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Sentencia AP-513-08 — Registro 3869

Resumen

Sentencia recurrida que confirmo el auto de prisión dictado contra impetrante por los delitos Abuso de Autoridad y usurpacion de funciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de agosto del año dos mil ocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada DIRIEM CELESTE GONZALES ORDOÑEZ, en su condición de apoderada defensora, y confirmó el auto de prisión, emitido por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor ENRIQUE MORALES ALEGRIA por considerarlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa sumarial o inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. También se aprecia que cuando el Ad-quem, le señala que la medida cautelar que se debe de imponer, es la que la naturaleza del delito amerite, que en el presente caso por considerar que la conducta del imputado podría subsumirse en los numerales 2 y 3 del artículo 349 del Código Penal, sin causar indefensión al procesado la omisión de dichos numerales por el A-quo, en virtud de que el tipo penal del que se le acusa y los hechos constitutivos del mismo se encuentran establecidos desde que comenzó el presente juicio; citando como fundamento de su decisión los artículos 360 de la Constitución de la República y 393 del Código Penal. CONSIDERANDO: Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 69 de la Constitución de la República que la libertad personal es inviolable y que sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés publico, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 173, numeral 3) y 184, reformado, del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SELMA LEONOR PAZ MONTENEGRO, a favor del señor ENRIQUE MORALES ALEGRIA, hondureño, mayor de edad, casado, licenciado en administración de empresas y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de agosto del año dos mil ocho, que confirmó el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil seis; con relación a la causa instruida contra el señor ENRIQUE MORALES ALEGRIA por considerarlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Cuarto de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el licenciado JUAN CARLOS MORENO LARA, en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Denuncia contra los señores JERONIMO SANDOVAL SORTO, FELIPE NERY GONZALES, ENRIQUE MORALES ALEGRIA, LUIS GARCIA BUSTMANTE, LUIS RAMON EDGARDO LOPEZ, LUIS ALONSO BARAHONA y JORGE EDGARDO PACHECO REYES por considerarlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que en fecha catorce de junio del año dos mil seis, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, decretó Auto de Prisión en contra del señor ENRIQUE MORALES ALEGRIA por considerarlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, sustituyó la medida de arresto domiciliario impuesta al procesado por la contenida en el numeral 6 del artículo 173 del Código Procesal Penal, y elevó la causa a etapa de plenario, por considerar que el encartado fungió como funcionario o empleado público, bajo el cargo de vocal-secretario COSEX, y que de los autos se desprende que los contratos se suscribieron mediante el procedimiento de contratación directa y sin licitación alguna, amparándose del acta 17-97 del Comité Organizador de los Sextos Juegos Deportivos Centroamericanos; fundamentando su decisión en los artículos 360 y 364 de la Constitución de la República, 393 del Código Penal. 3) Que en fecha cuatro de agosto del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada DIRIEM CELESTE GONZALES ORDOÑEZ, en su condición de apoderada defensora, y confirmó el auto de prisión que se deja relacionado en el inciso que precede, por considerar que la conducta del imputado podría subsumirse en los numerales 2 y 3 del artículo 349 del Código Penal, sin causar indefensión al procesado la omisión de dichos numerales por el A-quo, en virtud de que el tipo penal del que se le acusa y los hechos constitutivos del mismo se encuentran establecidos desde que comenzó el presente juicio; citando como fundamento de su decisión los artículos 360 de la Constitución de la República y 393 del Código Penal. 4) La recurrente abogada SELMA LEONOR PAZ MONTENEGRO, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de octubre del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor del señor ENRIQUE MORALES ALEGRIA, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha cuatro de agosto del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 96 y 98 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SELMA LEONOR PAZ MONTENEGRO, se dirige contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha cuatro de agosto del año dos mil ocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada DIRIEM CELESTE GONZALES ORDOÑEZ, en su condición de apoderada defensora, y confirmó el auto de prisión, emitido por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor ENRIQUE MORALES ALEGRIA por considerarlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO: Que la Abogada SELMA LEONOR PAZ MONTENEGRO, considera agraviado el derecho de su representado, alegando infracciones por parte del Tribunal de Apelación, a las garantías Constitucionales presentando los argumentos con los cuales formalizó su recurso: A) DEL ELEMENTAL DERECHO A LA DEFENSA. En el Proceso Penal iniciado en el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, concebido en el Código de Procedimientos Penales, que por su naturaleza inquisitiva, violenta esta garantía constitucional, por que en el presente caso cuando la Defensa del señor ENRIQUE MORALES ALEGRÍA, después de haberse presentado voluntariamente en juicio, ha presentado medios probatorios, a favor del procesado, con los que se han desvanecido totalmente las sospechas o indicios que podrían pesar en su contra, haciéndose patente su inocencia, sin embargo la Corte de Apelaciones ha ignorado estos medios probatorios. B) DEL DEBIDO PROCESO, en el caso que nos ocupa, pues la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, al ignorar maliciosamente toda la carga probatoria que exime de responsabilidad a mi defendido, deja de cumplir lo preceptuado por el Código de Procedimientos Penales contenido en el Decreto numero 189-84, que es el aplicable al proceso, entre otros en el Artículo 183, que expresa que el Juez debe investigar con igual celo, no solo los hechos que agraven la responsabilidad del procesado, sino los que la atenúen o extingan. También es manifiesta la violación al debido proceso penal, en la Sentencia Interlocutoria recurrida, por no haber una clara manifestación de la participación de su defendido en los hechos que se le imputan, esto desde el Auto de Prisión emitido por el Juzgador de Primera Instancia, sin embargo y en forma EXTRA-PETITA, la Corte de Apelaciones en EL CONSIDERANDO SEGUNDO de la relacionada Sentencia, viene a calificar hechos que no son de su competencia, pues en materia penal impera el principio de "NON REFORMATIO IN PEIUS” C) DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En el caso que nos ocupa, la sentencia interlocutoria dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de agosto de Dos Mil Ocho, en la pieza separada 36-06, en los Considerandos Tercero y Cuarto, vulnera el Principio de Presunción de Inocencia, pues a pesar de haberse acreditado fehacientemente que la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, como Autoridad Competente, decretó que no hay responsabilidad administrativa a cargo de ENRIQUE MORALES ALEGRÍA, por haber sido desvanecido el pliego de responsabilidades que se le dedujera, y además por constar plenamente que su desempeño en el Comité de los Sextos Juegos Deportivos Centroamericanos fue como delegado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y ejerciendo el cargo de Vocal-Secretario, (COSEX), quien actuó en todo momento sin voto alguno, se empeña la Corte de Apelaciones en determinarle responsabilidad y carácter de Funcionario Público, cuando no lo fue y para el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD, es necesario ser una autoridad, y puesto que el proceso en mención, se insta básicamente por que el Ministerio Publico es del parecer que existe un detrimento económico en perjuicio del Estado de Honduras, y basa toda su acusación precisamente en la Deducción de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General de la República, y la Corte de Apelaciones no toma en cuenta el desvanecimiento pronunciado a favor de su Defendido, por ende además de violar la presunción de Inocencia; por el contrario; antagónicamente, lo presume culpable. D) VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 98 CONSTITUCIONAL. El delito de Abuso de Autoridad es un delito típicamente atribuible a los Funcionarios Públicos, y el señor ENRIQUE MORALES ALEGRÍA, no es un Funcionario Público, ya que de conformidad con el acuerdo numero 002-94 del Comité Olímpico Hondureño, en su tercer considerando dice "En cumplimiento de lo que mandan los Estatutos de Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) debe procederse cuanto antes a la designación del comité Organizador de los Sextos Juegos Deportivos Centroamericanos" y en ese mismo acuerdo, establece "Las personas designadas para integrar el Comité Organizador serán juramentadas por el Presidente del Comité Olímpico Hondureño y tomarán posesión de sus cargos en acto especial que se realizará en fecha próxima”. E).IRRECTROACIVIDAD DE LA LEY EXCEPTO EN MATERIA PENAL. La Sentencia Recurrida, violenta esta Garantía Constitucional, al invocar una ley posterior, no vigente en la fecha que tuvieron verificativo los hechos que originaron la acción del Ministerio Público , esto en el CONSIDERANDO SEGUNDO, que habla a manera de "ilustración" de la analogía entre la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Articulo 393 del Código Penal, que contiene la conceptualización de Funcionario Público, sin embargo aun a manera de ilustración no puede invocarse una ley posterior en perjuicio del encausado, por tanto hay otra Garantía Constitucional violada. Lesiona esta Garantía la Mencionada Corte, pues al invocar la Convención Interamericana Contra la Corrupción, trae al Proceso Penal una Ley inaplicable por su temporalidad, además prejuzga a mi defendido y comienza a inducir una figura nueva al Delito como ser la Corrupción, preceptos estos que descansan en una Ley Supranacional, como ser un tratado vigente, el cual no es atribuible al caso de mérito, ya que el mismo se ventila bajo el Código de Procedimientos Penales vigente en la Época de la Comisión de los supuestos hechos delictivos. F) DE LA INVIOLABILIDAD DE LIBERTAD PERSONAL. Se violenta esta garantía constitucional al ser confirmado el Auto de Prisión en perjuicio de mi Defendido, pues no ha sido con arreglo a la ley que se le ha restringido la libertad a ENRIQUE MORALES ALEGRÍA, sino todo lo contrario y esta situación le ha provocado severos agravios, personales y directos al exponerlo a acudir quincenalmente al control biométrico, ante el Juzgado de lo Penal de San Pedro Sula, situación esta que Constituye violación de la Precitada Garantía. G) DERECHO A PREVIA EXISTENCIA DE PLENA PRUEBA. En el Auto de Prisión decretado en fecha catorce de junio de dos mil seis, por el Abogado Leoncio Díaz como Juez de Letras de lo Penal Unificado, confirmado por la Sentencia Interlocutoria recurrida de fecha cuatro de agosto de dos mil ocho, se viola absoluta y rotundamente esta Garantía, pues a pesar de que ENRIQUE MORALES ALEGRÍA, no fuera Acusado Ab Initio por el Ministerio Público, y que ese mismo ente Acusador del Estado no aportó ni una tan sola prueba que fuera capaz de determinar siquiera un leve indicio de su participación, constando a contrario sensu en autos, plenas pruebas que desvanecen y eximen de responsabilidad penal a mi defendido, fue dictado y confirmado el Auto de Prisión, por tanto se irrespeta la garantía constitucional invocada. CONSIDERANDO: Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial, establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO: Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO: Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de agosto del año dos mil ocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada DIRIEM CELESTE GONZALES ORDOÑEZ, en su condición de apoderada defensora, y confirmó el auto de prisión, emitido por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor ENRIQUE MORALES ALEGRIA por considerarlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa sumarial o inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. También se aprecia que cuando el Ad-quem, le señala que la medida cautelar que se debe de imponer, es la que la naturaleza del delito amerite, que en el presente caso por considerar que la conducta del imputado podría subsumirse en los numerales 2 y 3 del artículo 349 del Código Penal, sin causar indefensión al procesado la omisión de dichos numerales por el A-quo, en virtud de que el tipo penal del que se le acusa y los hechos constitutivos del mismo se encuentran establecidos desde que comenzó el presente juicio; citando como fundamento de su decisión los artículos 360 de la Constitución de la República y 393 del Código Penal. CONSIDERANDO: Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 69 de la Constitución de la República que la libertad personal es inviolable y que sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés publico, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 173, numeral 3) y 184, reformado, del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 349 numerales 2) y 3) y 393 del Código Penal; Artículos 173, numeral 3) y 184, reformado; y 409 y 429 del Código Procesal Penal; Artículo 7 de la Ley de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal,. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil once, certificación del fallo de fecha nueve de agosto del año dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 513-P615-P623=08.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL