Sentencia RI-147-08 — Registro 4455
Resumen
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional al establecer que usar una evaluación de conocimiento como motivo directo de despido atenta contra la garantía de estabilidad laboral y violenta los procesos legales ya definidos para el despido laboral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que conforme lo antes expuesto, esta Sala determina que la parte del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que dice: “Durante su mandato la Comisión de Transición procederá a contratar a una institución de acreditada experiencia en la materia, para que realice la evaluación del personal; procediéndose, de acuerdo con lo establecido en la Ley, a la cancelación de los empleados y funcionarios que no aprueben dicha evaluación, previo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales”, es inconstitucional por contraponerse a lo establecido a los artículos 82, 90, 129 y 160 constitucional al constituir un impedimento para asegurar la garantía a la estabilidad laboral, y vulnerar los procedimientos establecidos para el despido laboral. En consecuencia procede declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 67 y por ende la inaplicabilidad del párrafo del precepto impugnado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 129 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 160 (Decreto)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que conforme lo antes expuesto, esta Sala determina que la parte del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que dice: “Durante su mandato la Comisión de Transición procederá a contratar a una institución de acreditada experiencia en la materia, para que realice la evaluación del personal; procediéndose, de acuerdo con lo establecido en la Ley, a la cancelación de los empleados y funcionarios que no aprueben dicha evaluación, previo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales”, es inconstitucional por contraponerse a lo establecido a los artículos 82, 90, 129 y 160 constitucional al constituir un impedimento para asegurar la garantía a la estabilidad laboral, y vulnerar los procedimientos establecidos para el despido laboral. En consecuencia procede declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 67 y por ende la inaplicabilidad del párrafo del precepto impugnado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 160 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema
de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que
literalmente dice: CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, uno de noviembre del año dos
mil once. VISTO: Para dictar
Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por
los señores JOSE JUAN PINEDA, Licenciado
en Administración de Empresas y GUILLERMO
SALAZAR MEDINA, Licenciado en Administración Aduanera, ambos hondureños,
mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio, para que se declare la Inconstitucionalidad
del primer presupuesto del tercer párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, contenida en el decreto 209-2004,
publicado en el Diario Oficial La
Gaceta en fecha doce de febrero del año dos mil cinco. ANTECEDENTE 1.- Que en fecha
veintisiete de marzo del año dos mil ocho, comparecieron ante este Tribunal,
los Licenciados JOSE JUAN PINEDA y GUILLERMO SALAZAR MEDINA, promoviendo
recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra lo dispuesto en el
primer presupuesto del tercer párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, por considerar que contraviene lo
preceptuado en los artículos 60, 61, 64, 96, 127, 129, 135, 140, 155 y 160 de la Constitución
de la República. 2.- El presupuesto del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, que se señala de inconstitucional reza así: “Durante su
mandato la Comisión
de Transición procederá a contratar a una institución de acreditada experiencia
en la materia, para que realice la evaluación del personal; procediéndose, de
acuerdo con lo establecido en la
Ley, a la cancelación de los empleados y funcionarios que no
aprueben dicha evaluación, previo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones
laborales”. CONSIDERANDO (1):
Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, conoce la
Garantía de Inconstitucionalidad que por vía de acción
interpuesta por razón de contenido, por los Licenciados JOSE JUAN PINEDA y GUILLERMO
SALAZAR MEDINA contra del párrafo antes transcrito del artículo 67 arriba
citado demandando que se declarare su
inconstitucionalidad e inaplicabilidad. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución
de la República
establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar
que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por
vía de acción ante la
Honorable Corte Suprema de Justicia la Garantía de
Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma
fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la
inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá
efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. CONSIDERANDO (3): Que las leyes podrán ser declaradas
inconstitucionales por razón de forma o de contenido; en el caso que nos ocupa,
la acción interpuesta es por razón de contenido. CONSIDERANDO (4):
Que la Sala de
lo Constitucional estima legitimados a los impetrantes, ya que tal como lo
alegan éstos, están legitimados para interponer la presente acción que se
conoce, ya que la norma secundaria que acusan de inconstitucional, les afecta
por estar obligados a cumplirla, lo que les acarrea consecuencias directas. CONSIDERANDO (5): Que después de
haber analizado con responsabilidad lo expuesto, señalamos que los recurrentes
al interponer la acción, basan la supuesta inconstitucionalidad en que la norma
en análisis trae como consecuencias discriminación,
y la vulneración no solo al derecho al trabajo sino que además a la estabilidad
laboral, contraponiéndose así a lo establecido en el artículo 127 y 129 de la Carta Magna, y alegan
en su acción lo siguiente: Dicha norma no solo se contrapone a las previsiones
y garantías del artículo 127 y 129 constitucional sino que establece una nueva
disposición legal, (nueva causal de despido), que no es de carácter general
sino que es discriminatoria por razón de que se aplica exclusivamente a
empleados y funcionarios de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras. Como quedó dicho, aseguran los
recurrentes que la parte de la norma señalada de inconstitucional, debe ser
considerada como una nueva causal de despido, la que no es aplicable a todos
los trabajadores de Honduras o específicamente a los empleados y funcionarios
de otras universidades privadas, y solo a ellos se les impone como causal de
despido “la reprobación de una evaluación de personal”. Al mismo tiempo,
peticionan que se decrete la inconstitucionalidad parcial de la norma, en
virtud de que con ella se atenta contra la autonomía universitaria y la
libertad de cátedra. La argumentación con que sustentan el señalamiento de
inconstitucionalidad se ve legitimada, en tanto en cuanto ambos recurrentes son
docentes universitarios con más de veinte años de ejercicio profesional como
tal, y que con dicha norma se pretende que después de tanto tiempo de ejercer
la docencia se ponga en duda su capacidad, en ese sentido, señalan como
fundamento de ley el artículo 160 constitucional en relación con el numeral 1
del artículo 2 de la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, la que reconoce, dicen, la libertad plena de cátedra, de
estudio, de investigación y de vinculación de la universidad con la sociedad,
al mismo tiempo que sostiene la libertad en el manejo de las relaciones
laborales. CONSIDERANDO (6): Que en cuanto a la violación al
derecho de igualdad alegado por el recurrente, esta Sala reitera que la Igualdad como principio
reviste un mandato que afecta todos los poderes públicos y tiene fuerza de
dispersión en las relaciones con los particulares, incluyendo la actividad
legislativa. Tal y como quedó dicho en el considerando anterior, la Sala entiende y lo ha
manifestado en otras sentencias, que el principio de Igualdad es una
prohibición de discriminación, es ese sentido, manifiesta que quien invoca la
violación a la igualdad como derecho, necesita demostrar que el trato discriminatorio es arbitrario; es decir, que no sea
razonable o con fundamento, de acuerdo con criterios y juicios de valor
generalmente aceptados para alcanzar el objetivo perseguido. CONSIDERANDO (7): Que en el
argumento de discriminación de los impetrantes, entre otros se plantea que: “La
dignidad del ser humano es inviolable, todos los hondureños nacemos con los
mismos derechos y somos iguales ante la
Ley, se declara punible toda discriminación por motivo de
sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.- La norma
cuestionada, establece una nueva “causa legal” para que sólo los trabajadores
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras puedan ser despedidos, esto es al “no
aprobar la evaluación de personal” que deberá hacerse dentro del término del
mandato de la Comisión
de Transición y por una institución acreditada y con experiencia en la materia.- Vale
hacer notar que el articulo 129 constitucional garantiza la estabilidad de los
trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias
y profesiones y las justas causas de separación, que no son otras que las contenidas en el articulo 112 del
Código del Trabajo.- La norma cuestionada, sin embargo desatiende las
previsiones y garantías del articulo 129 constitucional y establece una
disposición legal que ya no es de carácter general sino que entra en la
discriminación por razón de que solo se aplica a los “empleados o funcionarios”
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras. Se nos impone una causa de despido que
no se aplica a todos los demás trabajadores de Honduras en lo general o en lo
particular deviene en discriminatoria en relación a los demás trabajadores de
las Universidades Públicas o Privadas del País, a quienes no se les impone la
desaprobación de una “evaluación de personal” como causa legal de
despido.” CONSIDERANDO (8):
Que con respecto al planteamiento expuesto, el artículo 7 apartado ii) literal
c) del Pacto Internacional de los Derechos Económicos; Sociales y Culturales
señala: “…c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su
trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones
que los factores de tiempo de servicio y capacidad.” Se debe observar que la
norma convencional requiere valorar tiempo de servicio y capacidad, cuando se
trate de promociones a categorías superiores. Consideramos necesario entonces
recordar el significado conceptual de dos términos: Capacidad y Promover. Según
el Diccionario de la Lengua Española,
capacidad significa: “…2.
Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de
algo. El vocablo promover significa: “(Del lat. promovére). Tr. Iniciar o impulsar una
cosa o un proceso, procurando su logro.//2.- Levantar o elevar a alguien a una
dignidad o empleo superior al que tenía.//3.- Tomar la iniciativa para la
realización o el logro de algo.” Debe
quedar claro que para medir la capacidad de las personas se hará a través de
evaluaciones de distintos tipos, en el caso de mérito el artículo 67 del
decreto 209-2004 establece en el párrafo señalado de inconstitucional que la Comisión de
Transición contratará personal especializado para que realice una evaluación
del personal, procediéndose a la cancelación de aquellos que reprueben dicha
evaluación previo pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborares
atendiendo lo establecido en el Código del Trabajo. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que la
evaluación no se concibe en este artículo como un requerimiento para una
promoción, tal y como lo establece el artículo 7 apartado ii) literal c) del
Pacto Internacional de los Derechos Económicos; Sociales y Culturales, sino
como requerimiento para conservar el trabajo que ya se tiene, es decir para
ratificar la estabilidad laboral. Se olvida el legislador que la estabilidad
laboral esta garantizada constitucionalmente, y que pretender convertir la
evaluación docente no en una verdadera reforma educativa, sino en una excusa
para despedir catedráticos, atenta frontalmente con la teoría de derechos
adquiridos en materia laboral, y más aun con el derecho a la estabilidad
constitucionalmente garantizado. CONSIDERANDO
(10): Que la Ley Orgánica
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras dispone en el: “Artículo 2.- Conforme con lo establecido en el Articulo 160 de la Constitución
de la Republica,
la autonomía de que goza la UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) comprende: 1) Pluralismo
ideológico, libertad plena de cátedra, de estudio, de investigación y de
vinculación de la
Universidad con la sociedad; 2) La Autonomía en la
gestión y administración de sus propios recursos con transparencia y rendición
de cuentas ante la comunidad universitaria, los ente contralores del Estado y
la sociedad en general; 3) La facultad y capacidad para elegir autónomamente
sus propias autoridades; 4) La facultad para emitir las normas reglamentarias o
estatutarias que sean necesarias para desarrollar esta Ley; y 5) la autonomía
para manejar sus relaciones laborales y la formulación de las políticas en
relación con el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. Artículo 3.- Son objetivos de la UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH): 1) fomentar y promover el
desarrollo de la educación superior en beneficio de la sociedad hondureña; 2)
Formar profesionales del más alto nivel académico, cívico y ético, capaces de
enfrentar los desafíos que impone la sociedad; 3) Promover, desarrollar,
innovar y difundir la investigación científica, humanística y tecnológica; 4)
fomentar y difundir la identidad nacional, el arte, la ciencia y la cultura en
el nivel educativo o que le corresponde; 5) fomentar la vinculación de la UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) con las fuerzas productivas,
laborales, empresariales, así como con las demás que integran la sociedad hondureña;
y, 6) Contribuir a la transformación de la sociedad hondureña y al desarrollo
sostenible de Honduras. Artículo 4.-
Para realizar sus objetivos, la
UNAH se fundamentará en los principios de libertad de
cátedra, investigación, universalidad de la ciencia, representatividad,
pluralismo, participación democrática, responsabilidad, equidad, igualdad de
oportunidades, transparencia, rendición de cuentas, pertinencia, solidaridad y
subsidiariedad. Artículo 5.- para el
logro de sus objetivos, la UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) tiene las funciones y
atribuciones siguientes: 1) Organizar, dirigir y desarrollar con carácter
exclusivo la educación superior y profesional de Honduras; 2) Integrar y
presidir por medio del Rector, el Consejo de Educación Superior; 3) Ejercer, de
conformidad con la Ley,
la Vicepresidencia
del Consejo Nacional de Educación, para coordinar junto con la Secretaría de
Estado en el Despacho de Educación y demás instituciones del Estado, las
medidas y acciones encaminadas a lograr un sistema nacional educativo armónico
y coherente en todos los niveles. 4) formar los profesionales que demande el
desarrollo nacional en los campos de la ciencia, la técnica y el arte, así como
capacitarlos para el ejercicio profesional responsable y eficiente de sus
respectivos aprendizajes; 5) Fortalecer e innovar, de manera permanente, los
procesos de educación y capacitación que ofrezcan la superación profesional
para contribuir al desarrollo del país; 6) Generar y desarrollar la ciencia, la
tecnología y las humanidades, por medio del estudio de los problemas
nacionales, regionales, mundiales y sus soluciones; y, 7) Participar por medio
de sus programas y proyectos en el desarrollo cultural, científico, tecnológico
y humanístico de la sociedad hondureña.”CONSIDERANDO
(11): Que en relación con lo anterior, el artículo 129 constitucional
instituye: “Artículo 129. La Ley garantiza la estabilidad
de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido
injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria
respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en
concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a
las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le
reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a
titulo de daños y perjuicios.”CONSIDERANDO
(12): Que el contenido de la norma antes transcrita señala que la
estabilidad laboral la garantiza la carta magna, y que este derecho ni
ligeramente puede ser vulnerado para quienes lo gozan, y vale decir de que
además de tener protección constitucional, tiene protección internacional, o sea
amparo en pactos internacionales y en organizaciones como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). CONSIERANDO (13): Que así las cosas, debemos entender que en
el Código de Trabajo existe una causal en la que puede subsumirse conductas que
dan pie al despido por rendimiento laboral deficiente, desempeño laboral
negativo, incompetencia profesional por ineficiencia, incapacidad o ineptitud.
Esa causal se encuentra en el literal J del artículo 112 del Código de Trabajo
el cual establece que es una causa justa que faculta al patrono para dar por
terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte LA INHABILIDAD O LA
INEFICIENCIA MANIFIESTA DEL TRABAJADOR QUE HAGA IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO. Para acreditar esa inhabilidad a ineficiencia manifiesta debe
seguirse un procedimiento que garantice una evolución integral a la función
docente y no solo un aspecto que es el de conocimientos. Se debe llegar a
concluir que un programas de medición del desempeño laboral, que es distinto a
una prueba de conocimiento, se dice lo anterior en virtud de que ocurren
casos que grandes eminencias, que con seguridad obtendrían el porcentaje
completo de la prueba de evaluación, desempeñan su función docente con
ineficiencia, por dar más importancia a conferencias internacionales que
brindar sus clases con responsabilidad y eficacia. Que del párrafo señalado
como inconstitucional contenido en el artículo 67 de la supramencionada ley, se
podría interpretar como una intención del legislador de adicionar una causal de
despido, misma que además de atentar contra la estabilidad laboral, atenta
contra del derecho de defensa y consecuentemente contra el debido proceso, pues
en este caso se evalúa un elemento aislado, que si bien es fundamental
- Que se ponga en conocimiento y se certifique al recurrente el presente fallo; 2) Que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; y 3) Que en su oportunidad se archiven las presentes diligencias. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, JOSE THOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL “
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de diciembre del año dos mil once, certificación del fallo de fecha uno de noviembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 147=08.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL