Sentencia AP-733-10 — Registro 3865
Resumen
Recurrente alega se ha hecho una incorrecta valoración o tipificación del delito ya que no se cumplen los supuestos que señala el articulo 227 del Código Penal vigente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."“Que una lectura detenida de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua revela que la misma se ha dictado con observancia de las reglas de la lógica y la experiencia, y que por lo tanto se encuentra debidamente motivada, al señalarse en ella que se constata la existencia de un titulo de Dominio Pleno otorgado por la municipalidad de Yamaranguila, departamento de Intibuca, el que se encuentra debidamente inscrito con el numero 47 del tomo 599 del Registro de la Propiedad Inmueble de La Esperanza, Intibuca, donde se establece que los propietarios del referido inmueble son los señores NIDIA EDITH, ALEX ADONAY y MIRIAM JANETH, todos de apellidos PEREZ LOVO; en ese orden de ideas esta Sala estima que la resolución dictada por el ad-quem, se encuentra apegada a derecho, ya que la misma al señalar que los actos de proceder a cercar el bien inmueble antes referido, por parte de la imputada, en contra de la voluntad de los que hasta ahora se presentan como sus dueños, constituye un indicio racional suficiente para estimar con un grado razonable de probabilidad que ha incurrido en el delito de USURPACION que se le atribuye, conforme lo preceptuado en el articulo 227 del Código Penal. De este modo, al hilo del razonamiento expresado, podemos afirmar que la decisión del ad-quem de ordenar la revocatoria del sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo, no es irrazonable, ni arbitraria, y consecuentemente en manera alguna vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. “ Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente.”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Municipio del Distrito Central, catorce de agosto del año dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, mayor de edad, casado, hondureño, con carne del Colegio de Abogados de Honduras número 4897, con despacho legal ubicado en el barrio Eramani de la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibuca, a favor de la señora MARIA CECILIA CANTARERO; contra la resolución dictada en fecha diecinueve de octubre del año dos mil diez, por la Corte de Apelaciones de la Sección judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que revoca un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibuca; en relación a la causa instruida en su contra por suponerla responsable del delito de USURPACION en perjuicio de los señores NIDIA EDITH, ALEX ADONAY y MIRIAM JANETH, todos de apellidos PEREZ LOVO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de marzo de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, la Licenciada ELA ARGENTINA ARGUETA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento en contra de la señora MARIA CECILIA CANTARERO por suponerla responsable de la comisión del delito de USURPACION en perjuicio de los señores NIDIA EDITH, ALEX ADONAY y MIRIAM JANETH, todos de apellidos PEREZ LOVO. 2) Que en fecha catorce de abril del año dos mil diez, se celebro en el Juzgado Primero de Letras del departamento de Intibuca audiencia de declaración de imputada, mediante la cual se resolvió lo siguiente: a) imponer a la imputada MARIA CECILIA CANTARERO, la medida cautelar de presentarse a ese juzgado cada quince días, b) prohibición de comunicarse con los ofendidos y c) la prohibición de frecuentar el lugar objeto del litigio; además señalo el día lunes diez de mayo del año dos mil diez, a las diez de la mañana para la celebración de la audiencia inicial.
- Que en fecha diez de mayo del año dos mil diez, se procedió a la celebración de la audiencia inicial, misma que fue continuada el día siguiente once de mayo del mismo año, y en la cual el a-quo dicto resolución, decretando sobreseimiento definitivo a favor de la señora MARIA CECILIA CANTARERO, y revoco las medidas cautelares que les fueron impuestas en la audiencia de declaración de imputada. (F. 92 al 96 de la p. p. a.) 4) Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil diez, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la acusadora privada la abogada HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO, contra el fallo relacionado en el numeral anterior, dicto resolución motivada mediante la cual declara con lugar dicha Apelación y revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la señora MARIA CECILIA CANTARERO, (F. 05 al 10 de la s. p. a.).5) Que en fecha doce de noviembre de dos mil diez, el recurrente abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor de la señora MARIA CECILIA CANTARERO, afirmando que la sentencia dictada por el ad-quem en fecha diecinueve de octubre del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece, y que puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO: Que en el caso que ahora nos ocupa, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, ha dictado resolución, mediante la cual declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico y la acusadora privada abogada HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO, contra el fallo dictado en fecha once de mayo del año dos mil diez, por el Juzgado Primero de Letras del departamento de Intibuca; el ad-quem arguye para ello, entre otros extremos los siguientes: (Sic) “Que del análisis de los elementos de prueba incorporados y practicados en la audiencia inicial, este tribunal ad-quem observa que los ofendidos, conforme dominio pleno que les otorgara la municipalidad de Yamaranguila, son dueños o titulares de un inmueble ubicado en el caserío del naranjito de la aldea Oloas del municipio de Yamaranguila, departamento de intibuca, cuyos limites y colindancias se describen en la certificación visible del folio 1 al 3, con su respectivo plano, cuyo dominio tienen inscrito a su favor con el numero 47 del tomo 599, a contrario sensu de la imputada MARIA CECILIA CANTARERO, que acredito en la audiencia su derecho a la posesión con documentos privados sobre un inmueble del cual no existe certeza que se refiere al inmueble propiedad de los señores NIDIA EDITH PEREZ LOVO, ALEX ADONAY PEREZ LOVO y MIRIAM JANETH PEREZ LOVO, en todo caso, la titularidad dominical solo se prueba y acredita con el respectivo documento publico debidamente inscrito en el registro de la Propiedad. Constan además los recibos de pago de impuestos de Bienes Inmuebles efectuados por los ofendidos en la municipalidad de Yamaranguila, Intibuca, así como declaraciones rendidas por la ofendida Nidia Edith Pérez Lovo, quien refiere, que se dieron cuenta que la señora doña Cecilia empezó a cercar y que le aviso un trabajador, que ella doña Cecilia ha cercado con alambre y ha deteriorado el cimiento y que en febrero del año en curso dejo de cercar; mas las declaraciones de los testigos Armando Pérez Sorto, quien refiere que doña Cecilia hizo el cerco hace diez años y actualmente ha seguido cercando, asimismo las declaraciones de Raúl Zúñiga Zúñiga, quien refiere que ella cerco esa propiedad de diciembre para acá. Sin duda alguna se ha establecido que la imputada estaba cercando un inmueble que no es de su propiedad y si bien es cierto que ella posee varios documentos privados que pudiesen establecer alguna posesión de hecho, no es menos cierto, que conforme el indicio racional que se desprende de los elementos de prueba vertidos y aportados en audiencia inicial, la encausada Maria Cecilia Cantarero cerco el inmueble ubicado en la comunidad de Oloas, Yamaranguila, lo que se ilustra con un set de fotografías visible de folio 8 al 12 de los antecedentes. En consecuencia a juicio de esta Corte, concurren los requerimientos constitutivos para la justificación de un auto de prisión, como ser la plena prueba de la comisión del ilícito penal de Usurpación e indicio racional de que su autoría corresponde a la imputada Maria Cecilia Cantarero, sin perjuicio de que en un eventual juicio oral y público, donde se da el verdadero contradictorio se determine la absolución o no de la expresada encausada”.CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido, cuando el Tribunal ad-quem ha revocado el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo a favor de la imputada, argumenta que tal decisión se ha tomado haciendo para ello una escasa valoración de los hechos y los medios de prueba presentados y que se ha obviado lo preceptuado en el articulo 54 del Código Procesal Penal, referente a que el derecho de propiedad en el caso de usurpación, solo podrá ser resuelto por la jurisdicción civil; señala que en el falló del ad-quem se ha hecho una incorrecta valoración o tipificación del delito ya que no se cumplen los supuestos que señala el articulo 227 del Código Penal vigente, aduce que su representada ha aportado documentación fehaciente mediante la cual acredita ser la propietaria y que los testigos han declarado que su defendida tiene mas de treinta años de estar en posesión de ese lote de terreno, asimismo señala que su representada ha agotado el tramite administrativo que ordena el articulo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para después entablar demanda ordinaria de nulidad del dominio pleno otorgado a la otra parte, y siendo que ha estado en posesión del referido bien inmueble, teniendo el uso y disfrute del mismo, por lo tanto no hay intencionalidad, ni voluntad de apoderarse, ni dolo alguno, por lo que no cabe que se aplique lo preceptuado en el articulo 227 del Código Penal.CONSIDERANDO: Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “...Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. La garantía genérica del debido proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En ese orden de ideas entendemos que la garantía del Debido Proceso se ve cumplida cuando por parte del órgano conocedor del proceso se han respetado todos y cada uno de los presupuestos antes señalados; ahora bien en cuanto a la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede o no revocar un sobreseimiento definitivo, en este caso es una tarea que en esencia le corresponde ejercer al Tribunal de segunda instancia; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.
CONSIDERANDO: Que una lectura detenida de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua revela que la misma se ha dictado con observancia de las reglas de la lógica y la experiencia, y que por lo tanto se encuentra debidamente motivada, al señalarse en ella que se constata la existencia de un titulo de Dominio Pleno otorgado por la municipalidad de Yamaranguila, departamento de Intibuca, el que se encuentra debidamente inscrito con el numero 47 del tomo 599 del Registro de la Propiedad Inmueble de La Esperanza, Intibuca, donde se establece que los propietarios del referido inmueble son los señores NIDIA EDITH, ALEX ADONAY y MIRIAM JANETH, todos de apellidos PEREZ LOVO; en ese orden de ideas esta Sala estima que la resolución dictada por el ad-quem, se encuentra apegada a derecho, ya que la misma al señalar que los actos de proceder a cercar el bien inmueble antes referido, por parte de la imputada, en contra de la voluntad de los que hasta ahora se presentan como sus dueños, constituye un indicio racional suficiente para estimar con un grado razonable de probabilidad que ha incurrido en el delito de USURPACION que se le atribuye, conforme lo preceptuado en el articulo 227 del Código Penal. De este modo, al hilo del razonamiento expresado, podemos afirmar que la decisión del ad-quem de ordenar la revocatoria del sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo, no es irrazonable, ni arbitraria, y consecuentemente en manera alguna vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) de la Constitución de la República; 227 del Código Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, a favor de la señora MARIA CECILIA CANTARERO,contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua en fecha diecinueve de octubre de dos mil diez, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de octubre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha catorce de agosto de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 733-P843-P881=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL