Sentencia AP-135-10 — Registro 3794
Resumen
Sentencia recurrida declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirmó la resolución del A-quo; por considerar que los beneficios otorgados en el caso son conforme a derecho, ya que: “no importa cuantas penas se hayan impuesto en concurso real, si cada una de ellas no sobrepasa los cinco años, todas son conmutables de pleno derecho y por dinero
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en la demanda de amparo, formalizada en fecha veinte de mayo de dos mil diez, la garantista desarrolla así la garantía constitucional que se estima violada y el concepto de su violación. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, comprende la libertad de acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable, y, que esa sentencia se cumpla, o sea le ejecutoriedad del fallo. De lo contrario el reconocimiento de los derechos establecidos en la sentencia sería vano, una mera declaración de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica, pues la ejecución de la sentencia debe satisfacer las pretensiones de justicia que son inherentes a la sociedad como parte interesada en el proceso. En el caso concreto es la falta de ejecutoriedad de un fallo lo que ha vulnerado este derecho fundamental, pues la sentencia dictada por la Corte recurrida se basa en que el imputado fue juzgado y condenado por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de estos hechos, dos infracciones también independientes, que además están normadas en ordenamientos penales diferentes. Considera la garantista que esta interpretación no es conforme a derecho pues causa grave lesión a la seguridad jurídica, al no considerar lo establecido en el artículo 35 del Código Penal que concretamente establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, estableciendo claramente que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos, como inclusive hizo el Juzgado de Ejecución al momento del computo de la pena. El concurso real de delitos es, en concepto de la amparista, un supuesto de pluralidades de acciones u omisiones realizadas por un sujeto, siendo cada una de ellas constitutivas de delito independiente, es decir que una pluralidad de hechos atribuibles penalmente a un mismo sujeto constituye una pluralidad de delitos. En el presente caso se dictó en una sentencia definitiva condenando al imputado, señor ANSONY ADOLFO SÁNCHEZ, por la comisión de dos delitos, uno de ROBO y otro de LESIONES GRAVES determinándose la pena correspondiente a cada uno de ellos de conformidad al artículo 338 del Código Procesal Penal. Este es un caso de concurso real de delitos, donde se establecieron las penas concretas de tres años y nueve meses; y de tres años de reclusión, respectivamente, a efecto de condenar al reo a seis años nueve meses de reclusión, de conformidad al artículo 35 del Código Penal vigente, pues no se pueden cumplir simultáneamente por resultar ilusoria entonces la aplicación de una de ellas. Por ello no es procedente lo efectuado por el Ad-quem de aplicar un beneficio para cada uno de los delitos, siendo lo correcto aplicar el beneficio en cuanto a la totalidad de las penas acumuladas, y por tanto, en el caso de merito no debió otorgarse el beneficio de conmuta por excederse del término de cinco años de reclusión."Esgrime, por otra parte, la amparista el apoyo de jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, y específicamente las sentencias de los expedientes número 2318 del diecinueve de febrero de dos mil cuatro y la identificada como del expediente 188-05, donde se establece en la primera de ellas que en el caso del concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno y condenar al reo de conformidad a dicha suma; mientras que la segunda sentencia refiere que (…) las penas impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable (…). Cita asimismo la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha nueve de febrero de dos mil nueve identificada como número 610-09, donde se ha interpretado que la literalidad y el espíritu del artículo 35 penal antes citado en cuanto a la condena de varias infracciones penales o concurso real es que las mismas se cumplan acumuladas, variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo o de poder hacerse efectivas de forma simultanea, de tal manera que si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, el condenado no podrá solicitar el beneficio de conmuta. Finalmente, manifiesta que nuestra legislación penal efectivamente regula la situación que se ha dado en el caso concreto, el cual se contrae a la acumulación de las penas en los casos de condena por concurso real de delitos, existiendo ya una línea jurisprudencial al respecto, por lo cual la inaplicación del artículo 35 del Código penal por la Corte de Apelaciones recurrida vulnera el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva; constituyendo también una violación al imperio de la ley, el cual debe enmarcar en todo momento el ejercicio de la potestad jurisdiccional, lo cual se ha contrariado pues la sentencia interlocutoria cuestionada se ha dictado contra el espíritu de la ley y en contra inclusive de la sentencia definitiva, en la que se establecen los delitos y las penas exactas a las que fue condenado el hoy beneficiado por la resolución cuestionada, en evidente violación a lo prescrito en los artículos 303, 321 y 323 de la Constitución de la República."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 95 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MARIA WALESKA ZAVALA ARIAS, a favor del señor NELSON JAVIER TURCIOS, mayor de edad y de este domicilio, contra la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil diez, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de noviembre del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra el señor ANSONI ADOLFO SANCHEZ MARTINEZ, por considerarlo responsable de los delitos de ROBO Y LESIONES en perjuicio del señor NELSON JAVIER TURCIOS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce de enero del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada IVETH ONDINA GOMEZ, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ANSONI ADOLFO SANCHEZ MARTINEZ, por considerarlo responsable de los delitos de ROBO Y LESIONES en perjuicio del señor NELSON JAVIER TURCIOS. 2) Que en fecha seis de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia mediante la cual condenó al señor ANSONI ADOLFO SANCHEZ MARTINEZ, a la pena de tres años nueve meses de reclusión por el delito de ROBO y a tres años de reclusión por el delito de LESIONES GRAVES, en perjuicio del señor NELSON JAVIER TURCIOS. 3) Que en fecha veintiuno de octubre del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor ANZONY ADOLFO SANCHEZ MARTINEZ, solicitando la conmuta de la pena por trabajo comunitario, por lo que en fecha trece de noviembre del año dos mil nueve, el Juzgado de Ejecución citado, declaró con lugar la solicitud de conmuta de pena de reclusión por trabajo comunitario a favor del señor ANSONY ADOLFO SANCHEZ MARTINEZ y fijó como condiciones para el cumplimiento del trabajo comunitario las siguientes: a) que lo cumplirá en la Unidad de Desechos Sólidos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; b) que el plazo para el cumplimiento del trabajo comunitario es de ciento dieciocho días, sin embargo se duplica a doscientos treinta y seis días en virtud de que se realizará en media jornada diaria, iniciando a partir del dieciséis de noviembre del año dos mil nueve; c) que debe someterse a la disciplina laboral de la empresa; d) que la institución debe informar al juzgado en caso de incumplimiento del plazo, asimismo del cumplimiento total del plazo; e) que en caso de incumplimiento se informará al Ministerio Público para que proceda el delito de Desobediencia; f) la prohibición de concurrir a lugares donde se venden drogas y bebidas alcohólicas; g) la prohibición de salir del país; y, h) prohibición de portar armas de fuego y armas blancas, en virtud de haber sido condenado a la pena de tres años nueve meses de reclusión por el delito de ROBO y a tres años de reclusión por el delito de LESIONES GRAVES, en perjuicio del señor NELSON JAVIER TURCIOS, cuya conversión a días es de dos mil cuatrocientos sesenta (2460), dado que ha estado privado de su libertad trescientos un días (301), los cuales se le deducen de la pena de reclusión y queda una diferencia de dos mil ciento cincuenta y nueve (2159) días, que a razón de diez Lempiras por día equivale a veintiún mil quinientos noventa Lempiras (L.21,590.00), cantidad que deberá pagar con trabajo comunitario, además de haberse acreditado que es de escasos recurso económicos y que no ha sido condenado con anterioridad por delito doloso; citando como fundamento de su decisión los artículos 53 y 61 del Código Penal. 4) Que en fecha dieciocho de enero del año dos mil diez, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró no ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada VILMA LUCIA ARIAS LAINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que “no importa cuantas penas se hayan impuesto en concurso real, si cada una de ellas no sobrepasa los cinco años, todas son conmutables de pleno derecho y por dinero”, además se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 61 en relación con el artículo 53, ambos del Código Penal, por lo que no existe obstáculo legal para acceder a lo peticionado. 5) La recurrente abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor NELSON JAVIER TURCIOS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciocho de enero del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 95, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha dieciocho de enero del año dos mil diez por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y confirmó la referida resolución del A-quo; por considerar que los beneficios otorgados en el caso son conforme a derecho, ya que: “no importa cuantas penas se hayan impuesto en concurso real, si cada una de ellas no sobrepasa los cinco años, todas son conmutables de pleno derecho y por dinero”, además se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 61 en relación con el artículo 53, ambos del Código Penal, por lo que no existe obstáculo legal para acceder a lo peticionado. CONSIDERANDO: Que se impone analizar en sede constitucional el planteamiento formulado por la fiscal MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalia Especial para la Defensa de la Constitución, consistente en que la resolución de alzada de la que se demanda amparo es violatoria del derecho a la igualdad, tutela judicial efectiva y principio de legalidad, según establecida en los artículos 61, 90 y 95 de la Constitución de la República que regulan la igualdad, el debido proceso, y el principio de legalidad en relación con los artículos 303 y 323 referentes al imperio de la ley. CONSIDERANDO: en la demanda de amparo, formalizada en fecha veinte de mayo de dos mil diez, la garantista desarrolla así la garantía constitucional que se estima violada y el concepto de su violación. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, comprende la libertad de acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable, y, que esa sentencia se cumpla, o sea le ejecutoriedad del fallo. De lo contrario el reconocimiento de los derechos establecidos en la sentencia sería vano, una mera declaración de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica, pues la ejecución de la sentencia debe satisfacer las pretensiones de justicia que son inherentes a la sociedad como parte interesada en el proceso. En el caso concreto es la falta de ejecutoriedad de un fallo lo que ha vulnerado este derecho fundamental, pues la sentencia dictada por la Corte recurrida se basa en que el imputado fue juzgado y condenado por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de estos hechos, dos infracciones también independientes, que además están normadas en ordenamientos penales diferentes. Considera la garantista que esta interpretación no es conforme a derecho pues causa grave lesión a la seguridad jurídica, al no considerar lo establecido en el artículo 35 del Código Penal que concretamente establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, estableciendo claramente que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos, como inclusive hizo el Juzgado de Ejecución al momento del computo de la pena. El concurso real de delitos es, en concepto de la amparista, un supuesto de pluralidades de acciones u omisiones realizadas por un sujeto, siendo cada una de ellas constitutivas de delito independiente, es decir que una pluralidad de hechos atribuibles penalmente a un mismo sujeto constituye una pluralidad de delitos. En el presente caso se dictó en una sentencia definitiva condenando al imputado, señor ANSONY ADOLFO SÁNCHEZ, por la comisión de dos delitos, uno de ROBO y otro de LESIONES GRAVES determinándose la pena correspondiente a cada uno de ellos de conformidad al artículo 338 del Código Procesal Penal. Este es un caso de concurso real de delitos, donde se establecieron las penas concretas de tres años y nueve meses; y de tres años de reclusión, respectivamente, a efecto de condenar al reo a seis años nueve meses de reclusión, de conformidad al artículo 35 del Código Penal vigente, pues no se pueden cumplir simultáneamente por resultar ilusoria entonces la aplicación de una de ellas. Por ello no es procedente lo efectuado por el Ad-quem de aplicar un beneficio para cada uno de los delitos, siendo lo correcto aplicar el beneficio en cuanto a la totalidad de las penas acumuladas, y por tanto, en el caso de merito no debió otorgarse el beneficio de conmuta por excederse del término de cinco años de reclusión. CONSIDERANDO: Esgrime, por otra parte, la amparista el apoyo de jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, y específicamente las sentencias de los expedientes número 2318 del diecinueve de febrero de dos mil cuatro y la identificada como del expediente 188-05, donde se establece en la primera de ellas que en el caso del concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno y condenar al reo de conformidad a dicha suma; mientras que la segunda sentencia refiere que (…) las penas impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable (…). Cita asimismo la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha nueve de febrero de dos mil nueve identificada como número 610-09, donde se ha interpretado que la literalidad y el espíritu del artículo 35 penal antes citado en cuanto a la condena de varias infracciones penales o concurso real es que las mismas se cumplan acumuladas, variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo o de poder hacerse efectivas de forma simultanea, de tal manera que si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, el condenado no podrá solicitar el beneficio de conmuta. Finalmente, manifiesta que nuestra legislación penal efectivamente regula la situación que se ha dado en el caso concreto, el cual se contrae a la acumulación de las penas en los casos de condena por concurso real de delitos, existiendo ya una línea jurisprudencial al respecto, por lo cual la inaplicación del artículo 35 del Código penal por la Corte de Apelaciones recurrida vulnera el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva; constituyendo también una violación al imperio de la ley, el cual debe enmarcar en todo momento el ejercicio de la potestad jurisdiccional, lo cual se ha contrariado pues la sentencia interlocutoria cuestionada se ha dictado contra el espíritu de la ley y en contra inclusive de la sentencia definitiva, en la que se establecen los delitos y las penas exactas a las que fue condenado el hoy beneficiado por la resolución cuestionada, en evidente violación a lo prescrito en los artículos 303, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Es del caso analizar el argumento central de la amparista, el cual versa sobre aspectos de derecho penal sustantivo y de aplicación de la ley penal dentro de la garantía jurisdiccional que es consustancial al Estado de Derecho. Previamente cabe analizar si la sentencia del Ad-quem satisface el derecho fundamental de la amparista a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable. Aprecia la Sala que esto último aparece cumplido en forma suficiente por la Corte de Apelaciones recurrida, consideración formal que abarca la constatación de que la decisión judicial recurrida ha sido emitida por un órgano jurisdiccional competente, en congruencia con el asunto debatido y dentro de un plazo razonable desde que tomó el conocimiento del asunto la instancia, con lo cual no se excede el derecho a oír justicia en un plazo razonable, salvaguardado en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO: Continúa manifestando la amparista que lo resuelto por la Corte Ad-quem ocasiona una grave lesión a la seguridad jurídica, pues la ejecución de la sentencia debe satisfacer las pretensiones de justicia que son inherentes a la sociedad como parte interesada en el proceso, lo cual no ha ocurrido en el presente caso dada la falta de ejecutoriedad de un fallo, lo cual ha sido convalidado por la Corte recurrida. Censura, asimismo, el razonamiento del Ad-quem, pues éste obvia manifiestamente lo establecido en el artículo 35 del Código Penal que ya establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, estableciendo claramente, en concepto de la amparista, que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos. De una lectura detenida de la norma citada se reconocen, bien es cierto, hasta tres (3) supuestos de ejecución de penas en concurso real, lo cual debe, sin embargo, ser valorado cuidadosamente y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto por el juez natural, al momento procesal de realizarse el computo de la pena y subsecuentes resoluciones en cuanto a beneficios que la ley otorga[1]. El primero de ellos es el de simultaneidad de las penas como regla general, la cual se llevará a cabo solamente si es posible. El segundo es el caso de imposibilidad de que se cursen las penas simultáneamente. El tercer supuesto es aquel en el cual la simultaneidad de las penas daría lugar a que resulte ilusoria alguna de ellas, caso en el cual se deberán cumplir sucesivamente, principiando por las mayores, teniendo siempre como límite objetivo de las penas acumuladas por varios delitos un tiempo de duración que no excederá de treinta (30) años. CONSIDERANDO: Que pueden obtenerse validamente dos inferencias del análisis normativo. La primera de ellas es que no existe una sola forma de computar y determinar la acumulación de penas en concurso real, para todos los casos. Ello deberá ponderarse dependiendo de una serie de externalidades a la eficacia de la propia norma jurídica que únicamente el juez natural podrá calificar, acorde a las circunstancias del caso concreto (la posibilidad, la imposibilidad y la factibilidad misma de ejecutar simultáneamente las penas en concurso real, lo cual no puede deducirse, per se, de la regla insita en el precepto penal). La segunda inferencia es que, al redactar la norma en comento el legislador tuvo en cuenta las variadas posibilidades que pudieren acaecer, cuando de acumular varias penas por varios delitos se trata. Y que la noción de límite a la aplicación de la ley penal tampoco le fue ajena. Esta pluralidad semántica no constituye agravio para la seguridad jurídica, siempre y cuando se contraste debidamente, con atención a la lógica y claridad conceptual; cuál es la circunstancia precisa en que se desenvuelve el caso, concretamente en relación a la posibilidad, imposibilidad o ilusoriedad de cumplimiento simultaneo de las penas, en este caso, privativas de la libertad. De lo anterior se colige, en obsequio a la plena vigencia del derecho al debido proceso sustantivo, que este razonamiento o fundamentación no se desarrolló suficientemente en la motivación del caso por el Ad-quem, pues ésta se limita a constatar las siguientes apreciaciones: a) Que en el presente proceso el imputado no incurrió en un solo hecho constitutivo de varios delitos sino que por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, los cuales produjeron sendas infracciones independientes entre si y normadas en ordenamientos penales diferentes; y, b) Que dichas penas, aun cuando cometidas en concurso real, siempre que no excedan los cinco años de reclusión cada una sean conmutables por dinero de conformidad a ley, no siendo obstáculo para este propósito que la sumatoria de todas las condenas sea superior a cinco años. La falencia argumentativa del fallo y de la cual se ampara la recurrente consiste en no identificar en cual de todos los supuestos normativos a que da lugar la analítica lectura del artículo 35 párrafo segundo del Código Penal, se encuentra el caso sub iudice, desglose que resulta imperativo dadas las exigencias de legalidad previa, estricta y escrita a que se sujeta la aplicación del derecho penal en el marco de un Estado de Derecho. Por lo anterior, el fallo recurrido ha negado a las partes procesales acceder a la razón, o las razones, que fundaron el fallo, lo cual constituye efectivamente una infracción al derecho fundamental a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada), lo cual, tal como ha reconocido esta Sala de lo Constitucional en reiterados fallos de amparo constitucional, es parte integrante del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, según previsto en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Finalmente, que la amparista ha citado, en apoyo de su tesis la jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, y específicamente las sentencias de los expedientes números 2318 y 188-05, donde se establece en síntesis que en el concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno (de los delitos) y condenar al reo de conformidad a dicha suma, y que, las penas (así) impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable, e inclusive jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal de Justicia. Es claro que lo extractos jurisprudenciales traídos a colación por la recurrente guardan pertinencia para con el caso concreto, debiendo necesariamente acotarse que los mismos no son concluyentes, desde luego existen precedentes a favor y en contra,[2] resultando toral para extraer la ratio decidendi del caso concreto, el hecho de no haber fijado con claridad el juzgador en la motivación de la sentencia cuál es el alcance y cuáles los límites de aplicación de la ley penal concerniente al caso, como ha quedado explicitado en el considerando que antecede. CONSIDERANDO: En relación a la infracción a la vigencia del imperio de la ley la recurrente cita como infringidos los artículos 303 constitucional, el cual nos dice que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; 321 constitucional, que establece a los servidores del Estado no tener más facultades que las que expresamente les confiere la Ley, prescribiendo que todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad, así como el artículo 323 de la antes citada norma fundamental, el cual refiere que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Es aparente que este concepto de la infracción no resultó desarrollado debidamente, tanto en la forma como en el fondo, por la parte recurrente; no quedando claro a la Sala de lo Constitucional en qué forma la resolución jurídica bajo análisis pudo provocar lesión al imperio de la ley, en tanto característica esencial del Estado de Derecho, ni infiriéndose validamente de los antecedentes que se hubieren violentado los preceptos que rigen la potestad jurisdiccional y la responsabilidad legal de los funcionarios, siendo el recurso improcedente en cuanto a éste último motivo; a contrario sensu de la infracción al debido proceso que ha quedado relacionada, en virtud de la cual resulta meritorio otorgar la presente acción de amparo, para el efecto de que la Corte Sentenciadora se sirva fundamentar in extenso las razones de derecho que asisten al presente fallo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, y, el artículo 35 del Código Penal vigente; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: 1) Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. 2) Para el solo efecto que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán emita nueva resolución debidamente motivada y fundada en derecho. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, Secretario de la Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 135-P213-P246=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
[1] Acorde y en el marco de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Resolución adoptada el 30 de agosto de 1955 en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; y de la Ley de Rehabilitación del Delincuente.
[2] A favor de las posición jurisprudencial citada en la formalización (Recurso de Amparo No. AP 610-09 del 9 de febrero de 2010) pueden encontrarse razonamientos y extractos jurisprudenciales como el recurso de amparo número 1238-1408-1417=05 del 29 de noviembre de 2005, en el cual se recapitula que el concurso real de delitos tiene lugar cuando una persona debe responder por varias violaciones de la ley penal, siendo necesario que los actos ilícitos sean apreciados en forma autónoma, de manera que la aplicación de una de las penas no resulte excluyente de la aplicación de las otras. Precedente en contrario, lo constituye, por otra parte, el expediente AP 345-08 del seis de octubre de 2009 donde se fundamenta que el principio de acumulación entendido de un modo aritmético, si no se limita de algún modo, conduce a penas draconianas, incompatibles con la valoración global de todos los delitos y la sensibilidad jurídica, siendo lógico que se arbitren determinados criterios, en los que, combinando los diversos principios, se llegue a penas proporcionales.