Sentencia AL-502-10 — Registro 4945
Resumen
Sentencia revocó numeral primero de parte resolutiva dictada por juzgado de primera instancia el cual declaró sin lugar excepción dilatoria de incompetencia del tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda y confirmó el numeral segundo por considerar que la parte demandada al plantear la excepción claramente indica quien debe conocer la demanda interpuesta al transcribir el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo estableciendo que es esa jurisdicción y no la laboral quien debe conocer del caso de pago de prestaciones laborales y salarios caídos como indemnización contra el Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (COHCIT)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional, vistos los autos para resolver y tomando en especial consideración el Dictamen de merito, emitir las siguientes consideraciones: 1. Que en relación al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, la prescripción netamente constitucional que ya recoge el artículo 82 de la Carga Magna de la República, encontramos que efectivamente, no se ha producido indefensión alguna para la persona del agraviado. La indefensión se produce cuando se provoca una limitación real al derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes, privando al justiciable de medios de defensa efectivos, lo cual no es en absoluto el caso, dado que la resolución en examen se limita a reconocer el interés legitimo del administrado a interponer las acciones que legalmente le asisten e indicarle que, de conformidad a la distribución de competencias legales que establece la Ley en su contexto sistemático, le corresponde accionar ante el ámbito de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y no en la jurisdicción común del trabajo, como es su pretensión. 2. Lo mismo cabe decir de la supuesta infracción al debido proceso, al haberse enmarcado la resolución dentro de los parámetros legalmente establecidos por parte del órgano jurisdiccional competente; el cual decide, con acopio de la fundamentación jurídica pertinente, que el presente caso se resuelve con la aplicación de los principios de especialidad y de tempus regit actum, ello en virtud de haberse producido el despido objeto de la controversia jurídica bajo la cobertura del régimen legal aplicable al Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (COHCIT), como es el PCM-013-2008; contentiva de disposiciones de orden público, no susceptibles de modificación por convención entre particulares, una de las cuales estipula que todo personal técnico y administrativo que allí labora estará sujeto a las regulaciones de la Ley de Servicio Civil. La argumentación de dicho fallo ha sido en definitiva clara, congruente y dotada de razón suficiente, no habiéndose vulnerado en definitiva el debido proceso del agraviado. 3. Lo mismo cabe decir de asimismo los derechos laborales y a la tutela de la relación laboral reflejada tanto en contratos individuales como colectivos y a la tutela de ambos factores de producción, declaraciones y derechos que asisten prima facie al recurrente y que no resultan de modo alguno denegados por la decisión que resuelve así el conflicto de competencia. Considera la Sala de lo Constitucional que éstos son derechos vigentes, que orientan la aplicación e interpretación del derecho positivo a la presente clase de casos en materia laboral, pero que no resulta atinentes para explicar el agravio que promueve el amparista contra la sentencia interlocutoria de la cual se ha hecho merito..."..."bajo los argumentos ilustrados por esta Sala de lo Constitucional, se infiere que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticinco de junio del año dos mil diez, no es violatoria de las garantías constitucionales a que alude el recurrente, según contenidas en los artículos 64, 90, 128, 134, 135 y 323 de la Constitución de la República, por lo que resulta procedente denegar el amparo a que se ha hecho relación..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor del señor JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, mayor de edad, casado, Técnico en Informática, hondureño y de este domicilio, contra la sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diez, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de marzo del año dos mil diez; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por el señor JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, en su condición personal, contra el CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el señor JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, en su condición personal, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, contra el CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT), a través de su representante legal señora DESIRETH JAKELINE ROSALES CRUZ, para que mediante sentencia definitiva se declare con lugar la demanda, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones laborales y en concepto de indemnización de daños y perjuicios, los salarios caídos desde la fecha del despido hasta el día en que quede firme la sentencia condenatoria que recaiga en el juicio. 2) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras citado, el abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ DURON, actuando en su condición de apoderado legal del CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (COHCIT), contestando la demanda incoada en contra de su representado e interponiendo excepción dilatoria de Incompetencia del Tribunal ante quien se interpuso la demanda, por considerar que el Decreto Ejecutivo PCM-013-2008, en su artículo 9 estipula que todo personal Técnico y Administrativo que labora en el Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (COHCIT), estará sujeto a las regulaciones de la Ley de Servicio Civil. 3) Que en fecha once de marzo del año dos mil diez, el Tribunal de primera instancia, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró: 1) sin lugar la excepción dilatoria de Incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda, y 2) sin costas, por considerar que al momento de oponer dicha excepción, se debe señalar en forma clara y concreta qué Tribunal es competente para conocer sobre los reclamos hechos y en el presente caso el apoderado legal de la parte demandada no señaló que Tribunal debe ser el competente. 4) Que en fecha veinticinco de junio del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, revocó el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia interlocutoria apelada, y confirmó totalmente el numeral segundo, por considerar que la parte demandada al plantear la excepción dilatoria en su escrito de contestación de demanda, claramente le indica quien debe de conocer de la demanda interpuesta por el actor, transcribiéndole el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, para establecer que es esa jurisdicción y no la laboral quien debe de conocer del presente caso. 5) El recurrente abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de agosto del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticinco de junio del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 90, 128, 134, 135 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veinticinco de junio dos mil diez por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial por la cual REVOCÓ la resolución emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, argumentando que el señor Juan Edgardo Rodríguez Velásquez presentó la demanda en la jurisdicción que carecía de competencia para ello, toda vez que la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cohcit) establece que todo el personal técnico y administrativo que labora en dicha institución estará sujeto a las regulaciones de la Ley de Servicio Civil y que el Código de Trabajo, por otra parte, excluye de su aplicación, a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, entendiéndose por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley, Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal; tal como ocurre en el presente caso. Esta decisión vulnera, según el garantista lo dispuesto en los artículos 64, 90, 128, 134, 135 y 323 de la Constitución de la República, al violentar al las declaraciones y derechos allí contenidas. CONSIDERANDO: En el concepto del amparista, según la formalización del recurso de amparo de fecha seis de octubre de dos mil diez, la resolución de alzada vulnera los derechos constitucionales aludidos, según síntesis de la acción intentada que se expresa de la siguiente manera: 1. En primer lugar censura de la resolución interlocutoria en examen que acredite como bien hecha la Excepción Dilatoria de Incompetencia del Tribunal por Razón de Materia, la cual al interponerse por el apoderado legal del COHCIT omitió señalar que juzgado era entonces el competente para conocer de la causa, limitándose a transcribir el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2. En segundo lugar, señaló dicho líbelo que el Decreto Ejecutivo Número PC.-013.2008 de fecha cinco de julio de dos mil ocho coloca al personal del COHCIT bajo la regulación de la Ley del Servicio Civil, lo que no es cierto en el presente caso, toda vez que éste decreto rige a partir de su fecha y no es aplicable para casos como el del señor Juan Edgardo Rodríguez Velásquez, quien ya tenía dieciséis meses de antigüedad cuando se publicó el decreto en referencia en el Diario Oficial “La Gaceta”. 3. Que no puede desconocerse que el agraviado entró a trabajar al Consejo bajo la modalidad de Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indefinido, regulado en el Código de Trabajo en el artículo 18 que ya establece los caracteres propios de la relación laboral. Esta relación laboral es sui generis y se encuentra protegida constitucionalmente por el Estado, tanto en su celebración, como en su ejecución y terminación de los intereses del trabajador y que consta de obligaciones mutuas y de cumplimiento reciproco. Finalmente, que esta tutela constitucional, preceptuada en el artículo 128 de la Carta Magna, ha sido violentada con la sentencia judicial venida en amparo, la cual además ha violentando la declaración establecida en el artículo 64 constitucional que manda a no aplicar las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas constitucionalmente, si los disminuyen, restringen o tergiversan; al omitir la jurisdicción la protección debida al derecho del trabajo, plasmado en este caso a través de un contrato individual de trabajo, o a la seguridad social, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. CONSIDERANDO: Debe hacerse mención que el amparista, al redactar el apartado de expresión del juicio o diligencias objeto del recurso, ha sido repetitivo de los aspectos fácticos y jurídicos ya expresados, pero agrega en la parte final de su reclamo de amparo constitucional que, como después de todo lo anteriormente expuesto arriba a la conclusión de que el señor Juan Edgardo Rodríguez Velásquez se encuentra excluido de la vigencia del artículo 2 del Código de Trabajo, ya que no ostenta la categoría de empleado público (refiere que por Acuerdo Ejecutivo) y que no está regulada su relación con el Estado a través del COHCIT por un contrato administrativo, sino que más bien su vinculación es de orden laboral, por lo que es y deberá considerársele trabajador, motivo suficiente para que, según el Amparista, esta Sala de lo Constitucional se sirva otorgar el amparo de merito. CONSIDERANDO: En fecha veintiuno de octubre de dos mil diez se emitió Dictamen Fiscal por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, representada en este acto por la Agente de Tribunales, Abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS; el cual resultó desfavorable a la admisión de la acción constitucional planteada, haciendo expresión, entre otras, de las siguientes apreciaciones jurídicas atinentes al caso: 1. Que de la lectura de los motivos de amparo, se desprende que son los mismos que ha venido manifestado el amparista en la jurisdicción ordinaria y que es allí donde deben ser resueltas. Lo anterior porque la acción de amparo no tiene como propósito incursionar en el conocimiento de fondo del asunto como una instancia más, sino enfocarse en determinar si la resolución en examen ha vulnerado algún derecho o garantía protegido por la Carta Magna. Ahora bien, en el presente caso se desprende que los factores de competencia entre los distintos tribunales del país son los que establece la Ley; entre los cuales está precisamente el de la Materia, que es la naturaleza jurídica del asunto litigioso, siendo que en este caso las materias laboral y contencioso administrativa. 2. El presente caso es atinente la definición de Contrato individual del trabajo, así como resaltar dos aspectos; primero, que el demandante fue contratado bajo la modalidad de un contrato individual de trabajo para prestar un servicio de tipo técnico profesional en el COHCIT; y segundo, que fue nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo, quedando clara desde el principio su adscripción a la Presidencia de la República que es un órgano del Poder Ejecutivo. El COHCIT se determina como un ente desconcentrado y, por ende, sujeto a la Ley de Servicio Civil, lo que relacionado a lo establecido en el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo hace derivar que toda controversia que se suscite en ese ámbito laboral deber ser dirimido a través de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, el Dictamen en mención señala que el Ad quem fue acertado al observar el cumplimiento de la parte demandada de indicar oportunamente cual era la jurisdicción competente para dirimir el asunto. De manera tal que no ha vedado bajo ningún concepto el derecho que tienen los ciudadanos para acudir ante los tribunales de justicia a ejercer sus acciones, simplemente le señala que ese juzgado no es el competente para ello, indicándole a cual debe acudir a fin de ejercer su derecho. De todo lo dicho, es de la opinión la fiscalia del Ministerio Público que no debe otorgarse el amparo de merito. CONSIDERANDO: Es deber de la Sala de lo Constitucional, vistos los autos para resolver y tomando en especial consideración el Dictamen de merito, emitir las siguientes consideraciones: 1. Que en relación al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, la prescripción netamente constitucional que ya recoge el artículo 82 de la Carga Magna de la República, encontramos que efectivamente, no se ha producido indefensión alguna para la persona del agraviado. La indefensión se produce cuando se provoca una limitación real al derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes, privando al justiciable de medios de defensa efectivos, lo cual no es en absoluto el caso, dado que la resolución en examen se limita a reconocer el interés legitimo del administrado a interponer las acciones que legalmente le asisten e indicarle que, de conformidad a la distribución de competencias legales que establece la Ley en su contexto sistemático, le corresponde accionar ante el ámbito de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y no en la jurisdicción común del trabajo, como es su pretensión. 2. Lo mismo cabe decir de la supuesta infracción al debido proceso, al haberse enmarcado la resolución dentro de los parámetros legalmente establecidos por parte del órgano jurisdiccional competente; el cual decide, con acopio de la fundamentación jurídica pertinente, que el presente caso se resuelve con la aplicación de los principios de especialidad y de tempus regit actum, ello en virtud de haberse producido el despido objeto de la controversia jurídica bajo la cobertura del régimen legal aplicable al Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (COHCIT), como es el PCM-013-2008; contentiva de disposiciones de orden público, no susceptibles de modificación por convención entre particulares, una de las cuales estipula que todo personal técnico y administrativo que allí labora estará sujeto a las regulaciones de la Ley de Servicio Civil. La argumentación de dicho fallo ha sido en definitiva clara, congruente y dotada de razón suficiente, no habiéndose vulnerado en definitiva el debido proceso del agraviado. 3. Lo mismo cabe decir de asimismo los derechos laborales y a la tutela de la relación laboral reflejada tanto en contratos individuales como colectivos y a la tutela de ambos factores de producción, declaraciones y derechos que asisten prima facie al recurrente y que no resultan de modo alguno denegados por la decisión que resuelve así el conflicto de competencia. Considera la Sala de lo Constitucional que éstos son derechos vigentes, que orientan la aplicación e interpretación del derecho positivo a la presente clase de casos en materia laboral, pero que no resulta atinentes para explicar el agravio que promueve el amparista contra la sentencia interlocutoria de la cual se ha hecho merito. CONSIDERANDO: Que bajo los argumentos ilustrados por esta Sala de lo Constitucional, se infiere que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticinco de junio del año dos mil diez, no es violatoria de las garantías constitucionales a que alude el recurrente, según contenidas en los artículos 64, 90, 128, 134, 135 y 323 de la Constitución de la República, por lo que resulta procedente denegar el amparo a que se ha hecho relación. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59 reformado, 64, 80, 90, 128, 134, 135, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; 7 de la Ley General de Administración Pública; 1, 2, 3 y 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y; 1, 5 y 9 del Decreto Ejecutivo PCM-013-2008 de fecha dos de mayo de dos mil ocho; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. JORGE REYES DIAZ. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de agosto de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil once, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 509-p573-p594=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.