Sentencia AC-412-10 — Registro 4903
Resumen
Sentencia al declarar sin lugar recurso de apelación confirmó providencia que decretó nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión por considerar que se han violentado normas procesales de orden público y de obligatorio cumplimiento cuya inobservancia acarrea nulidad con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio interpuesta por la recurrente contra el demandado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala después del estudio de los antecedentes y del fallo que es motivo del presente recurso de amparo, considera que la sentencia dictada por el ad-quem y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional, esta apegada a derecho y no concita las alegadas vulneraciones constitucionales, y esto se estima así puesto que se observa a folios veinticinco y veintiséis de la primera pieza de autos que el notario que ha dado fe de las fotocopias que contienen la información respecto del testimonio de Escritura Publica numero 41 del Poder Especial para Pleitos, a favor de la abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, lo ha hecho en un pliego de papel sellado que data del periodo 2004-2007, con la serie numero 3885434, mismo que carece de las características propias de los certificados de autenticidad, en ese orden de ideas es menester señalar que el articulo el artículo 26 del Código del Notariado establece requisitos indispensables que se deberán observar por los fedatarios cuando se trate de autenticar fotocopias, uno de los cuales tiene que ver con que la autentica se deberá hacer en el certificado de autenticidad respectivo, en el caso de autos el no cumplimiento de tal requisito, ha concitado que tal autentica carezca de valor..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de enero de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, mayor de edad, casada, hondureña, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 01531, con oficina profesional en el Bufete Rivera Gómez y Asociados ubicado en la Colonia Palmira, Calle Republica de Brasil, en esta ciudad, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., contra la sentencia dictada en fecha dieciocho de febrero del año dos mil diez, por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, la que confirmó la providencia de fecha treinta de julio del año dos mil ocho, emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio interpuesta por la abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, en su condición de apoderada legal de la referida institución bancaria, contra el señor FREDY ESPINAL ORDOÑEZ. ANTECEDENTES
- Que en fecha veintinueve de agosto del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, actuando en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., interponiendo Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio contra el señor FREDY ESPINAL ORDOÑEZ, para que mediante sentencia definitiva: a) se declare con lugar la demanda; b) se condene al demandado para que: i) restituya a su representada los inmuebles de su propiedad; ii) que responda por los deterioros que por su hecho haya sufrido el inmueble, sin derecho a que se le abonen las mejoras útiles; iii) el pago de la indemnización en concepto de daños y perjuicios por la cantidad de seis millones de Lempiras (L.6,000,000.00); y c) con especial condena en costas; demanda que fue admitida en fecha tres de septiembre de ese mismo año.
- Que en fecha veinticinco de julio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras citado, el abogado CARLOS ENRIQUE VALLEJO CERRATO, en su condición de apoderado legal del señor FREDY ESPINAL ORDOÑEZ, personándose en las diligencias y promoviendo incidente de nulidad absoluta de actuaciones, por considerar que la apoderada legal de la parte demandante, al interponer la demanda presentó una fotocopia autenticada del correspondiente poder que la faculta como representante legal del BANCO ATLANTIDA S.A., autentica que se presento en papel sellado simple y no en un certificado de autenticidad, tal como lo exige el artículo 26 del Código del Notariado, lo que origina la falta de valor del mismo. 3) Que en fecha treinta de julio del año dos mil ocho, el Tribunal de primera instancia tuvo por personado al abogado CARLOS ENRIQUE VALLEJO CERRATO en su condición indicada y respecto de lo solicitado decretó nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de fecha tres de septiembre del año dos mil siete, por considerar que se han violentado normas procesales de orden público y de obligatorio cumplimiento, cuya inobservancia acarrea nulidad; citando como fundamento de su decisión los artículos 1586 y 1589 del Código Civil y 26 del Código del Notariado. 4) Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil diez, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada REINA MARGARITA RIVERA DE CUESTAS, en su condición indicada y confirmó la providencia que se deja relacionada en el numeral que precede, por considerar que consta en autos que el notario autorizante del Poder Especial para Pleitos, conferido a la abogada REINA MARGARITA RIVERA DE CUESTAS, para que represente a la sociedad mercantil denominada BANCO ATLANTIDA, S.A., certificó la copia fotostática en papel sellado simple, omitiendo utilizar el Certificado de Autenticidad requerido para este fin; citando como fundamento de su decisión los artículos 9 del Código Civil y 26 del Código del Notariado.
- Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil diez, la abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLANTIDA, S.A., afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la sentencia recurrida mediante la vía del amparo es la que fuera dictada en fecha dieciocho de febrero del año dos mil diez, por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán y mediante la cual se declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, contra la resolución de fecha treinta de julio del año dos mil diez, dictada por el a-quo; sentencia del ad-quem que entre varios aspectos, expone básicamente que habiendo la abogada Reina Margarita Rivera de Cuestas promovido demanda ordinaria de reivindicación de dominio a favor del Banco Atlantida, Sociedad Anónima, con la presentación de la demanda ha acompañado una copia fotostática del instrumento publico numero cuarenta y uno (41), autorizado en fecha veinticinco de julio del año dos mil tres, por el notario Faustino Lainez Mejia, instrumento por el cual se consigna el Poder Especial para Pleitos conferido por el señor Guillermo Bueso, representante legal de la referida institución bancaria a favor de la abogada Reina Margarita Rivera de Cuestas. Que al tenor de lo señalado en el articulo 26 del Código del Notariado: “Pueden además, los notarios certificar la autenticidad de copias fotostáticas o fotográficas o de cualquiera otra reproducciones tecnológicas, siempre que sean idénticas con sus originales. Para la validez de esta clase de esta clase de autenticas, será necesario relacionar sumariamente los documentos de que se trata, señalando, además, el lugar o en poder de quien se hayan los respectivos originales. Las autenticas se extenderán en el certificado de autenticidad que se emita. Las autenticas que no llenen los requisitos señalados en este articulo carecerán de valor”. Que en cuanto al Poder consignado en la copia fotostática presentada por la abogada Rivera de Cuestas, el mismo carece de valor por que no fue debidamente autenticado, deviniendo lo anterior en que el poder consignado en tal documento es absolutamente nulo, ya que consta en autos que el Notario autorizante, certifico la copia fotostática en papel sellado simple, omitiendo utilizar el Certificado de Autenticidad requerido para este fin, y con lo anterior no ha resultado acreditada la representación legal del demandante. Que el articulo 4 del Código de Procedimientos Civiles, manda: “La comparecencia en juicio puede hacerse por medio de procurador legalmente constituido. El poder se acompañara precisamente con el primer escrito, al que no se dará curso sin este requisito, aunque tenga la protesta de presentarlo. Con todo en casos graves y urgentes calificados por el juez o Tribunal, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso, con tal de que de garantía, igualmente calificada, para responder a las resultas del juicio si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre”; y que respecto de los argumentos que ha esgrimido la parte apelante los mismos no se comparten ya que la omisión de la autentica certificada no es subsanable al tenor de lo siguiente: a) la demanda se promovió en el momento que la parte actora lo estimo conveniente, no reflejándose el caso como grave y urgente, tal y lo establecido en el párrafo segundo del articulo 262 del Código de Procedimientos Civiles; b) la parte actora faltando el requisito de autenticidad de la copia fotostática presentada, no ha presentado los documentos requeridos, tal y lo señalado en el citado articulo; c) si bien la parte demandada opuso incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad y solicito tramite incidental, la ley no tiene efecto retroactivo en materia civil, y el juez actuante especifica en el decreto de nulidad el defecto que atañe a la presentación de la demanda; d) la jurisprudencia nacional es terminante al afirmar que las infracciones a las leyes procesales de orden publico se sancionan con la nulidad y los juzgados y tribunales conociendo por vía de apelación o casación, tienen facultades para invalidar de oficio las sentencias cuando apareciere de manifiesto este vicio; y e) que la parte actora tiene el camino expedito para promover una nueva demanda, que acompañe en tiempo y forma toda la documentación pertinente. CONSIDERANDO: Que la recurrente no está de acuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior por considerar que la misma vulnera en perjuicio de su representada las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso, la de que los servidores del Estado no tiene mas facultades que las que expresamente les confiere la ley y la de que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella contenidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 respectivamente de nuestra norma fundamental; respecto de lo cual explica que tales vulneraciones se han cometido por que: “En el caso de autos se ha incurrido en error ya que la validez de una autentica realizada por Notario nada tiene que ver, ni tiene relación inmediata con el asunto principal objeto del pleito, ni tiene nada que ver con la validez del procedimiento, que la fe notarial no puede ponerse en duda, y que en todo caso para declarar la invalidez de una autentica elaborada por un notario, será necesario de un procedimiento aparte, por lo que no es facultad ni competencia de la Juzgadora establecer la legalidad o ilegalidad de los documentos que se presenten o acompañan con la demanda, cuando los mismos ya han sido autorizados por notario. Por lo que en el presente caso al decretarse que la referida autentica es invalida, con ello se vulnera el tramite que debe seguirse para los incidentes de nulidad al tenor de lo preceptuado en los artículos 136 y 142 del Código de Procedimientos Civiles, y consecuentemente se ha violentado con ello el debido proceso y el derecho de defensa de su representada; señala que la no presentación del poder con el escrito de la demanda es algo subsanable, situación que en el caso de autos no ocurre así, ya que el Poder fue debidamente presentado, y lo que la juzgadora ha puesto en duda es la validez de la autentica in admitiendo la demanda, lo que resulta inconcebible y fuera de ley, y finalmente aduce que el a-quo en una clara extrapetita, ha concedido mas de lo que el apoderado demandante ha solicitado, al resolver por cuenta propia dejar sin valor ni efecto la prohibición de celebrar actos y contratos sobre el bien inmueble registrado bajo el numero 339299 en el Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, con lo cual aduce se ha vulnerando las garantías constitucionales invocadas”. CONSIDERANDO: Que esta Sala después del estudio de los antecedentes y del fallo que es motivo del presente recurso de amparo, considera que la sentencia dictada por el ad-quem y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional, esta apegada a derecho y no concita las alegadas vulneraciones constitucionales, y esto se estima así puesto que se observa a folios veinticinco y veintiséis de la primera pieza de autos que el notario que ha dado fe de las fotocopias que contienen la información respecto del testimonio de Escritura Publica numero 41 del Poder Especial para Pleitos, a favor de la abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, lo ha hecho en un pliego de papel sellado que data del periodo 2004-2007, con la serie numero 3885434, mismo que carece de las características propias de los certificados de autenticidad, en ese orden de ideas es menester señalar que el articulo el artículo 26 del Código del Notariado establece requisitos indispensables que se deberán observar por los fedatarios cuando se trate de autenticar fotocopias, uno de los cuales tiene que ver con que la autentica se deberá hacer en el certificado de autenticidad respectivo, en el caso de autos el no cumplimiento de tal requisito, ha concitado que tal autentica carezca de valor. CONSIDERANDO: Que en fecha veintiuno de octubre del año dos mil diez, el abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su opinión en el caso de mérito, siendo del parecer por que no se otorgue el recurso de amparo interpuesto, por no existir, a su criterio la vulneración de los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por la recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 59, 62, 64, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 Nº 5, 316 Nº 1, de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los tribunales; 9 y 1589 del Código Civil; 130, 131, 134 Nº 1, 183, 190, 200 y 261 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 2,3 y 26 del Código del Notariado; 1, 2, 3 Nº 2, 5, 9 Nº 3 literal b), 41, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el recurso de amparo interpuesto por la abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLANTIDA, S.A., contra la sentencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diez, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, en virtud de estar apegada a derecho. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil doce, certificación del fallo de fecha diez de enero del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número. 412=P639-P652-=10.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL