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Sentencia AC-543-09 — Registro 4904

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto emitido por el juzgado de primera instancia por considerar que no se puede incoar una acción civil y otra acción criminal en el mismo expediente con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio e indemnización de daños y perjuicios solicitando además prohibición de salir del país promovida por la recurrente en contra de dos demandadas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de la revisión de la foliada de mérito, encontramos que efectivamente la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua en los “Considerandos” de la sentencia recurrida en Amparo expresa los fundamentos de su decisión, haciendo una relación de los cuerpos legales citados y llegando a la conclusión que no se puede incoar una acción civil o de derecho privado y otra acción criminal o de derecho público en el mismo expediente, por ser ambos de distinta naturaleza, como lo pretende la recurrente, por lo que no procede lo solicitado en virtud de que la persona emigrante sujeta a proceso o arraigo por cualquier causa, no está obligada, sino en virtud de resolución judicial..."..."una medida cautelar restrictiva de derechos, tendente exclusivamente a paliar en cierto modo el riesgo de fuga, y garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso. No persigue la finalidad de asegurar la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales, pueden comprenderse en el futuro fallo judicial condenatorio que admita la demanda. Hablamos de la responsabilidad civil, es decir, restitución de la cosa, reparación del daño o la correspondiente indemnización de daños y perjuicios; así como también las costas del juicio. Por lo que estas prohibiciones son estrictamente de carácter procesal penal, y carentes de sentido en materia civil..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, a favor de la señora AMPARO AVILA MARTINEZ, hondureña, mayor de edad, soltera, de oficios domésticos y con domicilio en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, contra la sentencia de fecha veintiocho de enero del año dos mil nueve, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que confirmó el auto emitido por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil ocho; con relación a la Demanda Ordinaria cuya suma se lee: “SE PRESENTA DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR UN MONTO DE UN MILLON DE LEMPIRAS EXCATOS MAS COSTAS. NULIDAD ABSOLUTA DE PROTOCOLOS DE INSTRUMENTOS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE ASI COMO DE LOS ASIENTOS DONDE SE ENCUENTRAN INSCRITOS. DEMOLICIÓN DE OBRA. ARRAIGO PRECAUTORIO URGENTE O PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAIS. PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. COSTAS. PODER.” promovida por la señora AMPARO AVILA MARTINEZ, en su condición personal, contra las señoras MARIA ISABEL CANO SANCHEZ y OLGA ASUNCION FLORES AVILA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de agosto del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, la señora AMPARO AVILA MARTINEZ, en su condición personal, promoviendo la Demanda Ordinaria cuya suma se lee: “SE PRESENTA DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR UN MONTO DE UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS (L.1,000.000.00) mas las costas del juicio. NULIDAD ABSOLUTA DE PROTOCOLOS DE INSTRUMENTOS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE ASI COMO DE LOS ASIENTOS DONDE SE ENCUENTRAN INSCRITOS. DEMOLICIÓN DE OBRA. ARRAIGO PRECAUTORIO URGENTE O PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAIS. PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. COSTAS. PODER.”, contra las señoras MARIA ISABEL CANO SANCHEZ y OLGA ASUNCION FLORES AVILA, para que se decreten las medidas precautorias de prohibición de salir del país y prohibición de celebrar actos y contratos en contra de las demandadas, y mediante sentencia definitiva se declare con lugar la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio e Indemnización de Daños y Perjuicios por un monto de UN MILLON DE LEMPIRAS (L. 1,000,000.00), más las costas del juicio, y se declare la nulidad absoluta de instrumentos de escritura pública de compraventa, así como del asiento en que se encuentran inscritos. 2) Que en fecha veinticinco de agosto del año dos mil ocho, el Juzgado de Letras citado: a) admitió la demanda interpuesta por la señora Amparo Ávila Martínez, en su condición indicada; b) ordenó que se cite y emplace a las demandadas para que contesten la demanda; c) declaró sin lugar por improcedente la solicitud de prohibición de salir del país en contra de las demandadas; y d) ordenó librar atenta comunicación al señor Registrador del Instituto de la Propiedad de esa sección judicial, a fin de que proceda a decretar prohibición de celebrar actos y contratos sobre el bien inmueble inscrito bajo el número 01 del tomo 122 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas. 3) Que en fecha veintiocho de enero del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, en su condición de apoderada legal de la señora AMPARO AVILA MARTINEZ y confirmó el auto que se deja relacionado en el inciso que precede, por considerar que no se puede incoar una acción civil o de derecho privado y otra acción criminal o de derecho público en el mismo expediente, por ser ambos de distinta naturaleza, como lo pretende la recurrente, por lo que no procede lo solicitado en virtud de que la persona emigrante sujeta a proceso o arraigo por cualquier causa, no está obligada, sino en virtud de resolución judicial. 4) La recurrente abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de febrero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de la señora AMPARO AVILA MARTINEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiocho de enero del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la recurrente manifiesta en su escrito contentivo de la formalización del recurso que nos ocupa, que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua de fecha veintiocho de enero del año dos mil nueve y que el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, en su condición de apoderada legal de la señora AMPARO AVILA MARTINEZ, confirmó el auto de fecha veinticinco de agosto del año dos mil ocho; emitido por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil ocho; con relación a la Demanda Ordinaria cuya suma se lee: “SE PRESENTA DEMANDA ORDINARIA DE REINVINDICACIÓN DE DOMINIO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR UN MONTO DE UN MILLON DE LEMPIRAS EXCATOS MAS COSTAS. NULIDAD ABSOLUTA DE PROTOCOLOS DE INSTRUMENTOS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE ASI COMO DE LOS ASIENTOS DONDE SE ENCUENTRAN INSCRITOS. DEMOLICIÓN DE OBRA. ARRAIGO PRECAUTORIO URGENTE O PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAIS. PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. COSTAS. PODER.” promovida por la señora AMPARO AVILA MARTINEZ, en su condición personal, contra las señoras MARIA ISABEL CANO SANCHEZ y OLGA ASUNCION FLORES AVILA; es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en sustento de la acción de amparo la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES argumenta que la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, transgredió el Derecho Constitucional, ya que la solicitud de aplicación de la medida precautoria, se hizo en base a lo estipulado en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civiles; el que literalmente expresa “Estas providencias no excluyen las demás que autorizan las leyes”, con lo que deja claro la Ley Procesal Civil que no importa si se autorizan Providencias Precautorias que otras leyes permiten; así tenemos que el Arraigo Precautorio solicitado es una figura contemplada en la Ley Procesal Penal; pero que eso no obstaculiza que sea autorizada para una acción civil; ya que la naturaleza misma no es estrictamente penal, si no lograr una verdadera Tutela Judicial; además son providencias estrictamente precautorias, que cesan cuando desaparezca el peligro que se ha procurado evitar; en este caso el hecho de que las Demandadas salgan del país para evitar la justicia civil hondureña; y que llegado el momento sea la ejecución de la Sentencia incierta o tardía. CONSIDERANDO: Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste emitió su dictamen en fecha cinco de junio de dos mil nueve, señalando que el planteamiento presentado por la impetrante en la formalización se su recurso de Amparo no puede considerarse del contenido constitucional, pues si bien es cierto ella estima que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua le vulnera sus derecho; pero también es cierto que al analizar su planteamiento se determina que está interponiendo el amparo por no estar de acuerdo con la resolución emitida por el Tribunal Ad-quen; no porque dicha resolución vulnere los derechos que menciona. Con ese fundamento, el Ministerio Publico dictamina que la demanda de Amparo, debió haberse declarado inadmisible desde su inicio, por encontrarse en la causa de inadmisibilidad instituida en el Artículo 46, numeral 1.- de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es improcedente el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, por lo que es su criterio que se sobresea la acción impetrada. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO: Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establece los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO: Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos que efectivamente la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua en los “Considerandos” de la sentencia recurrida en Amparo expresa los fundamentos de su decisión, haciendo una relación de los cuerpos legales citados y llegando a la conclusión que no se puede incoar una acción civil o de derecho privado y otra acción criminal o de derecho público en el mismo expediente, por ser ambos de distinta naturaleza, como lo pretende la recurrente, por lo que no procede lo solicitado en virtud de que la persona emigrante sujeta a proceso o arraigo por cualquier causa, no está obligada, sino en virtud de resolución judicial. CONSIDERANDO: Que el Artículo 190 del Código de Procedimientos Comunes; establece: “Las sentencias deben ser claras, precisas congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. CONSIDERANDO: Que las providencias precautorias son actos procesales que pretenden asegurar el resultado práctico de la pretensión, garantizando la existencia de bienes sobre los cuales haya de cumplirse la sentencia judicial que se dicte en un proceso. Siendo las mismas esencialmente provisionales; en consecuencia deben hacerse cesar cuando desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen las cauciones suficientes, de acuerdo a lo establecido en el código de procedimientos comunes en su Artículo 284. CONSIDERANDO: Que en lo que respecta a las prohibiciones consistentes en que la demandada, ni siquiera en este caso imputada, salga del país, constituye igualmente una medida cautelar restrictiva de derechos, tendente exclusivamente a paliar en cierto modo el riesgo de fuga, y garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso. No persigue la finalidad de asegurar la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales, pueden comprenderse en el futuro fallo judicial condenatorio que admita la demanda. Hablamos de la responsabilidad civil, es decir, restitución de la cosa, reparación del daño o la correspondiente indemnización de daños y perjuicios; así como también las costas del juicio. Por lo que estas prohibiciones son estrictamente de carácter procesal penal, y carentes de sentido en materia civil. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es, como ya ha sido establecido, el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 189, 200, 431, 432, y 435 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó la Magistrada CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil once, certificación del fallo de fecha trece de septiembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Civil en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número. 543-P310, P311=09.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL