Sentencia AL-168-10 — Registro 15870
Resumen
Resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia Interlocutoria con relación a la Demanda Laboral, promovida por impetrante contra sociedad mercantil para que se le paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud despido verbal,ilegal e injusto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por el recurrente y escuchado el parecer del Fiscal, la Sala Constitucional resuelve así la controversia constitucional planteada: Que en relación al artículo 64 constitucional que se invoca como violentado, este no es de recibo, visto que no se ha comprobado que la aplicación de la ley que ha hecho la Corte de Apelaciones recurrida conlleve a una disminución, restricción o tergiversación de los derechos de que goza el beneficiario del recurso. La cláusula arbitral es lícita para convenios individuales del trabajo. No sólo por no encontrarse expresada entre las materias excluidas taxativamente de la jurisdicción arbitral en los artículos 29 y 30 de la Ley de Conciliación y Arbitraje (Decreto No. 161-2000), sino por encontrarse elevada a la categoría de derechos y principios constitucionales, con especial referencia a materia laboral, según lo prescrito en los artículos 110 de la Constitución de la República, el cual establece que “Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento”; y también en lo prescrito en el Artículo 139 de la norma primaria de la República, la cual manda que: “El Estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo”. Estos preceptos legales y constitucionales deben tomarse en cuenta al momento de decidir la controversia en cuestión, dado que, lo que se ha suscitado en el presente caso es que los órganos jurisdiccionales competentes han emitido una resolución que declara ha lugar el defecto procesal de existencia de un compromiso laboral, fallo que no ha resultado compartido por todas las partes procesales, lo cual suele ser usual en toda controversia sometida a la resolución heterocompositiva de los conflictos, sin que esto conlleve, necesariamente, la vulneración de un precepto constitucional. Conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala, no resulta materia de justicia constitucional la interpretación judicial efectuada por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia y de conformidad a los canones legales, lo cual tiene como correlativo el respeto a la independencia judicial. Lo anterior, desde luego, dejando a salvo el derecho de la parte disconforme con el fallo a instar los recursos que le faculta la ley para la rectificación y/o reposición de las resoluciones judiciales; lo cual es valido tanto ante los fallos emitidos en la jurisdicción ordinaria como para los laudos emitidos en primera instancia por los Tribunales Arbitrales. Por este motivo, procede dictar la denegatoria de la acción de amparo. CONSIDERANDO: Que en cuanto a la alegada infracción al derecho de defensa y al debido proceso, según preceptuados en los artículos 82 y 90 constitucionales, debe analizarse si se han observado las formalidades esenciales del proceso y si el derecho de defensa, en su comprensión más amplia que incluye el derecho de acceso a los tribunales, ha permanecido inviolable en el curso del proceso. En el caso concreto se desprende de los antecedentes del proceso que el peticionario ha tenido la oportunidad de acceder a los recursos ordinarios en la causa, así como a la acción constitucional de Amparo que se resuelve en este acto, en un plazo razonable, donde se le ha brindado una resolución motivada en razón suficiente, no incursa en arbitrariedad, y de la cual puede decirse con propiedad que es una derivación razonada del derecho vigente, en relación a las circunstancias de la causa. CONSIDERANDO: Que concordante y armónicamente con lo anteriormente expresado, ha considerado la Sala Constitucional que el artículo 82 de la Constitución de la República establece la inviolabilidad del derecho a la defensa, lo cual es predicable de todos los órdenes jurisdiccionales, inclusive de la resolución alterna de los conflictos bajo las figuras constitucionales que quedan expresadas. La indefensión se produce cuando se provoca una limitación real al derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes, privando al justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de los medios que la ley procesal prevé. Este no es el caso vistos los antecedentes, dado que se ha dejado a salvo la posibilidad de dirimir la controversia sometida a cláusula arbitral ante el Tribunal de Arbitraje que designe el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en esta misma ciudad. Cabe señalar que el Tribunal ha instaurarse, facultativamente al impulso procesal que brinde la parte interesada, se encontrará sujeto, tanto como lo está la jurisdicción ordinaria, al imperio de la ley para resolver los conflictos planteados y deferidos a su conocimiento, y a tramitar todas las actuaciones con celeridad, en un marco de estricto respeto a los derechos de defensa y de debido proceso de las partes sometidas a arbitramiento. Esta fundamentación excluye desde luego, que la resolución impugnada resulte a su vez en una infracción del artículo 134 constitucional, toda vez que también por imperativo constitucional, no puede privarse a las personas naturales del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento, lo cual también ha sido objeto de desarrollo legal secundario en la Ley de Conciliación y Arbitraje, reiterada y pertinentemente citada. Por tanto, estos últimos motivos de amparo que ha planteado el amparista resultan típicamente una alegación de instancia, o de mera legalidad, susceptible de denegación o, en su defecto, de resolverse en sobreseimiento respectivo conforme al artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Que por todo lo anteriormente expuesto y fundamentado, la Sala no observa quebrantamiento alguno al derecho constitucional invocado, procediendo denegarse la Garantía de Amparo"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, a favor del señor HECTOR JESUS MATUTE FERRERA, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de enero del año dos mil diez, que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia Interlocutoria de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por el señor HECTOR JESUS MATUTE FERRERA, contra la sociedad mercantil denominada ALCANCE, S.A. de C.V. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de julio del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor HECTOR JESUS MATUTE FERRERA, mayor de edad, casado, Bachiller en Electrónica, hondureño y de este domicilio, en su condición personal, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, contra la sociedad mercantil denominada ALCANCE, S.A. de C.V., a través de su Apoderado General el señor SALOMON ANTONIO BARJUN SEGEBRE, para que mediante sentencia definitiva: a) se le paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud despido verbal, ilegal e injusto del que fué objeto y que ascienden a la cantidad de treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco lempiras con veintidos centavos (38, 845.22); y b) se le paguen los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria respectiva 2) Que en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha de fecha diecisiete de agosto del año dos mil nueve, la apoderada legal de la parte demandada, abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, interpuso denuncia de defectos procesales debido a que ambas partes se sometieron al arbitral debiendo ese Tribunal dictar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones según lo que establece el artículo 457 del Código Procesal Civil, sobre la existencia de compromiso arbitral, cuando se hubiere denunciado la falta de jurisdicción por existir el compromiso válido de someter el litigio a la decisión de árbitros, se pondrá fin al proceso con sobreseimiento y archivo de las actuaciones, reservando a las partes su derecho para acudir a la decisión arbitral.
Que en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, en audiencia primera de trámite, Juzgado de Letras citado, declaró con lugar el defecto procesal de existencia de compromiso arbitral, interpuesto por la abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, en su condición indicada, en virtud de que se acreditó por la parte demandada la voluntad de las partes al sometimiento de un arbitraje voluntario, ya que es una forma de composición escogida autónomamente por las partes, consignada en la cláusula séptima del contrato suscrito, en consecuencia siendo un defecto procesal insubsanable, sobreseyendo éste proceso y dejando a salvo el derecho a las partes a recurrir ante el Tribunal Arbitral correspondiente.
Que en fecha ocho de enero del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en su condición de apoderado legal del señor HECTOR JESUS MATUTE FERRERA, contra la sentencia interlocutoria relacionada en el inciso que precede, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, dictada por el A-quo, por considerar que el contrato mercantil para captación y colocación de valores como agentes entre el señor HECTOR JESUS MATUTE FERRERA y la sociedad mercantil denominada ALCANCE S.A. DE C.V., reúne los requisitos esenciales para la validez del mismo, como ser el consentimiento, el objeto y la causa de la obligación que se establezca, por lo que al someter la presente demanda a la competencia y jurisdicción de los Tribunales Laborales se estaría violentando el principio de legalidad; fundamentando su decisión en el artículo 134 de la Constitución de la República, 37 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; y 1539 y 1552 del Código Civil. 5) El recurrente PABLO EMILIO REYES THEODORE, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de marzo del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor HECTOR JESUS MATUTE FERRERA, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha ocho de enero del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 90 y 134 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha ocho de enero el año dos mil diez por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, a favor del señor HECTOR JESUS MATUTE FERRERA, y confirmó la sentencia Interlocutoria de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por el señor HECTOR JESUS MATUTE FERRERA, contra la sociedad mercantil denominada ALCANCE, S.A. de C.V., resolución la cual tiene como principal fundamento que Honduras es un Estado de Derecho, caracterizado por la sujeción de gobernantes y gobernados al principio de legalidad. Que dentro de dicho marco de legalidad, tiene vigencia la Ley de Conciliación y Arbitraje, cuyo artículo 37 establece el Convenio Arbitral como el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan llegar a surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, de naturaleza contractual y extracontractual, disposición jurídica que es aplicable al caso concreto, visto el contrato mercantil para captación y colocación de valores como agente, suscrito entre el señor HÉCTOR JESUS MATUTE FERRERA y la Sociedad ALCANCE S.A. DE C.V., representada por el señor SALOMÓN ANTONIO BARJUN SEGEBRE, en cuya cláusula séptima establecen para el caso de conflicto relacionado con la ejecución, interpretación o aplicación del contrato, cláusula arbitral para ante un Tribunal de Arbitraje nombrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. CONSIDERANDO: La formalización del recurso por parte del Licenciado In fieri PABLO EMILIO REYES THEODORE, de fecha ocho de abril del año dos mil diez, expresa que los preceptos constitucionales que le han sido vulnerados a su poderdante, son los siguientes: el artículo 64 constitucional que establece que no se aplicarán disposiciones gubernativas de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si las disminuyen, restringen o tergiversan; el artículo 82 constitucional, en cuanto establece que el derecho a la defensa es inviolable, y que los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; el artículo 90 constitucional, cuyo primer párrafo establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. El artículo 134 constitucional, que en su disposición literal dice: “Quedan sometidas la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que hayan de ponerlas en práctica”. Ha argumentado el amparista que aprecia como concepto de la violación la aplicación del artículo 457 del Código Procesal Civil al caso en estudio, el cual según se desprende de los antecedentes, enmarcaría la solución arbitral de controversias en una relación contractual mercantil, específicamente originada en un “Contrato mercantil de captación de valores”. Esta interpretación judicial que ha realizado la Corte de Apelaciones recurrida obvia criterios emitidos por la Corte Suprema de Justicia -los cuales no se detallan- según los cuales serían aplicables al caso los artículos 64 y 128 de la Constitución de la República. Lo anterior en relación a lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo que ya establece que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente Código y las demás leyes del trabajo otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Considera que la resolución impugnada le agravia por tratarse de un conflicto eminentemente laboral que ha sido tratado como de índole mercantil, en virtud de haberse comprobado la existencia de elementos esenciales para la existencia de un contrato de trabajo, más aun cuando la controversia inicia con un despido verbal; siendo de igual forma una violación al principio de gratuidad en materia laboral ya que compromete a los trabajadores al arbitraje, y la controversia se vuelve onerosa para las partes, constituyendo un pacto nulo a la luz de los principios constitucionales enunciados. Considera finalmente, que el derecho al debido proceso le ha sido violentado por haber aplicado la Corte recurrida disposiciones legales subalternas con prioridad sobre la Constitución de la República como norma primigenia, excluyendo del conocimiento de la jurisdicción del trabajo a una jurisdicción ajena y carente de competencia, visto emerger la controversia de las relaciones entre un trabajador y su patrono. CONSIDERANDO: El dictamen fiscal, emitido por el agente de Tribunales, Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCÍA en fecha veintitrés de abril de dos mil diez, es de la opinión que se otorgue el recurso, con base en las siguientes apreciaciones jurídicas: 1. Que la Corte sentenciadora hizo suyos los argumentos de la instancia en relación al contrato como convención, que fundan la existencia y validez de una cláusula de compromiso arbitral en concordancia con el artículo 457 del Código Procesal Civil. 2. El artículo 128 constitucional, sin embargo, establece que serán nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia a derechos. Desconociendo también la Corte sentenciadora la garantía constitucional a la estabilidad laboral, ya que las diligencias que originan la controversia jurídica nacen de un despido verbal, figura única del derecho del trabajo, por lo cual no se puede desconocer que nos encontramos ante un conflicto eminentemente laboral. 3. Reconoce el dictaminador que el artículo 110 constitucional establece el derecho de las personas naturales que tengan libre administración de sus bienes a no ser privados de derecho a terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento, aunque manifiesta que esta disposición no puede extenderse a otros campos del derecho distintos del derecho civil. Es por ello que pondera la preeminencia del artículo 134 que establece la jurisdicción del trabajo, la cual es llamada a conocer del caso en concreto, con observancia al principio de protección tutelar a los derechos de los trabajadores, establecido entre otros en el artículo 136 constitucional. 4. El Código de Trabajo regula las relaciones entre capital y trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y, al capital, una compensación equitativa de su inversión, siendo de orden público las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, el cual debe prevalecer sobre leyes de cualquier otra índole en caso de conflicto. Por ende, es la jurisdicción laboral la instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. Por ello, una vez reclamada su intervención en forma legal, actuaran de oficio y procuraran abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento (cita a los artículos 2, 8, 665 y 669 del Código de Trabajo). 5. Finalmente, aprecia el dictamen de la fiscalia de la Constitución que en ese orden de ideas, considera infringido los artículos 82 y 90 constitucionales por parte de los funcionarios intervinientes en la jurisdicción, quienes también han inobservado la ley especial que regula la materia. CONSIDERANDO: Que analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por el recurrente y escuchado el parecer del Fiscal, la Sala Constitucional resuelve así la controversia constitucional planteada: Que en relación al artículo 64 constitucional que se invoca como violentado, este no es de recibo, visto que no se ha comprobado que la aplicación de la ley que ha hecho la Corte de Apelaciones recurrida conlleve a una disminución, restricción o tergiversación de los derechos de que goza el beneficiario del recurso. La cláusula arbitral es lícita para convenios individuales del trabajo. No sólo por no encontrarse expresada entre las materias excluidas taxativamente de la jurisdicción arbitral en los artículos 29 y 30 de la Ley de Conciliación y Arbitraje (Decreto No. 161-2000), sino por encontrarse elevada a la categoría de derechos y principios constitucionales, con especial referencia a materia laboral, según lo prescrito en los artículos 110 de la Constitución de la República, el cual establece que “Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento”; y también en lo prescrito en el Artículo 139 de la norma primaria de la República, la cual manda que: “El Estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo”. Estos preceptos legales y constitucionales deben tomarse en cuenta al momento de decidir la controversia en cuestión, dado que, lo que se ha suscitado en el presente caso es que los órganos jurisdiccionales competentes han emitido una resolución que declara ha lugar el defecto procesal de existencia de un compromiso laboral, fallo que no ha resultado compartido por todas las partes procesales, lo cual suele ser usual en toda controversia sometida a la resolución heterocompositiva de los conflictos, sin que esto conlleve, necesariamente, la vulneración de un precepto constitucional. Conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala, no resulta materia de justicia constitucional la interpretación judicial efectuada por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia y de conformidad a los canones legales, lo cual tiene como correlativo el respeto a la independencia judicial. Lo anterior, desde luego, dejando a salvo el derecho de la parte disconforme con el fallo a instar los recursos que le faculta la ley para la rectificación y/o reposición de las resoluciones judiciales; lo cual es valido tanto ante los fallos emitidos en la jurisdicción ordinaria como para los laudos emitidos en primera instancia por los Tribunales Arbitrales. Por este motivo, procede dictar la denegatoria de la acción de amparo. CONSIDERANDO: Que en cuanto a la alegada infracción al derecho de defensa y al debido proceso, según preceptuados en los artículos 82 y 90 constitucionales, debe analizarse si se han observado las formalidades esenciales del proceso y si el derecho de defensa, en su comprensión más amplia que incluye el derecho de acceso a los tribunales, ha permanecido inviolable en el curso del proceso. En el caso concreto se desprende de los antecedentes del proceso que el peticionario ha tenido la oportunidad de acceder a los recursos ordinarios en la causa, así como a la acción constitucional de Amparo que se resuelve en este acto, en un plazo razonable, donde se le ha brindado una resolución motivada en razón suficiente, no incursa en arbitrariedad, y de la cual puede decirse con propiedad que es una derivación razonada del derecho vigente, en relación a las circunstancias de la causa. CONSIDERANDO: Que concordante y armónicamente con lo anteriormente expresado, ha considerado la Sala Constitucional que el artículo 82 de la Constitución de la República establece la inviolabilidad del derecho a la defensa, lo cual es predicable de todos los órdenes jurisdiccionales, inclusive de la resolución alterna de los conflictos bajo las figuras constitucionales que quedan expresadas. La indefensión se produce cuando se provoca una limitación real al derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes, privando al justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de los medios que la ley procesal prevé. Este no es el caso vistos los antecedentes, dado que se ha dejado a salvo la posibilidad de dirimir la controversia sometida a cláusula arbitral ante el Tribunal de Arbitraje que designe el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en esta misma ciudad. Cabe señalar que el Tribunal ha instaurarse, facultativamente al impulso procesal que brinde la parte interesada, se encontrará sujeto, tanto como lo está la jurisdicción ordinaria, al imperio de la ley para resolver los conflictos planteados y deferidos a su conocimiento, y a tramitar todas las actuaciones con celeridad, en un marco de estricto respeto a los derechos de defensa y de debido proceso de las partes sometidas a arbitramiento. Esta fundamentación excluye desde luego, que la resolución impugnada resulte a su vez en una infracción del artículo 134 constitucional, toda vez que también por imperativo constitucional, no puede privarse a las personas naturales del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento, lo cual también ha sido objeto de desarrollo legal secundario en la Ley de Conciliación y Arbitraje, reiterada y pertinentemente citada. Por tanto, estos últimos motivos de amparo que ha planteado el amparista resultan típicamente una alegación de instancia, o de mera legalidad, susceptible de denegación o, en su defecto, de resolverse en sobreseimiento respectivo conforme al artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Que por todo lo anteriormente expuesto y fundamentado, la Sala no observa quebrantamiento alguno al derecho constitucional invocado, procediendo denegarse la Garantía de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 reformado, 80, 82, 90, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 56, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 168-P202-P206=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL