Sentencia AP-721-10 — Registro 3780
Resumen
Amparo interpuesto contra la sentencia de segunda instancia que revoco sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado y ordeno auto de prisión por el delito de Robo Agravado y Portación Ilegal de armas de uso comercial contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que se impone analizar en sede constitucional los argumentos planteados por la amparista por los cuales se señala como violentado el debido proceso del imputado, señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES por parte de la autoridad recurrida. En relación al primer alegato del caso, analizada que fue la resolución de alzada, resulta claro para la Sala Constitucional que este constituye un alegato infundado desde la perspectiva constitucional; puesto que no se ha demostrado mediante la argumentación pertinente que se ha violado con la resolución impugnada el artículo 90 constitucional el cual establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. En dicho alegato, se hace mención por la peticionaria de que existen otros medios de prueba que fueron valorados en instancia para emitir su resolución, como son testifical y documental, las que fueron debidamente evacuadas en Audiencia; con lo cual se descarta que para fundar la resolución de merito se hubiese recurrido al expediente de valorar decisivamente los supuestos antecedentes policiales del señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, los cuales se refieren únicamente como un elemento coadyuvante en este proceso penal. De tal manera que este elemento coadyuvante, es decir como auxiliar de la pretensión formulada por el Actor penal, no apoya ni desvirtúa la multiplicidad y gravedad de los indicios valorados concomitantemente por el Tribunal Ad quem para fundar su fallo; indicios los cuales se han valorado en forma acumulativa, brindado razón suficiente al proveído de auto de prisión por el delito de Robo Agravado que se ha emitido por la Jurisdicción en la presente causa. CONSIDERANDO: Que se encuentra apegada a derecho tal amplitud en la argumentación por parte de la jurisdicción, sin poder decirse en puridad que se trata propiamente de una valoración de prueba en sentido estricto. Al contrario, por autorizarlo expresamente el artículos 297 procesal penal en su segundo párrafo, se permite estimar como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, tal y como ocurre en el caso de merito, mientras que reserva el Standard convictivo de plena prueba para la acreditación de la comisión de un delito; por lo cual en nada agravia la resolución recurrida al derecho al debido proceso del cual goza el imputado y el cual deberá mantenerse incólume hasta la finalización del proceso penal incoado, y sin que la emisión de un auto de prisión, de naturaleza provisional, implique un desmedro al estado de inocencia que le garantiza la Constitución de la República y sus leyes. – Finalmente, debe apreciarse que resulta inconducente la afirmación del recurrente de no haberse presentado ante la jurisdicción, además de los elementos coadyuvantes antes citados, prueba testifical del momento de la aprehensión del imputado beneficiario del recurso, con lo cual se quiere manifestar que no se sabe el lugar preciso de la detención, con quien se hacía acompañar el imputado y el o los objetos decomisados, lo cual demerita uno de los indicios acumulados. Considera la Sala Constitucional, que desde una perspectiva constitucional, ésta resulta en una alegación de instancia, la cual fue resuelta en tiempo y forma por la jurisdicción natural al dictarle al señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES auto de prisión por el delito de Robo Agravado en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA. CONSIDERANDO: Que vistos los antecedentes del caso se desprende que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA en fecha catorce de septiembre de dos mil diez por la cual se revoca la resolución emitida por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca argumentando la existencia de elementos probatorios indiciarios de la comisión del delito a título de coautoria por parte del beneficiario del recurso, señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, así como la de elementos denominados coadyuvantes respecto a los demás indicios, ordenando la imposición del correspondiente auto de prisión en contra del imputado por el delito de Robo Agravado en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva ha obrado conforme a derecho; enfatizándose ya en numerosa jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que en esta etapa del proceso no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza, para lo cual se precisa de un cúmulo exhaustivo de prueba, sino que basta una carga mínima de prueba de cargo o de descargo, cuya presentación corre a cargo de las partes, para que el Juez pueda decidir en función de lo dispuesto en cualquiera de los tres numerales del artículo 294 del Código Procesal Penal, con lo cual no se ha generado ningún agravio para el derecho del que goza el imputado a ser juzgado con todas las garantías del debido proceso. En virtud de ello y por todo lo señalado en el iter de este fallo, se estima procedente denegar la presente acción de amparo."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CARMEN CARELIA RIVERA DIAZ a favor del señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, contra la sentencia incidental dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA en fecha catorce de septiembre de dos mil diez, que declara con lugar un recurso de apelación presentado contra la providencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA en fecha quince de junio de dos mil diez, en relación a la causa instruida contra el señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES por suponerlo responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LA GUADALUPE LIMITADA” y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de junio de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el abogado RAMON ABRHAM CRUZ HERNANDEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MARVIN RICARDO RAMOS HERRERA Y JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LA GUADALUPE LIMITADA” y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS (Respectivamente). 2) Que en fecha quince de junio de dos mil diez se celebró ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca la audiencia inicial del proceso, en la cual se resolvió decretar auto de prisión contra MARVIN RICARDO RAMOS HERRERA por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la COOPERATIVA LA GUADALUPE LIMITADA, sobreseimiento definitivo a favor de JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORES, por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la COOPERATIVA LA GUADALUPE, imponiéndole a éste último la auto de prisión por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; decretándole medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la resolución relacionada, en fecha catorce de septiembre de dos mil diez, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca, resolvió: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada IVONNE CLARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución proferida en la Audiencia Inicial de fecha quince de junio del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en la causa penal instruida contra los señores MARVIN RICARDO RAMOS HERRERA y JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerlos responsables de los delitos de robo agravado y portación ilegal de arma de uso comercial, en perjuicio de LA COOPERATIVA GUADALUPE Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; SEGUNDO: Ratificar el AUTO DE PRISIÓN decretado contra JULIAN ALONSO IZAGUIRRE, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL; TERCERO: REVOCAR el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO decretado a favor de JULIAN ALONSO IZAGUIRRE, en su lugar DICTAR EL CORRESPONDIENTE AUTO DE PRISIÓN y la medida cautelar DE PRISIÓN PREVENTIVA, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA.-…”. 4) Que la recurrente abogada CARMEN CARELIA RIVERA DIAZ, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de noviembre del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha catorce de septiembre del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución de la República, habiéndosele caducado el término para formalizar su recurso el día veinticuatro de enero de dos mil once sin haber cumplimentado tal ejecutoria, ordenándose, no obstante, continuar con el trámite de ley por haber desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, de conformidad a lo establecido por el artículo 54 párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha catorce de septiembre de dos mil diez por la Corte de Apelaciones de Choluteca, Departamento de Choluteca, por la cual, entre otros, REVOCÓ la resolución emitida por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca relativa al sobreseimiento definitivo dictado a favor de JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, por el delito de Robo agravado en perjuicio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE, LTDA., argumentando la existencia de elementos probatorios indiciarios de la comisión del delito a título de coautoria por parte del beneficiario del recurso, señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, así como la de elementos denominados coadyuvantes respecto a los demás indicios, cuya virtualidad reside en su pluralidad y acumulación, variedad que permite controlar mayormente la seguridad de la relación causa y efecto, según cita tomada del tratadista español Luis Alfredo de Diego Diez en su obra “Los Medios de Prueba”, página 40; ordenando, en consecuencia a la declaratoria con lugar del recurso; la revocatoria al sobreseimiento definitivo dictado en su momento a favor del imputado, y la imposición del correspondiente auto de prisión por el delito de Robo Agravado en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA. y la medida cautelar de prisión preventiva. Esta decisión vulnera, según la garantista lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: La exposición de agravios contra la pre indicada garantía del debido proceso del señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, fue expuesta así en la interposición del recurso por la abogada CARMEN CARELIA RIVERA DIAZ en fecha ocho de noviembre del año dos mil diez: Que se ha violado con la resolución impugnada el artículo 90 constitucional el cual establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Manifiesta que las valoraciones de índole probatoria sobre elementos no incorporados al proceso fueron tomadas en cuenta en el fallo de segunda instancia, lo cual contraviene el artículo 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal, en cuanto señala que la parte que pretenda producir prueba se hará cargo de su presentación en la audiencia (inicial) y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. Sin embargo, refiere el recurso que la Corte de Apelaciones de Choluteca, Departamento de Choluteca, no tuvo en cuenta lo siguiente: Que al celebrarse la audiencia inicial, la fiscalía ofertó ciertos medios probatorios como testigos y antecedentes policiales de los imputados que no fueron incorporados por resolución del Juzgado A quo, y que no obstante dicha resolución de no admisión hace descansar el fallo que se impugna en una serie de “pequeños indicios” (Sic), que evidencian la participación del señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES en los hechos, aunado a la circunstancia de tener antecedentes policiales, los cuales si bien recapitula no tienen cabida, si pueden servir como elementos coadyuvantes y conceptuarse como indicios suficientes para responsabilizar al imputado en mención de la comisión del delito de Robo Agravado. Resulta evidente, entonces, que para el Tribunal recurrido, la hoja de antecedentes policiales, que no fue incorporada al juicio como elemento probatorio, tiene valor coadyuvante. Manifiesta que la garantía constitucional del debido proceso ha sido alterada, en perjuicio de su representado, al dar crédito a un elemento probatorio no incorporado al juicio, generándose así un indicio racional inexistente para dictar auto de prisión. En el decurso de su petición de amparo, señala también la recurrente debe advertirse que amen de la valoración de elementos coadyuvantes censurada en la resolución del Ad quem, es de advertirse que la Fiscalía no presentó prueba testifical del momento de la aprehensión del imputado beneficiario del recurso, con lo cual se quiere manifestar que no se sabe el lugar preciso de la detención, con quien se hacía acompañar el imputado y el o los objetos decomisados. CONSIDERANDO: Que se impone analizar en sede constitucional los argumentos planteados por la amparista por los cuales se señala como violentado el debido proceso del imputado, señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES por parte de la autoridad recurrida. En relación al primer alegato del caso, analizada que fue la resolución de alzada, resulta claro para la Sala Constitucional que este constituye un alegato infundado desde la perspectiva constitucional; puesto que no se ha demostrado mediante la argumentación pertinente que se ha violado con la resolución impugnada el artículo 90 constitucional el cual establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. En dicho alegato, se hace mención por la peticionaria de que existen otros medios de prueba que fueron valorados en instancia para emitir su resolución, como son testifical y documental, las que fueron debidamente evacuadas en Audiencia; con lo cual se descarta que para fundar la resolución de merito se hubiese recurrido al expediente de valorar decisivamente los supuestos antecedentes policiales del señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, los cuales se refieren únicamente como un elemento coadyuvante en este proceso penal. De tal manera que este elemento coadyuvante, es decir como auxiliar de la pretensión formulada por el Actor penal, no apoya ni desvirtúa la multiplicidad y gravedad de los indicios valorados concomitantemente por el Tribunal Ad quem para fundar su fallo; indicios los cuales se han valorado en forma acumulativa, brindado razón suficiente al proveído de auto de prisión por el delito de Robo Agravado que se ha emitido por la Jurisdicción en la presente causa. CONSIDERANDO: Que se encuentra apegada a derecho tal amplitud en la argumentación por parte de la jurisdicción, sin poder decirse en puridad que se trata propiamente de una valoración de prueba en sentido estricto. Al contrario, por autorizarlo expresamente el artículos 297 procesal penal en su segundo párrafo, se permite estimar como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, tal y como ocurre en el caso de merito, mientras que reserva el Standard convictivo de plena prueba para la acreditación de la comisión de un delito; por lo cual en nada agravia la resolución recurrida al derecho al debido proceso del cual goza el imputado y el cual deberá mantenerse incólume hasta la finalización del proceso penal incoado, y sin que la emisión de un auto de prisión, de naturaleza provisional, implique un desmedro al estado de inocencia que le garantiza la Constitución de la República y sus leyes. – Finalmente, debe apreciarse que resulta inconducente la afirmación del recurrente de no haberse presentado ante la jurisdicción, además de los elementos coadyuvantes antes citados, prueba testifical del momento de la aprehensión del imputado beneficiario del recurso, con lo cual se quiere manifestar que no se sabe el lugar preciso de la detención, con quien se hacía acompañar el imputado y el o los objetos decomisados, lo cual demerita uno de los indicios acumulados. Considera la Sala Constitucional, que desde una perspectiva constitucional, ésta resulta en una alegación de instancia, la cual fue resuelta en tiempo y forma por la jurisdicción natural al dictarle al señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES auto de prisión por el delito de Robo Agravado en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA. CONSIDERANDO: Que vistos los antecedentes del caso se desprende que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA en fecha catorce de septiembre de dos mil diez por la cual se revoca la resolución emitida por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca argumentando la existencia de elementos probatorios indiciarios de la comisión del delito a título de coautoria por parte del beneficiario del recurso, señor JULIAN ALONSO IZAGUIRRE TORRES, así como la de elementos denominados coadyuvantes respecto a los demás indicios, ordenando la imposición del correspondiente auto de prisión en contra del imputado por el delito de Robo Agravado en perjuicio de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva ha obrado conforme a derecho; enfatizándose ya en numerosa jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que en esta etapa del proceso no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza, para lo cual se precisa de un cúmulo exhaustivo de prueba, sino que basta una carga mínima de prueba de cargo o de descargo, cuya presentación corre a cargo de las partes, para que el Juez pueda decidir en función de lo dispuesto en cualquiera de los tres numerales del artículo 294 del Código Procesal Penal, con lo cual no se ha generado ningún agravio para el derecho del que goza el imputado a ser juzgado con todas las garantías del debido proceso. En virtud de ello y por todo lo señalado en el iter de este fallo, se estima procedente denegar la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; y 141 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. JORGE REYES DIAZ. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez de agosto de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 721-P846-P873=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL