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Sentencia RI-352-09 — Registro 4479

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra los artículos 143, 144, 145, 150, 152, 153 numeral 9) y 154 numerales 1), 3) y 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO (12): Que si bien es cierto, el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan la Constitución de la Republica; pero también es cierto que el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. Y como se ha dicho la función de la Seguridad Pública le corresponde al estado, el que considera necesario establecer un límite prudencial, de personas que presten este tipo de servicios. Teniendo un número manejable de personas armadas, e impidiendo así la duplicidad de fuerzas, o que las mismas sobrepasen los efectivos de la Policía Nacional. CONSIDERANDO (13): Que las personas jurídicas, tales como las sociedades mercantiles representadas por los recurrentes de la inconstitucionalidad, en nuestra legislación vigente, además de ser responsable civilmente es posible sancionarlas penalmente por un delito o falta, o por una infracción administrativa. Si bien no pueden imponérsele todos los tipos de penas, existen algunas, como las pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios o infracciones administrativas. Además, por lo general se acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, y a las personas físicas que están detrás de una persona jurídica y aceptan las decisiones. CONSIDERANDO (14): Que las compañías de Seguridad Privada no escapan a esta regulación, cuando la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contiene un régimen penal administrativo, que les será aplicado de acuerdo a las normas constitucionales. Tal es el caso, a manera de ejemplo, el régimen penal administrativo que contiene la Ley del Sistema Financiero, en su Titulo VI; así como también el Código de Comercio, en su Artículo 702 establece que: “Será nulo todo pacto que excluya o limite de antemano la responsabilidad de una empresa mercantil, por dolo o culpa de su personal, o de terceros a quienes utilice en el cumplimiento de las obligaciones propias de su giro, o la que resulte de la violación de normas de orden público.” CONSIDERANDO (15): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; así también nuestro ordenamiento legal vigente, en los Artículos 17 al 20 del Código Civil señala las reglas de interpretación de la Ley así: “Artículo 17.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 18.- Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Artículo 19.- El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 20.- En los casos en que no pudieren aplicarse las reglas anteriores, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.” CONSIDERANDO (16): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO (17): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (18): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO (19): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características mas relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO (20) : Que en el presente caso, se puede colegir que los Artículos 143, 144, 145, 150, 152, 153 numeral 9) y 154 numerales 1), 3) y 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008, de fecha doce de junio del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 31,749 en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil ocho; no vulnera Artículo Constitucional alguno, puesto que en la Ley sólo se permite la delegación de la función de la seguridad pública a los particulares, mediante la autorización por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de un licenciamiento; y además será la encargada de regular y vigilar su funcionamiento"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil once. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por los abogados MARVIN JOSE GONZALES ELVIR y LEONEL EDGARDO MARADIAGA, en su condición de apoderados legales de las sociedades mercantiles denominadas MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCION Y SERVICIOS MULTIPLES, S. de R.L. (MASTER SYM), MEGA CONTROL SEGURIDAD S. de R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S. de R.L. de C.V., (SIS) y OTRAS, para que se declare la Inconstitucionalidad de los artículos 143, 144, 145, 150, 152, 153 numeral 9) y 154 numerales 1), 3) y 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008, de fecha doce de junio del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 31,749 en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil ocho, por considerar que los mismos infringen de forma directa, varios preceptos constitucionales. A N T E C E D E N T E S Que en fecha treinta de enero del año dos mil nueve, comparecieron ante este Tribunal, los abogados MARVIN JOSE GONZALES ELVIR y LEONEL EDGARDO MARADIAGA, en su condición de apoderados legales de las sociedades mercantiles denominadas MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCION Y SERVICIOS MULTIPLES, S. de R.L. (MASTER SYM); MEGA CONTROL SEGURIDAD S. de R.L.; SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S. de R.L. de C.V., (SIS); SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LITORAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (SISEVIL); EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, (ESPRIN); SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD S. DE R.L. SES) ; PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES, S.A. DE C.V., (PROTECNASA); EXPERTOS EN SEGURIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EXSE); UNIFORMADOS DE HONDURAS S.A.; WACKENHUT DE HONDURAS S.A. DE C.V., (WACKENHUT); OMEGA SEGURITY, S. DE R.L.; SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS, S.A. DE C.V.,( INTERSEG); INTER-CON SECURITY SYSTEMS DE HONDURAS, S DE R.L.; AGENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (ASES); GRUPO SERVICIOS ASESORES DE SEGURIDAD-CONTRATISTAS TECNICOS DE VIGILANCIA, S.A.,(GRUPO SAS-CTV); MERCANTIL COMPAÑIA DE SEGURIDAD S. DE R.L.,(COMSEG); MELLENNIUM SECURITY, S. DE R.L.; SISTEMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE PROTECCION PREVENTIVA S.A. DE C.V.,(SISTEC); EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN (ESPA); AGENCIA DE SEGURIDAD AMPARADORA DE FINANZAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (ASAF); EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FOSEP); VIRTUAL SECURITY CORPORATION; SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S DE R.L.,(SERSEL); COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.; EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE); CORPORACION HONDUREÑA DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.; COMPAÑIA DE SERVICIOS SOGERIN, S. DE R.L.; SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (SPSP); EMPRESA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EMPROSE); INDUSTRIA DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL NORTE (ISELIN); VIGILANCIA PRIVADA LEON S. DE R.L. y VIGILANCIA PRIVADA ALCON S. DE R.L., promoviendo Recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra los artículos 143, 144, 145, 150, 152, 153 numeral 9) y 154 numerales 1), 3) y 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008, de fecha doce de junio del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 31,749 en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil ocho, por considerar que contravienen lo preceptuado en los artículos 15, 16, 18, 82, 90, 94, 96, 328, 331 y 351 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que los demandantes de la Inconstitucionalidad lo hacen en su carácter de apoderados de las sociedades mercantiles enumeradas en el preámbulo de esta acción, las cuales ostentan un interés legitimo que motiva la presente acción por las razones siguientes: Sus representadas ostentan un interés directo y legitimo ya que el giro comercial, lo constituye la prestación de servicios de seguridad para personas naturales y jurídicas, por medio de la suscripción de contratos mercantiles, mediante los cuales los clientes finales les solicitan a nuestras Representadas servicios de guardias, custodias de vehículos con carga, custodia de personas naturales, implementación de medidas tecnológicas de seguridad, transporte de valores, monitoreo de alarmas y medidas conexas a estos fines, con el objeto de resguardar a las personas y bienes de los clientes. Con la documentación acompañada se acredita la cantidad del personal que sus representadas destinan para su principal fin comercial, lo que representan el impacto económico; las restricciones; y las normas que según su criterio infringen la Constitución de la República y que contempla las nuevas cargas establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras emitida por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo No. 67-2008; asimismo algunos preceptos que dicha Ley establece y que son objeto de este recurso, los cuales contradicen el Tratado de Libre comercio RD-CAFTA suscrito y ratificado por el Estado de Honduras. CONSIDERANDO (2): Que los demandantes aducen que los artículos 143, 144, 145 y 153 numeral 9) de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, ha implementado como nuevas cargas Tributarias a cargo de sus mandantes. Sus representadas, ya tenían un derecho adquirido de operar los servicios de seguridad al momento en que el Estado de Honduras les otorgó su Licencia de acuerdo al pago que de forma indefinida se hizo al pagar cada una de ellas. Esta licencia fue otorgada para operar de forma indefinida los servicios de seguridad. Conforme a lo establecido en la norma Constitucional, la Ley no tiene un efecto retroactivo a excepción de materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o al procesado. Tomando como base que la Ley cuestionada en el presente recurso de inconstitucionalidad es de orden Administrativo en cuanto a la relación que regula a las Compañías de Seguridad y específicamente en la forma en que el Estado otorgara las Licencias a las Empresas de Seguridad; y que, las disposiciones establecidas en los artículos 143, 144, 145 y 153 numeral 9) de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, al establecer que sus representadas deberán de pagar el fisco una renovación de sus Licencias por cada (2) años, infringen el texto constitucional ya que conllevan un efecto retroactivo sobre dicha regulación de renovación, cuando ya nuestras Representadas tienen un Derecho Adquirido antes de haber entrado en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, este Derecho Adquirido lo constituye el acto administrativo mediante el cual el Estado de Honduras les otorgó un permiso para operar los servicios de seguridad de forma indefinida a cambio de un solo pago. CONSIDERANDO (3): Que los recurrentes en inconstitucionalidad continúan manifestando que la normativa vigente en la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, en los artículos 150, 151 y 152 establecen sanciones mediante la aplicación de faltas clasificándolas en muy graves; graves y leves; y, de acuerdo a la gravedad de las mismas se podrá sancionar hasta con la suspensión de la licencia; además de que cuando estas faltas conlleven la comisión de un delito con un beneficio económico para los autores se revocará dicha licencia o permiso; lo mismo que sobre la responsabilidad solidaria de las Compañías de Seguridad con los guardias y vigilantes sobre los daños y perjuicios que estos causen a terceros. Considerando que los preceptos anteriormente citados, son inconstitucionales porque se infringe el derecho de defensa que consagra nuestra Constitución en su Artículo 82, ya que en el procedimiento que establece la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras para la aplicación de sanciones en ningún momento se garantizó a las Empresas de Seguridad y a sus representantes el derecho Constitucional de Poder defenderse. CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes señalan como otra causa de inconstitucionalidad que la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en su artículo 154 numeral 1) establece que las Empresas de Seguridad Privada no podrán emplear un total de guardias, que supere el seis por ciento (6%) de todos los efectivos de la Policía Nacional. La prohibición establecida en la normativa antes indicada, impone un parámetro o techo, que impide que las Empresas de Seguridad Privada puedan contratar más del (6%) de todos los efectivos de la Policía Nacional, o sea que, esta prohibición constituye esencialmente una limitación al libre Comercio y de Contratación derechos estos garantizados por la Constitución de la República y por el Tratado de Libre Comercia RD-CAFTA, suscrito y ratificado por el Estado de Honduras. CONSIDERANDO (5): Que finalmente los recurrentes aducen que la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en su artículo 154 numerales 3) y 4) establece que las empresas de seguridad privada no podrán organizar o inscribir varias Empresas para la prestación de servicios privados de seguridad; salvo que fuesen modalidades distintas; ni transferir a cualquier titulo la licencia que se les hubiere otorgado. Aducen que dichos presupuestos deben también ser declarados inconstitucionales, por que aquí se infringe el precepto constitucional del artículo 78, mediante el cual se garantizan las libertades de asociación y de reunión; restringiendo además la inversión ya que como cualquier otra actividad lucrativa impide la expansión de empresas de este mismo género. Además también prohíbe en el numeral 4) "Transferir a cualquier titulo la licencia que se le hubiese otorgado"; este enunciado infringe el precepto constitucional del artículo 103 que establece: "El Estado reconoce fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social ..." con esta restricción de la Ley Orgánica de la Policía impide a nuestras representadas que puedan libremente enajenar en su totalidad la empresa de que son propietarios, como cualquier otra empresa mercantil, ya que la licencia se considera como un elemento más de la empresa pudiendo ser enajenado en su conjunto con toda la empresa, conforme a lo preceptuado en el Código de Comercio. CONSIDERANDO (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veinte de abril de dos mil nueve, pronunciándose en el sentido de que analizados los argumentos expresados por los Abogados MARVIN JOSE GONZALES ELVIR y LEONEL EDGARDO MARADIAGA, el Ministerio Público dictaminó porque se deniegue el recurso de inconstitucionalidad comentado. CONDIDERANDO (7): Que el Artículo 62 de la Norma Constitucional establece que “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO (8): Que el Artículo 63 de la Carta Magna estipula que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.” CONSIDERANDO (9): Que le corresponde al Estado velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate del delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes, ejecutar resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios. Función que la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras permite ser delegada a los particulares, mediante la autorización por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de un licenciamiento; y además será la encargada de regular y vigilar su funcionamiento. Licenciamiento que obedece a situaciones personales y muy particulares que el solicitante acredita ante el Estado, lo que la convierte en una concesión personalísima que no permite su tradición. CONSIDERANDO (10): Que cómo está establecido Contitucionalmete en el numeral 35 del Artículo 205; le corresponde al Congreso Nacional la atribución establecer impuestos y contribuciones así como cargas publicas; siempre enmarcado en los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. Atribución que es desarrollada en el Artículo 5 del Código Tributario. Y en concordancia con lo anterior es que a través de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, el Congreso Nacional, crea la contribución a favor de fisco al momento de que el Estado a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, le otorga la licencia para prestar servicios Privados de Seguridad. CONSIDERANDO (11): Que el Capitulo once (XI) del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro America y Estados Unidos, (RD-CAFTA), por sus siglas en inglés, se refiere al Comercio Transfronterizo de Servicios. Y de acuerdo a estos tratados de Libre comercio, se considera como Comercio Transfronterizo de Servicios la prestación de un servicio: (a) del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte; (b) en el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a un consumidor de servicios de la otra Parte; o (c) por un prestador de servicios de una Parte mediante la presencia de nacionales de una Parte en territorio de la otra Parte; pero no incluye la prestación de un servicio en territorio de una Parte mediante una inversión, en ese territorio; situaciones que no se presentan, ni regula la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras; por lo que no existe contradicción alguna; además de que los representados por los recurrentes en inconstitucionalidad, son sociedades mercantiles hondureñas. CONSIDERANDO (12): Que si bien es cierto, el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan la Constitución de la Republica; pero también es cierto que el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. Y como se ha dicho la función de la Seguridad Pública le corresponde al estado, el que considera necesario establecer un límite prudencial, de personas que presten este tipo de servicios. Teniendo un número manejable de personas armadas, e impidiendo así la duplicidad de fuerzas, o que las mismas sobrepasen los efectivos de la Policía Nacional. CONSIDERANDO (13): Que las personas jurídicas, tales como las sociedades mercantiles representadas por los recurrentes de la inconstitucionalidad, en nuestra legislación vigente, además de ser responsable civilmente es posible sancionarlas penalmente por un delito o falta, o por una infracción administrativa. Si bien no pueden imponérsele todos los tipos de penas, existen algunas, como las pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios o infracciones administrativas. Además, por lo general se acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, y a las personas físicas que están detrás de una persona jurídica y aceptan las decisiones. CONSIDERANDO (14): Que las compañías de Seguridad Privada no escapan a esta regulación, cuando la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contiene un régimen penal administrativo, que les será aplicado de acuerdo a las normas constitucionales. Tal es el caso, a manera de ejemplo, el régimen penal administrativo que contiene la Ley del Sistema Financiero, en su Titulo VI; así como también el Código de Comercio, en su Artículo 702 establece que: “Será nulo todo pacto que excluya o limite de antemano la responsabilidad de una empresa mercantil, por dolo o culpa de su personal, o de terceros a quienes utilice en el cumplimiento de las obligaciones propias de su giro, o la que resulte de la violación de normas de orden público.” CONSIDERANDO (15): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; así también nuestro ordenamiento legal vigente, en los Artículos 17 al 20 del Código Civil señala las reglas de interpretación de la Ley así: “Artículo 17.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 18.- Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Artículo 19.- El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 20.- En los casos en que no pudieren aplicarse las reglas anteriores, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.” CONSIDERANDO (16): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO (17): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (18): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO (19): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características mas relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO (20) : Que en el presente caso, se puede colegir que los Artículos 143, 144, 145, 150, 152, 153 numeral 9) y 154 numerales 1), 3) y 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008, de fecha doce de junio del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 31,749 en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil ocho; no vulnera Artículo Constitucional alguno, puesto que en la Ley sólo se permite la delegación de la función de la seguridad pública a los particulares, mediante la autorización por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de un licenciamiento; y además será la encargada de regular y vigilar su funcionamiento. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 18, 63, 64, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 331, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar sin lugar, el recurso de inconstitucionalidad promovido contra los Artículos 143, 144, 145, 150, 152, 153 numeral 9) y 154 numerales 1), 3) y 4) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo número 67-2008, de fecha doce de junio del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 31,749 en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil ocho. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente.- NOTIFIQUESE. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. Firma y sello.- DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil once, recaída en el recurso de inconstitucionalidad con registro en este Tribunal con el número 352=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO

CONSTITUCIONAL