demandada no se presentó ninguna clase de pruebas para acreditar la Excepción, haciéndolo hasta que se celebró la Audiencia de Conciliación seguida de la primera de trámite; lo cual es conducente a la Reformatoria (Sic.) de la sentencia interlocutoria conocida en apelaciones.(Folios diez (10) al doce (12) de la pieza de apelaciones).4) La recurrente, Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de octubre del año dos mil once, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintiséis de agosto de dos mil once, mismo que revoca en su parte resolutiva la Sentencia Interlocutoria de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo; conceptuando como violatoria dicha resolución de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 106 de la Constitución de la Republica. Teniéndose por formalizada en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha veinte de febrero de dos mil doce.5) Que con fecha seis de marzo de dos mil doce, la Abogada NELLIE JAENNETTE VALLEJO DIAZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen en el cual fue de la opinión porque “SE OTORGUE…” el presente recurso de amparo; con fundamento jurídico en haberse constatado una infracción al debido proceso de la impetrante con la resolución de Alzada, la cual, sin asistir razón justa ni legal, desconoce la fuerza jurídica vinculante de la Constitución de la República, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y del Código de Trabajo. – Considera el Dictamen, que la resolución del Tribunal de Alzada tendiente a que se siga conociendo de la causa dentro del ámbito laboral implica la vulneración al derecho fundamental del debido proceso, pues se está ordenando por el Ad Quem que la causa sea tramitada mediante un procedimiento fuera de la jurisdicción competente, como es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal y como lo establece el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de una relación basada en Contrato de Servicios Profesionales por tiempo determinado.CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO: Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de agosto de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual declaró CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE MARIN DIAZ DURON, en su condición de Apoderado demandante apelante, ordenando en lo conducente: REVOCAR TOTALMENTE la parte resolutiva sentencia apelada en cuanto Declara CON LUGAR la Excepción Dilatoria de INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA, interpuesta por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS, en su condición de Procuradora General de la República y representante legal del ESTADO DE HONDURAS, en virtud de las sucintas razones de derecho expresadas en los antecedentes de la presente sentencia, mismas que se reconducen a los siguientes considerandos: a) Que la Juez A Quo no dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 713 del Código de Trabajo, al considerar inoficioso notificar la demanda al Secretario de Estado, dejándolo indefenso para contribuir a la defensa de la entidad donde prestaba servicios la persona de la demandante, interviniendo en juicio para el efecto de proponer incidentes, presentar pruebas, alegar e interponer recursos. b) Asimismo, considera la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial que la interposición de la consabida Excepción Dilatoria no se presentó ninguna clase de pruebas por la parte demandada, a efectos de acreditar la Excepción, haciéndolo hasta que se celebró la Audiencia de Conciliación seguida de la primera de trámite. Por consiguiente, según el razonamiento esgrimido por la Alzada: “… habiéndose interpuesto una Excepción Dilatoria y en el mismo momento no se propone ninguna clase de pruebas sobre la Excepción, es como si no hubiera interpuesto nada”. CONSIDERANDO: Que en la Formalización del Recurso, la impetrante considera que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa consagrado en el Artículo 82, Derecho al Debido Proceso contenido en el Artículo 90 y el Derecho a no ser privado de la propiedad sino por causa de necesidad o interés público del Artículo 106, todos ellos de la Constitución de la República. Manifiesta la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ al formalizar la acción de amparo que la Corte de Apelaciones del Trabajo, al resolver con lugar el recurso de apelación presentando por su contraparte, le ha ocasionado una grave vulneración al derecho de defensa y al debido proceso de su representado, como es el ESTADO DE HONDURAS, afectando inclusive su derecho fundamental a la propiedad, lo cual explica y conceptúa de la siguiente manera: 1. En primer lugar cita como infringido el debido proceso, por tratarse de una cuestión de mero derecho que la ahora demandante suscribió con el ESTADO DE HONDURAS una serie de Contratos de Prestación de Servicios por tiempo Determinado, lo que se encuentra regulado en los artículos 2 numeral 2) del Código del Trabajo; artículo 3 inciso a), 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de donde se infiere que es ésta la jurisdicción llamada a conocer del caso, debiendo el Juzgado de Letras del Trabajo de haberse inhibido del conocimiento de la misma. Refiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo no encontró un criterio de justicia y legalidad que hiciere posible la recta observancia de la ley; “… de allí la necesidad de hacer ante el Tribunal Supremo la repetición de nuestras consideraciones”. Incide nuevamente su argumentación en que la demandante no se puede contemplar como empleada regular, sino que bajo la sujeción temporal a las cláusulas del Contrato de Servicios Profesionales por tiempo Determinado, por lo cual se encuentra sometida a la jurisdicción preindicada y fuera de la protección que confiere o brinda el Código de Trabajo. Adicionalmente a lo anterior, arguye la garantista que el proceder de la demandante es erróneo, pues ha entablado la acción laboral y, sin embargo, no ha agotado el Reclamo Administrativo ante el Estado de Honduras a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA (ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población), lo cual imposibilita entablar debate sobre la base de los artículos 42 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Manifiesta en resumen la demandante de amparo que en la omisión del Juzgado de Letras del Trabajo en inhibirse del conocimiento de la acción y en el desconocimiento por parte del Tribunal de Alzada de la fuerza jurídica vinculante de la Constitución de la República, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y del Código de Trabajo, pertinentemente citadas en lo conducente, en errada interpretación del alcance del derecho de defensa y del derecho objetivo invocado, es que radica la lesión denunciada al derecho del debido proceso del cual goza su representado. 2. Asimismo, la solicitante de amparo percibe como violado el Derecho a la Defensa de su representado, según consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República, en virtud de que para evitar que éste quedara en total indefensión se procedió responsablemente a realizar las actuaciones amparadas en ley, contentivas en las diligencias de merito; todo ello en aras de la aplicación correcta de la ley vista que el Estado de Honduras suscribió un Contrato de Servicios Profesionales por tiempo Determinado, con la demandante; razón de la cual se colige no está sometida a un régimen laboral de protección por el Código de Trabajo, sino que la controversia debe ser dirimida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; lo cual no fue considerado así por la Corte Ad Quem, lo cual contraría un sin número de expedientes contentivos de fallos en los cuales, bajo las mismas condiciones, se pronunció declarando la incompetencia del Juzgado de Letras del Trabajo para conocer de casos en contra del ESTADO DE HONDURAS, cuando estos son el resultado de la suscripción de Contratos de Prestación de Servicios por tiempo Determinado, en que se demandan prestaciones y salarios caídos. Finalmente, 3. Refiere la garantista, que la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de agosto de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, le causa el siguiente agravio constitucional a su representado: Colocarlo en situación eminente de ser despojado de parte de sus bienes patrimoniales, como son sus recursos económicos, al obligársele a pagar sumas indebidas, sin que la misma tenga como finalidad la satisfacción de necesidades de interés público; en concordancia con las disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2009 y 2010 presentado por el Poder Ejecutivo, en particular las que regulan la contratación de personal con cargo al objeto específico del gasto, la cual se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre que el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual de la institución y se formalice mediante Acuerdo Interno en cada institución del Sector Público. Adicionalmente esgrime la demandante de amparo, que existe prohibición para nombrar personal no permanente cuando en el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios Básicos de la Secretaría de Estado o su equivalente en el resto de las Instituciones del Sector Público existan plazas aprobadas para el desempeño de las funciones, objeto del contrato. En consecuencia, la sentencia que se recurre se considera afecta lo establecido en el artículo 106 de la Constitución de la República. Por todo lo anteriormente expuesto, se resume en la formalización de amparo una solicitud porque se declare la existencia de una violación al debido proceso, ya que al existir motivos suficientes para que se declare con lugar la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal planteada, la Corte Ad Quem debió confirmar la dictada en su oportunidad por el A Quo, por encontrarse apegada a derecho, y no actuar con inobservancia de las normas jurídicas aplicables, según las cuales y en la apreciación concluyente de la persona demandante de amparo; “… no cabe duda hubiese encontrado que la presente causa debe ser conocimiento del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo como se establece en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo”. CONSIDERANDO: Que conviene, de previo, hacer ciertas apreciaciones sobre el thema decidendi en la presente acción de amparo. Las excepciones son medios de defensa de los que pueden hacer uso las partes, denominadas dilatorias las que tienen por objeto solamente detener o dilatar la entrada al juicio, sin que se destruya o enerve la acción interpuesta, lo que daría lugar a excepciones perentorias[1]. Las excepciones dilatorias en caso de prosperar excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal, que solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impide que esta sea satisfecha, una vez eliminados los defectos de que adolecía. En el presente caso, la Excepción Dilatoria se dirigió contra la competencia de la jurisdicción laboral para conocer de la causa, dada la naturaleza - controvertida en instancia - de la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios por tiempo Determinado entre un particular y el Estado. Según los antecedentes, la motivación del Ad Quem para revocar el fallo del A Quo que concedía la misma, se basó sobre todo en los siguientes aspectos: a) Que la Juez A Quo no dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 713 del Código de Trabajo, al considerar inoficioso notificar la demanda al Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia: “… dejándolo indefenso para contribuir a la defensa de la entidad donde prestaba servicios la persona de la demandante”. b) Asimismo, considera la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial que en la interposición de la consabida Excepción Dilatoria no se presentó ninguna clase de pruebas por la parte demandada, a efectos de acreditar la Excepción, haciéndolo hasta que se celebró la Audiencia de Conciliación seguida de la primera de trámite.CONSIDERANDO: Que la representación legal, por otra parte, se conceptúa como la institución jurídica por medio de la cual una persona actúa en interés del representado sobre quien recaen los efectos jurídicos de su gestión, instituida para garantizar la tutela de los intereses ya sea del Estado o de particulares. Para la doctrina dominante, legitimación consiste en las afirmaciones que realiza el actor: “Tener legitimidad para obrar se refiere a ser la persona que de conformidad con la ley sustancial puede formular (legitimación activa) o contradecir (legitimación pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda” (Montero Aroca). En efecto, analizando la resolución censurada, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, inobservó en su resolución lo dispuesto en una normativa jurídica de orden público, como es el Decreto Legislativo No. 17-2010, contentivo de la denominada “Ley de Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, según publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,193 de fecha 22 de abril del año 2010, mediante el cual se concentra la Defensa de los intereses del Estado en la Procuraduría General de la República, que constitucionalmente lo representa de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 228 de la Carta Magna, siendo una de sus atribuciones contestar cualquier tipo de demandas o acciones que los particulares promuevan contra el Estado, según lo dispuesto en su Artículo 64: “Para efectos de la defensa legal de los intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas en su contra, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Procuraduría General de la República asumirá la Representación Legal de todas las instituciones del Gobierno Central, incluyendo los órganos desconcentrados. En tal sentido se faculta a dicha institución para que certifique si lo considera necesario a los auxiliares de las diferentes Secretarías de Estado y órganos desconcentrados, para que presten servicio de representación y procuración legal o se contraten profesionales del derecho debidamente calificados y de reconocida experiencia para una defensa eficaz”; lo cual, aunado al derecho pertinentemente citado por el A Quo en la resolución conocida y revocada totalmente en apelaciones, no deja lugar a dudas que será la Procuraduría General de la República quien deberá representar los intereses del Estado, lo cual deja sin ningún valor y efecto la argumentación sustentada para dicha revocatoria en su primer inciso, la cual está referida a la no notificación, en forma por demás oficiosa, de la demanda al Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, para efecto de su comparecencia en juicio; lo cual tiene virtualidad toda vez que la demanda se presentó en fecha cuatro de junio de dos mil diez, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 17-2010, de fecha veintidós de abril del año dos mil diez; momento procesal en el cual, en efecto, resultaba del todo inoficiosa la notificación a terceros que la Corte de Apelaciones juzgó de incondicional importancia, en su momento, para denegar la Excepción Dilatoria de la cual se ha hecho mérito; prescripción jurídica materialmente orgánica y formalmente administrativa que está Sala estima como formalidad de estricto cumplimiento, la cual no puede ser obviada por no ser una disposición de carácter potestativo sino que de ineludible aplicación, puesto que ni los órganos jurisdiccionales ni los particulares pueden disponer o alterar su vigencia a su libre arbitrio.CONSIDERANDO: Que por otra parte, la Corte Ad Quem ha fundando su fallo revocatorio en que la interposición de la Excepción Dilatoria no se presentó ninguna clase de pruebas por la parte demandada a efectos de acreditar la Excepción, lo cual realizó hasta el momento de la celebración de la Audiencia de Conciliación seguida de la primera de trámite. Este alegato no aparece tampoco como fundado en ley y de hecho, e inclusive parece darse a la contradicción con la vista de autos; pues en el escrito de Contestación de la Demanda presentado por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS se observa el acápite intitulado: “Medios de prueba que me haré valer en el proceso para acreditar los extremos de la contestación”, en donde anuncia la parte demandada se hará valer los medios de prueba siguientes: Documental, Testifical, Inspección Personal del Señor Juez asistido por su Secretario de Actuaciones, Confesión y Peritaje en caso de ser necesarios, además de las Presunciones Legales a detallarse con precisión en el momento procesal oportuno: “… y respecto a la excepción opuesta, presentaré como medio de pruebas los contratos suscritos entre la demandante y mí representado el Estado de Honduras”. (El subrayado es de la Sala. Ver folio doce de la primera pieza de autos). Tenemos entonces que la parte demandada ha protestado la presentación de prueba de la Excepción, en la contestación de la Demanda, especificando además en que consistirá la misma. Y que, como la misma Corte Ad Quem reconoce, lo hizo inclusive en el momento de la celebración de la Audiencia de Conciliación, seguida de la primera de trámite; no siendo admitida en este último momento por la jurisdicción ordinaria. En ello aprecia la Sala de lo Constitucional una crasa contradicción entre lo motivado por el Ad Quem y los hechos que sustentan la inferencia lógica en que descansa el fallo, lo cual tiene sin duda virtualidad para afectar el debido proceso de la parte demandante de amparo, toda vez que se le niega entidad a los medios probatorios que en su oportunidad fueron afirmativamente propuestos ante la instancia. CONSIDERANDO: Que por otra parte, es indiscutible lo preceptuado en el artículo 710, párrafo primero del Código de Trabajo, para el cual existen dos (2) ocasiones en las cuales se puede proponer excepciones: a) En la contestación de la demanda, o; b) En la primera audiencia de trámite. Respecto a las excepciones dilatorias, el segundo párrafo del consabido artículo dispone que el Juez decidirá de las dilatorias en dicha audiencia, si el asunto fuera de puro derecho; debiendo presentar las pruebas en el mismo acto, si hubieren hechos que probar. Tal como se aprecia de los antecedentes, el considerando cinco (5) del fallo de la Juez A Quo contra el cual se presentó apelación, estipula, en la continuación de la Audiencia Primera de Tramite, que si bien la Procuraduría General de la República no aportó prueba alguna al formular la defensa interpuesta por la vía de la excepción, no puede pasar desapercibido el hecho que la demandante, en el escrito de la demanda que presenta en forma personal, expresa claramente y reconoce que la relación jurídica suscitada entre el Estado y su persona, fue a través de la suscripción de contratos de servicios profesionales por tiempo determinado, lo cual funda la convicción de la expresada juzgadora al emitir su fallo de instancia. Así las cosas, la tesitura del presente caso indica que se produjo inobservancia, por parte del Ad Quem, de prescripciones legales vinculantes al caso concreto; lo que aunado a las contradicciones en que incurre al momento de rendir su fallo, según también se ha fundamentado en el presente considerando, constituyen motivo suficiente y meritorio para el otorgamiento del amparo solicitado a favor del ESTADO DE HONDURAS, por parte de la Abogada recurrente. CONSIDERANDO: Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el Artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Por otra parte la Seguridad jurídica se basa en la certeza del respeto inalterable a la vigencia del derecho, tanto en su publicidad como en su aplicación, lo cual es constitutivo de la primacía de la ley en tanto condición esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho y en el que particularmente descansa el normal funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia, al cual le es inherente el debido proceso; por lo que la vulneración al mismo, percibida en la resolución del Ad quem, objeto del presente recurso debe ser enmendada de conformidad al Derecho de la Constitución.CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, luego del estudio exhaustivo de los antecedentes y la formalización de la demanda de amparo observa que el tribunal de alzada ha vulnerado el Debido Proceso del recurrente, por inobservar los requerimientos, requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar una ley de orden público, cuyo cumplimiento resulta ineludible en un Estado de Derecho, lo cual debe arreglarse a derecho de conformidad a la presente garantía de amparo.- Por todo lo expuesto es procedente otorgar el amparo de merito.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los Artículos 80, 82, 90, 228, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: OTORGANDO LA GARANTÍA DE AMPARO interpuesta por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán en fecha veintiséis de agosto de dos mil once y de la cual se ha hecho merito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSÈ ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días de noviembre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 786=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Tito Livio Tabora. Código Civil de Honduras, sus fuentes, concordancias, referencias y notas. Tomo IV Volumen I De Las Obligaciones. Imprenta Soto, p. 327.