Sentencia AL-798-10 — Registro 4958
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación interpuesto por la contraparte en el proceso y revocó la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diez emitida por el Juzgado de primera instancia, con fundamento en la intimidación grave sufrida por el Juez A quo lo cual estima causal de nulidad de lo actuado y de denuncia penal ante autoridades correspondientes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala Constitucional resuelve así la controversia constitucional planteada: Que la misma es procedente en cuanto a la última infracción invocada por el garantista, referente al Derecho a un debido proceso del que goza la persona jurídica beneficiaria del recurso. Como se desprende de antecedentes, fue declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la contraparte en el proceso, revocando la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diez, emitida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copan y del Trabajo por Ministerio de Ley, con fundamento en la intimidación grave sufrida por el Juez A quo, lo cual estima causal de nulidad de lo actuado y de denuncia penal ante las autoridades correspondientes; argumentando, asimismo, que la práctica de las medidas cautelares, como la cesación de las mismas, no se rigen por el Código de Comercio sino por el título IX, Capítulo II, artículos 781 y 782 del Código de Trabajo. Sin embargo, además de adicionar aspectos no controvertidos y que no forman parte del objeto de la apelación, no puede obviarse por esta Sala de lo Constitucional, que parte esencial del juzgamiento era el establecimiento, o determinación, de si la empresa denominada CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA JIRE S.A. DE C.V. tenía, o no, la aptitud jurídica para responder, con sus propios títulos de crédito, por los pasivos de otra empresa individualmente determinada, por constituir la parte toral de la resolución apelada. La Corte Ad quem, sin embargo, incurre en la sentencia en un error de fundamentación de no ser congruente al omitir la fundamentación sobre dicha cuestión litigiosa planteada por el apelante, pues la sola invocación del corpus jurídico laboral como preeminente sobre el derecho mercantil societario para resolver el conflicto en mención, sin concretizar adecuadamente cómo debe aplicarse el derecho laboral invocado a tal situación de hecho, no puede sustituir la debida motivación en tanto deber indeclinable de la jurisdicción..."..."La sentencia venida en amparo ha obviado entonces los caracteres que son propios de la motivación o razonabilidad del acto, puesto que se ha limitado a expresar que un precepto del Código de Trabajo desplaza las disposiciones del Código de Comercio en lo referente a la práctica y cesación de las medidas cautelares, sin explicar merced a que ponderación o argumentación racional ha arribado a tal conclusión, resolviendo la supuesta antinomia. Asimismo la Ad-quem menciona folios, en su primer considerando de la sentencia objeto del presente amparo..."..."se ha acreditado por tanto la falta de una suficiente motivación por parte del Ad quem para todos los aspectos fácticos y jurídicos que son parte de la controversia. Y que con tal proceder se limita y restringe el derecho de las partes a ser juzgadas con arreglo al debido proceso. Por todo lo cual procede declarar ha lugar la presente acción de amparo, con el objeto de que la autoridad recurrida se sirva emitir nueva sentencia subsanando la infracción puesta de manifiesto, motivando de conformidad a derecho congruente y de fondo, con atención a la argumentación expuesta por las partes procesales y al elenco probatorio desplegado en la causa. Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, se estima procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho mérito, para que la Corte Ad-quem dicte un nuevo fallo debidamente motivado y fundado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de septiembre de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ANDRES ROBERTO LACAYO RODRIGUEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA JIRE S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha ocho de noviembre del año dos mil diez, que declaró con lugar el recurso de apelación y revocó la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diez, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley; con relación a la demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto, promovida por el señor JOSE RIGOBERTO BENITEZ PORTILLO, contra la sociedad mercantil denominada CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA JIRE S.A. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, el señor JOSE RIGOBERTO BENITEZ PORTILLO mayor de edad, casado, Médico y Cirujano, hondureño y con domicilio en Santa Rosa de Copán, Copán, promoviendo demanda ordinaria laboral, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto e injustificado contra la sociedad mercantil denominada CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA JIRE S.A. DE C.V. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, con fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diez, dicto resolución mediante la cual resolvió nulidad absoluta de actuaciones a partir de la resolución de fecha tres de agosto del año dos mil diez, en la cual se ordenó la practica del embargo, para lo cual libro atento oficio al señor PEDRO VARGAS, quien es él depositario nombrado, con el objeto de hacerle saber que ha cesado de su cargo. (FOLIOS 165 y 166 de la primera pieza).3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de apoderado legal del señor JOSE RIGOBERTO BENITEZ, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Copán, en fecha ocho de noviembre del año dos mil diez, dicto sentencia mediante la cual declaró ha lugar el recurso de apelación y revocó la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diez, emitida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley. (FOLIOS 8 AL 10 de la segunda pieza). 4) El recurrente abogado ANDRES ROBERTO LACAYO RODRIGUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de diciembre de año dos mil diez, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA JIRE S.A. DE C.V., por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha ocho de noviembre del año dos mil diez, de que se ha hecho referencia es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. Habiéndo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis de febrero del año dos mil once, donde ratifica los fundamentos de su acción de amparo.
Que con fecha veintitrés de febrero del año dos mil once, el abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión porque se OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha ocho de noviembre del año dos mil diez por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual declaró ha lugar el recurso de apelación y revocó la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diez, emitida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, con fundamento en la intimidación grave sufrida por el Juez A quo, lo cual estima causal de nulidad de lo actuado y de denuncia penal ante las autoridades correspondientes. Asimismo, argumentó que la práctica de las medidas cautelares, como la cesación de las mismas, no se rigen por el Código de Comercio sino por el título IX, Capítulo II, artículos 781 y 782 del Código de Trabajo. CONSIDERANDO: La formalización del recurso por parte del Abogado ANDRES ROBERTO LACAYO RODRÍGUEZ, de fecha dieciséis de febrero del año dos mil once, expresa que los preceptos constitucionales que le han sido vulnerados a su poderdante con la práctica del embargo de un derecho de crédito del cual es titular la CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA JIRE S.A. DE C.V. en contra del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), se conceptualizan de la siguiente manera: a) El Derecho de Propiedad, prescrito en el artículo 103 constitucional, el cual recapitula como inviolable por precepto constitucional, donde se reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada. Refiere que la resolución impugnada en amparo ha violentado dicho principio al revocar la nulidad decretada por el A quo, medida judicial que desprotege el derecho de propiedad de su representada, en agravio al postulado constitucional en lugar de garantizarle ese derecho, como era su obligación, toda vez que la persona jurídica en mención no es parte en el juicio de merito. El artículo 106 constitucional, declara, por su parte, que nadie puede ser privado de su propiedad sino por: “… resolución fundada en ley”, derecho en el cual la Corte Ad quem ha dejado completamente al descubierto a su representada y en peligro de sufrir despojo, pues se ha reestablecido un embargo decretado contra una persona jurídica que no es parte en el juicio, desconociendo derechos reconocidos en la Constitución de la República. b) Derecho a la defensa (debido proceso), precepto garantizado que el garantista ubica en el artículo 90 constitucional, el cual reza que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, derecho el cual le ha sido violentado simultáneamente con el derecho a la defensa con la resolución venida en amparo. Esto porque la resolución de las cual se ampara, emitida por la segunda instancia, omite las formalidades exigidas por la ley, ya que al no ser parte la persona jurídica agraviada en el proceso laboral en que se decretó el embargo, la Corte no pudo incluirla sin inobservancia al debido proceso. CONSIDERANDO: Que con fecha veintitrés de febrero del año dos mil once, el abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión porque se OTORGUE, el amparo solicitado; sustentando así su dictamen: 1. Que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copan carece de la debida motivación, siendo esta casi inexistente, al dedicarle apenas dos breves considerandos a describir antecedentes de hecho y una breve apreciación jurídica que no tiene concordancia cabal con los alegatos y argumentos expuestos por las partes, lo cual se constituye en una obligación ineludible. Argumenta el fiscal del Despacho, que en esa instancia el litigio entre las partes se ciñe, entre otras razones, a determinar si la medida precautoria de embargo se trabó sobre la sociedad mercantil demandada y no sobre otra distinta, a efecto de poder determinar de conformidad a la ley, si la resolución recurrida en apelación estaba bien o mal decretada. 2. Manifiesta que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en los pleitos y fundadas en considerandos en los que han de apreciarse los puntos de hecho que señalen las partes y consignarse las razones o fundamentos legales que se estimen procedentes o adecuados al fallo que deba dictarse. La correcta motivación de la sentencia, conduce al Juzgador a mostrar correctamente como ha llegado a la decisión tomada, haciendo mención de los hechos probados, de la valoración de la prueba y las apreciaciones jurídicas, como signo importante de la racionalización judicial y núcleo central de la sentencia, en las que deberán realizarse las valoraciones de hecho y derecho que justifiquen el fallo. 3. El Código de Procedimientos Comunes en su artículo 186 estipula que las sentencias se fundamentarán en considerandos concretos y el artículo 187 del mismo cuerpo legal, manda: “las sentencias definitivas contendrán, con la claridad y concisión posibles: 2) En los considerandos, la apreciación de los puntos de hecho fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse…“. Estos preceptos no fueron observados estrictamente por los jueces sentenciadores, por la defectuosa redacción que predomina en la sentencia recurrida, la cual es limitada y confusa al no recoger con exactitud y dar una respuesta a los alegatos y argumentos pertinentes de las partes en contienda, sin adicionar aspectos que no atañen a los puntos en litigio. Así, al no haber abordado en su totalidad los alegatos y argumentos, particularmente en lo que respecta a los agravios que se dejó identificados, indefectiblemente se provoca que la resolución emanada sea incongruente y violatoria al artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por el recurrente y oído que fue el parecer del Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala Constitucional resuelve así la controversia constitucional planteada: Que la misma es procedente en cuanto a la última infracción invocada por el garantista, referente al Derecho a un debido proceso del que goza la persona jurídica beneficiaria del recurso. Como se desprende de antecedentes, fue declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la contraparte en el proceso, revocando la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diez, emitida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copan y del Trabajo por Ministerio de Ley, con fundamento en la intimidación grave sufrida por el Juez A quo, lo cual estima causal de nulidad de lo actuado y de denuncia penal ante las autoridades correspondientes; argumentando, asimismo, que la práctica de las medidas cautelares, como la cesación de las mismas, no se rigen por el Código de Comercio sino por el título IX, Capítulo II, artículos 781 y 782 del Código de Trabajo. Sin embargo, además de adicionar aspectos no controvertidos y que no forman parte del objeto de la apelación, no puede obviarse por esta Sala de lo Constitucional, que parte esencial del juzgamiento era el establecimiento, o determinación, de si la empresa denominada CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA JIRE S.A. DE C.V. tenía, o no, la aptitud jurídica para responder, con sus propios títulos de crédito, por los pasivos de otra empresa individualmente determinada, por constituir la parte toral de la resolución apelada. La Corte Ad quem, sin embargo, incurre en la sentencia en un error de fundamentación de no ser congruente al omitir la fundamentación sobre dicha cuestión litigiosa planteada por el apelante, pues la sola invocación del corpus jurídico laboral como preeminente sobre el derecho mercantil societario para resolver el conflicto en mención, sin concretizar adecuadamente cómo debe aplicarse el derecho laboral invocado a tal situación de hecho, no puede sustituir la debida motivación en tanto deber indeclinable de la jurisdicción. CONSIDERANDO: Que abundando sobre el particular, uno de los requisitos de las sentencias en el marco del debido proceso es la necesidad de justificación o razonabilidad del acto. Existe jurisprudencia consistente en el sentido que una sentencia, para no incurrir en arbitrariedad, debe ser: “Una derivación razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias de la causa”, lo que hace que violen el debido proceso las sentencias “arbitrarias”, es decir, aquellas que: carezcan de motivación y fundamentación suficientes; sean una afirmación dogmática del juzgador; que prescindan de pruebas o pretensiones decisivas para resolver, tal es el presente caso; apliquen derecho no vigente y/o que resuelvan contra legem.[1] La sentencia venida en amparo ha obviado entonces los caracteres que son propios de la motivación o razonabilidad del acto, puesto que se ha limitado a expresar que un precepto del Código de Trabajo desplaza las disposiciones del Código de Comercio en lo referente a la práctica y cesación de las medidas cautelares, sin explicar merced a que ponderación o argumentación racional ha arribado a tal conclusión, resolviendo la supuesta antinomia. Asimismo la Ad-quem menciona folios, en su primer considerando de la sentencia objeto del presente amparo, que no corresponden como ser (…….a folios 185 y 186…..) CONSIDERANDO: Que se ha acreditado por tanto la falta de una suficiente motivación por parte del Ad quem para todos los aspectos fácticos y jurídicos que son parte de la controversia. Y que con tal proceder se limita y restringe el derecho de las partes a ser juzgadas con arreglo al debido proceso. Por todo lo cual procede declarar ha lugar la presente acción de amparo, con el objeto de que la autoridad recurrida se sirva emitir nueva sentencia subsanando la infracción puesta de manifiesto, motivando de conformidad a derecho congruente y de fondo, con atención a la argumentación expuesta por las partes procesales y al elenco probatorio desplegado en la causa. Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, se estima procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho mérito, para que la Corte Ad-quem dicte un nuevo fallo debidamente motivado y fundado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 82, 90, 103, 106, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, para que la Corte Ad-quem dicte una nueva resolución debidamente motivada y fundada. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 798=10/P66-P107=11.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Citado del artículo: “El debido proceso en la sociedad contemporánea”, de Arturo HOYOS, en: “LIBER AMICORUM: Héctor Fix- Zamudio”, Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Volumen II, San José, C.R., 1998, p. 915 y 916. – En el mismo sentido el artículo: “El debido proceso legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos” de Víctor Manuel RODRÍGUEZ RESCIA (Op. Cit., p. 1322), quien aserta: “Una dimensión importante del principio de congruencia es, además, el de la motivación circunstanciada de la sentencia, señalando y justificando especialmente los medios de convicción en que se sustenta y los que desecha”.