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Sentencia RI-1017-09 — Registro 4488

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad Vía Excepción

contra el artículo 34-A del Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que analizando el artículo 34-A del Código Penal, a la luz de las inquietudes del Recurrente, esta Sala de lo Constitucional, no encuentra contraste alguno, entre la citada disposición del Código Penal con la disposición constitucional del artículo 92 supra transcrito, vale decir, el artículo reclamado de Inconstitucional, no ofrece ninguna duda sobre su sentido o alcance o la intención del legislador de que una conducta antijurídica, típica y culpable pueda atribuirse a un representante legal de una persona jurídica, verbigracia: En un supuesto caso de quiebra de una empresa mercantil, todo director o administrador de la misma que hubiere cooperado a la ejecución en los actos ilícitos que la motivaren, será castigado con la pena del quebrado fraudulento o culpable en su caso (Artículo 236 del Código Penal), por manera que del texto del artículo 34-A del Código Penal no se infiere la dicotomía o la existencia de dos personas en la ejecución del delito, como lo pretende y alude el Recurrente, pues la literalidad del mismo, es clara y terminante, en atribuir responsabilidad a los representantes legales de la persona jurídica, siempre y cuando hayan hecho posible la acción u omisión ilícita, tal como se refiere el Código Penal en su acápite Participación en el delito. Título V, Libro Primero, Parte General, Artículo 32, que considera como autores de un hecho delictuoso no sólo a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, sino además a los que cooperan a su ejecución, por un acto sin el cual no se hubiera efectuado o realizado. En otras palabras y siguiendo las concepciones doctrinarias y evolutivas del concepto de autor, el autor principal o directo es el sujeto que domina la acción realizando personalmente el comportamiento descrito en el tipo penal, y sin duda alguna, el artículo 34-A del Código Penal, nos ilustra la responsabilidad penal de los representantes legales de las personas jurídicas que hayan hecho posible una conducta delictiva por acción u omisión. Desde luego que tocará a los tribunales conocedores de la causa determinar la autoría o el grado de responsabilidad o no de dichos representantes legales de las empresas mercantiles.CONSIDERANDO: Que con vistas en las apreciaciones anteriores esta Sala de lo Constitucional, determina y concluye que el Recurrente, no ha logrado establecer, la colisión del Artículo 34-A del Código Penal con la norma constitucional invocada ni con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativa a que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, vale decir, que el citado artículo 34-A del Código Penal, vigente, no contraría, ni confronta la aludida norma como el artículo 92 de la Ley Fundamental. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional, juzga procedente declarar, no ha lugar la presente garantía de Inconstitucionalidad solicitada vía excepción por razón de contenido en el proceso que se sigue contra el señor Ernesto Galeas Martínez por suponerlo responsable del delito de Violación de Derechos de Autor en perjuicio de las sociedades mercantiles Microsoft, Autodesk y Bussines Software Alliance."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil once. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad que por vía de excepción interpuso el abogado RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, en su condición de apoderado legal del señor ERNESTO GALEAS MARTINEZ, contra el artículo 34-A del Código Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República, ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa; con relación a la causa instruida contra el señor ERNESTO GALEAS MARTINEZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR en perjuicio de las sociedades mercantiles denominadas MICROSOFT, AUTODESK y la EMPRESA BUSSINES SOFWARE ALLIANCE. ANTECEDENTES 1) Que el dieciséis de mayo de dos mil siete, la abogada LIGIA CRISTINA ROQUE GOMEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, solicitando una autorización judicial para efectuar el medio de prueba de compra controlada, acreditada mediante filmación y grabación, la cual debería ser realizada por un agente encubierto, en las diligencias de investigación instruida contra los propietario de la empresa COPY & COMPUTER CITY, ubicada en el bulevar Suyapa, por suponerlos responsable del delito de VIOLACION A LOS DERECHOS DE AUTOR en perjuicio de las sociedades mercantiles denominadas MICROSOFT, AUTODESK, empresas miembros de BUSSINES SOFTWARE ALLIANCE. 2) Que en fecha cuatro de enero de dos mil ocho, la Abogada Roque, presentó un requerimiento fiscal contra el señor ERNESTO GALEAS MARTINEZ, quien actúa como gerente general de la sociedad HARDWARE COMPUTER COMPANY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, conocida también como COPY & COMPUTER CITY, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION A LOS DERECHOS DE AUTOR en perjuicio de la empresa MICROSOFT (autores de Windows, Office, etc) empresa miembro de la BUSSINES SOFTWARE ALLIANCE (BSA) , cuyas siglas significan ALIANZA DE LOS PRODUCTORES Y DESARROLLADORES DE PROGRAMAS DE ORDENADOR. 3) Que en fecha veintiocho de julio dos mil nueve el abogado RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, actuando en su condición de apoderado legal del señor ERNESTO GALEAS MARTÍNEZ, compareció ante el tribunal de Sentencia citado, solicitando por vía de excepción la declaración de inconstitucionalidad del artículo 34-A del Código Penal mediante el cual se establece que “Por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad civil, sin embargo recaerá en la persona jurídica”, por considerar que contraviene lo preceptuado en el artículo 92 de la Constitución de la República. 4) Que el veintiuno de octubre de dos mil nueve, el Ministerio Público por intermedio de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, se abstuvo de emitir dictamen, por ser el Ministerio Público la parte acusadora en el juicio cuyo recurso de inconstitucionalidad se interpuso. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conoce de la garantía de Inconstitucionalidad por razón de contenido interpuesta vía Excepción por el abogado RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, en su condición de Apoderado del señor ERNESTO GALEAS MARTINEZ, contra el artículo 34-A del Código Penal, en la causa que se le sigue, por suponerlo responsable del delito de Violación de los Derechos de Autor en perjuicio de las sociedades mercantiles MICROSOFT, AUTODESK Y LA EMPRESA BUSSINES SOFTWARE ALLIANCE, por estimar que la disposición penal del artículo 34-A del Código Penal, es inconstitucional y por ende inaplicable al lesionar el interés personal, legítimo de su Representado. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción o de excepción, ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, la garantía de Inconstitucionalidad contra una ley que considere ser contraria a la referida norma fundamental determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata y tendrá efectos generales de manera que derogará la norma inconstitucional. CONSIDERANDO: Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, refiriéndose la primera respecto a la determinación de si en la formación de una ley se han seguido los procedimientos constitucionales y la segunda se determinará con la inadecuación de la ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de excepción en el proceso que se sigue en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contra su representado, Ernesto Galeas Martínez, por suponérsele responsable del delito de Violación de Derechos de Autor en perjuicio de las sociedades mercantiles Microsoft, Autodesk y Bussines Software Allliance, contra el artículo 34-A del Código Penal, sostiene que el precepto penal sustantivo es inconstitucional y en consecuencia inaplicable en el precitado proceso, pues lesiona el interés directo, personal y legítimo del encausado. CONSIDERANDO: Que en concreto y después de un estudio detenido de la solicitud de declaración de Inconstitucionalidad y su inaplicabilidad por vía de Excepción interpuesta por el abogado Rafael Virgilio Padilla Paz a que se hace mérito, esta Sala, para una resolución acertada, estima procedente transcribir el artículo 34-A contemplado en nuestra Ley Penal sustantiva, que en su Libro Primero, Parte General, Titulo V, literalmente dice: “Por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad civil, sin embargo, recaerá en la Persona Jurídica.” Al respecto el recurrente afirma, según la interpretación que efectúa el citado artículo, la existencia de dos personas en la ejecución del delito, a saber: 1) La persona que cometa el delito en nombre y cuenta de una persona jurídica; y, 2) El representante legal de la persona legal que hizo posible la acción constitutiva del delito, por lo que el impetrante infiere que habría que perseguir como autor del delito al representante legal de la persona jurídica que haya hecho posible la acción u omisión ilícita y no al ejecutante. Más adelante agrega, que el problema que presenta el artículo 34-A del Código Penal, cuya inconstitucionalidad reclama, es que sanciona como autor, no a los ejecutores de los delitos, sino a lo que él califica como cómplices (que son los representantes legales de las personas jurídicas que cooperan en la ejecución del hecho), y que en el caso del señor Ernesto Galeas Martínez, no se ha determinado quien es el autor del delito y que al tenor de los dispuesto en el artículo 5 No. 3º., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “La pena no puede trascender del delincuente” y en el caso de artículo 34-A del Código Penal, su aplicación trasciende la persona del delincuente, porque a juicio del Recurrente, no se castiga al autor o ejecutante material del delito, sino que a una persona que facilita la conducta del criminal. Finalmente expone que al auto de prisión dictado contra Ernesto Galeas Martínez es del todo injusto y contrario al derecho, y por el solo hecho de ser el Representante Legal de Hardware Computer Company, la pena trasciende de la persona del delincuente. Esto por que a su criterio, la responsabilidad no es de autor sino de la persona que ostenta la representación legal de la persona jurídica. Disposición penal del artículo 34-A del Código Penal que a su juicio, es contraria a la disposición constitucional del artículo 92 de la Carta Magna que indica que: “No podrá proveerse auto de prisión sin que resulte plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor.” Por consiguiente afirma, que el citado artículo 34-A del Código Penal no es compatible con la transcrita norma constitucional, pues se le imputa el hecho delictuoso a una persona que no tuvo participación en el acto como es el representante legal de la persona jurídica Hardware Computer Company. CONSIDERANDO: Que analizando el artículo 34-A del Código Penal, a la luz de las inquietudes del Recurrente, esta Sala de lo Constitucional, no encuentra contraste alguno, entre la citada disposición del Código Penal con la disposición constitucional del artículo 92 supra transcrito, vale decir, el artículo reclamado de Inconstitucional, no ofrece ninguna duda sobre su sentido o alcance o la intención del legislador de que una conducta antijurídica, típica y culpable pueda atribuirse a un representante legal de una persona jurídica, verbigracia: En un supuesto caso de quiebra de una empresa mercantil, todo director o administrador de la misma que hubiere cooperado a la ejecución en los actos ilícitos que la motivaren, será castigado con la pena del quebrado fraudulento o culpable en su caso (Artículo 236 del Código Penal), por manera que del texto del artículo 34-A del Código Penal no se infiere la dicotomía o la existencia de dos personas en la ejecución del delito, como lo pretende y alude el Recurrente, pues la literalidad del mismo, es clara y terminante, en atribuir responsabilidad a los representantes legales de la persona jurídica, siempre y cuando hayan hecho posible la acción u omisión ilícita, tal como se refiere el Código Penal en su acápite Participación en el delito. Título V, Libro Primero, Parte General, Artículo 32, que considera como autores de un hecho delictuoso no sólo a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, sino además a los que cooperan a su ejecución, por un acto sin el cual no se hubiera efectuado o realizado. En otras palabras y siguiendo las concepciones doctrinarias y evolutivas del concepto de autor, el autor principal o directo es el sujeto que domina la acción realizando personalmente el comportamiento descrito en el tipo penal, y sin duda alguna, el artículo 34-A del Código Penal, nos ilustra la responsabilidad penal de los representantes legales de las personas jurídicas que hayan hecho posible una conducta delictiva por acción u omisión. Desde luego que tocará a los tribunales conocedores de la causa determinar la autoría o el grado de responsabilidad o no de dichos representantes legales de las empresas mercantiles. CONSIDERANDO: Que con vistas en las apreciaciones anteriores esta Sala de lo Constitucional, determina y concluye que el Recurrente, no ha logrado establecer, la colisión del Artículo 34-A del Código Penal con la norma constitucional invocada ni con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativa a que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, vale decir, que el citado artículo 34-A del Código Penal, vigente, no contraría, ni confronta la aludida norma como el artículo 92 de la Ley Fundamental. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional, juzga procedente declarar, no ha lugar la presente garantía de Inconstitucionalidad solicitada vía excepción por razón de contenido en el proceso que se sigue contra el señor Ernesto Galeas Martínez por suponerlo responsable del delito de Violación de Derechos de Autor en perjuicio de las sociedades mercantiles Microsoft, Autodesk y Bussines Software Alliance. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete ultimo y definitivo de la Constitución de la República, por Unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 184, 185 No. 2, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 188 de la Convención de Derechos Humanos; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;1, 2, 3 No. 3, 5, 7, 8, 74, 75, 77 No. 2, 78, 79, 80, 81,,89, 90, 92 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional FALLA: Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE INCOSTITUCIONALIDAD interpuesto por el abogado RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, por vía de excepción, contra el Artículo 34-A del Código Penal. MANDA: Se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Ruiz Gaekel. NOTIFIQUESE. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO. Firma y sello.- DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil once, recaída en el recurso de inconstitucional registrado en este Tribunal con el Número 1017=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.