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Sentencia AC-6012-09 — Registro 4909

Resumen

Sentencia confirmó providencias dictadas por el juzgado de primera instancia con relación al requerimiento judicial de pago en contra del recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala se abstiene de profundizar en dichas actuaciones, sin menoscabo de los derechos procesales que ha tenido y tiene expedito el Amparista. Con todo, los autos impugnados que dieron origen y determinaron el fallo del Ad-quem que se censura vía el presente Recurso Extraordinario se refieren a decisiones judiciales que no constituyen la lesividad constitucional que alega el recurrente, el primero de ellos (7 de febrero de 2007), se contrae a declaratoria de una caducidad de término dejado de utilizar por el señor Efraín Amilcar Reyes Rodríguez, a fin de que se pagara o consignara la cantidad adeudada, al no haberse verificado, el Tribunal de primera instancia procedió a declarar resuelto el Contrato de Arrendamiento con Promesa de Venta, suscrito por la sociedad mercantil La Constancia S.A., con el señor Efraín Amilcar Reyes Rodríguez y se dispone por medio de la Receptoría del Juzgado Segundo de Letras de lo Civil (Hoy Juzgado de Letras Civil Unificado del Departamento de Francisco Morazán) notificación al demandado o requerido y a las personas que habitasen el inmueble a desalojarlo en un plazo de cuarenta (40) días, resolución que esta Sala entiende y asume se encuentra dentro de los parámetros civiles adjetivos que franquea el Código de Procedimientos Civiles..."..."a juicio de esta Sala de lo Constitucional, son insostenibles las garantías que argumenta el Impetrante se han cometido con el fallo del Ad-quem; veamos: Sobre el Derecho de Petición el garantista ha tenido libre acceso al órgano jurisdiccional, presentando cuantos escritos y solicitudes ha tenido a bien formular y le han sido resueltos y si algunas veces no ha sido favorecido en sus pretensiones, ello no implica ausencia de una tutela judicial efectiva..."..."El Derecho al Debido Proceso no ha sido conculcado, pues se le está juzgando con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, pues se ha notificado en cada decisión judicial, ha apelado ante la segunda instancia, hasta interponer Amparo ante este Tribunal Supremo, el Juez de Letras respectivo, es el natural y competente, resolviendo conforme su leal saber y entender con la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, sin que hasta el momento del presente Amparo, la Sala, haya constatado que el Juez del proceso civil haya actuado fuera del procedimiento que establece nuestra ley civil adjetiva, sin perjuicio de las acciones ordinarias que eventualmente pudiese tener expeditas el reclamante o quejoso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice:” “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de enero de dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación pos Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de septiembre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, mediante la cual fallo 1º.- CONDENANDO al acusado C. C., a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.-2º.- CONDENANDO al acusado C. C. a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL 3º.- DECRETÓ el comiso de la cantidad de TRESCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS ($ 300.000.00), más la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps.4.500.00), un celular Nokia con su cargador respectivo y un chip de la empresa Tigo, mas el vehículo Isuzu, color gris, Placas PBY3565.-4º.-No CONDENÓ al acusado en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma la Abogada M. B. B., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son partes: La Abogada M. E. G. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como recurrente, y el Abogado R. A. I. en su condición de Apoderado Defensor del imputado como recurrido. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día 26 de Enero del año dos Mil Ocho, a las 5:00 y 5:20 de la mañana la agente de policía preventiva, F. S. S. recibe llamada telefónica anónima, en el teléfono de la posta de la Jefatura Departamental número seis, de La Ceibita, Santa Bárbara, por la cual se le advierte que en ese momento salió un vehículo del Paraíso, Copán, que llevaba algo oculto, en su compartimiento falso, minutos más tarde se vuelve a recibir una llamada telefónica en el mismo teléfono, donde se le informa que el vehículo lo que se guarda escondido son Dólares Americanos en un compartimiento falso en el tanque de combustible, por lo cual la agente F. S. S. giro instrucciones para montar operativos e interceptar el vehículo denunciado.-SEGUNDO: Ese mismo día a las siete de la mañana aproximadamente los agentes de la policía preventiva F. A. C. E. y Á. L. M. mientras realizaban el operativo, ordenaron detenerse a un vehículo tipo Pick up, gris, marca Isuzu, placas PBY3565, propiedad del señor J. I. T., que coincidía con el denunciado, el cual era conducido por el imputado C. C., luego procedieron a realizarle un registro personal, luego de este registro, le ordenaron ingresar el vehículo al predio de la posta de La Ceibita, Santa Bárbara, y se detuvo al imputado.- TERCERO: Aproximadamente a las diez y media de la mañana, se procedió a obtener autorización del imputado, para practicarle un registro al vehículo, lo cual autorizo expresamente el imputado C. C., procediendo los agentes J. M. S. y J. A. D. a su inspección y luego de desmontar el tanque de combustible, y desarmarlo se encontró en su interior quince fajos de papel moneda, envuelto en papel plástico transparente, divididos a su vez por hules de colores, separado en diferentes cantidades de dinero, de Diez Mil Dólares, de Cincuenta mil Dólares, de Cuarenta mil Dólares, y los cuales al ser contados y verificados resultan ser la cantidad total de TRESCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS (US.300.000,OO) encontrándose en el vehículo además un celular Marca NOKIA, Modelo 1112B, con su cargador y un chíp de la Empresa TIGO, y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps 4,500.00) en efectivo, por lo se procedió a su captura.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Abogada M. B. B., como Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA ABOGADA M. B. B., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:“EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.1.-POR INFRACCIÓN DE LEY: PRIMER MOTIVO: “Aplicación Indebida del artículo 33 del Código Penal”

PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación

encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal.-EXPLICACION DEL MOTIVO: Al proceder a la exposición de este motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación:

PRIMERO: “El día 26 de Enero del año dos mil ocho, a las 5:00 y 5:20 de la mañana la agente de policía preventiva, F. S. S. recibe llamada telefónica anónima, en el teléfono de la posta de la Jefatura Departamental número seis, de la. Ceibita, Santa Bárbara, razón por la cual se le advierte que en ese momento salió un vehículo del Paraíso Copán que llevaba algo oculto, en un compartimiento falso, minutos más tarde se vuelve a recibir una llamada telefónica en el mismo teléfono, donde se le informa que el vehículo lo que se guarda escondido son Dólares Americanos en un compartimiento falso en el tanque de combustible, por lo cual la agente F. S. S. giró instrucciones para montar operativos e interceptar el vehículo denunciado. SEGUNDO: Ese mismo día a las siete de la mañana aproximadamente los agentes de la policía preventiva mientas realizaban el operativo, ordenaron detenerse a un vehículo tipo Pick-up, gris, marca Isuzu, placas PBY3565, propiedad del señor J. I. T. que coincidía con el denunciado, el cual era conducido por el imputado C. C., luego procedieron a realizarle un registro personal, luego de éste registro le ordenaron ingresar el vehículo al predio de la posta de la Ceibita, Santa Bárbara, y se detuvo al imputado. TERCERO: Aproximadamente a las diez y media de la mañana, se procedió a obtener autorización del imputado, para practicarle un registro al vehículo, lo cual autorizó expresamente el imputado C. C., procediendo los agentes J. M. S. y J. A. D. a su inspección y luego de desmontar el tanque de combustible y desarmarlo se encontró en su interior quince fajos de papel moneda, envuelto en papel plástico transparente, divididos a su vez por hules de colores, separado en diferentes cantidades de dinero, de Diez Mil Dólares, de Cincuenta mil Dólares, de Cuarenta mil Dólares y los cuales al ser contados y verificados resultan ser la cantidad de TRESCIENTOS MIL DOLRES AMERICANOS (US.300,000,OO), encontrándose en el vehículo además un celular Marca Nokia, Modelo 1112B, con su cargador y un chip de la Empresa TIGO y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Los.4,500.00) en efectivo, por lo que se procedió a su captura.-El precepto penal citado como infringido por Aplicación Indebida textualmente dice:“Artículo 33: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos”.-Existe complicidad cuando el aporte facilita la realización del delito, aunque no de forma esencial, por lo que el límite del cómplice se traza en torno a la necesidad e importancia del hecho aportado, es decir, la actividad del Cómplice es secundaria, accesoria o auxiliar, en cambio el autor ejercita directamente el hecho y el cómplice necesario aporta: 1) una condición sine qua non del delito; 2) implica dominio del hecho porque su retirada impediría el delito.-En este sentido es necesario recordar lo que autores como Enrique Bacigalupo, refieren en cuanto a que el aporte del cómplice es fácilmente reemplazable y no le otorga, por tanto, ninguna capacidad de decidir acerca de la no consumación del delito. Sencillamente, puede prescindirse de él. Pues el cómplice contribuye a la realización del delito mediante actos que no caen dentro del tipo legal. La realización de un acto ejecutivo perteneciente al tipo legal excluye la complicidad, ya que esta supone la realización de actos de simple auxilio o cooperación mediata que no entran en la esfera (le ejecución del delito y por tales que sin ellos se hubiera producido también el resultado.-Al tenor de lo establecido por el órgano jurisdiccional en los hechos declarados como probados, el imputado C. C. era la persona que se conducía en un vehículo, tipo pick-up, gris, marca Isuzu, placas PBY3565, habiéndosele encontrado asimismo de forma oculta y en el interior del tanque de combustible un compartimiento falso conteniendo quince fajos de papel moneda separado en diferentes cantidades de dinero cuya cantidad total, resultó de trescientos mil dólares americanos.

En virtud de lo anterior se puede apreciar la aplicación indebida por parte del Juzgador del artículo 33 del Código Penal, pues la acción del imputado no consistió en cooperar a la realización del hecho con un aporte de cierta importancia, como facilitar, asegurar, agilizar o intensificar el delito, sino por el contrario, cooperó en la ejecución del hecho trasladando bajo su esfera de dominio la cantidad de dinero supra-mencionada, la que además transportaba de forma oculta, de lo cual se deduce que su intención era impedir conocer su origen, la ubicación, así como su destino.-En virtud de lo anterior, se reafirma la argumentación del Ministerio Público n el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio que constituye la causa de la impetración alegada puesto que, tal como se expondrá con mayor profundidad en el motivo siguiente, según la verdad descrita en el factum el enjuiciado no participó en el delito a título de cómplice, ya que en primer lugar su aporte fue importante en la perpetración del suceso delictivo, y el sujeto activo no estaba desprovisto de la capacidad de decidir la no consumación del delito, en otros términos, tenia dominio del hecho sobre el mismo.

Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, C. C., trasladó y ocultó la cantidad de trescientos mil dólares, sin que justificara su procedencia lícita, por lo que en ningún momento se acredita en el juicio las circunstancias de complicidad en que participó el imputado. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado al imputado a titulo de Cómplice en el delito Lavado de Activos, ha producido en consecuencia la aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado.- Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.-SEGUNDO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 32 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360

del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 32: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir existe una falta de aplicación del artículo 32, párrafo primero del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por el tipo, como se puede colegir de la simple lectura de los Hechos Probados. Al observar el factum se logra determinar que en los mismos se ven cumplido todos los requisitos exigidos en el tipo penal que contiene el delito de Lavado de Activos; se indica en los Hechos Probados que el señor C. C., trasladó y ocultó la cantidad de dinero supra relacionada impidiendo conocer su origen y destino, sin que lograra acreditar que su procedencia era de carácter licito.-Es decir, según se describe en el hecho probado segundo, el imputado participó en la ejecución del hecho, al ser la persona que conducía el vehículo tipo Pickup, gris, marca Isuzu, con placa PBY3565, en cuyo tanque de combustible, transportaba un compartimiento falso conteniendo en su interior la cantidad de Trescientos Mil Dólares Americanos.-Aunque éste motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva d la sentencia, para evidenciar como la acción descrita en aquel evidencia l violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado a titulo de autor del delito de Lavado de Activos, el Ministerio Público estima de relevancia señalar que tomando en cuenta la naturaleza de todo armónico de la sentencia penal que desemboca en que todas y cada una de sus partes guarden coherencia entre sí, resulta imprescindible efectuar una breve reseña de lo que doctrinariamente se entiende como la “teoría de dominio del hecho” y de “imputación objetiva del resultado”; ello con el objeto de evidenciar que en posiciones ampliamente reiteradas por el Tribunal Supremo Español la aplicación de ambas, desde la óptica de coautoría (por ser el delito de Lavado de Activos, un delito donde existe distribución de acciones para la realización del mismo, es decir, existe división de funciones acordadas en común, antes o durante la realización del delito, configurándose un condominio funcional del hecho, de una correlación en la fase de ejecución), no conducen a la inferencia de que el imputado realizó la acción a titulo de Cómplice, como erróneamente lo estableció el Juzgador en el caso sub-judice, tal como se evidencia a continuación: Teoría del dominio del hecho.-Esta teoría fue propuesta por W. y está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa. Por dominio del hecho debe entenderse la voluntad y poder de disposición sobre el curso del suceso típico. Este requisito, a pesar de basarse en el dolo, es de naturaleza objetiva: lo decisivo no es la simple voluntad de dominio del hecho, sino el voluntario moldeado del hecho. De acuerdo a esta teoría se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo.

El dominio del hecho puede consistir en el dominio de la acción (inmediata o de propia mano) y dominio funcional del hecho (coautoría) [1].-Este último (por ser el de interés en nuestro análisis) es el criterio de imputación de los coautores a la concurrencia de varias personas en la realización del hecho, según división de funciones de significancia esencial, acordadas en común antes o durante la perpetración del ilícito penal.-Al someter la verdad intangible contenida en el factum, a éste tamiz doctrinal, evidenciamos fácilmente como el actuar del imputado, descrito en ese apartado de la sentencia, encaja a plenitud en los requisitos, para efectivamente imputar al enjuiciado el traslado de la cantidad de dinero supra-mencionada, ya que dicha conducta fue una condición adecuada, probable y contenida dentro de las exigencias del tipo penal de Lavado de Activos, como para establecer una relación de causalidad entre acción y resultado.-De lo expuesto se desprende que la finalidad objetiva de este curso causal nos conduce a la determinación que el imputado, en su condición de coautor, tuvo el dominio del hecho y su actuar esta enlazado indisolublemente en el traslado del dinero de forma oculta y de naturaleza ilícita al no haberse acreditado cual era el origen de su procedencia.-Finalmente, la Fiscalía es del parecer que las pautas de la jurisprudencia sobre la doctrina del dominio del hecho quedan resumidas, a tenor de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo Español, en fallos emitidos conociendo los recursos de casación pronunciados en las sentencias: SSTS 903/1998, de 2-VII [RJ 1998, 6230] 382/2001, de 13-111 [RJ 2001, 1353]; 1576/2002, de 27-IX ( RJ 2002, 8177]; 1890/2002, de 13- XI [RJ 2002, 9835]; 2090/2002, de 12-XII [RJ 2003, 95]; 1187/2003, de 22-IX (RJ 2003, 6203]; 540/2004, de 5-V [ RJ 2004, 2469];_

1339/2004, de 24-XI [RJ 2004, 8111]; 529/2005, de 27-1V [RJ 2005, 5218]; 1049/2005, de 20-IX [RJ 2005, 7089); 1315/2005, de 10-XI [RJ 2006, 3099]; 371/2006, de 27-111 [RJ 2006, 3305] y 732/2006, de 3-VII [RJ 2006, 3985),en los cuales se dejó sentado lo siguiente:1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito; y en el caso sub judice el Juzgador tiene por acreditado que el imputado C. C. participó en conjunto con el señor J. I. T., quien además de ser el dueño del vehículo en el que se transportaba el imputado, mantuvo una constante comunicación con éste desde su salida de Paraíso, Copán.- Tal conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del hecho, con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría.-2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautora, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a ésta. Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos como el último expuesto, en el que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación.-3) No es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, dicho lo anterior y concretamente en el caso que nos ocupa de Lavado de Activos la materialización de la acción ilícita, no requiere para la realización del delito que quien la transporte haya sido también la persona que haya participado en el embalaje, o empaquetado los fajos de billetes dentro de1 plástico transparente, los haya separado en hules de colores, así como su colocación dentro del tanque del vehículo que conducía, pues lo importante aquí es la agregación de las diversas aportaciones de los coautores,: integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales esenciales y decisivas. En consecuencia, a través del desarrollo del «pactum scaeleris» y del co-dominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución.-4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que no resulta prescindible.

  1. Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aún no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca.-6) La coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor sólo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo sino también todos los que la dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho.-7) La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en los hechos. Sólo pueden ser dominados los hechos que se conocen.-Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 32, del Código Penal, ya que se considera que se presentan los requisitos exigidos por el tipo, como se puede colegir de la simple lectura del Factum.-Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, C. C. es responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado al imputado a titulo de CÓMPLICE ha producido en consecuencia la Violación del precepto penal contenido en el artículo 32 del Código Penal.

Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar e profiera otra apegada a la normativa citada.- III.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: “Motivación jurídica omisiva de la sentencia impugnada”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 363 numeral 3, del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer Lo que se debe entender por motivación en la sentencia en un proceso penal.-Según el Artículo 141 del Código Procesal Penal, los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 3 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal.-La falta de motivación se designa como la ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del juez en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho. Siendo que la falta de motivación puede ser de hecho y de derecho, observándose éste último como vicio en el presente proceso, procederemos a explicar en qué consiste la motivación jurídica omisiva, entendiéndose que se produce éste supuesto cuando existe omisión de motivación de forma total del iuris, es decir, la ausencia de las razones jurídicas que determinen a aplicación de una norma a ese hecho.-Dentro de la falta de motivación en derecho, existen presupuestos que consisten tal como lo establece FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la nación), en:1) La no descripción del hecho que debe servir de sustento a la calificación, es decir la sentencia debe explicar los hechos objetos de subsunción jurídica, sin embargo la sentencia estaría privada de motivación en derecho cuando pretenda describir el hecho utilizando directamente el concepto legal constitutivo del tipo penal; 2) Cuando no se justifique legalmente la calificación jurídica, en éste apartado es suficiente para posibilitar el control jurídico de la casación que el Juzgador mencione concretamente los artículos de la ley que aplica a los hechos comprobados; 3) Cuando no se fundamente la aplicación (le las consecuencias jurídicas que de ese encuadramiento se deriven, como en lo relativo a la pena donde debe expresarse los criterios de valoración conforme a la ley.-Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos, se determina que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de fundamentación jurídica de la misma, al omitir el juzgador, expresar de manera clara y precisa los motivos que justifiquen legalmente la decisión de calificar los hechos en el delito de Lavado de Activos en su grado de ejecución de Tentativa, pues el Juzgador se limitó a establecer únicamente en el numeral segundo del apartado de Fundamentación jurídica, la descripción del hecho que le sirvió de sustento a la calificación, tal como se observa a continuación: “Que el imputado C. C., ha participado conduciendo un vehículo conteniendo la cantidad de trescientos mil dólares dinero en efectivo dentro del tanque de combustible de un vehículo propiedad del señor J. I. T., con la intención de entregarlo a terceras personas para su posterior incorporación al sistema financiero nacional o el comercio legal, a fin de ocultar su origen ilícito y destino final, como paso previo para al blanqueo o lavado del dinero incautado, bajo el control inmediato del señor J. I. T., de quien se deduce la titularidad del dinero, vehículo y celular incautados, y por lo tanto un dominio total y claro del hecho por parte de J. I. T., sobre la actividad que se vio frustrada por la oportuna intervención policial sin que dichos fondos hayan perdido siquiera su apariencia como dinero ilícito, conservando sus envolturas en material plástico y separados por hules de colores y ocultos en un vehículo resultando calificar el hecho como un delito de Lavado de Activos en su grado de ejecución de tentativa...” Como podréis observar honorables magistrados, el juzgador tiene plenamente probado que el imputado fue interceptado en el momento mismo de trasladar (Para efectos de comprender el termino Trasladar el diccionario enciclopédico Cabanellas lo define como: “transportar, llevar o conducir, mudar de un puno a otro”), en el vehículo que se conducía, los dineros de procedencia ilícita, los cuales venían ocultos dentro del tanque de combustible.-En virtud de lo anterior y a titulo ilustrativo conviene referirnos a la norma sustantiva que contiene el tipo penal de LAVADO DE ACTIVOS, contenida en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, el cual enuncia que: “Será sancionado con quince (15) a veinte (20) años de reclusión quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad, de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos: tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.-Al contrastar la descripción del hecho por parte del Juzgador en el apartado de fundamentación jurídica, con el contenido de la norma legal supra mencionada, resulta más que evidente que se estaba realizando una acción propia de un delito consumado considerando que dicha norma penal establece dentro de sus hipótesis para la configuración del delito, precisamente “Quien...,. traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación el destino, movimiento o la propiedad de activos, etc.”; y estando claramente evidenciado que el imputado C. C., no sólo conducía el vehículo, sino que además tenía pleno conocimiento del transporte del dinero, el cual, dicho sea de paso se encontraba oculto, manteniendo comunicación con otra de las personas ligadas a la operación que se estaba realizando, no cabe duda que la actividad ilícita se desarrolló, pues de otro modo la norma penal contemplaría dentro de sus elementos objetivos la necesidad que el dinero ilícito llegue a su destino, así como también que el mismo haya sido finalmente incorporado al sistema financiero nacional o el comercio legal para su blanqueo, sino por el contrario establece que el impedir la determinación del origen, así como del destino al que iba, sin lograr justificar su procedencia por medios lícitos, constituye también la comisión del ilícito penal supra mencionado.- Como consecuencia la motivación jurídica omisiva, se concretizó cuando el Juzgador no consignó por escrito las razones que lo determinaron a declarar una concreta voluntad de aplicación de la ley sustantiva, a través de la cual e expusiese las razones del encuadramiento jurídico de la acción en el grado de ejecución de tentativa, por lo que al no fundamentar sobre dicho aspecto en particular, pues no se determina en primer término la causa ajena a la voluntad del agente que impidió la consumación del ilícito penal, ya que si bien es cierto incipientemente se indica que ésta pudo estar integrada por la intervención policial, lo cierto es, que esa escueta referencia no se hace patente como ello impidió que el hecho se consumase, de lo que se determina que dicho apartado de la sentencia carece de las razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia, es decir, no se cuenta con las razones aptas para justificar la condena por el delito de lavado de Activos en su grado de ejecución de tentativa.-En virtud de los argumentos que anteceden, los mismos nos conducen a tener por acreditado que el imputado C. C. realizó la acción a él reprochada la cual se enmarca en un delito consumado y no de Tentativa, considerando que del análisis de los supuestos establecidos con anterioridad, y al no haber plasmado el juzgador en la sentencia razonadamente los motivos que determinaron la aplicación de una norma a ese hecho, vicia la sentencia impugnada de motivación jurídica omisiva.-Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” IV.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, EN SU PRIMER MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO PENAL. Instituye el recurrente como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explica el censor, que al tenor de lo establecido por el órgano jurisdiccional en los hechos probados, el imputado C. C. era la persona que se conducía en un vehículo, tipo pick-up marca Isuzu, placas PBY3565, habiéndosele encontrado de forma oculta y en el interior del tanque de combustible, un compartimento falso conteniendo quince fajos de papel moneda separado en diferentes cantidades de dinero, cuyo total resulto ser de trescientos mil dólares americanos. Continua argumentando, que en virtud de lo anterior se puede apreciar la aplicación indebida por parte del Juzgador del artículo 33 del Código Penal, pues la acción del imputado no consistió en cooperar a la realización del hecho con un aporte de menor importancia, como facilitar, asegurar, agilizar o intensificar el delito, sino por el contrario, cooperó en la ejecución del hecho, trasladando bajo su esfera de dominio la cantidad de dinero supra mencionada, la que además transportaba de forma oculta, de lo cual se deduce que su intención era impedir conocer su origen, la ubicación, así como su destino. Esta Sala de lo Penal realiza un minucioso estudio del cuadro fáctico de la sentencia impugnada, inquebrantable en casación, adecuándolos con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal Sentenciador. Por tratarse de una impugnación donde se alega la infracción de una ley sustantiva, deviene en la obligación de ubicar el presente recurso, en una de las tres modalidades que nos presenta la doctrina en los reclamos por Infracción de Ley, ellas son Violación o Falta de Aplicación” que consiste en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que corresponden o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia; otra modalidad lo constituye la Aplicación Indebida, consistente precisamente en la invocación por el juzgador, de leyes o doctrina legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia; y la última de las formas por infracción de ley es la Interpretación Indebida, que consiste en que, citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. El recurrente ha establecido que conforme a los hechos probados dictados por el Tribunal de Sentencia, no se colige que la participación de imputado C. C. haya sido como cómplice del delito de Lavado de Activos en grado de ejecución de tentativa; en tal sentido debemos analizar el artículo 33 del referido código penal que establece: “Son cómplices lo que, no hallándose comprendido en el Artículo Anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos”. En común con todas las formas de participación tiene la complicidad, que se trata de una contribución a la realización del delito, con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden, en ningún caso, ser consideradas como de autoría. Se deduce que solo cabe calificar de complicidad los comportamientos de cooperación no necesaria, representado por tanto, el grado inferior de comportamientos de cooperación necesaria constitutivo de autoría o asimiladas a ella. El problema consiste en saber cuándo una determinada contribución puede estimarse como necesaria. Como en tantos otros casos en los que hay que valorar la gravedad de una conducta, es necesario utilizar criterios objetivos a partir de las circunstancias en las que actúan personas determinadas en el caso concreto. Si desde el punto de vista preventivo, general y especial, la contribución del participe no parece demasiado grave, tampoco será tan importante y necesaria[2]. En ese orden de ideas y conforme lo relata el cuadro factico en cuestión, que confrontándolo con la norma del artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavados de Activos, se puede determinar que el accionar del señor C. C. al trasladar oculto en un compartimiento falso del vehículo que conducía, trescientos mil dólares americanos, no puede catalogarse como una simple cooperación a la ejecución del hecho investigado. El hecho probado no revela que el incautado haya justificado la procedencia del dinero encartado, por lo que su simple tenencia le hace directamente responsable al no justificar su obtención. Aunado a esto el hecho de llevarlo oculto en un compartimiento falso del vehículo demuestra su intención de evitar que las autoridades descubrieran el traslado de esa cantidad de dinero en moneda extranjera. Siendo evidente por tanto, que el sentenciador aplicó de forma errónea el artículo 33 de nuestro código penal que hace referencia a la participación de las personas como cómplices de un delito; en el caso subjudice el imputado C. C. poseía el dominio del hecho y su comportamiento fue suficientemente relevante y necesario para la consumación del acto. Por todas estas razones es procedente declarar con lugar este primer motivo de casación por Infracción de Ley, por aplicación indebida del artículo 33 del Código Penal. V.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, EN SU SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIADO LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DEL CODIGO PENAL. Se establece como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal; explica el deponente que conforme lo cita el artículo 32 del Código Penal, se puede percibir su falta de aplicación, ya que considera que se presentan todos los requisitos exigidos por el tipo, cómo se puede colegir de la simple lectura de los hechos probados. La pretensión que intenta el recurrente está orientada a que el procesado C. C. sea considerado responsable a titulo de autor del delito consumado de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado Honduras. Esta Sala de lo Penal considera necesario determinar un concepto claro de lo que es la autoría, es preciso diferenciar los grados de responsabilidad penal en base a las aportaciones que realice cada uno de ellos, de tal forma que habrán sujetos que recibirán la totalidad de la pena prevista, mientras otros, al realizar contribuciones secundarias, estarán más alejados de los aspectos fundamentales del delito y por lo tanto podrían llegar a recibir una pena menor. Existen varias teorías que plantea la doctrina para darle respuesta a esta situación, la primera de ellas es la Teoría objetiva, que sostiene que todos los sujetos que intervienen de una u otra forma en el hecho punible son autores, dado que el delito es obra de todos ellos; esta teoría ha sido objeto de muchas críticas y rechazada por muchos autores europeos. La segunda es la Teoría Subjetiva, que consideran que la diferenciación se da en el plano subjetivo. Un sujeto será autor si actúa con voluntad de autor (animus autoris) y será participe si obra con voluntad de participe (animus socil), pero es igualmente cuestionada porque no puede asentarse exclusivamente en la simple voluntad del actor. Y por ultimo encontramos las Teorías Restrictivas de la cual surgen dos: a) Teoría Objetivo-Formal, que consideran que será autor quien realice la conducta subsumible en el tipo de la parte especial y participe quien realice alguna aportación en el hecho que no pueda subsumirse en el tipo, la cual no es aceptada por muchos penalistas. b) La teoría del dominio del hecho, se basa en la diferenciación entre autores y participes. El criterio diferenciador será justamente el dominio del hecho. Autor de un delito será aquel sujeto que tenga el dominio del hecho, aquel que pueda decidir los aspectos esenciales de la ejecución de ese hecho. El control del hecho se realiza a través del dominio de la acción, del dominio de la voluntad o del dominio funcional, según los casos. La Teoría del dominio del hecho distingue tres tipo de autoría, Directa, Mediata y Coautoría. La Autoría directa: establece que Autor principal o directo es el sujeto que domina la acción, realizando personalmente el comportamiento descrito en el tipo penal; en nuestro Código Penal, lo encontramos igualmente regulado cuando el artículo 32 refiere a que serán autores “Quienes toman parte directa en la ejecución del hecho”. La Autoría Mediata considera que, es autor mediato quien no realizar directa y personalmente el hecho, sino que se sirve de otra persona, quien actúa como instrumento y quien es en definitiva la que lo realiza. La teoría mediata se basa en el dominio de la voluntad. En el ya mencionado artículo 32 también encontramos la autoría mediata cuando establece: “Los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo”. La Coautoría son autores quienes realizan el hecho conjuntamente. La teoría del dominio del hecho nos ayuda a concretar los requisitos de la coautoría, desarrollando la idea del dominio funcional del hecho[3]. La coautoría aparece en nuestro código penal en el artículo 32 al establecer: “Los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Si bien nuestra normativa penal no establece puntualmente la Teoría de Dominio del Hecho, según lo relata el código penal, es esta Teoría la que acoge como propia y que se desarrolla en el Titulo V, Capitulo I referente a la “Participación de los sujetos en el delito”. En ese sentido, considera esta Sala de lo Penal, que conforme el cuadro factico de la sentencia, al establecer que el encartado trasladaba cierta cantidad de dinero oculto en el vehículo que conducía y al no justificar la tenencia del mismo se deduce que el señor C. C. actuó como autor conforme el artículo 32 del código penal, al tener el dominio funcional del hecho, lo que le hace responsable penalmente de un delito de Lavado de Activos consumado, en consecuencia es procedente declarar con lugar este segundo motivo de casación interpuesto por el Ministerio Público. VI.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO ALEGANDO MOTIVACIÓN JURIDICA OMISA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Esta Sala de los Penal se abstiene de pronunciarse respecto de este motivo de casación por Quebrantamiento de forma, por haber prosperado los dos primeros motivos por Infracción de Ley. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 369 del Código Procesal Penal; 32 y 33 del Código Penal.- FALLA: 1) Declara CON lugar el recurso de casación por Infracción de Ley, en su dos motivos, y casa la sentencia. 2) Condenar al señor C. C. de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN como autor responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 3) Condenar a C. C., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el mismo tiempo de la condena, como consecuencia de la pena de reclusión, misma que cumplirá en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Santa Bárbara. 4) Se decreta el comiso de los efectos e instrumentos del delito, consistentes en: a) TRESCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS ($ 300.000) b) CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps 4,500.00). c) Un celular NOKIA con su cargador. d) Un CHIP de la empresa TIGO. 5) No procede la condena al procesado en costas procesales personales, ni gastos ocasionados en el juicio.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que procedan conforme a derecho.- Redactó el MAGISTRADO RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.349=2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Bramont Arias,Torres Luis A. Esquema de la parte General,Tratado de Derecho Penal, parte general, Bustos Ramírez, extractados a su vez de la revista de práctica jurídica, número 19, enero-junio 2007, Universidad San Juan Bautista, Lima, Perú.

[2] Muñoz Conde Francisco, Garcia Aran Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 2da Edición. Valencia, España, 1996. Páginas 464 y 465

[3] Gomez de la Torre, Ignacio Berdugo y otros. Lecciones de Derecho Penal, Parte General. Editorial Praxis, España 1996. Páginas 245-249