Sentencia AP-790-09 — Registro 3854
Resumen
Sentencia recurrida confirmo la del Tribunal de primera instancia, que declaró sin lugar el incidente de Falta de Acción,alegando recurrente la carencia de un título de dominio ni mucho menos un derecho real sobre el inmueble en disputa que le de fundamento a la querella de merito,reconociendo la sentencia recurrida la existencia real de la empresa querellante y la suficiente capacidad legal para ejercer la acción incoada por el delito de usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso de amparo sostiene que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca vulnera a sus defendidos el derecho fundamental al debido proceso en virtud de que se debió haber declarado con lugar los incidentes de excepción por falta de acción interpuesto oportunamente. Explica el recurrente que acreditó en autos que el dominio o propiedad del terreno objeto del presente conflicto le pertenece al Instituto Nacional Agrario y no a la Empresa Asociativa de Producción “Balcanes 2”, afiliada a la Asociación Campesina Nacional (ACAN), ya que no cuenta con personería jurídica, por esta razón, a su juicio debió ser el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) la Institución legitimada para la interposición de la mencionada querella. La interposición de la segunda excepción por falta de acción, la fundamenta en el hecho de que al no tener personería jurídica, la Empresa Asociativa de Producción “Balcanes 2”, afiliada a la Asociación Campesina Nacional (ACAN), el presunto titular del derecho no ha nacido a la vida jurídica, por lo que carece de legitimación para el ejercicio de la acción. CONSIDERANDO (5): Que corresponde a los juzgados y tribunales de instancia del orden penal la valoración de los elementos probatorios requeridos para acreditar los presupuestos de una orden de aprehensión o un auto de prisión, sin embargo, cuando en el procedimiento penal de que se trate o en la adopción de cualquiera de esas decisiones se aprecian infracciones que trascienden y van más allá de la mera legalidad para entrar en el ámbito propio de lo constitucional, el Tribunal de Amparo debe decretar la inaplicabilidad del acto recurrido cuando éste sea violatorio de derechos, principios y garantías reconocidas en la Carta Magna. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes traídos a la vista esta Sala de lo Constitucional concluye que lo expuesto en el considerando anterior no acontece en el caso que nos ocupa, y se considera necesario indicar no se ha realizado una valoración de los medios de prueba puesto que es una actividad de mera legalidad, en cambio si es de nuestra competencia el revisar que las resoluciones jurisdiccionales den una respuesta judicial debidamente motivada, y fundada en derecho congruente, siendo el caso que la resolución de segunda instancia ha fundado su decisión en lo estatuido en el artículo párrafo segundo del artículo 88 de la Ley de Reforma Agraria que dispone: “Las adjudicaciones de tierras sólo serán hechas a personas naturales que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 79, precedente; a cooperativas y a empresas asociativas constituidas de conformidad con esta Ley. La circunstancia de que se halle en trámite la constitución legal de una cooperativa o empresa asociativa, no será obstáculo para la adjudicación de tierras en común.” CONSIDERANDO (7): Que el amparo es una institución procesal que tiene por objeto mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, observándose en el caso de autos, que con el proceder de la Corte de Apelaciones recurrida, al confirmar el auto apelado NO se ha violentado derecho fundamental al debido proceso alegado por el accionante. CONSIDERANDO (8): Que por las razones legales expuestas es procedente denegar el recurso de amparo de que se ha hecho mérito."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Reforma Agraria, art. 88, parrafo segundo (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de abril de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado HORACIO BAQUEDANO ALVAREZ, a favor de los señores FRANCISCO MARADIAGA HERNANDEZ, OSMAN RAFAEL CONTRERAS MARADIAGA, JORGE CARRASCO PINEDA, BLANCA NOHEMI CONTRERAS, JOSE ADRIAN AGUILAR FUENTES, JUAN TORRES, ANTONIO GALINDO, MARIO LAGOS, DINA SANCHEZ, EDWIN ONAN VASQUEZ, GREGORIA CRUZ, CLORIS ASTENIA MARADIAGA, JULIA BERTA DOMINGUEZ, MARIA LUISA CONTRERAS, ABNER ANTONIO MARADIAGA, MARIA ISABEL SANCHEZ, ALBA ROSA AGUILAR, MARIA GUADALUPE LOPEZ, MARIA SANTANA CANALES Y SIXTO MOISES LOPEZ, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la aldea Los Balcanes, jurisdicción del municipio de Choluteca, departamento de Choluteca, contra la sentencia de fecha diecinueve de marzo del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca que confirmó la resolución emitida por el Tribunal de Sentencias de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha dos de febrero del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra los señores arriba indicados, por considerarlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA BALCANES Nº 2, la cual pertenece a la ASOCIACION CAMPESINA NACIONAL (ACAN).
ANTECEDENTES 1.- Que en fecha veinticinco de marzo del año dos mil ocho, compareció ante el Tribunal de Sentencias de Choluteca, departamento de Choluteca, el señor JOSE CECILIO CARRANZA AVILEZ, actuando en su condición de Presidente de la Asociación Campesina Nacional (ACAN), promoviendo acusación privada contra los señores FRANCISCO MARADIAGA HERNANDEZ, OSMAN RAFAEL CONTRERAS MARADIAGA, JORGE CARRASCO PINEDA, BLANCA NOHEMI CONTRERAS, JOSE ADRIAN AGUILAR FUENTES, JUAN TORRES, ANTONIO GALINDO, MARIO LAGOS, DINA SANCHEZ, EDWIN ONAN VASQUEZ, GREGORIA CRUZ, CLORIS ASTENIA MARADIAGA, JULIA BERTA DOMINGUEZ, MARIA LUISA CONTRERAS, ABNER ANTONIO MARADIAGA, MARIA ISABEL SANCHEZ, ALBA ROSA AGUILAR, MARIA GUADALUPE LOPEZ, MARIA SANTANA CANALES Y SIXTO MOISES LOPEZ, por considerarlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA BALCANES Nº 2, la cual pertenece a su representada Asociación Campesina Nacional (ACAN). 2.- Que en fecha diecinueve de enero del año dos mil ocho, compareció ante el citado Tribunal, el abogado HORACIO BAQUEDANO ALVAREZ, actuando en su condición de apoderado legal de los imputados interponiendo excepción de Falta de Acción, en contra de la Asociación Campesina Nacional (ACAN), por considerar que la parte querellante EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA BALCANES Nº 2, no tiene un título de dominio ni mucho menos un derecho real sobre el inmueble en disputa que le de fundamento a su querella, además que el querellante no ha acreditado que su presunta afiliada BALCANES 2 tenga personería jurídica y al carecer de ésta, no es sujeta de derechos y obligaciones. CONSIDERANDO (1): Que en fecha dos de febrero del año dos mil nueve, el Tribunal de primera instancia, declaró sin lugar el incidente de Falta de Acción, interpuesto por el abogado HORACIO BAQUEDANO ALVAREZ, en su condición indicada, por considerar que en el presente caso se trata de terrenos propiedad del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), y puesto que la Ley de Reforma Agraria le otorga a la Empresa Asociativa Balcanes 2 el derecho a ser adjudicataria de tierras con fines agrícolas, de ese modo se reconoce la existencia real de la empresa en mención, por lo tanto tiene la suficiente capacidad legal para ejercer la acción incoada, además se acreditó que la Empresa Asociativa Balcanes 2, tiene más de tres años de ser poseedor del terreno en disputa, siendo la posesión un hecho protegido por el Estado de Honduras; citando como fundamento de su decisión los artículos 717 del Código Civil y 88 párrafo segundo de la Ley de Reforma Agraria. CONSIDERANDO (2): Que en fecha diecinueve de marzo del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado HORACIO BAQUEDANO ALVAREZ, en su condición indicada, y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que se encuentra acreditado en autos que la Empresa Asociativa de Producción “Balcanes 2”, afiliada a la Asociación Campesina Nacional (ACAN), efectivamente se encuentra en posesión del inmueble en disputa y que de conformidad a lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Reforma Agraria, dicha empresa campesina si puede ser objeto de adjudicación de tierras en común, aún y cuando se encuentre en trámite su personería jurídica. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado HORACIO BAQUEDANO ALVAREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de mayo del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de los señores FRANCISCO MARADIAGA HERNANDEZ, OSMAN RAFAEL CONTRERAS MARADIAGA, JORGE CARRASCO PINEDA, BLANCA NOHEMI CONTRERAS, JOSE ADRIAN AGUILAR FUENTES, JUAN TORRES, ANTONIO GALINDO, MARIO LAGOS, DINA SANCHEZ, EDWIN ONAN VASQUEZ, GREGORIA CRUZ, CLORIS ASTENIA MARADIAGA, JULIA BERTA DOMINGUEZ, MARIA LUISA CONTRERAS, ABNER ANTONIO MARADIAGA, MARIA ISABEL SANCHEZ, ALBA ROSA AGUILAR, MARIA GUADALUPE LOPEZ, MARIA SANTANA CANALES Y SIXTO MOISES LOPEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve de marzo del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso de amparo sostiene que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca vulnera a sus defendidos el derecho fundamental al debido proceso en virtud de que se debió haber declarado con lugar los incidentes de excepción por falta de acción interpuesto oportunamente. Explica el recurrente que acreditó en autos que el dominio o propiedad del terreno objeto del presente conflicto le pertenece al Instituto Nacional Agrario y no a la Empresa Asociativa de Producción “Balcanes 2”, afiliada a la Asociación Campesina Nacional (ACAN), ya que no cuenta con personería jurídica, por esta razón, a su juicio debió ser el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) la Institución legitimada para la interposición de la mencionada querella. La interposición de la segunda excepción por falta de acción, la fundamenta en el hecho de que al no tener personería jurídica, la Empresa Asociativa de Producción “Balcanes 2”, afiliada a la Asociación Campesina Nacional (ACAN), el presunto titular del derecho no ha nacido a la vida jurídica, por lo que carece de legitimación para el ejercicio de la acción. CONSIDERANDO (5): Que corresponde a los juzgados y tribunales de instancia del orden penal la valoración de los elementos probatorios requeridos para acreditar los presupuestos de una orden de aprehensión o un auto de prisión, sin embargo, cuando en el procedimiento penal de que se trate o en la adopción de cualquiera de esas decisiones se aprecian infracciones que trascienden y van más allá de la mera legalidad para entrar en el ámbito propio de lo constitucional, el Tribunal de Amparo debe decretar la inaplicabilidad del acto recurrido cuando éste sea violatorio de derechos, principios y garantías reconocidas en la Carta Magna. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes traídos a la vista esta Sala de lo Constitucional concluye que lo expuesto en el considerando anterior no acontece en el caso que nos ocupa, y se considera necesario indicar no se ha realizado una valoración de los medios de prueba puesto que es una actividad de mera legalidad, en cambio si es de nuestra competencia el revisar que las resoluciones jurisdiccionales den una respuesta judicial debidamente motivada, y fundada en derecho congruente, siendo el caso que la resolución de segunda instancia ha fundado su decisión en lo estatuido en el artículo párrafo segundo del artículo 88 de la Ley de Reforma Agraria que dispone: “Las adjudicaciones de tierras sólo serán hechas a personas naturales que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 79, precedente; a cooperativas y a empresas asociativas constituidas de conformidad con esta Ley. La circunstancia de que se halle en trámite la constitución legal de una cooperativa o empresa asociativa, no será obstáculo para la adjudicación de tierras en común.” CONSIDERANDO (7): Que el amparo es una institución procesal que tiene por objeto mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, observándose en el caso de autos, que con el proceder de la Corte de Apelaciones recurrida, al confirmar el auto apelado NO se ha violentado derecho fundamental al debido proceso alegado por el accionante. CONSIDERANDO (8): Que por las razones legales expuestas es procedente denegar el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3.2, 41, 46, 47, 51, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 790–P512-P513=09.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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