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Sentencia AC-748-10 — Registro 4913

Resumen

Sentencia confirmó fallo que declaró con lugar denuncia de violencia doméstica y ordenó al denunciado prestar servicios a la comunidad por el término de un mes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala después del estudio de los antecedentes y del fallo que es motivo del presente recurso de amparo, considera que la sentencia recurrida esta apegada a derecho y no concita las vulneraciones constitucionales planteadas, y esto se estima así puesto que el ad-quem, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA, y confirmar el falló dictado por el a-quo, lo ha hecho dando respuesta a cada uno de los agravios expresados por el apelante; situación que no es apreciada así por el hoy recurrente, al estimar que el fallo del ad-quem es contradictorio por recoger la misma motivación esgrimida por el a-quo, en ese orden de ideas cabe apuntar que esta Sala no encuentra que el fallo que se ha recurrido mediante esta vía constitucional sea contradictorio, puesto que como ya se dejo señalado anteriormente el mismo al dar respuesta a los agravios expresados es conforme a derecho, por otro lado en cuanto a los criterios de valoración que de los medios de prueba hayan hecho ambas instancias y que ha dado pie para que se haya declarado la responsabilidad del señor RAUL MAXIMILIANO FLORES GALLEGOS, es menester señalar que la Sala no se puede pronunciar sobre los mismos, toda vez que en reiteradas ocasiones ha dejado claro su posición en cuanto que la valoración de los elementos de prueba, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, situación que el caso de autos no ha ocurrido así..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, en su condición de Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 49-2013 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la Sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual condenó al Señor R. F. Z. M., como autor de los delitos de ROBO DE VEHCIULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO apreciados en Concurso Ideal en perjuicio de L. J. A. H., a la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO (08) MESES de reclusión más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de la Condena y además, se le declara la Responsabilidad Civil del condenado a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procede a condenar en Costas Procesales, Personales ni Gastos ocasionados en el juicio. Son partes: La Abogada A. L. A. M. en su condición de Apoderada Legal del Señor R. F. Z. M. como Recurrente, y el Abogado S. C. en su calidad de Representante del Ministerio Público como recurrido. II. HECHOS PROBADOS. “PRIMERO: El día treinta y uno de Agosto del año dos mil nueve, entre las diez y once horas de la mañana, la señora L. J. . Hyundai, modelo Santa Fe, año 2008 Color azul titanium gris, placa PCC7O63, propiedad de H. G. S. D., con destino a la clínica odontológica ubicada en la colonia Universidad, en el momento que bajaba del vehículo, se le acercó R. F. Z. M., quien le ordenó que se metiera al asiento del copiloto, le preguntó si el carro tenía GPS, contestándole ella que no, luego él subió al vehículo y lo condujo a media cuadra dónde lo esperaba G. A. V., quién se subió al asiento trasero, apoderándose de una cámara, una computadora portátil Sony color plateado, modelo PCG-3 a 1L con su cargador color negro, un anillo, una esclava y un celular, objetos propiedad de la señora L. J., y luego la bajaron dejándola abandonada en la colonia Honduras, continuando ello su marcha, mientras ella aprovechó para interponer la denuncia ante la autoridad policial, donde reconoció en un álbum fotográfico a las personas ya mencionadas. SEGUNDO: Al día siguiente, primero de Septiembre del dos mil nueve, entre nueve y diez de la mañana, Agentes de la Sección de Robo de Vehículos se personan en el barrio Medina, catorce calle, tres y cuarta avenida, de esta ciudad, en los apartamentos propiedad de INVERCAR, específicamente al número veintitrés, ubicado en la segunda planta, donde vivía R. F.O Z. M., junto con su compañera de hogar J. B. C. R., tocando la puerta e ingresando H. H., M. C. y el técnico en inspecciones oculares O. O. L. L., para realizar inspecciones a dicho apartamento, y al llegar al dormitorio en el colchón encuentran varias carteras, de mujer, entre la base y el colchón un arma de fuego tipo pistola con empuñadora de color negro, marca Rugger, P89DC, serie 30388360, con cargador metálico negro y cinco cartuchos completos, también se encontró un maletín color negro marca TARGUS, que contenía en su interior la computadora propiedad de la señora L. J. H. A., razón por la cual fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente, junto con la evidencia encontrada.” III. RECURSO DE CASACIÓN. 1. “Motivo Primero: Infracción de Precepto Constitucional. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Primero: Considera la defensa puntualmente exponer sus argumentaciones bajo bases ortodoxamente confiables circunscritas a la literalidad de las actuaciones plasmadas en el debate las cuales distan substancialmente de las apreciaciones del tribunal sentenciador, quedando marginada la exhaustividad y la congruencia del fallo en sí mismo al introducir elementos exógenos que se excluyen per se de la realidad que orientó la evacuación de probanza evacuada bajo el imperio del principio de inmediación, en tal sentido preciso se torna retrotraer los acontecimientos de la substanciación del debate, no obstante a la importancia y alta relevancia de tal tópico, imprescindible se torna desarrollar los aspectos tendientes a la interposición del Incidente de Excepción y Nulidad esgrimido por nuestra parte, siendo concretamente nuestra postura que la convalidación del Allanamiento que originó la detención de nuestro representado está completamente viciado de violaciones procedimentales, puesto que se ejecutó al margen de las disposiciones constitucionales, hemos sido del firme criterio que la aprehensión de Z. M. ha resultado ser violatoria desde toda óptica constitucional, puesto que se transgredió el contenido de su artículo 99, el cual de forma imperativa establece como un Axioma que el Domicilio es Inviolable y que bajo excepciones estipuladas bajo el sistema de Numerus Clausus podrá ser objeto de invasión, sin embargo como podrá develarse del estudio de los antecedentes del sub examine, fue transgredida por la autoridad policial la norma antes esbozada, transgresión que fue avalada por el Ministerio Público, institución que lejos de actuar con la objetividad y ponderación debida, persistió en su absurda postura de entablar la acción penal pública ante los tribunales de justicia aun bajo el conocimiento previo de que el proceso de mérito no encontraba asidero en la recolección de límpida probanza y que a contrario sensu enclavaba su sustento en prueba atípica, espuria, adulterada y pre-fabricada, siendo aun lo mas dantesco el extremo que al ser ya del dominio del órgano judicial esta aberrante situación (apreciación semántica dirigida a la infracción y atropello de la norma constitucional), no fue ejercitado el control jurisdiccional para detener estas prácticas vernáculas de la inquisición, las cuales aún prevalecen, aun poseen vigencia y aplicabilidad en algunos tribunales pese a la entrada en vigencia de una normativa procesal de corte acusatorio, que deslegitima y deroga los paradigmas en que podían ser valoradas las probanzas aun pese al irrespeto a los postulados constitucionales y al ultraje de derechos humanos del imputado.- Consideramos oportuno esbozar en este acápite como Antonomasia aplicable a los autos el apoyo que nos brinda la doctrina y el Derecho Comparado como fuentes de referencia, y es precisamente el voto particular que razonó el eximio magistrado O. W. H. en una corte federal de los Estados Unidos de América a principios del siglo XX, siendo referente el mismo análisis como un apotegma o aforismo por la magnitud epistemológica y filosófica que circunscribió la realidad de tal raciocinio jurisdiccional, el cual constituyó la base histórica del Instituto de la Prueba Ilícita (vigente en nuestra normativa procesal), al respecto con el debido respeto a los conspicuos Magistrados de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia transcribimos “El Estado no puede estimar como válidas las actuaciones policiales que se encuentren al margen de la ley, no pueden ser legitimadas los actos Probatorios producidos por el ente policiaco cuando estos develen conductas incorrectas_ e irrespeto a derechos fundamentales, hacerlo así sería ubicar al Estado y particularmente a los tribunales de justicia bajo una idéntica condición de los imputados, en tal sentido si la prueba recabada es de origen ilícito debe ser desestimada de pleno derecho, dando lugar a la absolución del justiciable”, frases axiomáticas que la historia misma se ha encargado de enclavar de forma indeleble en los ordenamientos jurídicos-penales de todos los países que han asumido transformar sus sistemas de justicia de inquisición a acusatorio, en tal sentido la interrogante obligatoria es Honorable sala, aun conociendo que en fecha 20 de Febrero del año 2002 entró en vigencia el Código Procesal Penal, en el cual se esgrimen institutos novedosos como es precisamente la Prueba Ilícita, ¿Porqué los juzgados y tribunales no la valoran?, es esta inaplicabilidad de la ley una afrenta a la justicia?, porque si el Congreso Nacional creó y ratificó esta ley (CPP), los juzgados y tribunales se niegan en determinados casos a hacer uso pragmático de la misma?, recurrimos a la última y más alta instancia de la justicia hondureña, en la cual tenemos afincada la mayor y absoluta confianza de que las leyes que han sido objeto del trámite administrativo (legislativo-ejecutivo.) para alcanzar su adhesión a la categoría de leyes vigentes son de cumplimiento Erga Omnes. Imperativo en este acápite es efectuar la reflexión orientada a establecer un elemental aspecto respecto al ámbito que rige el procedimiento legal para otorgar el allanamiento, en el caso de autos bajo el estricto apego al material probatorio adherido al proceso se logran identificar falencias tan inconmensurables que dejan al descubierto los vicios causados en su tramitación, al respecto hemos de indicar que según el discurso acusatorio los Agentes Policiales efectuaban una vigilancia previa y seguimientos sistemáticos a nuestro representado, hasta el día de los hechos en los cuales en los que decidieron aprehenderle al percatarse que en las afueras de su apartamento se encontraba un vehículo con reporte de robo, acto que motivo su inmediato proceder violento, a) actuar al amparo de los cánones policiales omitiendo circunscribirse a los postulados de legalidad implícitos en la ley primaria, actos que quedaron materialmente comprobables al resquebrajar la puerta de acceso al inmueble con la fuerza externalizada mediante estampas de pies, indeleblemente identificadas en la estructura de la misma y luego ingresando al mismo bajo intimidación, al respecto pretendemos destacar dos aspectos de reflexión torales para esta defensa: 1) En cuanto al cuestionable consentimiento de la compañera de hogar del señor Z. M., J. B. C. R., para autorizar el ingreso de la autoridad policial: Impugnamos con estoicismo pero a la vez con el apoyo de la dogmática este aspecto Honorable Sala, puesto que la Fiscalía del Ministerio Público pretende afianzar un ingreso a un lugar que adquiere condición de domicilio según el Código Civil, mediante un eufemismo disfrazado al procurar legitimar un hecho ejecutado por la autoridad policial (que adquiere carácter y relevancia penal), siendo este el ingreso violento e intimidatorio ejecutado en casa del imputado hoy condenado, logra apreciarse al respecto con las indicaciones descritas que el acceso al inmueble fue totalmente viciado y que las razones que motivaron a firmar el documento que autorizaba el ingreso se ciñen en elementos ajenos a la conducta volitiva de uno de los titulares del apartamento, siendo estos el pánico, temor y pavor a sufrir un inminente mal con motivo de irrumpir la policía en un ámbito tutelado por la Constitución de la República por ser destinado como vivienda, motivo por el cual en la intensión natural del sentido de preservación de la vida fue firmado dicho documento; mas nunca en la forma en que es descrito por el órgano acusador, quien pretende impregnar de licitud un acto que es constitutivo de delito, prueba tangible de este extremo es la evidencia aportada por la defensa en la sustanciación del debate al probar fehacientemente que la descrita puerta fue violentada, situación que solo pudo acaecer mediante la utilización de la fuerza desproporcional de la autoridad personada in situ, y nunca bajo aristas de diálogo, este es un absurdo que no puede ser encuadrado fácticamente y que motiva la utilización de una falacia para logar un fin determinado, la condena de nuestra representado aun con el constreñimiento de derechos de rango constitucional y procesal. 2) En cuanto a la inexistencia del elemento de Urgencia para la realización del Allanamiento: Por lógica común puede comprenderse Honorable Sala que al estar sitiado por efectivos policiales el área en el cual se encontraba nuestro representado y que al estar comprobado que no existía posibilidad alguna para que este huyera de su inminente detención, que este no podía ser auxiliado por terceros o que existiría una real acción tendiente a repeler el actuar de la autoridad y que sería imposible que desaparecieran los indicios que orientaban su captura, al no tener orden judicial que avalara el ingreso al descrito sitio, no se configuraba desde ninguna óptica el elemento de urgencia que como excepción prescribe la ley penal adjetiva para permitir la invasión a un derecho constitucional como lo es la inviolabilidad del domicilio (invasión sujeta a la convalidación a posteriori del órgano jurisdiccional), no existía razón para allanar de tal forma, si como se reitera ya estaba totalmente controlada la acción tendiente a la detención, no se develaba peligro alguno proclive a la fuga del sospechoso, en tal sentido la Doctrina nos brida el procedimiento a seguir con el cual se legitimaría desde toda perspectiva legal el ingreso, iniciando este con el acordonamiento por parte de la policía del área geográfica en la cual se encuentre el sospechoso y luego de tener ya debidamente resguardada la zona y teniéndose la certeza plena que no habrá lugar a la fuga del mismo, el fiscal debe personarse ante el tribunal a peticionar la orden escrita de allanamiento, ello por cuanto se devela que al estar así los acontecimientos no impera urgencia o apremio que motive la lesión a un derecho individual de tan gran magnitud como lo es la inviolabilidad del domicilio. Segundo: Refutamos categóricamente uno de los yerros más visibles en la substanciación de la causa de mérito, el cual es el origen de todas las actuaciones procesales que han culminado con la Sentencia Definitiva Condenatoria que es objeto de acción recursiva extraordinaria, circunscribiendo el mismo yerro en la violación al contenido del Artículo 82 de la Constitución de la República, relativo al derecho de defensa que fue lesionado en toda su magnitud al encausado; puesto que los excesos y arbitrarias atribuciones del ente investigativo avaladas a posteriori por el Ministerio Público al excluirle su garantía de que este contara con el asesoramiento de un Abogado Defensor en actos de total trascendencia por cuanto los mismos derivarían la prueba soporte para entablar la acción penal pública, tal como resulta ser el Reconocimiento Cibernético (efectuado en el monitor de la computadora de la DNIC), al respecto ampliando estas aristas siempre la transgresión al postulado constitucional ya descrito, hemos de precisar que sobre el cuestionado mecanismo adoptado por la autoridad investigativa, se aprecia un hecho totalmente insólito que desnaturaliza el Principio del Debido Proceso y por añadidura los derechos de rango individual que deben imperar en un encauzamiento penal, y es el extremo relativo al acto mismo en el cual la víctima señora L. J. H. A., es entrevistada por la policía de investigación, entrevista de la cual resulta su narrativa inculpatoria respecto a su subjetivo señalamiento en contra de mi representado, sin embargo lo mayormente cuestionable de esta deposición administrativa lo constituye el hecho que al margen de las disposiciones procesales enclavadas en su artículo 15, la autoridad policial permitió al sujeto pasivo que reconociera e individualizara en el acotado monito al señor R. F. Z. M., reconocimiento que se efectuó como se reitera Sin la asistencia técnica de un abogado defensor, público o privado que controlara el acto que implica la prueba, haciendo prevalecer sus derechos individuales y garantías, este es un derecho inherente a la condición humana de todo justiciable, quien por las circunstancias de la vida al estar estigmatizado por la sociedad al atribuírsele la autoría de un acto delictivo (aun y cuando no ha sido vencido puesto que falta el último recurso judicial), como así lo es en realidad en nuestro país, aun así le asisten derechos que no le pueden ser excluidos, tergiversados o restringidos como lo fue en ese acto procesal el haberle negado su legítimo derecho de que el señalamiento efectuado por la víctima hubiese sido presenciado y controlado por la defensa técnica, al no existir plasmado en autos el personamiento de un defensor, Honorable Sala Penal, la probanza en si misma queda confinada a su absoluta y total nulidad, partiendo del axioma constitucional orientado a indicar que el derecho de defensa es inviolable, así de igual forma y bajo la supremacía de la carta magna bajo el sistema vertical de legalidad también lo prescribe la norma penal adjetiva (Art.15 CPP), en tal sentido no es necesario efectuar una prolija u ortodoxa reflexión jurídica de tal extremo más de lo puntual y sucintamente esgrimido con prelación, no obstante de esta situación fáctica plasmada documentalmente en los autos, resulta obligatoria la observación respetuosa dentro de todos los ámbitos a la Excelsa Sala Penal, puesto que de un acto nulo como lo es el descrito es decir la evacuación de una diligencia que implicó prueba sin la asistencia de un Abogado Defensor, nace toda la estructura de la investigación que culminó con el falto condenatorio, en tal sentido somos del firme criterio que al estar contaminado la fuente en la que nace el procedimiento, debe como así lo es, estar contaminado su resultado; esta es una apreciación jurídica fundamentada en la Doctrina de la “Teoría del Fruto del Árbol Envenenado”, lo cual semánticamente hablando implica que el fruto de un árbol que ha sido envenenado, necesariamente estará contaminado, así traduciendo ese hipotético ejemplo al campo del derecho penal nos refiere que si el procedimiento que constituye la base o estructura de la investigación (tronco o raíz) todo y absolutamente todo lo que provenga a posteriori posee la Impronta y Estigma de Espuria, en tal sentido ineficaz desde la perspectiva probatoria, bajo tal ponderación al ser estéril el efecto intentado por el Ministerio Público (culpabilidad) puesto que el génesis de la actividad probatoria está viciado de nulidad, en consecuencia se matizan todas las subsiguientes actividades procesales y probatorias de ineficacia para los fines perseguidos, puesto que prevalece el “Efecto Dominó” como así lo denomina Ferrajoli (autor de la obra Derecho y Razón, exponente máximo de la Teoría del Garantismo Penal) de la prueba obtenida ilegítimamente sobre todas las demás actuaciones procesales y probatorias, es decir que la prueba señalada como espuria (en este caso el reconocimiento fotográfico del imputado sin que estuviese personado su abogado en la actuación) queda totalmente desprovista de soporte y ante su enervación es proclive como así lo es a su derrumbamiento sobre el resto de las actuaciones mencionadas las cuales por Inercia también sucumben y perecen ante el peso de su ilicitud, ilicitud que imploramos a los Honorables Magistrados de la sala penal apreciar bajo cánones de objetividad, verosimilitud y ponderación, aristas que han quedado plasmadas de forma indeleble en la substanciación del juicio oral y público y que pese a su demostración y constatación el tribunal sentenciador al margen del Debido Proceso omitió valorar por razones aún desconocidas pese al haberse alegado mediante vía incidental. En síntesis respecto a este motivo alegado respecto al recurso extraordinario objeto de estudio, la defensa orienta su tesis a impetrar del tribunal de casación (termino estimado como tal por el Dr. Fernando de la Rua), el marginamiento de la evidencia inculpatoria por cuanto esta fue recolectada en transgresión a las limitantes constitucionales relativas esta a un derecho de tanta preponderancia como en sí lo es la inviolabilidad del domicilio, puesto que al constituir el apartamento en el cual se produjo el ingreso violento de la autoridad policial, la morada de la persona inculpada debió sin antítesis alguna que sea valedera respetarse los procedimientos y mecanismo orientados a su invasión, puesto que en el marco de la realidad objeto de análisis puede develarse la total vulneración de una norma de índole constitucional, lo cual implica la impureza probatoria y su ineficaz efecto acorde a las pretensiones del ente acusador, quedando proclive el proceso a la absolución del encartado ya que la maculacion y constreñimiento de una norma constitucional produce per se el efecto dominó destacado por el tratadista Ferrajoli, siendo este la sistemática desarticulación de cada uno de los peldaños que constituyeron el legajo inculpatorio en la parte preparatoria del enjuiciamiento, la vulneración de derechos individuales consagrados bajo el amparo protector con que lo efectúa de tan determinante forma nuestra Constitución de la República, es un teorema inequívoco de que el Estado asume la responsabilidad ante terceros y ante sus mismas autoridades que los límites de acción son reales, concretos y determinantes, que su interpretación es coercitiva y no potestativa como en efecto lo hicieron los miembros policiales personados al escenario del delito, quienes en el mismo implementaron sus razonamientos, acondicionaron sus subjetivas interpretaciones y tergiversaron los postulados constitucionales al quebrantar derechos individuales en franca violación de normas imperativas que rigen el Debido Proceso en materia de justicia penal creando con tales desatinos inseguridad jurídica al permitirse que aun con estipulaciones regladas se puedan adulterar el texto de la ley, situación que en un Estado de Derecho no es estimable desde ninguna perspectiva implicando tal extremo para sus ejecutores responsabilidad administrativa, civil e inclusive penal a efecto de castigar los abusos causados. 2. “Quebrantamiento de Forma. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal, “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Primero: Honorable Sala Penal, haciendo un epítome de las valoraciones del tribunal sentenciador, preciso se torna efectuar un análisis sobre el insustancial y superfluo marco apreciativo de la terna de jueces de sentencia para culminar en el veredicto de culpabilidad, en este aspecto preciso es manifestar como antítesis a las valoraciones de la jurisdicción, en primer término la ratificación en cuanto a las anteriores exposiciones que constituyen la columna vertebral de nuestra defensa (Violaciones a Derechos de Índole Constitucional), de igual forma para fortalecer nuestra apreciación intelectiva es vinculante aportar nuestra convicción jurídica basada en otro motivo de casación enclavado en el Quebrantamiento de forma, el cual debe de igual forma de ser apreciado, siendo destacables lo yerros interpretativos de la judicatura en cuanto al delito de Robo, mismo que el tribunal lo declaró acaecido, aun y cuando persisten inconmensurables inconsistencias legales en su estimación típica, oportuno es indicar que para plasmar la existencia indubitada del delito contra la propiedad objeto de enjuiciamiento (Robo) imperativamente debe ser demostrada el elemento de la Ajena Pertenencia, elemento que impugnamos ante vuestro límpido estrado Sala Penal por estar su autenticidad en tela de duda, puesto que tal extremo el ente acusador lo pretende probar con una simple copia fotostática que no se acopla a los postulados del Decreto Ejecutivo 1059 del 15 de Julio de 1980 emitido por la Junta Militar de Gobierno, el cual tiene vigencia y aplicabilidad en todos los proceso judiciales y administrativos de nuestro país, proclive el mismo a indicar que la única forma en que pueden tener valor legal las copias fotostáticas es mediante autenticidad notarial o refrendamiento (cotejamiento) expuesto por el respectivo secretario del tribunal, no obstante en la pretensión fiscal no prevaleció y no fue observada ni una ni otra exigencia del mencionado decreto ejecutivo, situación que conculca el debido proceso, puesto que al margen de su enunciación el tribunal de sentencia lo valora y es base para condenar por tal injusto penal, una copia por si misma Honorable Sala Penal por sí misma no constituye una prueba ortodoxamente confiable, indubitada en su naturaleza y jurídicamente admisible, por tal motivo refutamos la misma, puesto que el proceso es un conjunto de actuaciones y reglas de imperativo cumplimiento para todos sus gestores, el cual entraña exacciones de imperativo cumplimiento, en tal sentido en conclusión con este aspecto, la defensa es del firme criterio que con una simple copia no es posible quebrantar el estado de inocencia que debe prevalecer a mi representado, siendo oportuno señalar a la Sala que a contrario sensu jamás hubiese prevalecido la postura de la defensa es decir si la defensa en procura de desvanecer los cargos ante el tribunal sentenciador hubiese incorporado una copia fotostática, esta hubiese sido desestimada de pleno derecho por su carencia de valor, en tal sentido se ruega la imparcialidad en el juzgamiento. Segundo: Respecto al despojamiento de objetos perpetrado en perjuicio de la víctima como ser una cámara fotográfica, un celular, anillo y esclava que indica el tribunal, la defensa enérgicamente rechaza la subjetiva valoración de las juzgadoras, simplemente por el hecho de que no se determinó la preexistencia de los referidos objetos, en tal sentido al no estar plenamente identificado este segmento en la valoración probatoria resulta un atentado contra el Debido Proceso (norma que por antología impera y debe imperar en todo juzgamiento sin excepción alguna) estimarse por valida una aseveración que no encuentra ningún tipo de apoyo en la substanciación del debate, enunciamos en tal sentido el Principio de que quien afirma la existencia de un hecho delictivo y la participación de determinada persona está en la obligación de probarlo, este es un teorema de obligatorio cumplimiento en la ciencia del derecho penal, al cual no se circunscribió el Ministerio Público puesto que se limitó a transcribir en el juicio el testimonio de la víctima bajo tales argumentaciones. Tercero: Relevante por su incidencia en la celebración del debate es precisamente la constante contradicción que efectuó el tribunal tanto en la redacción de hechos probados como en la valoración de la prueba, respecto a la forma en que fue reconocido el señor R. F. Z. M., consideramos que no ha existido secuencia ni congruencia en cuanto a la forma de eslabonar dicho extremo, puesto que en primer término el órgano sentenciador esgrime que la forma mediante la cual la víctima reconoce al sospechoso fue mediante un álbum fotográfico, situación que es completamente inexacta a la realidad derivada de los antecedentes, puesto que la misma señora H. A. en su condición de victima categórica y enérgicamente deslegitima la apreciación de la judicatura al indicar que el reconocimiento lo efectuó mediante una pantalla de computadora; situación esta que devela la imprecisión, inseguridad y ambigüedad de la redacción del fallo, puesto que un yerro de tan inconmensurable magnitud no puede ser pasado por alto, errata que persiste en la consecución de la sentencia puesto que en la misma no prevalecen los requisitos de exhaustividad, congruencia y motivación, tomando en consideración que en el acta de celebración del juicio oral la ofendida es contundente al exponer que jamás tuvo a su vista al señor Z. M. y que le resultaría difícil reconocerlo (a la fecha en la cual se sustanciado el debate 10 de Enero de 2012), derivándose en tal sentido que la propia persona que en apariencia recibió los efectos de un acto criminoso no identifica objetivamente a ninguna persona como responsable del mismo, aspecto que resulta ser de inconmensurable valor para los fines enunciados por la defensa en su exposición de descargo puesto que la persona directamente ofendida, la que tuvo la inmediatez del hecho delictivo, quien puede tener la capacidad de singularizar y señalar a su victimario no se encuentra en la capacidad cognitiva de estructurar un juicio apriori al respecto, en consecuencia de ello el nefasto y atípico reconocimiento cibernético efectuado por la misma en la etapa preparatoria se desestructura por sí misma en la etapa intermedia al exponer categóricamente ante la terna de jueces que no sería posible para ella reconocer al imputado (en esa etapa procesal ahora condenado), en tal sentido ese medio probatorio no debió ser tomado en consideración ante su dualidad cronológica es decir al primero incriminar a nuestro representado y luego al dejar esa inculpación intangible, esto es totalmente improcedente y absurdo Honorable Sala, razón por la cual imploramos la tutela judicial en los ámbitos descritos. Cuarto: Ante la tergiversación del procedimiento penal por parte del órgano persecutor al haber permitido que se promoviera la acción penal pese a los diversos vicios de nulidad advertidos prima facie, ante la evidencia de haberse conculcado derechos de rango constitucional por parte de la Policía Nacional, ante el inconmensurable desacierto del juez A Quo al omitir su deber de tutelar el proceso permitiendo la continuidad del mismo pese a las violaciones descritas y ante la inaceptable valoración fáctica del tribunal sentenciador y su postura condenatoria, somos de la firme convicción que los recursos como bien lo definía Chiovenda son los remedios procesales y los mecanismos legales para que los yerros interpretativos de las instancias inferiores cíe justicia sean objeto de corrección, en tal sentido y bajo las premisas que constituyen el objetivo de una acción recursiva, hemos descrito con suficiente claridad la realidad cronológica de los acontecimientos, los excesos policiales y la inobservancia de la ley por parte de las distintas autoridades interventoras tanto en la presentación del impreso acusatorio, de la substanciación de la etapa preparatoria, del conocimiento del recurso ordinario de apelación, de la substanciación, deliberación y votación en el debate, instancias en las cuales siempre se ha mantenido como antítesis la Violación de Derechos de Rango Constitucional lo cual acarrea indefectiblemente su Nulidad, siendo el efecto de la misma la ineficacia probatoria y por ende la deslegitimación del proceso penal, sin embargo a ello pese a ser estar acreditado en la secuela del juicio evidencia de naturaleza espuria, los órganos jurisdiccionales interventores se niegan a declararla, siendo desconocidas por nuestra parte los razonamientos que puedan prevalecer sobre normas constitucionales y procesales taxativamente expuestos en la ley. Consideramos que los alegatos efectuados por la defensa poseen el asidero legal suficiente y necesario para hacer prevalecer los argumentos proclives a la estimación del Incidentes de Nulidad promovido desde las primeras fases procesales del sub examine, en tal sentido de igual forma esgrimimos e invocamos los fundamentos filosóficos que son el soporte del nacimiento de la ley penal adjetiva que ha revolucionado epistémicamente todas las instituciones del derecho penal, que han motivado la transformación de sus bases legislativas, dogmáticas y doctrinales de la inquisición en un derecho penal humanizado, así lo expone el maestro J. M. S. S. en su excelsa obra “Intervención Mínima del Derecho Penal”, obra en la cual es destacada la importancia de la mutación del derecho penal concebido como tal desde una óptica Ultima Ratio, de igual forma la abolición de las prácticas nefastas consuetudinariamente ejecutadas por la autoridad policíaca en el pasado y del aplomo con el cual debe hacer prevalecer la jurisdicción la exclusión de las probanzas que atenten contra la humanización del derecho penal, describe el autor que es una necesidad intrínseca de los pueblos que se amparan bajo el manto de un Estado de Derecho el de excluir totalmente todas aquellas obsoletas instituciones tendientes a menoscabar el debido proceso, ejemplo de ello es la vieja práctica de la tortura, la cual era un mecanismo de utilidad permanente por la policía para lograr obtener confesiones, igualmente el interrogatorio del sospechoso sin ningún tipo de garantía y con la exclusión de asistencia técnica, practicas que el mismo tiempo y las necesidades adaptadas por una sociedad ya tutelada por organismos de Protección a los Derechos Humanos motivo su erradicación, estando todo ello en consonancia con un instituto procesal de relativa novedad en nuestro sistema de enjuiciamiento como lo es en efecto la Prueba Ilícita, institución que hubiese resultado inaceptable tratar de implementar en un sistema de justicia arcaico, en el cual se encontraba excluida totalmente la mínima tutela y protección de los derechos humanos y derechos individuales, esto porque la persona inculpada adquiría a contrario sensu de una condición jurídica de imputada un Estigma de Culpabilidad, sin importar de forma alguna los mecanismos, formas o procedimientos adoptados para lograr condenas judiciales a cualquier costa. Esta es una breve reflexión Honorable Sala de lo Penal, que hemos considerado ser de necesaria exposición puesto que al ser o deber ser estas ejecuciones de intolerable aplicación en nuestro sistema de justicia al menos en la redacción legislativa que contempla su abolición y excusión desde el punto de vista probatorio, al no sancionarse su nulidad e inaplicabilidad se omite por las autoridades crear un sistema de seguridad jurídica en el que prevalezca el Debido Proceso, esto atenta de forma tangible contra la institucionalidad democrática del Estado pues no tendría sentido en consecuencia crear leyes orientadas a la exaltación, protección, tutela y amparo de la persona humana como el fin superior de la sociedad, no hay razón o no existiría razón alguna para que Honduras busque y procure adaptarse y equipararse a las transformaciones que otros países han efectuado en sus sistemas de justicia penales, esto con el fin de consolidar su Estado de Derecho, lo cual impetra como aspectos derivados la efectiva tutela a los derechos humanos, la modernización y transformación de estamentos de castigo a normativas que derogan el mismo si las practicas de recolección de prueba son espurias y un punto muy álgido que no se debe de excluir tendiente a la sanción que deriva para las autoridades que al margen de la ley obtienen y utilizan estos mecanismos probatorios en detrimento de la ley misma y del imputado, responsabilidades enmarcadas en el ámbito civil, administrativo e inclusive penal. La violación a normas de índole constitucional y procesal que entrañan nulidad descalifican todo impulso pretendido a efecto de restaurar el proceso, puesto que la macula impresa en el mismo constituye un óbice para legitimar actos arbitrarios, en tal sentido la defensa bajo apreciaciones objetivas, bajo el apego a la literalidad de ley procesal, haciendo uso de las definiciones dogmáticas del derecho penal, buscando el apoyo auxiliar del derecho comparado en este caso del Derecho Anglosajón, ruega a esta Celebérrima Sala, estampe en el caso particular su impronta de sapiencia, justicia y ponderación, puesto que no es el margen de la ley que han de prevalecer los éxitos institucionales del Ministerio Público, no es al margen de la ley que se ocultarán las arbitrariedades ejecutadas por tas autoridades intervinientes en la substanciación de la causa, no es al margen de la ley que se confirmara una sentencia condenatoria que entraña vicios tan perceptibles que dañan y lesionan la administración de la justicia, no es permitiendo el exceso en el arbitrio judicial que puede prevalecer un Estado Democrático, estas constantes actuaciones que son praxis consuetudinaria en tribunales no comprometidos con el paradigma acusatorio, deben ser enervadas desde el estrado más alto y mas límpido de la República, es decir desde la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal, la cual marcara la historia en líneas del mas pulcro derecho y la más diáfana justicia para hacer prevalecer los postulados que erige la redacción del artículo 1 de la Constitución de la República e igualmente la norma esbozada en su articulados 90, disposiciones que solo un alto tribunal como lo es la Suprema Corte de Justicia podrá hacer prevalecer.” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA. I. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único interpuesto por la Defensa Privada del procesado R. F. Z. M.. El impetrante señala como motivo de casación la infracción del artículo 99 (inviolabilidad del domicilio) de la Constitución de la República, invocando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal; explicando en su opinión el sentido de la infracción. Esta Sala de lo Penal analizada la exposición del censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser, entre otras, el derecho de defensa, debido proceso etc., o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal. 2) El derecho al debido proceso supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a si mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado[1]. Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable; en ese sentido, la inviolabilidad del domicilio regulada en el artículo 99 de la misma carta magna, posibilita la restricción de ese derecho en los supuestos allí regulados, remitiéndose a la ley para los casos de restricción del mismo. Ahora bien, es el propio artículo 99 de la Constitución el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio: a) Con el consentimiento de la persona que lo habita; y b) Con autorización judicial; en el caso de autos, no cabe duda que tuvo lugar el ingreso y registro con el consentimiento de la dueña de la morada, tal y como se demostró con el documento respectivo que corre agregado a Folio No. 41 frente, respecto al cual no se acreditó la existencia de algún vicio en el consentimiento ofrecido, ya que podemos verificar que fue escrita a mano por un agente, es decir, tuvo que ser redactada en el momento mismo del allanamiento, de tal suerte que en ella aparece el numero de identidad de la señora J. B. C. R. y la única que podía proporcionar dicho numero de identificación era la propia señora C. R.. Se observa además que dicha autorización es firmada por dos oficiales de investigación que sirven como testigo para convalidar la extensión de dicho documento y cumplir así con los requisitos legales que exige el Código Procesal Penal, en la última parte del artículo 212. 3) Asimismo, fue convalidado el registro, tal y como lo solicitó el Ministerio Público el día de la celebración de la audiencia de declaración de imputado, en aquel momento procesal el juez instructor convalidó judicialmente, aun cuando se contaba con la autorización de la dueña de la vivienda, resolución que fue consentida por ambas partes (Folio No. 22 frente). En relación a los argumentos del censor, relativos a la necesidad de contar con una orden de allanamiento y sobre la necesidad de observar el procedimiento del artículo 212 del Código Procesal Penal, cabe hacer notar que al allanamiento prevé el consentimiento de la compañera de hogar del sospechoso como un medio para allanar la vivienda y de la convalidación judicial realizada por el Juez de Garantía. Asimismo, la parte final del párrafo segundo del artículo 212 del Código Procesal Penal, dispone que en lo demás se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República, reconociendo con ello un tratamiento particular para el ingreso o registro de la vivienda con consentimiento del que la habita, no destinado originalmente para darle captura sino para realizar un registro, en consecuencia, este Tribunal de Casación, no aprecia que se halla infringido el artículo 99 de la Constitución de la República en virtud de que la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio se vio limitada por una de las formas previstas y autorizadas por la propia Constitución, más aún, por la propia voluntad del titular del derecho. Por las razones antes apuntadas, no procede el motivo de casación invocado. II. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la parte Defensora. La recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el Tribunal declara probados no sea clara y terminantes o que sea contradictoria”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. La no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca la impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos) . El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en si, demostrando como, en su opinión, se da cualquiera de los supuestos. Sin embargo, en el caso subjudice esta Sala nota que los Hechos Declarados Probados han sido enumerados en forma clara, precisa, terminante y coherente de manera que no ha lugar al motivo invocado, por cuanto la falta de claridad, precisión o terminancia, así como la contradicción que refiere la norma debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en relación de los hechos con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido, ya que la redacción del relato de hechos que considere probados es facultad del Tribunal Sentenciador con la responsabilidad consiguiente y no es preciso que en ese relato se recojan todos los pormenores y circunstancias que las partes estimen precisos, aunque se trate de extremos fácticos debidamente acreditados, en la forma que estime oportuna y en la medida que sea necesaria para permitir su calificación jurídica, por lo que por las razones indicadas no procede este motivo de casación. V. DECISIÓN. Los presentes motivos formulados por la Defensa del procesado R. F. Z. M. deben ser desestimados. VI. RESOLUCIÓN. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362 numeral 1, 363 párrafo tercero y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensora Privada del Señor R. F. Z. M.. SEGUNDO: DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Defensora Privada del Señor R. F. Z. M.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de Marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-49-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 48 y49.