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Sentencia AC-176-11 — Registro 7340

Resumen

Sentencia declaró nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de demanda por considerar que desde el inicio del proceso se inobservaron reglas procedimentales de obligatorio cumplimiento al omitir a juicio a la fideicomitente para contituir el verdadero litis consorcio pasivo necesario

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional observa lo siguiente: a) Que se esgrime como argumento toral, el que la señora Alicia de Meza en su condición de fideicomitente debió de haber sido demandada junto con el fiduciario el Banco Atlantida S. A., aduciendo para ello que se está frente a la figura de un Litis Consorcio Pasivo Necesario, y que por lo tanto surge la necesidad de que la parte demandada esté compuesta por las dos personas que concurrieron al otorgamiento del instrumento público constituyente del fideicomiso,y b)Establece una nueva decisión sobre una cuestión, sobre la que precisamente esa judicatura ya se había pronunciado en fecha cinco de febrero del año dos mil ocho, (Vid. folio 155 de la p.p.a.), y por la cual se señala que la señora Alicia de Meza en su condición de fideicomitente era ajena al litigio de mérito, sentencia que al no ser impugnada, adquirió el carácter de firme..."..."una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil...nos permite arribar a la siguiente conclusión: la Institución bancaria a la que se atribuye el ejercicio de la función de operar como fiduciario, tiene la titularidad dominical de los bienes o derechos cedidos, mientras dure el fideicomiso, por lo que responderá de las gestiones llevadas a cabo como fiduciario, siendo por lo tanto responsable de las mismas aun frente a terceros; en ese orden de ideas, entendemos que la demanda que se interponga en contra del fiduciario, por las gestiones que el mismo ha realizado, no supone también que la misma se deba instruir en contra del fideicomitente, y esto se estima así puesto que la persona natural o jurídica que ha confiado la gestión de sus derechos o bienes al fiduciario, lo hace por que considera que el mismo es merecedor de su confianza y espera que en la realización de la labor a el encomendada, éste cumpla con la misión que se le ha encomendado, por lo tanto evidentemente no espera que se le demande por gestiones realizadas por el fiduciario; así pues las cosas, es criterio de esta Sala que en aquellos casos en que se demanda a la institución bancaria en su condición de fiduciario, no cabe también interponer demanda en contra del fideicomitente..."..."se estima que la sentencia dictada por el ad-quem en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diez, y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional, no es conforme a derecho, ya que vulnera la garantía del debido proceso preceptuada en el artículo 90 de la Constitución de la República..."..."En el caso subjúdice, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, al anular todo el proceso a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, lo ha hecho desconociendo que para poder valorar la probable relación jurídica entre la fideicomitente señora ALICIA DE MEZA y la sociedad mercantil CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L., en relación con el contrato de fideicomiso, es necesario partir de la premisa de que cada uno de los contratantes en un fideicomiso, tiene diversos derechos y obligaciones, según se advierte del contenido de los artículos que rigen este tipo de contratos, y que estas disposiciones asignan derechos y obligaciones específicos a cada una de las partes que intervienen en dicho acto; de la lectura de los artículo 1059 y 1060 del Código de Comercio se aprecia que los derechos contemplados en tales disposiciones son de índole personal, y para su ejercicio podrá hacerse valer de manera autónoma atendiendo, precisamente, a la divisibilidad de la obligación; asimismo entendemos que los efectos de la cosa previamente juzgada están limitados a las partes en el procedimiento, a menos de que exista una conexión imprescindible entre la relación jurídica de un tercero y a la que se refiere la cosa juzgada. En ese orden de ideas, del caso de auto no se desprende o se aprecia esa conectividad para que se genere un litis consorcio pasivo necesario como lo refiere el ad-quem en su fallo, ya que para que se produzca el mismo, es menester que la obligación pactada en el contrato cuya validez se encuentra afectada, sea de naturaleza indivisible, sin que los efectos del acto jurídico pudieran subsistir en forma autónoma, por lo que el criterio esgrimido por el Tribunal de alzada sobre este punto vulnera el derecho al debido proceso..."..."se determina que en el presente caso de autos se ha vulnerado el derecho al debido proceso, siendo procedente otorgar la garantía de amparo impetrada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de diciembre del año dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FELIX OYUELA, mayor de edad, soltero por viudez, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 0471, con dirección profesional sita en la Avenida Terencio Sierra numero 1502, del Barrio San Rafael en esta ciudad, a favor de la Sociedad Mercantil denominada CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L., contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, que declara la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda ordinaria de daños y perjuicios promovida ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por la Sociedad Mercantil denominada CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L. contra BANCO ATLANTIDA S.A. en su condición de fiduciario de la señora ALICIA de MEZA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de mayo del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil, de la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán, el Abogado FELIX OYUELA en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L., interponiendo demanda ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios, contra el BANCO ATLANTIDA S.A. en su condición de fiduciario de la señora ALICIA de MEZA. 2) Que en fecha dieciséis de junio del dos mil nueve, el referido Juzgado dictó sentencia definitiva mediante la cual falló: declarar parcialmente con lugar la demanda, y condenó al Banco Atlántida S.A. a pagar a la sociedad mercantil CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L. el equivalente a la cantidad de Ocho Mil Dólares ($8,000.00), en concepto de aumento de intereses; y la cantidad de Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Lempiras con Diecisiete Centavos (L. 563,652.17) como lucro cesante.3) Que en fecha veintinueve de noviembre del dos mil diez, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado FELIX OYUELA, en su condición ya citada, contra la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior, falló declarando la nulidad absoluta de actuaciones, a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, mismo que es de fecha treinta de mayo del año dos mil cinco. 4) Que en fecha catorce de marzo del año dos mil once, el recurrente abogado FELIX OYUELA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de su representada la sociedad mercantil CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L., por considerar que la sentencia dictada por el ad-quem y que se deja relacionada en el numeral anterior, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 64, 70, 90, 96, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1033, 1035 y 1036 del Código de Comercio.CONSIDERANDO: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que la sentencia recurrida mediante esta vía constitucional, es la que fuera dictada en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diez, por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, y por la cual se declaró la nulidad absoluta de actuaciones, a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda; sentencia del ad-quem que entre varios aspectos, expone básicamente lo siguiente: “Que desde el inicio del proceso que nos ocupa, éste se sustancia sin observar plenamente reglas de orden procedimental, que son de orden público y de obligatorio cumplimiento, pues se omite llamar a juicio a la fideicomitente señora Alicia de Meza, para constituir el verdadero litis consorcio pasivo necesario, como lo reclama el fiduciario demandado, omisión que constituye una causa que pudiera generarle indefensión. El criterio innovador de llamar a juicio a la fideicomitente, tiene un efecto subsanatorio del vicio o defecto procesal cometido, y en modo alguno debe entenderse como incongruente o un desconocimiento de lo resuelto por esta Corte, en la resolución que corre a folio 155 de la pieza principal, en tanto en cuanto la misma no sienta jurisprudencia, ni ostenta carácter de fallo definitivo; por tanto al no tener valor jurisprudencial, no es de obligatorio acatamiento en la materia que nos ocupa. En el presente caso estamos frente a la figura del Litis Consorcio Pasivo Necesario; esto es, la necesidad que la parte demandada esté compuesta por las dos personas que concurrieron al otorgamiento del instrumento público del fideicomiso de referencia, por lo que al no concurrir ambos demandados e intervinientes en tal acto, no se integra correctamente el contradictorio, ya que de dictar una sentencia en su ausencia, sea cual fuere el resultado del fondo, se estará juzgando a alguien que no fue oído en juicio, esto es la señora Alicia de Meza, quien actuó como fideicomitente, y una sentencia dictada sin este requisito no puede tener ejecución, pues de lo contrario resultará perjudicado quien no fue parte en el proceso. Que a folios 125 al 131 de la pieza principal consta que en fecha veinte de enero del año dos mil seis mediante escritura pública número diez (10), autorizada por el notario Arturo H. Medrano, se le puso fin al fidecomiso celebrado entre Banco Atlantida S. A. y la señora Alicia de Meza, y que del examen de dicho documento se observa en la cláusula cuarta que el otorgante estipula entre otras cosas, lo siguiente: a) Que reconoce que el fiduciario ha cumplido con los términos del fideicomiso y en consecuencia lo declara solvente en el manejo de los bienes cuya titularidad dominical ha ostentado, y b) que en forma expresa e irrevocable renuncia a cualquier acción presente o futura en cuanto al manejo del fideicomiso y le otorga el más completo y formal de los finiquitos. Que del estudio de los antecedentes a folios 123 y 124, de la pieza principal, se aprecia por esta alzada que la apoderada legal de la parte demandada, procedió a denunciar en la primera instancia el defecto procesal que se produce en la misma, y que la apelación del fallo que nos ocupa, reproduce tal denuncia, llenando con ello los presupuestos exigidos en el articulo 700 del Código Procesal Civil, para que resulte legitimada la interposición de la nulidad absoluta de actuaciones que de manera subsidiaria se alega y se solicita se decrete por esta instancia”.CONSIDERANDO: Que el recurrente no está de acuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior por considerar que la misma vulnera en perjuicio de su representada la Sociedad Mercantil denominada CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L., las declaraciones constitucionales de la igualdad ante la ley, la de la inaplicabilidad de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Republica, si los disminuyen, restringen o tergiversen; asimismo considera la vulneración del principio de legalidad, el debido proceso, la irretroactividad de la ley, la de la aplicación prevalente de la norma constitucional, con respecto a la norma ordinaria cuidando fuesen incompatibles, la que manda que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, y la de que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, consignados en los artículos 61, 64, 70, 90, 96, 320, 321 y 323 respectivamente de nuestra norma fundamental; respecto de lo cual explica que: “La sentencia de la Corte de Apelaciones al declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, arguyendo para ello que debió haberse citado y emplazado también a la fideicomitente señora Alicia de Meza; lo ha hecho contraviniendo la sentencia dictada por esa misma judicatura en fecha cinco de febrero del año dos mil ocho, y mediante la cual ese mismo Tribunal resolvió que en el caso de autos la fideicomitente es una persona ajena a ese litigio; sentencia que fue consentida por las partes al no interponerse contra la misma ninguno de los recursos que franquea la ley. Señala que la sentencia recurrida mediante esta vía constitucional, ha declarado una nulidad que no le fue solicitada y no resuelve sobre las cuestiones apeladas, sentencia que obliga a su representada a demandar a alguien que no conoce, a reclamarle algo que no le debe ni le hizo, ni le causo perjuicios, que por lo tanto no tiene personalidad para ser demandada; y que en el caso de autos fue al Banco Atlántida S.A., en su condición de fiduciario de la señora Alicia de Meza, al que se condenó a pagar en concepto de indemnización por daños y perjuicios una cantidad de dinero a su representada. Explica que cuando una persona constituye un fideicomiso, se despoja de la titularidad de su bien, cede sus derechos a favor del fiduciario y frente a terceros y que el fiduciario tiene la consideración de dueño de los derechos y bienes fideicometidos; por lo que considera que la sentencia del ad-quem, ha desconocido en lo absoluto los artículos que sobre el fideicomiso preceptúa el Código de Comercio, con lo cual aduce se ha vulnerando las garantías constitucionales invocadas”.CONSIDERANDO: Que al analizar la resolución censurada mediante esta vía, esta Sala de lo Constitucional observa lo siguiente: a) Que se esgrime como argumento toral, el que la señora Alicia de Meza en su condición de fideicomitente debió de haber sido demandada junto con el fiduciario el Banco Atlantida S. A., aduciendo para ello que se está frente a la figura de un Litis Consorcio Pasivo Necesario, y que por lo tanto surge la necesidad de que la parte demandada esté compuesta por las dos personas que concurrieron al otorgamiento del instrumento público constituyente del fideicomiso,y b)Establece una nueva decisión sobre una cuestión, sobre la que precisamente esa judicatura ya se había pronunciado en fecha cinco de febrero del año dos mil ocho, (Vid. folio 155 de la p.p.a.), y por la cual se señala que la señora Alicia de Meza en su condición de fideicomitente era ajena al litigio de mérito, sentencia que al no ser impugnada, adquirió el carácter de firme. CONSIDERANDO: Que en términos generales el fideicomiso es un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin licito determinado, encomendando la realización de este fin a una institución fiduciaria; el articulo 1033 del Código de Comercio, lo define como: “...un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin licito y determinado al que se destinen”., en ese sentido entendemos que la obligación del fiduciario consiste siempre en cumplir la misión que se le ha confiado con los bienes, en otras palabras el fiduciario tiene el deber de actuar en beneficio del fideicomitente como si obrase prudencialmente en beneficio propio; en ese orden de ideas el articulo 1035 del citado código señala que: “El fideicomiso implica la cesión de derechos o la traslación del dominio de los bienes a favor del fiduciario”., y el articulo 1036 preceptúa: “Frente a terceros, el fiduciario tendrá la consideración de dueño de los derechos o bienes fideicometidos”.CONSIDERANDO: Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: la Institución bancaria a la que se atribuye el ejercicio de la función de operar como fiduciario, tiene la titularidad dominical de los bienes o derechos cedidos, mientras dure el fideicomiso, por lo que responderá de las gestiones llevadas a cabo como fiduciario, siendo por lo tanto responsable de las mismas aun frente a terceros; en ese orden de ideas, entendemos que la demanda que se interponga en contra del fiduciario, por las gestiones que el mismo ha realizado, no supone también que la misma se deba instruir en contra del fideicomitente, y esto se estima así puesto que la persona natural o jurídica que ha confiado la gestión de sus derechos o bienes al fiduciario, lo hace por que considera que el mismo es merecedor de su confianza y espera que en la realización de la labor a el encomendada, éste cumpla con la misión que se le ha encomendado, por lo tanto evidentemente no espera que se le demande por gestiones realizadas por el fiduciario; así pues las cosas, es criterio de esta Sala que en aquellos casos en que se demanda a la institución bancaria en su condición de fiduciario, no cabe también interponer demanda en contra del fideicomitente. CONSIDERANDO: Que en atención a lo señalado en los acápites anteriores, se estima que la sentencia dictada por el ad-quem en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diez, y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional, no es conforme a derecho, ya que vulnera la garantía del debido proceso preceptuada en el artículo 90 de la Constitución de la República; garantía respecto de la cual debemos entender que implica que todos los ciudadanos de este país tenemos el derecho a ser juzgados por jueces y tribunales competentes, con las formalidades derechos y garantías que establecen las leyes. El debido proceso como tal, engloba todo un conjunto de derechos fundamentales, tales como el derecho de defensa, contradicción y audiencia, derecho a un juez independiente e imparcial, publicidad de las actuaciones procesales y respeto de la cosa juzgada, entre otros. En ese orden de ideas, para que un proceso se considere justo, debe primar ante todo, el respeto absoluto de los derechos anteriormente señalados, por que no hacerlo así, indudablemente concita la vulneración de tal garantía. En el caso subjúdice, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, al anular todo el proceso a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, lo ha hecho desconociendo que para poder valorar la probable relación jurídica entre la fideicomitente señora ALICIA DE MEZA y la sociedad mercantil CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L., en relación con el contrato de fideicomiso, es necesario partir de la premisa de que cada uno de los contratantes en un fideicomiso, tiene diversos derechos y obligaciones, según se advierte del contenido de los artículos que rigen este tipo de contratos, y que estas disposiciones asignan derechos y obligaciones específicos a cada una de las partes que intervienen en dicho acto; de la lectura de los artículo 1059 y 1060 del Código de Comercio se aprecia que los derechos contemplados en tales disposiciones son de índole personal, y para su ejercicio podrá hacerse valer de manera autónoma atendiendo, precisamente, a la divisibilidad de la obligación; asimismo entendemos que los efectos de la cosa previamente juzgada están limitados a las partes en el procedimiento, a menos de que exista una conexión imprescindible entre la relación jurídica de un tercero y a la que se refiere la cosa juzgada. En ese orden de ideas, del caso de auto no se desprende o se aprecia esa conectividad para que se genere un litis consorcio pasivo necesario como lo refiere el ad-quem en su fallo, ya que para que se produzca el mismo, es menester que la obligación pactada en el contrato cuya validez se encuentra afectada, sea de naturaleza indivisible, sin que los efectos del acto jurídico pudieran subsistir en forma autónoma, por lo que el criterio esgrimido por el Tribunal de alzada sobre este punto vulnera el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO: Que con fecha dos de junio del dos mil once, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal Especial el Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE OTORGUE el recurso de amparo impetrado. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se determina que en el presente caso de autos se ha vulnerado el derecho al debido proceso, siendo procedente otorgar la garantía de amparo impetrada. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la Fiscal, POR UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1,8,24 y 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1033, 1035, 1036, 1037, 1040, 1053, 1059 y 1060 del Código de Comercio; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el abogado FELIX OYUELA, a favor la sociedad mercantil denominada CASAL BED-BREAK-FAST S. DE R.L., contra la sentencia proferida en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil diez, por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán; y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha cuatro de diciembre de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 176-P323-P361=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL