Sentencia AP-1384-09 — Registro 3863
Resumen
Sentencia recurrida que confirmo auto de prisión contra impetrante por el delito de Abuso de Autoridad al negarse a dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,con motivo de la demanda promovida por la Sociedad ELDI, S. de R.L, contra CONATEL, para que se declarase la nulidad del acto administrativo consistente en la Resolución AS576
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre del año dos mil nueve; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valoró es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador; teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO: Que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil nueve, específicamente en la parte conducente del numerar seis de la motivación de la misma señala: “En este orden de ideas, que existe en el proceso prueba suficiente para afirmar que los hoy encartados eran funcionarios públicos, como así se ha acreditado con los documentos que corren agregados a folios 167 y 197; (de la primera pieza de autos), de igual manera es criterio de este Tribunal de Alzada que si hay base jurídica suficiente para afirmar que los señores RASEL ANTONIO TOME FLORES, GUSTAVO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ, como Comisionados Propietarios de la comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), se negaron a dar cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de Tegucigalpa, con motivo de la demanda promovida por la Sociedad ELDI, S. de R.L., contra CONATEL para que se declare la nulidad del acto administrativo consistente en la Resolución AS576/05; y esta negativa se infiere de expresiones de los propios Comisionados vertidas en su Resolución AS122/08 del 8 de abril de 2008, cuando luego de recibir la comunicación contentiva de los fallos de primera y segunda instancia y el que declaró inadmisible el recurso de casación, dicen que hay errores en el procedimiento judicial lo que les hace imposible cumplir el fallo, agregando puntualmente “… y aunque en sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa señale que se otorgue lo solicitado, no existe disponibilidad y no hay forma legal de acceder a lo ordenado sin dañar el derecho otorgado no a uno sino a varios operadores autorizados en dicha banda …”; finalmente y como conclusión de los elementos objetivos del tipo, aprecia esta Corte que la sentencia del 27 de marzo de 2007 antes referida, fue dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa dentro de los limites de su respectiva competencia y reúne las formalidades o requisitos que para este tipo de fallos establece la ley de esa jurisdicción; obsérvese asimismo, la presencia del dolo como elemento subjetivo, que se traduce en el conocimiento de los hechos, de la ilegalidad de un acto y la disposición del agente de realizarlo, a sabiendas que es un acto reprochable y sancionado penalmente.” CONSIDERANDO: Que con la motivación contenida la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil nueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán; se hace un amplio análisis de los requisitos exigidos para decretar un auto de presión; concluyendo que en el caso en particular se acreditó plenamente la comisión del delito de Abuso de Autoridad, al igual que el grado de responsabilidad que en la categoría de autores corresponde atribuir a los hoy imputados por haber tomado parte directa en la ejecución del hecho, al negarse a dar cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección judicial de Tegucigalpa, con motivo de la demanda promovida por la Sociedad ELDI, S. de R.L, contra CONATEL, para que se declarase la nulidad del acto administrativo consistente en la Resolución AS576/05. Por lo que no se vulnera el mandato constitucional de proveerse auto de prisión sin que exista indicio racional, y plena prueba de la comisión de un delito; contenido en el Artículo 92 de la Constitución de la República, como parte del derecho al debido proceso consagrado también por la Constitución de la República en su Artículo 90. Precepto constitucional que se desarrolla y adquiere vigencia bajo la letra del segundo párrafo del Artículo 297 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ, a favor del señor RASEL ANTONIO TOME FLORES, mayor de edad, casado, Abogado y Notario, Hondureño y con domicilio en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil nueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra el señor RASEL ANTONIO TOME FLORES, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de marzo del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MELIDA SAGRARIO SALINAS, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RASEL ANTONIO TOME FLORES, GUSTAVO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que en fecha veinticuatro de junio del año dos mil nueve, el Juzgado instructor, en resolución tomada en Audiencia Inicial, decreto AUTO DE PRISION, contra los señores RASSEL ANTONIO TOME, GUSTAVO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ, ROSALES por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD; y b) LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DEL CARGO DE COMISIONADOS DE CONATEL, a los señores GUSTAVO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ, en virtud de que los funcionarios públicos se negaron a dar el debido cumplimiento de una sentencia dictada por autoridad judicial competente, dentro de los límites de su respectiva competencia y con las formalidades legales, ya que la obligación de los comisionados de CONATEL, era darle el debido cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, situación que no se cumplió; fundamentando su decisión en los artículos 101, 172, 173, 178, 294 y 297 del Código Procesal Penal; 13, 32 y 349 del Código Penal. 3) Que en fecha siete de octubre del año dos mil nueve, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los abogados RASEL ANTONIO TOME, en su condición personal, DAGOBERTO MEJIA PINEDA, en su condición de apoderado legal del señor GUSTAVO LARA LOPEZ y HECTOR EFRAIN FORTIN, en su condición de apoderado legal del señor EDWIN TORRES CRUZ, y confirmó la resolución de fecha veinticuatro de junio del año dos mil nueve, dictada por el A- quo, por considerar que se acreditó plenamente la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, al igual que el grado de responsabilidad que en la categoría de autores corresponde atribuir a los imputados por haber tomado parte directa en la ejecución del hecho, ya que concurren los presupuestos legitimadores que tanto la Constitución de la República como el ordenamiento penal adjetivo establecen como necesarios para decretar auto de prisión; fundamentando su decisión en los artículos 13, 14, 31, 32 y 349 numeral 1) del Código Penal; 294 y 297 del Código Procesal Penal.
- La recurrente Abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de diciembre del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor RASEL ANTONIO TOME FLORES afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha siete de octubre del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ, se dirige contra la sentencia proferida en fecha siete de octubre del año dos mil nueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra el señor RASEL ANTONIO TOME FLORES, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO: Que la Abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ, considera agraviado el derecho de su representado, alegando que la Corte Recurrida, erróneamente aprecia acciones de su representado, que fueron hechas en total cumplimiento de la ley; y, protegiendo mas bien a la Administración Pública de futuras demandas de los particulares, como acciones realizadas con animo de afectar un bien jurídico protegido por el derecho penal; aquí es necesario puntualizar que la Corte recurrida no entendió que lo que autoriza la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), es un titulo habilitante, para operar una frecuencia, pero eso no significa que el titulo habilitante necesariamente debe ser sobre un canal en particular; comete en consecuencia el mismo error de juicio del Juez Penal de Instrucción, que a su vez fue cometido por el Juez de lo Contencioso Administrativo; ya que su cliente no podía echar por tierra todo el andamiaje técnico y también jurídico que sostenía los derechos de otros operadores de telecomunicaciones, solo por seguirle el juego a los caprichos de un empresario, caprichos extrañamente consentidos por un Juez que no tuvo el tino de instruirse en las normas técnicas que CONATEL debía darle para tomar una decisión más acertada; que no era otra que conceder el titulo habilitante, pero dejando a CONATEL, que decidiera sobre qué frecuencia, qué ancho de banda, qué potencia de emisión, el tiempo concedido para empezar a operar y los demás lineamientos técnicos que solo CONATEL podía decidir porque es el organismo que es apto para decidir sobre esos aspectos.
CONSIDERANDO: Que la Abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ concluye en el escrito de la demanda que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, obvió su obligación de analizar la teoría del delito, si se dan los elementos de la figura Penal de Abuso de Autoridad en el caso específico; al no querer confrontar los aspectos técnicos y legales que regulan las telecomunicaciones con lo actuado tanto por su inferior jerárquico, como del Juez que causa el embrollo: El Juez de lo Contencioso Administrativo y su cliente como Comisionado Presidente de CONATEL. Por lo que se vulnera el mandato constitucional de que no puede proveerse auto de prisión sin que exista indicio racional, y plena prueba de la comisión de un delito; contenido en el Artículo 92 de la Constitución de la República. Precepto constitucional que se desarrolla y adquiere vigencia bajo la letra del segundo párrafo del Artículo 297 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que la recurrente en amparo no formalizó su recurso dentro del termino legal correspondiente; y que del escrito de interposición se aprecia que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación; por lo cual se determinó continuar con el tramite de la presente acción, obviándose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, con fundamento en los Artículos 54 párrafo último y 56 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO: Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO: Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERANDO: Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre del año dos mil nueve; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valoró es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador; teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO: Que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil nueve, específicamente en la parte conducente del numerar seis de la motivación de la misma señala: “En este orden de ideas, que existe en el proceso prueba suficiente para afirmar que los hoy encartados eran funcionarios públicos, como así se ha acreditado con los documentos que corren agregados a folios 167 y 197; (de la primera pieza de autos), de igual manera es criterio de este Tribunal de Alzada que si hay base jurídica suficiente para afirmar que los señores RASEL ANTONIO TOME FLORES, GUSTAVO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ, como Comisionados Propietarios de la comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), se negaron a dar cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de Tegucigalpa, con motivo de la demanda promovida por la Sociedad ELDI, S. de R.L., contra CONATEL para que se declare la nulidad del acto administrativo consistente en la Resolución AS576/05; y esta negativa se infiere de expresiones de los propios Comisionados vertidas en su Resolución AS122/08 del 8 de abril de 2008, cuando luego de recibir la comunicación contentiva de los fallos de primera y segunda instancia y el que declaró inadmisible el recurso de casación, dicen que hay errores en el procedimiento judicial lo que les hace imposible cumplir el fallo, agregando puntualmente “… y aunque en sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa señale que se otorgue lo solicitado, no existe disponibilidad y no hay forma legal de acceder a lo ordenado sin dañar el derecho otorgado no a uno sino a varios operadores autorizados en dicha banda …”; finalmente y como conclusión de los elementos objetivos del tipo, aprecia esta Corte que la sentencia del 27 de marzo de 2007 antes referida, fue dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa dentro de los limites de su respectiva competencia y reúne las formalidades o requisitos que para este tipo de fallos establece la ley de esa jurisdicción; obsérvese asimismo, la presencia del dolo como elemento subjetivo, que se traduce en el conocimiento de los hechos, de la ilegalidad de un acto y la disposición del agente de realizarlo, a sabiendas que es un acto reprochable y sancionado penalmente.” CONSIDERANDO: Que con la motivación contenida la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil nueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán; se hace un amplio análisis de los requisitos exigidos para decretar un auto de presión; concluyendo que en el caso en particular se acreditó plenamente la comisión del delito de Abuso de Autoridad, al igual que el grado de responsabilidad que en la categoría de autores corresponde atribuir a los hoy imputados por haber tomado parte directa en la ejecución del hecho, al negarse a dar cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección judicial de Tegucigalpa, con motivo de la demanda promovida por la Sociedad ELDI, S. de R.L, contra CONATEL, para que se declarase la nulidad del acto administrativo consistente en la Resolución AS576/05. Por lo que no se vulnera el mandato constitucional de proveerse auto de prisión sin que exista indicio racional, y plena prueba de la comisión de un delito; contenido en el Artículo 92 de la Constitución de la República, como parte del derecho al debido proceso consagrado también por la Constitución de la República en su Artículo 90. Precepto constitucional que se desarrolla y adquiere vigencia bajo la letra del segundo párrafo del Artículo 297 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 1, 2-C, 13, 14, 31, 32 y 349 numeral 1) del Código Penal; 7, 8, 139, 160, 161, 294, 297 numeral 1) 356 y 358 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1384=09/P36-P39=10.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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