Sentencia AP-371-10 — Registro 3864
Resumen
Sentencia recurrida que confirmo auto de forma procesamiento y declaro sin lugar la excepción por falta de acción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO. SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia de fecha seis de abril del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio; y, en el caso sometido a estudio, el Ad-quen, concluye que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 90 establece que “no se permitirá ningún perdón, expreso o tácito, de parte de los derechos de un niño” y es precisamente sobre dichos aspectos de conciliación en que la parte apelante apoya su tesis. CONSIDERANDO. OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO. NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO. DIEZ (10): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO. ONCE (11): Que hasta el momento procesal se constata que el Abogado SAMUEL ANTONIO NUÑEZ ACOSTA ha hecho uso oportuno de los recursos que franquea la ley, por lo que de igual modo, tampoco se aprecia que se haya menoscabado su derecho fundamental a la defensa, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO. DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO. TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad- quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el mandato de la apertura del juicio oral y público, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de noviembre de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO NUÑEZ ACOSTA, a favor del señor OSLY ONASIS OCHOA ESTRADA, mayor de edad, soltero, estudiante, hondureño y con domicilio en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, contra la sentencia de fecha seis de abril del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, que confirmó la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha cuatro de marzo del año dos mil diez; con relación a la causa instruida contra el señor OSLY ONASIS OCHOA ESTRADA, por considerarlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de la menor ROSA CRISTINA VILLAFRANCA RAMÍREZ. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de marzo del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, la Abogada WENDY XIOMARA MURILLO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OSLY ONASIS OCHOA ESTRADA, por considerarlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de la menor ROSA CRISTINA VILLAFRANCA RAMÍREZ. 2) Que en fecha veintiocho de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado instructor, en resolución tomada en Audiencia Ad-Hoc, decretó auto de procesamiento en contra del señor OSLY ONASIS OCHOA, por suponerlo responsable del delito de ESTUPRO, en perjuicio de la menor ROSA CRISTINA VILLAFRANCA RAMIREZ, imponiéndole las medidas sustitutivas establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha siete de diciembre del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras citado, decretó Auto de Apertura a Juicio en el proceso de mérito, y concedió a las partes el término de cinco días comunes a partir de la última notificación, para que se personaran al Tribunal de Sentencia de esa ciudad; citando como fundamento de su decisión los artículos 301 y 302 del Código Procesal Penal. 4) Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil diez, compareció ante el Tribunal de Sentencia Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado SAMUEL ANTONIO NUÑEZ ACOSTA, actuando en su condición de Defensor Público del imputado, interponiendo Excepción Por Falta de Acción, en virtud de haber llegado a un acuerdo conciliatorio con el padre de la menor agraviada, por lo que ambas partes habían convenido continuar con la presente causa. 5) Que en fecha cuatro de marzo del año dos mil diez, el Tribunal de Sentencia citado, rechazó el incidente de excepción planteado por la defensa, por considerar que para que ese Tribunal pudiera tomar una decisión sin que ello perjudique el interés superior del niño, es necesario que se abra un juicio oral y público, para poder conocer cuales son los hechos controvertidos y tomar una decisión apegada a derecho. 6) Que en fecha seis de abril del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO NUÑEZ ACOSTA, en su condición indicada, y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 90 establece que “no se permitirá ningún perdón, expreso o tácito, de parte de los derechos de un niño” y es precisamente sobre dichos aspectos de conciliación en que la parte apelante apoya su tesis. 7) El recurrente Abogado SAMUEL ANTONIO NUÑEZ ACOSTA, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de junio del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor OSLY ONASIS OCHOA ESTRADA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha seis de abril del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 61, 82, 90 y 375 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO. UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado SAMUEL ANTONIO NUÑEZ ACOSTA, se dirige contra la sentencia de fecha seis de abril del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, que confirmó la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha cuatro de marzo del año dos mil diez; con relación a la causa instruida contra el señor OSLY ONASIS OCHOA ESTRADA, por considerarlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de la menor ROSA CRISTINA VILLAFRANCA RAMÍREZ. CONSIDERANDO. DOS (2): Que el Abogado SAMUEL ANTONIO NUÑEZ ACOSTA, considera agraviado el derecho de su representado, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional contemplado en el primer párrafo del Artículo 90 de la Constitución de la República, el que nos determina el principio-derecho del Debido Proceso y de Defensa; y el concepto en que éste ha sido ultrajado, se explica de la forma siguiente: La excepción presentada por falta de acción es que dicho incidente pone fin al proceso; ya que con las pruebas presentadas por la defensa se acredita la desautorización que hace la víctima en contra del Ministerio Público para seguir conociendo dicho proceso. Acompañando además un Acta de Conciliación Extrajudicial suscrita por el imputado y el padre de la menor ofendida. CONSIDERANDO. TRES (3): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO. CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO. CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO. SEIS (6): Que el Código Procesal Penal en sus Artículos 26 y 45 ultimo párrafo; establecen los delitos solo perseguibles a instancia del particular y la necesaria autorización a favor del Ministerio Público; así como la posibilidad de conciliación en los delitos; también es cierto que el Código de la Niñez y de la Adolescencia en su Artículo 1 establece: “Las disposiciones contenidas en este código son de orden público y los derechos que establecen en favor de la niñez son irrenunciables e intransigibles. Para todos los efectos legales se entiende por niño o niña a toda persona menor de dieciocho años. La niñez legal comprende los períodos siguientes: La infancia que se inicia con el nacimiento y termina a los doce (12) años en los varones y a los catorce (14) años en las mujeres y la adolescencia que se inicia en las edades mencionadas y termina a los dieciocho (18) años. Los mayores de edad pero menores de veintiún (21) años toman el nombre de menores adultos. En caso de duda sobre la edad de un niño o una niña se presumirá mientras se establece su edad efectiva que no ha cumplido los dieciocho (18) años.” Desarrollándose así el precepto constitucional contenido en el Artículo 119 que manda: “El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen carácter de Centros de Asistencia Social. CONSIDERANDO. SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia de fecha seis de abril del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio; y, en el caso sometido a estudio, el Ad-quen, concluye que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 90 establece que “no se permitirá ningún perdón, expreso o tácito, de parte de los derechos de un niño” y es precisamente sobre dichos aspectos de conciliación en que la parte apelante apoya su tesis. CONSIDERANDO. OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO. NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO. DIEZ (10): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO. ONCE (11): Que hasta el momento procesal se constata que el Abogado SAMUEL ANTONIO NUÑEZ ACOSTA ha hecho uso oportuno de los recursos que franquea la ley, por lo que de igual modo, tampoco se aprecia que se haya menoscabado su derecho fundamental a la defensa, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO. DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO. TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad- quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el mandato de la apertura del juicio oral y público, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 90 del Código de la Niñez y de la Adolescencia; 356 y 358 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil once, certificación del fallo de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número. 371-P425-P444-=10.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL