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Sentencia RI-147-08 — Registro 4455

Resumen

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional al establecer que usar una evaluación de conocimiento como motivo directo de despido atenta contra la garantía de estabilidad laboral y violenta los procesos legales ya definidos para el despido laboral.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme lo antes expuesto, esta Sala determina que la parte del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que dice: “Durante su mandato la Comisión de Transición procederá a contratar a una institución de acreditada experiencia en la materia, para que realice la evaluación del personal; procediéndose, de acuerdo con lo establecido en la Ley, a la cancelación de los empleados y funcionarios que no aprueben dicha evaluación, previo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales”, es inconstitucional por contraponerse a lo establecido a los artículos 82, 90, 129 y 160 constitucional al constituir un impedimento para asegurar la garantía a la estabilidad laboral, y vulnerar los procedimientos establecidos para el despido laboral. En consecuencia procede declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 67 y por ende la inaplicabilidad del párrafo del precepto impugnado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme lo antes expuesto, esta Sala determina que la parte del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que dice: “Durante su mandato la Comisión de Transición procederá a contratar a una institución de acreditada experiencia en la materia, para que realice la evaluación del personal; procediéndose, de acuerdo con lo establecido en la Ley, a la cancelación de los empleados y funcionarios que no aprueben dicha evaluación, previo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales”, es inconstitucional por contraponerse a lo establecido a los artículos 82, 90, 129 y 160 constitucional al constituir un impedimento para asegurar la garantía a la estabilidad laboral, y vulnerar los procedimientos establecidos para el despido laboral. En consecuencia procede declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 67 y por ende la inaplicabilidad del párrafo del precepto impugnado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de noviembre del año dos mil once. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por los señores JOSE JUAN PINEDA, Licenciado en Administración de Empresas y GUILLERMO SALAZAR MEDINA, Licenciado en Administración Aduanera, ambos hondureños, mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio, para que se declare la Inconstitucionalidad del primer presupuesto del tercer párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, contenida en el decreto 209-2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha doce de febrero del año dos mil cinco. ANTECEDENTE 1.- Que en fecha veintisiete de marzo del año dos mil ocho, comparecieron ante este Tribunal, los Licenciados JOSE JUAN PINEDA y GUILLERMO SALAZAR MEDINA, promoviendo recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra lo dispuesto en el primer presupuesto del tercer párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por considerar que contraviene lo preceptuado en los artículos 60, 61, 64, 96, 127, 129, 135, 140, 155 y 160 de la Constitución de la República. 2.- El presupuesto del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se señala de inconstitucional reza así: “Durante su mandato la Comisión de Transición procederá a contratar a una institución de acreditada experiencia en la materia, para que realice la evaluación del personal; procediéndose, de acuerdo con lo establecido en la Ley, a la cancelación de los empleados y funcionarios que no aprueben dicha evaluación, previo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales”. CONSIDERANDO (1): Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conoce la Garantía de Inconstitucionalidad que por vía de acción interpuesta por razón de contenido, por los Licenciados JOSE JUAN PINEDA y GUILLERMO SALAZAR MEDINA contra del párrafo antes transcrito del artículo 67 arriba citado demandando que se declarare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la Garantía de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. CONSIDERANDO (3): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido; en el caso que nos ocupa, la acción interpuesta es por razón de contenido. CONSIDERANDO (4): Que la Sala de lo Constitucional estima legitimados a los impetrantes, ya que tal como lo alegan éstos, están legitimados para interponer la presente acción que se conoce, ya que la norma secundaria que acusan de inconstitucional, les afecta por estar obligados a cumplirla, lo que les acarrea consecuencias directas. CONSIDERANDO (5): Que después de haber analizado con responsabilidad lo expuesto, señalamos que los recurrentes al interponer la acción, basan la supuesta inconstitucionalidad en que la norma en análisis trae como consecuencias discriminación, y la vulneración no solo al derecho al trabajo sino que además a la estabilidad laboral, contraponiéndose así a lo establecido en el artículo 127 y 129 de la Carta Magna, y alegan en su acción lo siguiente: Dicha norma no solo se contrapone a las previsiones y garantías del artículo 127 y 129 constitucional sino que establece una nueva disposición legal, (nueva causal de despido), que no es de carácter general sino que es discriminatoria por razón de que se aplica exclusivamente a empleados y funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como quedó dicho, aseguran los recurrentes que la parte de la norma señalada de inconstitucional, debe ser considerada como una nueva causal de despido, la que no es aplicable a todos los trabajadores de Honduras o específicamente a los empleados y funcionarios de otras universidades privadas, y solo a ellos se les impone como causal de despido “la reprobación de una evaluación de personal”. Al mismo tiempo, peticionan que se decrete la inconstitucionalidad parcial de la norma, en virtud de que con ella se atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. La argumentación con que sustentan el señalamiento de inconstitucionalidad se ve legitimada, en tanto en cuanto ambos recurrentes son docentes universitarios con más de veinte años de ejercicio profesional como tal, y que con dicha norma se pretende que después de tanto tiempo de ejercer la docencia se ponga en duda su capacidad, en ese sentido, señalan como fundamento de ley el artículo 160 constitucional en relación con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la que reconoce, dicen, la libertad plena de cátedra, de estudio, de investigación y de vinculación de la universidad con la sociedad, al mismo tiempo que sostiene la libertad en el manejo de las relaciones laborales. CONSIDERANDO (6): Que en cuanto a la violación al derecho de igualdad alegado por el recurrente, esta Sala reitera que la Igualdad como principio reviste un mandato que afecta todos los poderes públicos y tiene fuerza de dispersión en las relaciones con los particulares, incluyendo la actividad legislativa. Tal y como quedó dicho en el considerando anterior, la Sala entiende y lo ha manifestado en otras sentencias, que el principio de Igualdad es una prohibición de discriminación, es ese sentido, manifiesta que quien invoca la violación a la igualdad como derecho, necesita demostrar que el trato discriminatorio es arbitrario; es decir, que no sea razonable o con fundamento, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados para alcanzar el objetivo perseguido. CONSIDERANDO (7): Que en el argumento de discriminación de los impetrantes, entre otros se plantea que: “La dignidad del ser humano es inviolable, todos los hondureños nacemos con los mismos derechos y somos iguales ante la Ley, se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.- La norma cuestionada, establece una nueva “causa legal” para que sólo los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras puedan ser despedidos, esto es al “no aprobar la evaluación de personal” que deberá hacerse dentro del término del mandato de la Comisión de Transición y por una institución acreditada y con experiencia en la materia.- Vale hacer notar que el articulo 129 constitucional garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación, que no son otras que las contenidas en el articulo 112 del Código del Trabajo.- La norma cuestionada, sin embargo desatiende las previsiones y garantías del articulo 129 constitucional y establece una disposición legal que ya no es de carácter general sino que entra en la discriminación por razón de que solo se aplica a los “empleados o funcionarios” de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se nos impone una causa de despido que no se aplica a todos los demás trabajadores de Honduras en lo general o en lo particular deviene en discriminatoria en relación a los demás trabajadores de las Universidades Públicas o Privadas del País, a quienes no se les impone la desaprobación de una “evaluación de personal” como causa legal de despido.” CONSIDERANDO (8): Que con respecto al planteamiento expuesto, el artículo 7 apartado ii) literal c) del Pacto Internacional de los Derechos Económicos; Sociales y Culturales señala: “…c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.” Se debe observar que la norma convencional requiere valorar tiempo de servicio y capacidad, cuando se trate de promociones a categorías superiores. Consideramos necesario entonces recordar el significado conceptual de dos términos: Capacidad y Promover. Según el Diccionario de la Lengua Española, capacidad significa: “…2. Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. El vocablo promover significa: “(Del lat. promovére). Tr. Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro.//2.- Levantar o elevar a alguien a una dignidad o empleo superior al que tenía.//3.- Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo.” Debe quedar claro que para medir la capacidad de las personas se hará a través de evaluaciones de distintos tipos, en el caso de mérito el artículo 67 del decreto 209-2004 establece en el párrafo señalado de inconstitucional que la Comisión de Transición contratará personal especializado para que realice una evaluación del personal, procediéndose a la cancelación de aquellos que reprueben dicha evaluación previo pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborares atendiendo lo establecido en el Código del Trabajo. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que la evaluación no se concibe en este artículo como un requerimiento para una promoción, tal y como lo establece el artículo 7 apartado ii) literal c) del Pacto Internacional de los Derechos Económicos; Sociales y Culturales, sino como requerimiento para conservar el trabajo que ya se tiene, es decir para ratificar la estabilidad laboral. Se olvida el legislador que la estabilidad laboral esta garantizada constitucionalmente, y que pretender convertir la evaluación docente no en una verdadera reforma educativa, sino en una excusa para despedir catedráticos, atenta frontalmente con la teoría de derechos adquiridos en materia laboral, y más aun con el derecho a la estabilidad constitucionalmente garantizado. CONSIDERANDO (10): Que la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dispone en el: “Artículo 2.- Conforme con lo establecido en el Articulo 160 de la Constitución de la Republica, la autonomía de que goza la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) comprende: 1) Pluralismo ideológico, libertad plena de cátedra, de estudio, de investigación y de vinculación de la Universidad con la sociedad; 2) La Autonomía en la gestión y administración de sus propios recursos con transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria, los ente contralores del Estado y la sociedad en general; 3) La facultad y capacidad para elegir autónomamente sus propias autoridades; 4) La facultad para emitir las normas reglamentarias o estatutarias que sean necesarias para desarrollar esta Ley; y 5) la autonomía para manejar sus relaciones laborales y la formulación de las políticas en relación con el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. Artículo 3.- Son objetivos de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH): 1) fomentar y promover el desarrollo de la educación superior en beneficio de la sociedad hondureña; 2) Formar profesionales del más alto nivel académico, cívico y ético, capaces de enfrentar los desafíos que impone la sociedad; 3) Promover, desarrollar, innovar y difundir la investigación científica, humanística y tecnológica; 4) fomentar y difundir la identidad nacional, el arte, la ciencia y la cultura en el nivel educativo o que le corresponde; 5) fomentar la vinculación de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) con las fuerzas productivas, laborales, empresariales, así como con las demás que integran la sociedad hondureña; y, 6) Contribuir a la transformación de la sociedad hondureña y al desarrollo sostenible de Honduras. Artículo 4.- Para realizar sus objetivos, la UNAH se fundamentará en los principios de libertad de cátedra, investigación, universalidad de la ciencia, representatividad, pluralismo, participación democrática, responsabilidad, equidad, igualdad de oportunidades, transparencia, rendición de cuentas, pertinencia, solidaridad y subsidiariedad. Artículo 5.- para el logro de sus objetivos, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) tiene las funciones y atribuciones siguientes: 1) Organizar, dirigir y desarrollar con carácter exclusivo la educación superior y profesional de Honduras; 2) Integrar y presidir por medio del Rector, el Consejo de Educación Superior; 3) Ejercer, de conformidad con la Ley, la Vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación, para coordinar junto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y demás instituciones del Estado, las medidas y acciones encaminadas a lograr un sistema nacional educativo armónico y coherente en todos los niveles. 4) formar los profesionales que demande el desarrollo nacional en los campos de la ciencia, la técnica y el arte, así como capacitarlos para el ejercicio profesional responsable y eficiente de sus respectivos aprendizajes; 5) Fortalecer e innovar, de manera permanente, los procesos de educación y capacitación que ofrezcan la superación profesional para contribuir al desarrollo del país; 6) Generar y desarrollar la ciencia, la tecnología y las humanidades, por medio del estudio de los problemas nacionales, regionales, mundiales y sus soluciones; y, 7) Participar por medio de sus programas y proyectos en el desarrollo cultural, científico, tecnológico y humanístico de la sociedad hondureña.”CONSIDERANDO (11): Que en relación con lo anterior, el artículo 129 constitucional instituye: “Artículo 129. La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a titulo de daños y perjuicios.”CONSIDERANDO (12): Que el contenido de la norma antes transcrita señala que la estabilidad laboral la garantiza la carta magna, y que este derecho ni ligeramente puede ser vulnerado para quienes lo gozan, y vale decir de que además de tener protección constitucional, tiene protección internacional, o sea amparo en pactos internacionales y en organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). CONSIERANDO (13): Que así las cosas, debemos entender que en el Código de Trabajo existe una causal en la que puede subsumirse conductas que dan pie al despido por rendimiento laboral deficiente, desempeño laboral negativo, incompetencia profesional por ineficiencia, incapacidad o ineptitud. Esa causal se encuentra en el literal J del artículo 112 del Código de Trabajo el cual establece que es una causa justa que faculta al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte LA INHABILIDAD O LA INEFICIENCIA MANIFIESTA DEL TRABAJADOR QUE HAGA IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para acreditar esa inhabilidad a ineficiencia manifiesta debe seguirse un procedimiento que garantice una evolución integral a la función docente y no solo un aspecto que es el de conocimientos. Se debe llegar a concluir que un programas de medición del desempeño laboral, que es distinto a una prueba de conocimiento, se dice lo anterior en virtud de que ocurren casos que grandes eminencias, que con seguridad obtendrían el porcentaje completo de la prueba de evaluación, desempeñan su función docente con ineficiencia, por dar más importancia a conferencias internacionales que brindar sus clases con responsabilidad y eficacia. Que del párrafo señalado como inconstitucional contenido en el artículo 67 de la supramencionada ley, se podría interpretar como una intención del legislador de adicionar una causal de despido, misma que además de atentar contra la estabilidad laboral, atenta contra del derecho de defensa y consecuentemente contra el debido proceso, pues en este caso se evalúa un elemento aislado, que si bien es fundamental , no permite una evaluación integral del docente. CONSIDERANDO (14): Que el artículo 10 numerales 3 y 4 De la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señalan como responsabilidad del Consejo la de velar por que la Universidad Nacional brinde una educación de calidad y excelencia, esa responsabilidad por ser fundamental para cumplir con los objetivos educacionales trazados, debe ser periódica y/o permanente, que garantice una evaluación continua para tener como resultado la calidad y la excelencia antes mencionada. Sin embargo esto no se ha hecho, y cabe mencionar que la misma norma señalada de inconstitucionalidad parcial, establece que la Junta de Transición contratará a personal especializado para que realice las evaluaciones en mención, deduciéndose que en ese centro de educación superior, no existe personal especializado para llevar a cabo dicha función ineludible, lo que deslegitima el considerar la reprobación de un examen como una causal de despido. CONSIDERANDO (15): Que la Sala de lo Constitucional entiende por evaluación como el proceso integral, sistemático y continuo de apreciación valorativa del conjunto de actividades, aptitudes y rendimiento del servidor en cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, la evaluación debe ser una acción permanente como queda dicho, y esta es responsabilidad de cada jefe en los diferentes niveles educativos y dentro de la Universidad en cada una de las facultades así cada decanato debe posibilitar a los docentes el mejoramiento y el desarrollo de capacidades para la mejor prestación de servicios educativos, de investigación científica. Dicha responsabilidad viene delegada en sentido descendente pues la ley secundaria le impone esa responsabilidad al Consejo Superior. CONSIDERANDO (16): Que Sala manifiesta que considerar la reprobación de un examen o de la evaluación de conocimiento como una causal de despido, es subjetivo, y se dice lo anterior pues con dicha modalidad vienen varias interrogantes: Esta evaluación para que sea integral, contendrá temas referidos al desempeño, al rol y a la tarea del docente?; podrá representar y cuantificar fielmente la medición del docente de sus conocimientos, sus habilidades o su capacidad de utilizar procedimientos diversos en el ejercicio de la docencia?. La sala se pregunta, si se pretende mejorar la educación superior, se hará una misma evaluación para el docente, a los Decanos de facultades, directores de centros universitarios, Directores de Centros regionales etc?; se hará la misma evaluación para los maestros que imparten clases a alumnos de recién ingreso a las facultades, o será distinta y más profunda para maestros de clases que se imparten a un nivel avanzado de facultad? Importante interrogante es conocer si se va a considerar la evaluación que deviene del rendimiento del alumno, en caso que así sea, cuanto será el porcentaje. La sala no desconoce una realidad, y es que ante los decanos o decanas se han presentado grupos de alumnos de excelencia académica, demostrando con hechos la irresponsabilidad o ineficiencia con que un catedrático imparte su clase y la respuesta que ha habido es que hay libertad de cátedra, y esos catedráticos denunciados son considerados eminencias ha nivel internacional y que un examen de conocimientos lo aprobarían con excelencia. Se concluye que ya el Código de Trabajo estatuye una causal de despido que permite al docente hacer uso del derecho de defensa en tanto de desarrolla el proceso para declarar al docente inhábil e ineficiente. CONSIDERANDO (17): Que conforme lo antes expuesto, esta Sala determina que la parte del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que dice: “Durante su mandato la Comisión de Transición procederá a contratar a una institución de acreditada experiencia en la materia, para que realice la evaluación del personal; procediéndose, de acuerdo con lo establecido en la Ley, a la cancelación de los empleados y funcionarios que no aprueben dicha evaluación, previo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales”, es inconstitucional por contraponerse a lo establecido a los artículos 82, 90, 129 y 160 constitucional al constituir un impedimento para asegurar la garantía a la estabilidad laboral, y vulnerar los procedimientos establecidos para el despido laboral. En consecuencia procede declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 67 y por ende la inaplicabilidad del párrafo del precepto impugnado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 72, 80, 82, 184, 185, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numerales 1 y 2, 129, 315, 321, 323, 324, 328 y 332 de la Constitución de la República; 1, 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3, 14, 17, 19, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 4, 5, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3 No.3, 4 No.5), 5, 7, 8, 74, 75, 76 numerales 1 y 4, 77 numeral 2), 79, 80, 89 y 90 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2, 3, 4, y 5 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 Atribución 5ta.del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: HA LUGAR la Garantía de Inconstitucionalidad, por violar la norma impugnada los artículos 129, 160 de la Constitución de la República, en consecuencia: DEROGA el primer presupuesto del tercer párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que dice: “Durante su mandato la Comisión de Transición procederá a contratar a una institución de acreditada experiencia en la materia, para que realice la evaluación del personal; procediéndose, de acuerdo con lo establecido en la Ley, a la cancelación de los empleados y funcionarios que no aprueben dicha evaluación, previo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales” contenida en el decreto 209-2004, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta bajo el número 30,621 de fecha 12 de febrero de 2005. Los efectos de la presente sentencia son generales y de ejecución inmediata. Y MANDA:

  1. Que se ponga en conocimiento y se certifique al recurrente el presente fallo; 2) Que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; y 3) Que en su oportunidad se archiven las presentes diligencias. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, JOSE THOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL “

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de diciembre del año dos mil once, certificación del fallo de fecha uno de noviembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 147=08.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL