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Sentencia AC-439-10 — Registro 3743

Resumen

… “Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia en la Demanda de Desahucio para que mediante sentencia definitiva se declare con lugar la demanda, condenando al demandado al pago de las rentas adeudadas y multas aplicables, así como al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados al inmueble, más las costas del juicio. ”

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que después del estudio de la presente causa, esta Sala Constitucional ve que a lo largo del proceso el ahora recurrente ha tenido libre acceso a los Tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, y estas se han desarrollado de la forma que señalan las leyes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de defensa. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 90 constitucional norma que garantiza el debido proceso, no debe ser señalada como vulnerada cuando las decisiones judiciales son contrarias a las pretensiones de las partes, puesto que lo que garantiza la misma es el obtener una respuesta motivada y fundada en derecho de acuerdo a las formalidades derechos y garantías establecidas por la ley. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, tiene como función entre otras, el estudio del análisis del razonamiento lógico que realizó el órgano jurisdiccional recurrido para llegar a cierta conclusión. No obstante, lo anterior, lo reclamado por el recurrente, constituye un asunto de mera legalidad, competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, por lo que nos está vedado entrar a conocer del mismo a través de un recurso de amparo. CONSIDERANDO (13): Que la sala de lo Constitucional no se pronunciará pues no es su competencia conocer cuestiones de instancia, y precisamente eso constituiría el manifestarse sobre la valoración o no de la prueba testifical aportada por la parte demandante, así como lo manifestado por el demandado en su contestación de la demanda, o si como consecuencia del resultado de esa valoración procede una revocatoria, como consecuencia del otorgamiento de la acción de amparo. CONSIDERANDO (14): Que, al no lesionarse el derecho a un debido proceso, tal como queda expresado en los considerandos anteriores, consecuentemente resulta garantizado el contenido de los artículos 321 y 323 de la Carta Magna, ya que los servidores judiciales de segunda instancia en este caso, han actuado conforme manda la Ley.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que Literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre de dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado GERMAN PLANAS QUESADA, a favor del señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Argentino y de este domicilio, contra la sentencia de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, que revocó la sentencia definitiva de fecha seis de enero del año dos mil nueve, emitida por el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda de Desahucio promovida por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de apoderado legal de la señora ROSA MARIA ANDARA BARRIENTOS VIUDA DE MONDRAGON, contra el señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora ROSA MARIA ANDARA BARRIENTOS VIUDA DE MONDRAGON, interponiendo Demanda de Desahucio contra el señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI, para que mediante sentencia definitiva se declare con lugar la demanda, condenando al demandado al pago de las rentas adeudadas y multas aplicables, así como al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados al inmueble, más las costas del juicio.2) Que en fecha seis de enero del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró sin lugar la demanda interpuesta y absolvió al señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI de la acción deducida en su contra, por considerar que el actor no ha acreditado la causal invocada para dar término por vía judicial el contrato de arrendamiento celebrado, ya que la mera existencia de dicho contrato legal, ni lleva implícito ni hace presumir de forma alguna, la existencia de mora específica en el pago de la renta como exige la causal de ley.3) Que en fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán: a) declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto; b) revocó la sentencia apelada; c) declaró con lugar la demanda de Desahucio Promovida; d) ordenó el Desahucio; y e) condenó al demandado al pago de las rentas hasta la total desocupación del inmueble y al pago de daños y perjuicios, los que deberán calcularse durante la ejecución de la sentencia, por considerar que existe constancia extendida por el Departamento Administrativo de Inquilinato, en la que se establece que el último depósito realizado por el demandado a favor de la demandante en concepto de rentas tiente fecha veintiuno de diciembre del año dos mil siete, lo que es aceptado por el mismo demandado en su contestación, argumentando situaciones que tienen que ver con un juicio ejecutivo promovido por la misma demandante contra el mismo demandado y que fue declarado sin lugar, lo que no exonera al arrendatario del pago de las rentas adeudadas por haber seguido utilizando el inmueble. 4) El recurrente abogado GERMAN PLANAS QUESADA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho de junio del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (1): Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por el abogado GERMAN PLANAS QUESADA, a favor del señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI, contra la sentencia de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, mediante la cual revocó la sentencia definitiva de fecha seis de enero del año dos mil nueve, emitida por el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; en la Demanda de Desahucio promovida por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de apoderado legal de la señora ROSA MARIA ANDARA BARRIENTOS VIUDA DE MONDRAGON, contra el señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI.CONSIDERANDO (2): Que señala el recurrente en la formalización del recurso de amparo que se analiza, que la sentencia recurrida, vulnera a su representado lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, contentivos del derecho fundamental de defensa y del debido proceso.CONSIDERANDO (3): Que el caso que nos ocupa, inicia en fecha 29 de septiembre e 2008, con la interposición de una demanda de desahucio por incumplimiento del pago de la renta de un contrato de arrendamiento. Alega el demandante que el señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI, debe a su representada ROSA MARIA ANDARA VIUDA DE MONDRAGON, el pago de la renta correspondientes a los meses de 15 de noviembre de 2007 hasta la fecha, siendo la mensualidad de OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES, más CINCUENTA DOLARES, por cada mes de retraso, TAL Y COMO CONSTA EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.CONSIDERANDO (4): Que el seis de enero de dos mil nueve, el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en la demanda de desahucio, declarando SIN LUGAR la misma, motivando el Juez que el demandante no acredito con la prueba aportada, la causal invocada, es decir el haber caído en mora en el pago de la renta. Explica que en toda demanda de este tipo el autor tiene sobre si la carga de la prueba que le asigna el Código Civil, lo que aunado al rechazo del demandado de los hechos alegados, concluye el A-quo que procede en derecho declarar sin lugar la demanda.CONSIDERANDO (5): Que el 25 de marzo de dos mil diez, la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, conociendo en apelación de la sentencia antes referida, fallo revocando la misma, y declara con lugar la demanda de desahucio por incumplimiento de los términos de un contrato, consistente en el pago de la renta y sumas adicionales por retraso adeudado, demanda promovida por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de apoderado legal de la señora ROSA MARIA ANDARA BARRIENTOS VIUDA DE MONDRAGON, contra el señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI. CONSIDERANDO (6): Que motiva la alzada su decisión, estimando que el A-quo debió valorar una prueba documental aportada por el demandante, consistente en una constancia extendida por el Departamento Administrativo de Inquilinato DAI, (folio 38 pp) en la que hace constar que el último depósito realizado por el demandado a favor de la demandante en concepto de renta fue hecho el 21 de diciembre de 2007, por la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS (L15,216.00). Que aunado a la anterior prueba documental, la alzada, valora lo manifestado por el demandado, en el punto cinco del escrito de contestación de demanda, quien admite que el pago de la renta lo hace en el Departamento Administrativo de Inquilinato, en virtud de otro juicio de desahucio que se ventila en su contra, por la misma demandante y por el mismo bien, en el que se le ha embargado algunas cuentas, lo que le impide pagar la renta. Concluye segunda instancia que ha quedado acreditado la causal CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones se pronuncia sobre la existencia de otra demanda de desahucio promovida por la misma demandante contra el mismo demandado, y referente al mismo contrato de arrendamiento que se ventila en la presente demanda, sin embargo la causal es distinta. Consta a folio 25 de la primera pieza, la RESOLUCIÓN No.01-DAI-2007, en la que resuelve: “Que el contrato suscrito entre el señor MIGUEL IGNACIO KILOMI y Doña ROSA MARIA ANDARA BARRIENTOS VDA. DE MONDRAGON, há sido cumplido así; PRIMERO: El arrendatário a subarrendado todo el inmueble sin autorización previa de la arrendadora.- SEGUNDO: El arrendatário destruyó el área verde (jardín), de dicho inmueble y en su lugar y sin previa autorización de la arrendadora pavimento esta área cuando en el contrato dice que el arrendatário se ocuparia de la limpieza y cuidado del jardín.- TERCERO: Se constató que la parte subarrendadora no da fiel cumplimiento a lo tipificado en la Ley de Inquilinato al estar percibiendo una cantidad superior al 20% de alquiler que debe pagar a la parte arrendadora.- CUARTO: Asimismo se ha infringido la Ley de Inquilinato y por ende el contrato de arrendamiento al haber suscrito el Señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI, contrato de subarrendamiento con la empresa Industrias BADI, S. de R.L., por un plazo que es superior al que suscribio el Señor KILOMI con la Arrendadora Señora MARIA ROSA ANDARA BARRIENTOS VDA. DE MONDRAGON, cuando la Ley establece que los subarrendatários no tendrán, mas derechos que los directamente contraídos por el subarrendador con el arrendador, y al momento de desocupar el bien inmueble por cualquier conflicto que surja entre las partes, el mismo día y hora en que el sub-arrendador desocupe el inmueble lo harán también el o los subarrendatários. O, dice dice textualmente la Ley “a menos de que celebren arreglo espelcial y escrito con el arrendador” o sea con la dueña Doña ROSA MARIA ANDARA BARRIENTOS VDA. DE MONDRAGON, en el caso que nos ocupa.- QUINTO: El Arrendatário a incumplido la ley de inquilinato al no suscribir contratos con dos de sus subarrendatários, solo há podido presentar dos contratos de subarrendamiento los que corren agregados a fólios números 38, 39, 69, 70, y 71 frente; y la Ley de Inquilinato establece claramente que los contratos son imputables al arrendador o subarrendador y que quien incurra en esta omisión será sancionado con una multa equivalente a un mes de renta, por lo que el señor KILOMI, deberá pagar la cantidad de $1,350.00 por no tener contrato de subarrendamento con los dueños del restaurante El Lechón, y $ 120.00 por no tener contrato de subarrendamiento con los dueños de la Empresa Honduarte, y en virtud de la falta de estos contratos de subarrendamiento se le aplica al señor MIGUEL IGNACION KILOMI, una multa equivalente a $ 1,470.00; multa que se le ordena hacer efectiva en la Institución bancaria respectiva, para lo que se ordena a la vez extender el respectivo recibo de pago”. Resolución que fue valorada por el Juez de inquilinato en sentencia definitiva DE FECHA 14 de septiembre de 2007, mediante la cual se declaro con lugar la misma y decreta la extinción del vinculo contractual de arrendamiento celebrado entre la señora ROSA MARIA ANDARA BARRIENTOS VIUDA DE MONDRAGON, contra el señor MIGUEL IGNACIO KOLOMI.CONSIDERANDO (8): Que Asegurándose con ello segunda instancia, el respeto al derecho NE BIS IN IDEN que la constitución le garantiza al demandado; señala que en aquella demanda no se conoció de la causal numero 1 del artículo 51 relativo a las causales de expiración del arrendamiento; causal de la que se conoce en el presente juicio. CONSIDERANDO (9): Que es de hacer notar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dejado perfectamente establecido que dentro de todo el abanico de garantías mínimas instituidas para protección de los derechos de los hombres y de las mujeres, es básica la garantía del derecho a un recurso sencillo y sobre todo eficaz que todo Estado debe tener, no bastando con el hecho que esté prescrito en una ley, sino que deberá ser auténticamente posible, lo que ocurre en el caso de autos, pues el tribunal recurrido dio respuesta a cada uno de los agravios planteados por el recurrente, garantizando así el derecho al recurso efectivo.CONSIDERANDO (10): Que después del estudio de la presente causa, esta Sala Constitucional ve que a lo largo del proceso el ahora recurrente ha tenido libre acceso a los Tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, y estas se han desarrollado de la forma que señalan las leyes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de defensa. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 90 constitucional norma que garantiza el debido proceso, no debe ser señalada como vulnerada cuando las decisiones judiciales son contrarias a las pretensiones de las partes, puesto que lo que garantiza la misma es el obtener una respuesta motivada y fundada en derecho de acuerdo a las formalidades derechos y garantías establecidas por la ley. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, tiene como función entre otras, el estudio del análisis del razonamiento lógico que realizó el órgano jurisdiccional recurrido para llegar a cierta conclusión. No obstante lo anterior, lo reclamado por el recurrente, constituye un asunto de mera legalidad, competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, por lo que nos esta vedado entrar a conocer del mismo a través de un recurso de amparo. CONSIDERANDO (13): Que la sala de lo Constitucional no se pronunciará pues no es su competencia conocer cuestiones de instancia, y precisamente eso constituiría el manifestarse sobre la valoración o no de la prueba testifical aportada por la parte demandante, así como lo manifestado por el demandado en su contestación de la demanda, o si como consecuencia del resultado de esa valoración procede una revocatoria, como consecuencia del otorgamiento de la acción de amparo.CONSIDERANDO (14): Que al no lesionarse el derecho a un debido proceso, tal como queda expresado en los considerandos anteriores, consecuentemente resulta garantizado el contenido de los artículos 321 y 323 de la Carta Magna, ya que los servidores judiciales de segunda instancia en este caso, han actuado conforme manda la Ley.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 80, 82 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado, de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 47, 49 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 261 del Código de procedimientos; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, 51 numeral 1 de la Ley de Inquilinato; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 439-P496P-482=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL