Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-04-10 — Registro 3775

Resumen

Sentencia recurrida declaro ha lugar recurso de apelación revocando el sobreseimiento definitivo y ordenando el auto de prisión contra recurrente por el delito de Abuso de Autoridad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha examinado el recurso y sus antecedentes y encuentra que efectivamente, en el caso de mérito, la raíz del problema suscitado lo es el incumplimiento de pago, según lo pactado en un convenio de compra-venta de un vehículo, y la decisión de decomisar el mismo a la señora María Cristina Castillo, se ejecutó independientemente de que ella acreditara o no documentos del mismo, sin presentar orden de un ente jurisdiccional, y evidentemente el asunto debió dirimirse en la vía civil, como lo es el incumplimiento de pago, jamás del derecho penal, valorando esta situación en el marco del artículo 41 de la Ley de Policía y de convivencia social, que literalmente dispone: “Los policías están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se le pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que este urgida de esa asistencia para proteger su vida y honor, sus bienes, la inviolabilidad de su domicilio, su libertad personal o su tranquilidad” no había fundamento para dictar ese tipo de ordenes, ya que realmente la Policía Nacional tiene la obligación de atender los llamados que la población le formule; pero sus acciones deben responder al cumplimiento de sus funciones en el marco de la ley, respetando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, tal como lo señala el articulo 90 constitucional, también observando los parámetros del artículo 321 de la carta magna, que establece “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala Aprecia, que las resolución del Ad-quem, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil nueve, contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el debido proceso, a que tiene derecho todo procesado, siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo del año dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el abogado JONY ALEXANDER ESQUIVEL DUBON, a favor del señor REYNALDO RUBIO PEÑA, mayor de edad, hondureño y con domicilio en Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y revocó el sobreseimiento definitivo, dictado por el Juzgado Primero de Letras de Santa Rosa de Copán, departamento Copán, en fecha ocho de octubre del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra el señor REYNALDO RUBIO PEÑA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de septiembre del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado Primero de Letras de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, la abogada KAREN GABRIELA ALMENDAREZ HERRERA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor REYNALDO RUBIO PEÑA, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que en fecha ocho de octubre del año dos mil nueve, el Juzgado instructor, en Audiencia Inicial dictó resolución mediante la cual: a) decretó sobreseimiento definitivo a favor del imputado REYNALDO RUBIO PEÑA; b) dejó sin valor y efecto la medida cautelar impuesta al encausado en audiencia de declaración de imputado, por considerar que se logró acreditar que al imputado le fue solicitado su apoyo por parte del abogado SERGIO REYES y del señor JULIO CESAR RIVERA, en el sentido de que les diera colaboración para recuperar un bien mueble, del cual tenían los documentos de propiedad y tenían el temor de que el mismo fuera dañado por parte de la persona que tenía su posesión en ese momento, ya que la acción llevada a cabo por el acusado no se aplica satisfactoriamente al tipo penal invocado por el acusador, ya que no violentó ninguna disposición legal; fundamentando su decisión en los artículos 296 numeral 1 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dictó resolución, mediante la cual declaró: a) con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada BANYA KARINA AMADOR GODOY, en su condición de fiscal del Ministerio Público; b) revocó el sobreseimiento definitivo de fecha ocho de octubre del año dos mil nueve, dictado por el A-quo, por considerar que ni el acusado, ni nadie de la Policía Nacional o de otro órgano coercitivo del Estado, estaba autorizado para decomisar el automotor de la forma en que se hizo, ya que solo mediante una orden de un ente jurisdiccional se podía actuar de la manera en que se hizo, tal como el propio abogado ANTONIO REYES lo admitió, en que hasta después del decomiso del vehículo, el señor JULIO CESAR RIVERA, presento ante el Juzgado competente, las diligencias prejudiciales de secuestro en el marco de la jurisdicción civil; y c) decretó auto de prisión por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, por considerar que existe la plena prueba de la existencia de un abuso de autoridad y del indicio que se tiene de la intervención en tal conducta por parte del encausado; fundamentando su decisión en los artículos 349 numeral 2) del Código Penal; 294 párrafo 3, 296 numeral 1, del Código Procesal Penal. 4) El recurrente abogado JONY ALEXANDER ESQUIVEL DUBON, compareció ante este Tribunal, el cinco de enero del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor REYNALDO RUBIO PEÑA, afirmando que la decisión del Ad quem de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el recurso de amparo penal interpuesto por el Abogado JONY ALEXANDER ESQUIVEL DUBON a favor del señor REYNALDO RUBIO PEÑA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, en fecha Dieciocho de noviembre de dos mil nueve, que declara con lugar un recurso de apelación y revoca un sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN de fecha ocho de octubre de dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra el señor REYNALDO RUBIO PEÑA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente muestra su inconformidad con la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán en fecha dieciocho de noviembre de dos mil nueve, por estimar que la misma lesiona la garantía constitucional invocada, derecho que enuncia, trascribe y desarrolla en el escrito de formalización de la presente acción; constitutiva de la garantía del debido proceso, desarrollada en el artículo 90 Constitucional, primer párrafo, el cual establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; al respecto, conviene de previo, orientar el presente estudio o examen a las decisiones de carácter procesal dictadas por el Tribunal ad-quem, a efecto de establecer si las mismas responden al marco adjetivo legal o en su caso, si la resolución censurada se ve comprometida con la garantía constitucional que aduce el reclamante. CONSIDERANDO (3): Que el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, en su resolución de fecha ocho de octubre de dos mil nueve al celebrarse la Audiencia Inicial, en la parte medular de su motivación, expresa lo siguiente: “En el caso de mérito, ha quedado acreditado con la declaración testifical del señor Sergio Antonio Reyes lo siguiente: Que el día veintitrés de julio del año en curso, se presentaron a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal el declarante junto con el señor Julio Cesar Rivera, poniendo en conocimiento del Inspector Rubio Peña que un vehículo propiedad del señor Rivera estaba siendo objeto de daños, y también tenía el temor de que ocultaran el vehículo, motivo por el cual el Inspector Rubio Peña llamo al Agente Edas y le dijo que atendiera el caso, investigara y que procediera conforme a derecho. Del análisis de lo manifestado por el testigo antes referido se llega a la conclusión que la acción o el comportamiento del acusado Reinaldo Rubio Peña al haberle ordenado al agente Edas Montalbán que procediera a atender el caso sobre el decomiso del vehículo no violentó ninguna disposición legal, más por el contrario se encuentra fundamentado en el artículo antes descrito, resultando también estar legitimado su proceder por lo establecido en la ley de policía y convivencia social, específicamente en el artículo 41 el cual establece lo siguiente: Los policías están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se le pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que este urgida de esa asistencia para proteger su vida y honor, sus bienes, la inviolabilidad de su domicilio, su libertad personal o su tranquilidad. En el presente caso se logro acreditar que al Inspector Rubio Peña le fue solicitado su apoyo por parte del Abogado Sergio Reyes y del señor Julio Cesar Rivera, en el sentido que se les diera colaboración para recuperar un bien mueble (vehículo) del cual tenía los documentos de propiedad y tenían el temor de que el mismo fuera dañado por parte de la persona que tenía su posesión en ese momento.- El Ad-quo fue del criterio que la acción llevada a cabo por el acusado Reinaldo Rubio Peña es atípica, es decir no se acopla satisfactoriamente al tipo penal invocado por el ente acusador; y la atipicidad es un aspecto negativo de uno de los elementos esenciales del delito como lo es la tipicidad, la cual constituye la base del principio de legalidad por ende de un autentico Estado de Derecho. En consecuencia es procedente sobreseer definitivamente las presentes diligencias al tenor de lo establecido en el artículo 296 numeral 1 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en su fallo de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, refiere el cuadro fáctico, en el que ambos sujetos procesales encuentran coincidencia, definido así: Un vehículo tipo Microbús, marca toyota, placa PBX-0992, MOTOR 2kD-1347171, serie JTFJ502P400004861, AÑO 2006, a la fecha del jueves 23 de julio de 2009, se encontraba en posesión de María Cristina Castillo; ello, como producto de un contrato de promesa de venta que la misma había celebrado previamente con el señor Julio Cesar Rivera. En esa misma fecha, se presento a las instalaciones de la Policía de Investigación Criminal, el Abogado Sergio Antonio Reyes con el señor Rivera, abordando el Abogado Reyes a Reinaldo Rubio Peña, quien ejercía como Jefe Departamental de Copán de dicha institución; minutos después, salió el Agente de Investigación Edas Gerardo Montalbán con dirección al sitio donde estaba aparcado el vehículo en cuestión, dejándolo en ese sitio el Abogado Sergio Antonio Reyes. Enseguida, el Agente Montalbán, decomisó dicho automotor, trasladándolo de inmediata al sitio designado de antemano para la estancia de dichos muebles. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, declara, en su fallo, acreditado lo siguiente: No existía denuncia penal documentada contra María Cristina Castillo, lo que hace suponer que la orden de decomiso del vehículo no parte de un proceso reglamentado, pues como se dijo, dicha orden, se origino de una platica verbal que mantuvo el acusado con el Abogado Sergio Antonio Reyes, muy breve (dos minutos, según el propio Abogado Reyes), en los pasillos de las instalaciones de la policía de investigación, sin que el que profirió y el que ejecutó dicha orden, tuvieran los suficientes elementos de juicio o la información necesaria, que hiciera suponer un sustento legitimo de la misma.- El Ad-quem, llega a la conclusión que el evento responde a una situación ínter subjetiva de intereses, entre las dos personas señaladas, pero en el encuadre del derecho civil. Ante ello, ni el acusado, ni nadie de la policía nacional o de otro órgano coercitivo del Estado, en ese caso en particular, estaba autorizado para decomisar dicho automotor. Solo mediando una orden de un Ente Jurisdiccional se podía actuar de la manera en que se hizo, tal como el propio Abogado Antonio Reyes lo admitió, en que hasta después del decomiso que aquí abordamos, (el 10 de septiembre de 2009), el señor Julio Cesar Rivera presento ante el Juzgado competente, diligencias prejudiciales de secuestro, en el marco de la jurisdicción civil. CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, concluye, expresando que los preceptos constitucionales violentados son los artículos 321 y 323, que la “denuncia” no fue documentada en acta, infringiendo en consecuencia el artículo 270 párrafo segundo del Código Procesal Penal, al decir: “De las denuncias verbales se dejará constancia en acta que se levantara al efecto, la cual deberá contener: 1. . .2. .3. . .4. . .5. . .La autoridad que reciba la denuncia, podrá requerir al denunciante para que proporcione datos complementarios que aquella estime necesario, para valorar la confiabilidad de la información”. Se probó que no se levantó documento al respecto y, como podrá verse, no puede ser posible, además de demostrase informalidad e irresponsabilidad con ello, que en dos minutos y en el pasillo, se tome una denuncia criminal (que en realidad no lo fue de ese tipo, pero alegada por la defensa así). En consecuencia también el acusado ha violentado el artículo 90 Constitucional, referido al Proceso Legal Debido, en que las formalidades del procedimiento penal fueron desestimadas por la propia autoridad policial. “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y los cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”, expresa el Código Civil en el artículo 1346; y en el artículo 1349, regula que “Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas, se regirán por las disposiciones del Código Penal”. Ello solo indica, que la naturaleza de la relación entre María Cristina Castillo y Julio Cesar Rivera era meramente civil, pues como se dijo antes, existía un contrato de promesa de venta del vehículo y que en el momento en que fue ilegalmente decomisado dicho automotor, la señora Castillo había dejado de hacer algunos pagos a su acreedor, lo que bajo concepto alguno, autorizaba al acusado a ordenar el decomiso del mismo. Ese contrato civil, estaba enmarcado en el artículo 1358 del texto indicado en este apartado. La Corte de Apelaciones Resolvió: Declarar con Lugar el recurso de Apelación interpuesto, revocando el Sobreseimiento Definitivo de fecha 8 de octubre de 2009, emitido por el Juzgado Primero de Letras del departamento de Copán, a favor de Reinaldo Rubio Peña, por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, ordenando al A-quo proceder a decretar Auto de Prisión por el delito referido. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha examinado el recurso y sus antecedentes y encuentra que efectivamente, en el caso de mérito, la raíz del problema suscitado lo es el incumplimiento de pago, según lo pactado en un convenio de compra-venta de un vehículo, y la decisión de decomisar el mismo a la señora María Cristina Castillo, se ejecutó independientemente de que ella acreditara o no documentos del mismo, sin presentar orden de un ente jurisdiccional, y evidentemente el asunto debió dirimirse en la vía civil, como lo es el incumplimiento de pago, jamás del derecho penal, valorando esta situación en el marco del artículo 41 de la Ley de Policía y de convivencia social, que literalmente dispone: “Los policías están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se le pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que este urgida de esa asistencia para proteger su vida y honor, sus bienes, la inviolabilidad de su domicilio, su libertad personal o su tranquilidad” no había fundamento para dictar ese tipo de ordenes, ya que realmente la Policía Nacional tiene la obligación de atender los llamados que la población le formule; pero sus acciones deben responder al cumplimiento de sus funciones en el marco de la ley, respetando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, tal como lo señala el articulo 90 constitucional, también observando los parámetros del artículo 321 de la carta magna, que establece “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala Aprecia, que las resolución del Ad-quem, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil nueve, contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el debido proceso, a que tiene derecho todo procesado, siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 90, párrafo primero, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª, 316, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 8 numeral 1, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 11, 78 No.5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41,54,63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 270 párrafo segundo, 294 párrafo tercero, 296 numeral 1 del Código Procesal Penal; 349 numeral 2) del Código Penal, 1346, 1349 y 1358 del Código Civil, 41 de la Ley de Policía y Convivencia Social.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 04-P46-P71=10.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

8