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Sentencia AP-132-06 — Registro 3792

Resumen

Sentencia recurrida que revoco el sobreseimiento definitivo contra impetrante por el delito de violación y estupro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“Que no conforme el defensor, con la resolución dictada por el tribunal de alzada, expone tanto en la interposición como en la formalización de la acción de amparo que se conoce, que la resolución recurrida en amparo, vulnera a su defendido el derecho de defensa, en virtud de que, según expone, la interpretación que realizó la alzada de la prueba científica, no fue objetiva y solo lo hizo a favor de la ofendida, perjudicando a su defendido. Al respecto la Sala manifiesta, que el derecho de defensa ha sido manifiesto en cada uno de los momentos procesales hasta ahora evacuados, pues se observa la participación del recurrente en cada una de las audiencias, haciendo uso de los recursos que la ley le confiere. Se debe manifestar que la revocatoria parcial a la respuesta favorable obtenida en primera instancia no vulnera el derecho de defensa, pues se ha hecho en observancia al principio de legalidad, con una motivación clara y suficiente, que le permite ejercer precisamente el derecho constitucional a la defensa.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de agosto del año dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, a favor del señor ALEXANDER LÓPEZ ORELLANA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, departamento de Cortés, el veintidós de febrero de dos mil seis, que revocó el sobreseimiento definitivo dictado en fecha once de octubre de dos mil cinco, por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en la causa incoada contra ALEXANDER LÓPEZ ORELLANA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de VIOLACION Y ESTUPRO, en perjuicio de YESSENIA BARRIENTOS ALVARADO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, la Abogada SAYDA LISSETTE GÚZMAN, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ALEXANDER LÓPEZ ORELLANA, por considerarlo responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de YESENIA BARRIENTOS ALVARADO, hondureña, menor de edad, soltera y con domicilio en el Municipio de La Unión, departamento de Lempira. 2) Que en Audiencia Inicial de fecha once de octubre de dos mil cinco, el Juzgado Instructor decretó Sobreseimiento Definitivo a favor del señor ALEXANDER LÓPEZ ORELLANA, por los delitos de Violación y Estupro en perjuicio de la menor Yesenia Barrientos Alvarado, por considerar que no se probó la existencia de la supuestas relaciones sexuales o de las agresiones sexuales, ni existen los indicios racionales suficientes para establecer que existió realmente una relación de naturaleza sexual entre las partes y que no existe la autorización de los padres de la ofendida para que el Ministerio Público persiga al acusado por los delitos que se le imputan; Cita el A-Quo como fundamento jurídico de su decisión lo dispuesto en los artículo 140 del Código Penal.

  1. Que el veintidós de febrero de dos mil seis, la Corte de Apelaciones Seccional, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo en apelación, confirmó el Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado por el delito de Violación y revocó el Sobreseimiento Definitivo a favor del señor ALEXANDER LÓPEZ ORELLANA por el delito de Estupro, ambos en perjuicio de YESENIA BARRIENTOS ALVARADO, por considerar que aun cuando no se acreditó en autos el ilícito de violación, donde si constan las declaraciones de los padres de la menor “se aprecia que el imputado con su proceder engaño a la menor en referencia” y que el Ministerio Público tiene la facultad legal de ejercitar la acción penal correspondiente, citando como fundamento el artículo 26 del Código Procesal Penal. 4) El recurrente Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, compareció ante este Tribunal, el veintitrés de febrero de dos mil seis, reclamando amparo a favor del imputado ALEXANDER LÓPEZ ORELLANA, afirmando que la decisión del Ad Quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82, 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que el presente caso trata el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, a favor del señor ALEXANDER LÓPEZ ORELLANA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, departamento de Cortés, el veintidós de febrero de dos mil seis, que revocó el sobreseimiento definitivo dictado en fecha once de octubre de dos mil cinco, por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en la causa incoada contra ALEXANDER LÓPEZ ORELLANA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de VIOLACION Y ESTUPRO, en perjuicio de YESSENIA BARRIENTOS ALVARADO. CONSIDERANDO (2): Que en la audiencia inicial celebrada el once de octubre de dos mil cinco, el A-quo decretó sobreseimiento definitivo a favor del imputado por considerar que no existen indicios de que haya cometido los delitos de VIOLACIÓN Y ESTUPRO, en perjuicio de YESSENIA BARRIENTOS ALVARADO. El Ministerio Público, impugno esa decisión, resolviendo el tribunal de alzada, confirmar el sobreseimiento definitivo con respecto al delito del VIOLACIÓN, y revocar el mismo en cuanto al delito de ESTUPRO. CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones en la motivación de la sentencia, analiza uno a uno los medios de pruebas evacuados y valorados por el Juez Instructor, concluyendo, después de analizar y valorar la prueba científica, consistente en los exámenes ginecológicos y psicológicos practicados a la ofendida, que no existen indicios para subsumir los hechos en los presupuestos que exige el tipo penal de violación. Por el contrario, analiza la alzada, que está acreditado en autos que la edad de la ofendida al momento de suceder la relación sexual entre ella y el imputado, era de diecisiete años de edad. Al mismo tiempo señala que con prueba testifical no desvirtuada, quedo acreditado que el imputado hizo firmar a los padres de esta un documento en el cual se comprometen a desistir de la interposición de cualquier denuncia en su contra, en virtud de la relación que mantiene con la joven YESSENIA BARRIENTOS ALVARADO, y que este promete casarse con ella cuando tenga la edad (18 años).Que la Corte de Apelaciones recurrida, valora estas declaraciones, y los actos protagonizados por el imputado, concluyendo que son indicios suficientes para decretar auto de prisión por el delito de estupro. CONSIDERANDO (3): Que no conforme el defensor, con la resolución dictada por el tribunal de alzada, expone tanto en la interposición como en la formalización de la acción de amparo que se conoce, que la resolución recurrida en amparo, vulnera a su defendido el derecho de defensa, en virtud de que, según expone, la interpretación que realizó la alzada de la prueba científica, no fue objetiva y solo lo hizo a favor de la ofendida, perjudicando a su defendido. Al respecto la Sala manifiesta, que el derecho de defensa ha sido manifiesto en cada uno de los momentos procesales hasta ahora evacuados, pues se observa la participación del recurrente en cada una de las audiencias, haciendo uso de los recursos que la ley le confiere. Se debe manifestar que la revocatoria parcial a la respuesta favorable obtenida en primera instancia no vulnera el derecho de defensa, pues se ha hecho en observancia al principio de legalidad, con una motivación clara y suficiente, que le permite ejercer precisamente el derecho constitucional a la defensa. CONSIDERANDO (4): Que señala el recurrente que también se ha vulnerado el derecho a un debido proceso, en tanto en cuanto sostiene que en la presente acción penal incoada, el Ministerio Público precisaba de un autorización para ejercer la acción penal pública en contra de su defendido, por tratarse del delito de ESTUPRO, mismo que es perseguible a instancia de particular. Al respecto la Sala de lo Constitucional señala que en aras del debido proceso, la norma adjetiva indica cuales son los procedimientos a seguir para obtener cual o tal respuesta del órgano jurisdiccional, es decir que, alegar mediante la acción constitucional de amparo, que el ente acusador no debió interponer una acción penal pública, por no estar legitimado, es improcedente, puesto que el camino a seguir era la interposición de una excepción de falta de acción para interponerla o por no poder continuar con la acción penal interpuesta. Así las cosas, se estima que la interpretación efectuada en segunda instancia es apegada a derecho, puesto que constituye jurisprudencia aceptada y vigente, considerar la denuncia, o el acercamiento e impulso del particular afectado, al órgano investigador o al Ministerio Público, como la legitimación para que este ejerza la acción penal, y dar cumplimiento así a lo estipulado en el artículo 26 del Código Procesal Penal, Por lo que se considera que no hay vulneración al debido proceso alegada por el recurrente. CONSIDERANDO (5): Que se ha explicado de manera clara y precisa las razones por cuales no se considera que existan las vulneraciones a los derechos fundamentales señalados por el recurrente, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 45, 47, 51, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de agosto dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 132-P340-P347=06.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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