Sentencia AC-571-11 — Registro 4905
Resumen
Sentencia resolvió recurso de apelación, anuló de oficio auto dictado por el juzgado de primera instancia con relación a la tasación de honorarios profesionales en la demanda ejecutiva promovida por la Aseguradora Continental S.A.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil once al no dar respuesta en su recurso a la parte incidentista y luego apelante; y al declarar nulo no solamente el proceso, sino la sentencia misma, coloca no solo a la recurrente, en un estado de Indefensión Jurídica, de desprotección real respecto a la supuesta defensa que la norma jurídica les debería proporcionar ante el embate y la agresión de factores externos. Siendo que el proceso ya concluido mediante una sentencia, misma que adquirió el carácter de firme. Es decir ya no es susceptible de ningún recurso, incluido el de reposición, bien por no preverlo la ley o bien porque estando previsto ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Según el Artículo 188 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de su emisión, una resolución o sentencia es firme (es decir, definitiva) cuando hace tránsito a "cosa juzgada" formal, es decir que se debe estar a lo dispuesto en ella. Se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un juicio. Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de noviembre de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, a favor del señor GUSTAVO BUESO JACQUIER, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil once, que resuelve un Recurso de Apelación presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación, en fecha seis de octubre del año dos mil nueve; con relación a la tasación de honorarios profesionales en la demanda ejecutiva promovida por la sociedad mercantil denominada ASEGURADORA CONTINENTAL S.A contra el señor CARLOS ALONSO GARCIA GONZALES. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 90 y 186 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de Agosto del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado GUSTAVO BUESO-JACQUIER, en representación del señor CARLOS ALONZO GARCIA GONZALES, promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago promovida por la Compañía ASEGURADORA CONTINENTAL S.A, contra el señor CARLOS ALONZO GARCIA GONZALES. (Folios UNO (01) AL CINCO (05).2) “Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha catorce de diciembre del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante auto se pronuncia en cuanto una Nulidad Absoluta de actuaciones solicitada oportunamente por el Abogado PABLO REYES SANTOS la cual se declaró SIN LUGAR por improcedente, contra las actuaciones acordadas en el juicio de mérito a partir del auto de admisión TASACION DE HONORARIOS planteada por el Abogado GUSTAVO BUESO-JACQUIER a favor de si mismo contra CARLOS ALFONZO GARCIA. (FOLIO CIENTO TREINTA Y CINCO (135).3) Que la Corte de Apelaciones de lo Civil de Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado PABLO REYES SANCHEZ, contra providencia de fecha catorce de Diciembre de dos mi nueve(2009)dictada por el Juzgado citado, EN LA TASACION DE HONORARIOS PROFESIONALES promovida por el Abogado GUSTAVO BUESO-JACQUIER en contra del señor CARLOS ALONZO GARCIA GONZALES, en relación a la DEMANDA EJECUTIVA POR LA VIA DE APREMIO promovida por MAXIMO JAVIER JANSER SARAVIA, en fecha diecisiete de junio del año dos mil once, dictó sentencia mediante la cual FALLA: 1) DE OFICIO DECLARAR NULIDAD ABSOLUTA del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve. Folios (15) quince al dieciséis (16).4) Que el recurrente Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de Agosto del año dos mil once, reclamando amparo a favor del señor GUSTAVO BUESO-JACQUIER, contra la sentencia, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil once, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de los dispuesto en los Artículos 90 párrafo primero y 186 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil once.5) Que en fecha veintidós de noviembre del año dos mil once, la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO UNO (1): Que el recurrente manifiesta en su escrito contentivo del recurso que nos ocupa, que la sentencia interlocutoria dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil once, que resuelve un Recurso de Apelación presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; en fecha seis de octubre del año dos mil nueve; con relación a la tasación de honorarios profesionales en la demanda ejecutiva promovida por la sociedad mercantil denominada ASEGURADORA CONTINENTAL S.A contra el señor CARLOS ALONSO GARCIA GONZALES; violenta en perjuicio de su representado los Artículos 90 y 186 de la Constitución de la República CONSIDERANDO DOS (2): Que en sustento de la acción de amparo el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES argumenta que la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, transgredió lo dispuesto en los Artículos 90 y 186 de la Constitución de la República; cuando el Tribunal Ad-Quem, al emitir la sentencia anulando de oficio los autos de fecha veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, incurrió en la infracción de ley del debido proceso, alegada en cuanto al error de derecho, al fundamentar el fallo sin haber apreciado correctamente que el sentencia estaba firme pasada en autoridad de cosa juzgada, y el defecto procesal de que el apoderado legal Carlos Enrique Gómez Burgos, no está debidamente legitimado para actuar como apoderado judicial. Por otra parte, la Jueza A-Quo declaró inadmisible lo solicitado por el Abogado Pablo Reyes Sánchez, precisamente porque la sentencia interlocutoria se encuentra firme, por cuanto al interponer la nulidad absoluta de actuaciones equivoco la figura legal, pues no procedía la nulidad por estar firme la Sentencia, y la única acción que podía utilizar el apoderado legal de la parte demandada era el recurso extraordinario de revisión, contra esa sentencia, si fuera el caso, el cual debió interponerse ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO TRES (3): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste emitió su dictamen en fecha veintidós de noviembre de dos mil once, dictaminando que en el caso de autos, el apoderado legal de la parte demandada no se personó en tiempo en el expediente de la demanda de tasación de honorarios, razón por la cual se siguió el trámite con la comparecencia de la Curadora Ad-Litem nombrada por el Juzgado para todos los efectos legales, profesional que representó al demandado hasta el momento en que se personó en autos el apoderado legal del demandado, quien lo hizo días después de quedar firme la sentencia dictada en primera instancia, sin que proceda entonces ningún recurso ordinario mediante el cual se pretenda modificar el proceso que ya ha culminado, por lo que la Corte Segunda de Apelaciones no debió haber admitido el recurso interpuesto y mucho menos resolver modificando el estado de la cosa juzgada del proceso por estar firme la sentencia dictada, vulnerando por tanto el derecho al debido proceso regulado por el Artículo 90 de la Constitución de la República. Por lo que el Ministerio Público dictamina porque se otorgue la acción de amparo comentada, pues concluyen que en el presente caso la resolución de fecha diecisiete de junio de dos mil once de la Corte Segunda de Apelaciones ha vulnerado el debido proceso. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecía los Artículos 187 y 190 del Código del Procedimientos Comunes la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 190 del Código de Procedimientos Comunes; establece: “Las sentencias deben ser claras, precisas congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso si sucedió.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la nulidad absoluta como sanción legal impuesta a los actos y contratos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie; debe ser declarada judicialmente por sentencia pronunciada en un juicio en que sean partes personas que resultarían afectadas por la declaración de nulidad, o sean las personas que intervinieron en el acto o contrato y las que de ellas obtuvieron su derecho (Artículo 1594 del Código Civil).[1] CONSIDERANDO DOCE (12): Que la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil once al no dar respuesta en su recurso a la parte incidentista y luego apelante; y al declarar nulo no solamente el proceso, sino la sentencia misma, coloca no solo a la recurrente, en un estado de Indefensión Jurídica, de desprotección real respecto a la supuesta defensa que la norma jurídica les debería proporcionar ante el embate y la agresión de factores externos. Siendo que el proceso ya concluido mediante una sentencia, misma que adquirió el carácter de firme. Es decir ya no es susceptible de ningún recurso, incluido el de reposición, bien por no preverlo la ley o bien porque estando previsto ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Según el Artículo 188 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de su emisión, una resolución o sentencia es firme (es decir, definitiva) cuando hace tránsito a "cosa juzgada" formal, es decir que se debe estar a lo dispuesto en ella. Se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un juicio. Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, revocando la sentencia interlocutoria dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil once, que resuelve un Recurso de Apelación presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación, en fecha seis de octubre del año dos mil nueve; con relación a la tasación de honorarios profesionales en la demanda ejecutiva promovida por la sociedad mercantil denominada ASEGURADORA CONTINENTAL S.A contra el señor CARLOS ALONSO GARCIA GONZALES. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha seis de noviembre de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 571-P778-802=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL