Sentencia AL-443-10 — Registro 4935
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y reformó parcialmente sentencia interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria laboral para el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato a término y salarios adeudados contra el Estado de Honduras, se revocó y declaró sin lugar la tasación de honorarios profesionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala observa que el fallo recurrido en esta vía ha omitido dar respuesta a tales agravios, puesto que el ad-quem ha basado su fallo en la apreciación de un memorando girado por la Procuraduría General de la Republica a la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, en el Poder conferido al referido profesional en el escrito de contestación de la demanda ordinaria laboral incoada contra el Estado de Honduras, estimando de todo ello, que en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Numero 47, de fecha treinta de enero de mil novecientos treinta y nueve, no cabe a favor del abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, tasación de honorarios..."..."esta Sala entiende que la sentencia que se ha recurrido mediante esta vía constitucional y que fuera dictada por el ad-quem, no ha dado respuesta en su totalidad a la expresión y contestación de agravios expresados por las partes, ya que la apelante-demandada ha cuestionado ante esa alzada el fallo dictado por el a-quo, esgrimiendo como argumento toral, la existencia de contratos de servicios profesionales suscritos entre el abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, y la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, en los periodos comprendidos entre los años 2007 al 2009..."..."esta Sala estima que tal y lo planteado por el recurrente la sentencia del ad-quem al omitir pronunciarse sobre la totalidad de los agravios expresados, no cumple con los requisitos señalados en el articulo 190 del Código de Procedimientos Civiles, vulnerando con ello el derecho al debido proceso..."..."se determina que se ha violentado el precepto constitucional del debido proceso, siendo procedente otorgar la Garantía de Amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, mayor de edad, soltero, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número 10410, con despacho profesional ubicado en el cubículo Nº 306 del tercer piso del Edificio el Centro, en la calle peatonal de la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada en fecha cinco de mayo de dos mil diez, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, mediante la cual se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y reforma parcialmente la sentencia interlocutoria dictada el veinticinco de febrero de dos mil diez, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; con relación a la Tasación de Honorarios presentado por el mismo, contra el ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán, la señora IVONNE PINTO RUBIO, promoviendo Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios por incumplimiento de contrato a termino y salario adeudado contra el ESTADO DE HONDURAS. 2)Que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil nueve, en la continuación de la primera audiencia de tramite el a-quo, dicto sentencia interlocutoria mediante la cual declaro con lugar la excepción dilatoria de Incompetencia del Tribunal por Razón de la Materia, opuesta por el apoderado legal de la parte demandada. 3) Que en fecha catorce de abril del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de esta sección judicial, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de apoderado demandante-apelante; contra la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior, dicto sentencia mediante la cual confirma la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo.4) Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil nueve, el Abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, actuando en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, solicitando tasación de honorarios profesionales por la cantidad de Ciento Veintiséis Mil Seiscientos Lempiras Exactos (L.126,600.00).5) Que en fecha veinticinco de febrero del año dos mil diez, el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual tasó las costas personales en la cantidad de Ciento Veintiséis Mil Seiscientos Lempiras Exactos (L.126, 600.00) a favor del Abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, citando como fundamento jurídico de su fallo el artículo 55 inciso b) del Arancel del Profesional del Derecho.6) Que en fecha cinco de mayo de dos mil diez, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSE MANUEL RODRÍGUEZ ROSALES, en representación del Estado de Honduras, contra la sentencia interlocutoria que se deja relacionada en el inciso que precede, falló: a) declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto; y b) reformando parcialmente la sentencia interlocutoria apelada en los términos siguientes: UNO: Revocando el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia interlocutoria que tasa las costas personales en la cantidad de Ciento Veintiséis Mil Seiscientos Lempiras Exactos (L.126,600.00) a favor de Abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, en consecuencia se declara sin lugar la tasación de honorarios profesionales presentada por el referido profesional y DOS: confirma el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada.7) Que en fecha treinta de junio del año dos mil diez, el recurrente Abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor de SI MISMO, afirmando que la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70 párrafo tercero y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que la sentencia recurrida mediante la vía del amparo es la que fuera dictada en fecha cinco de mayo del año dos mil diez, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán; sentencia que entre otros aspectos, expone básicamente los siguientes: (Sic) “Que del análisis exhaustivo de las presentes diligencias este Tribunal de Alzada llega al convencimiento de que al abogado Dany Mauricio Mejia Rivera no le corresponde el pago de los honorarios profesionales que reclama por las razones siguientes: 1) cuando la abogada Rosa América Miranda Rivera en su condición de Procuradora General de la Republica y por ende representante legal del Estado le confirió Poder en el escrito de contestación de la demanda para el ejercicio de la Procuración Judicial de la citada demanda, lo hizo con prohibición de sustituir ese Poder y hacer uso en perjuicio de su representada, 2) Se encuentra debidamente acreditado que mediante memorando dirigido a la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, por parte de la Procuraduría General de la Republica, y previo a la elaboración del escrito de contestación de la demanda laboral incoada contra el Estado de Honduras, le fue remitido a dicha Secretaria de Estado la referida demanda laboral, a fin de que esta elaborase el escrito de contestación de la misma y fuese entregado a la Procuraduría General de la Republica, y así pudiese ser revisado y firmado, a efecto de ser presentado al juzgado, debiendo concederse en tal escrito poder para la procuración a un profesional del derecho de esa Secretaria de Estado debidamente colegiado, para la continuación del juicio en mención, y consta que el referido escrito de contestación fue presentado en el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, quien tuvo por sustituido el Poder en el abogado Dany Mauricio Mejia Rivera, y 3) Mediante Decreto numero 47 del Congreso Nacional de la Republica, de fecha treinta de enero de mil novecientos treinta y nueve, se estableció la prohibición a los funcionarios y empleados de nombramiento del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, a los de la oficina de control de cambios, a los del Distrito Central y otros funcionarios en general, y a todos los que devengan sueldo permanente del Estado, de litigar o tener y desempeñar representaciones, directa o indirectamente en toda clase de asuntos que se ventilen o resuelvan en los juzgados, Tribunales de justicia y demás oficinas publicas; y el abogado Dany Mauricio Mejia Rivera, no acompaño a su tasación de honorarios, el Poder para pleitos que le haya otorgado el Estado de Honduras, posteriormente a la fecha en que dejo de fungir como funcionario publico”.CONSIDERANDO: Que el recurrente no está de acuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior por considerar que la misma vulnera en su perjuicio, las garantías constitucionales invocadas, respecto de lo cual explica que: “Al tenor de lo preceptuado en el Decreto Legislativo 82-96, el Soberano Congreso Nacional de la Republica, se faculto al Colegio de Abogados de Honduras para que emitiese el arancel que regula los honorarios mínimos que devengaran los profesionales del derecho por sus actuaciones como tales, en relación con quienes soliciten o se beneficien de sus servicios, sea cual fuere el resultado del asunto, y que en ese orden de ideas la Asamblea General del referido Colegio, en fecha treinta de abril del año 2001, autorizo a la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras aprobar el actual arancel del profesional del derecho, mismo que fuera publicado en el diario oficial la Gaceta el día nueve de julio del año dos mil tres; por lo que la resolución recurrida vulnera la norma sustantiva antes citada, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo ha dejado de aplicar el Arancel del Profesional del Derecho, señala que la solicitud de tasación de honorarios profesionales se ha hecho por las actuaciones llevadas a cabo por el, ejerciendo actos de procuración judicial en primera y segunda instancia en la interposición de demanda y de recurso de apelación en contra del Estado de Honduras. Aduce que la resolución recurrida hace caso omiso de lo preceptuado en el artículo 858 del Código del Trabajo, en el cual si se preceptúa la aplicación del articulo 10 del Código de Procedimientos Comunes y el procedimiento a seguir cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que este le adeuda por servicios prestados, y que en ese orden de ideas el articulo 190 del mismo cuerpo legal establece los requisitos que debe contener una sentencia y que en ese sentido el fallo recurrido no es claro, preciso ni congruente con la demanda y con las demás pretensiones oportunamente dirimidas en el pleito, al no decidir la misma todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate, por lo que el fallo del ad-quem se torna antojadizo”. CONSIDERANDO: Que es necesario por parte de esta Sala de lo Constitucional, analizar si la sentencia dictada por el ad-quem y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional, al declarar sin lugar la tasación de costas a favor del abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por este. En ese orden de ideas es necesario apuntar que la sentencia del A-quo y mediante la cual se ha declarado con lugar la tasación de honorarios a favor del referido profesional del derecho se ha basado en la omisión de la parte demandada de presentar los contratos de servicios profesionales entre el demandante y la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, y en la prevalencia de lo dispuesto en el 55 del Arancel del Profesional del Derecho. En ese mismo orden y siendo que los agravios planteados por parte del apelante-demandada custionan los argumentos del a-quo, esta Sala observa que el fallo recurrido en esta vía ha omitido dar respuesta a tales agravios, puesto que el ad-quem ha basado su fallo en la apreciación de un memorando girado por la Procuraduría General de la Republica a la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, en el Poder conferido al referido profesional en el escrito de contestación de la demanda ordinaria laboral incoada contra el Estado de Honduras, estimando de todo ello, que en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Numero 47, de fecha treinta de enero de mil novecientos treinta y nueve, no cabe a favor del abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, tasación de honorarios. CONSIDERANDO: Que el Debido Proceso comprende entre otros, el derecho a que la sentencia que emita un órgano jurisdiccional reúna los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes; en otras palabras el juzgador en su sentencia no podrá omitir cuestiones y pretensiones propuestas y pedidas; en ese orden de ideas esta Sala entiende que la sentencia que se ha recurrido mediante esta vía constitucional y que fuera dictada por el ad-quem, no ha dado respuesta en su totalidad a la expresión y contestación de agravios expresados por las partes, ya que la apelante-demandada ha cuestionado ante esa alzada el fallo dictado por el a-quo, esgrimiendo como argumento toral, la existencia de contratos de servicios profesionales suscritos entre el abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, y la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, en los periodos comprendidos entre los años 2007 al 2009. En ese orden de ideas esta Sala estima que tal y lo planteado por el recurrente la sentencia del ad-quem al omitir pronunciarse sobre la totalidad de los agravios expresados, no cumple con los requisitos señalados en el articulo 190 del Código de Procedimientos Civiles, vulnerando con ello el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO: Que en fecha diez de septiembre del año dos mil diez, el abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su opinión en el caso de mérito, siendo del parecer por que se otorgue el recurso de amparo interpuesto, por existir a su criterio la vulneración de los artículos Constitucionales invocados. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se determina que se ha violentado el precepto constitucional del debido proceso, siendo procedente otorgar la Garantía de Amparo de mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la Fiscal, POR UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 190 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el abogado DANY MAURICIO MEJÍA RIVERA, a favor de SI MISMO, contra la sentencia de fecha cinco de mayo del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, por ser la misma contraria a las garantía del Debido Proceso al no pronunciarse sobre la totalidad de los agravios expresados, debiendo al efecto dictarse nuevo fallo por la citada corte, en el que se de respuesta debidamente motivada sobre los extremos alegados, y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha seis de marzo de dos mil doce, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en ese Tribunal bajo el número 443/P506/P499=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL