Sentencia AP-1019-09 — Registro 3873
Resumen
Sentencia recurrida que confrima el auto de prisión dictado en primera instancia por considerar que concurren los elementos legales característicos de la comisión del delito de tortura dictado en contra de los imepatrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que en otras sentencias esta Sala ha establecido que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, es una atribución que en esencia le corresponde ejercer a los Jueces y Tribunales de instancia competentes en el área penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que a los imputados JUAN CARLOS MUNGUIA, WALTER OMAR COREA HERNANDEZ Y ELISEO PACHECO PEREZ, se leS atribuye la comisión del delito de TORTURA, previsto en el artículo 209-A del Código Penal, que se describe como la acción del empleado o funcionario público que abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. CONSIDERANDO (9): Que los actos de investigación tiene como objeto servir como material indiciario en las etapas preparatoria e intermedia del proceso, para acreditar la probable realidad del hecho imputado, su relevancia jurídico penal y sobre la supuesta culpabilidad de la persona imputada; así como de la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de medidas cautelares y con ello establecer la situación jurídica del imputado durante la sustanciación del proceso. CONSIDERANDO (10): Que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es que en las etapas preparatoria e intermedia, únicamente se pretende que se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha participado en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 294 del Código Procesal establece que “…la parte que pretenda introducir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes…” y analizados todos los elementos de investigación, se decide si procede dictar o no el correspondiente auto de prisión, o en su caso, el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa. CONSIDERANDO (12): Que la resolución impugnada en amparo al ordenar que se decrete un auto de prisión, cuando los elementos de investigación hasta ahora recabados son suficientes para adoptar tal decisión, ha observado las exigencias previstas por el artículo 92 de la Constitución de la República, y al mismo tiempo ha respetado la garantía del debido proceso, quien está siendo juzgado con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, al tenor de lo que prescribe el artículo 90 párrafo primero de nuestro Texto Fundamental, todo ello, sin perjuicio de que el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal pública que legalmente le corresponde, agote la investigación respectiva en orden a sustentar una resolución judicial congruente con la misma"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre del año dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado GRODVIN HONORATO CANTILLANO LEIVA, a favor de los señores JUAN CARLOS MUNGUIA, WALTER OMAR COREA HERNANDEZ y ELISEO PACHECO PEREZ, mayores de edad, solteros, agentes de investigación criminal, hondureños, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, que declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS MUNGUIA, WALTER OMAR COREA HERNANDEZ y ELISEO PACHECO PEREZ por suponerlos responsables del delito de TORTURAS en perjuicio de AGUSTIN MEJIA Y CECILIO AUGUSTO RODRIGUEZ TURCIOS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, el abogado MARLON NESTOR DUBON ORELLANA, actuando en su condición de fiscal especial de los Derechos Humanos del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Santa Bárbara, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores JUAN CARLOS MUNGUIA, WALTER OMAR COREA HERNANDEZ y ELISEO PACHECO PEREZ por suponerlos responsables del delito de TORTURA en perjuicio de AGUSTIN MEJIA Y CECILIO AUGUSTO RODRIGUEZ TURCIOS. 2) Que el hecho tipificado como delito de torturas es el siguiente: El 28 de febrero de 2009 alrededor de las seis de la mañana, los señores AGUSTIN MEJIA Y CECILIO AUGUSTO RODRIGUEZ TURCIOS, se encontraban en la Central de autobuses en San Pedro Sula con destino al Departamento de Santa Bárbara, en donde se les acercó JOSE OMAR ESCALANTE, quien les manifestó que viajaba para el Municipio de Trinidad Santa Bárbara, y les ofreció llevarlos. Los ahora ofendidos aceptaron viajar con el señor Escalante y una vez en un lugar denominado El Rodeo en Trinidad Santa Bárbara, se bajaron, del carro. Aseguran los ofendidos que el señor José Omar Escalante (quien los llevó en su vehículo) bajo una maleta color negra como de un metro de largo y en ese momento llegó una patrulla policial conformada por cuatro agentes de la policía preventiva al mando del policía clase II Raúl Reyes Lima, acompañado por los policías José Cruz Martínez López, Juan Gabriel Sarmiento y Juan Ramón Pineda, quienes los requirieron, e iniciaron por hacer un registro de la maleta que transportaba José Omar Escalante, en donde los policías encontraron varias armas, por lo que los detuvieron y los trasladaron hasta las instalaciones de la policía de Santa Bárbara. En un lapso de cuatro a diez minutos fueron entregados a agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, entre los cuales se encontraban los imputados JUAN CARLOS MUNGUIA, WALTER OMAR COREA HERNANDEZ y ELISEO PACHECO PEREZ, quienes procedieron a vendarles los ojos con sus propias camisas, subiendo a un vehículo tipo pick-up doble cabina a los señores Cecilio Augusto Rodríguez y al señor José Omar Escalante, llevándolos hasta un lugar desconocido en donde procedieron a torturarlos, dándoles golpes utilizando garrotes, los pies y envolviéndoles las cabezas con bolsas plásticas e introduciendo en ellas gas, con el fin de que estos les manifestaran cual era el destino de las armas, sin embargo según manifiesta el señor Cecilio Rodríguez, quien podía ver a través de la camisa, pudo observar que el señor José Omar Escalante, dejó de respirar producto de la bolsa plástica con gas, por lo que los agentes disimulaban su acción diciéndole al señor Rodríguez, “ese gordo ya se nos fue” refiriéndose a José Escalante, posteriormente lo subieron al vehículo hasta llegar hasta otro sector desconocido, en donde aparentemente dejaron abandonado el cuerpo, llevando a Cecilio de nuevo hasta la Jefatura policial, en donde descubrió que también a su compañero Agustín Mejía, lo habían torturado en la celda, y aun lo mantenían amarrado y con los ojos vendados.- Posteriormente y según el relato de los ofendidos los agentes de investigación los obligaron a firmar las actas de decomiso, adjudicándoles las armas que le habían encontrado a José Omar Escalante, pero estos al negarse nuevamente fueron amenazados por lo que no tuvieron mas remedio que firmar la documentación”. CONSIDERANDO (1): Que en fecha veintiséis de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado referido, en audiencia inicial, decretó auto de prisión en contra de los señores JUAN CARLOS MUNGUIA y WALTER OMAR COREA HERNANDEZ, por la comisión del delito de TORTURA, en perjuicio de AGUSTIN MEJIA Y CECILIO AUGUSTO RODRIGUEZ TURCIOS, y sobreseimiento definitivo a favor del señor ELISEO PACHECO PEREZ, por considerar que los hechos investigados se subsumen en los elementos constitutivos del tipo penal de tortura y que existe el suficiente indicio para tener a los imputados JUAN CARLOS MUNGUIA y WALTER OMAR COREA HERNANDEZ como autores de la comisión de dicho delito; decisión fundamentada en los artículos 209-A del Código Penal; 179 del Código Procesal Penal; 88 y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia, mediante la cual declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado GRODVIN HONORATO CANTILLANO LEIVA, en su condición de apoderado legal de los señores JUAN CARLOS MUNGUIA, WALTER OMAR COREA HERNANDEZ y ELISEO PACHECO PEREZ, y confirmó la resolución emitida por el A-quo, el veintiséis de mayo de dos mil nueve, por considerar que concurren los elementos legales característicos de la comisión del delito de tortura, en virtud de ser los imputados agentes de investigación asignados a la Dirección Nacional Investigación Criminal, y tener el carácter de empleados públicos, quienes abusando de su cargo, con el fin de obtener una confesión, procedieron a golpear e intimidar a los perjudicados y que en la práctica de la diligencia de investigación denominada Reconocimiento en Rueda, los imputados JUAN CARLOS MUNGUIA y WALTER OMAR COREA HERNANDEZ fueron plenamente identificados por ambos ofendidos, y al no concurrir ninguno de los presupuestos legales establecidos en los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal, no procede dictar sobreseimiento provisional o definitivo a favor de los encausados antes mencionados; fundamentando su decisión en los artículos 209-A del Código Penal; 253, 294 y 297 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado GRODVIN HONORATO CANTILLANO LEIVA, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de agosto del año dos mil nueve, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores JUAN CARLOS MUNGUIA, WALTER OMAR COREA HERNANDEZ y ELISEO PACHECO PEREZ, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo, sostiene que se le ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa por no haberse realizado la diligencia probatoria de reconocimiento en rueda con todas las formalidades que manda la ley procesal, y señala específicamente que se realizó de la manera siguiente: Se colocaron a los tres imputados intercalados con otros agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal para que fueran reconocidos. Sin embargo, alega el recurrente que no se debió colocar a los tres agentes de un solo sino que uno a la vez. Este mismo alegato lo realizó el recurrente en la expresión de agravios hecha ante segunda instancia, considerando el tribunal de alzada que la diligencia probatoria realizada reúne los requisitos procesales requeridos, y que la decisión de confirmar el auto de prisión, no solo se basó en el reconocimiento en rueda sino que en la prueba testifical vertida en la audiencia inicial. CONSIDERANDO (5): Que según expone el recurrente, la resolución impugnada es violatoria del derecho fundamental al debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, donde se establece que :“..Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”- La Sala de lo Constitucional sostiene que el debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a la solución de la controversia. CONSIDERANDO (6): Que dentro de tal derecho fundamental deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc… CONSIDERANDO (7): Que en otras sentencias esta Sala ha establecido que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, es una atribución que en esencia le corresponde ejercer a los Jueces y Tribunales de instancia competentes en el área penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que a los imputados JUAN CARLOS MUNGUIA, WALTER OMAR COREA HERNANDEZ Y ELISEO PACHECO PEREZ, se leS atribuye la comisión del delito de TORTURA, previsto en el artículo 209-A del Código Penal, que se describe como la acción del empleado o funcionario público que abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. CONSIDERANDO (9): Que los actos de investigación tiene como objeto servir como material indiciario en las etapas preparatoria e intermedia del proceso, para acreditar la probable realidad del hecho imputado, su relevancia jurídico penal y sobre la supuesta culpabilidad de la persona imputada; así como de la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de medidas cautelares y con ello establecer la situación jurídica del imputado durante la sustanciación del proceso. CONSIDERANDO (10): Que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es que en las etapas preparatoria e intermedia, únicamente se pretende que se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha participado en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 294 del Código Procesal establece que “…la parte que pretenda introducir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes…” y analizados todos los elementos de investigación, se decide si procede dictar o no el correspondiente auto de prisión, o en su caso, el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa. CONSIDERANDO (12): Que la resolución impugnada en amparo al ordenar que se decrete un auto de prisión, cuando los elementos de investigación hasta ahora recabados son suficientes para adoptar tal decisión, ha observado las exigencias previstas por el artículo 92 de la Constitución de la República, y al mismo tiempo ha respetado la garantía del debido proceso, quien está siendo juzgado con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, al tenor de lo que prescribe el artículo 90 párrafo primero de nuestro Texto Fundamental, todo ello, sin perjuicio de que el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal pública que legalmente le corresponde, agote la investigación respectiva en orden a sustentar una resolución judicial congruente con la misma. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 198, 199 párrafo primero, 202, 240 párrafo segundo, 242 del Código Procesal Penal, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 2) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: Denegando el recurso de amparo interpuesto contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, en fecha dieciséis de junio de dos mil nueve, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve de octubre de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 1019-P774-P775=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL