Sentencia AC-500-10 — Registro 3763
Resumen
Sentencia mediante la cual decretó nulidad del auto apelado ,mediante la cual se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto,contra la providencia que lo declara inadmisible por ser el mismo de mero trámite y que ordena la sustanciación regular del juicio, lo que significó acudir en apelación de hecho ante el Tribunal de Alzada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO (5): Que esta Sala de lo Constitucional, en el caso de mérito estima que la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, emitió la resolución censurada, conforme a Derecho al motivar que las excepciones dilatorias interpuestas, en materia de Inquilinato, por tratarse de juicios especiales, los incidentes deben proponerse junto con la contestación de la demanda y resolverse en la sentencia definitiva, que el Ad-quem en auto de fecha 24 de marzo de 2009, respecto a que por las características y circunstancias de los aspectos resueltos en el auto objeto del recurso, este dejaba de ser de mero trámite; y que si bien es cierto las nulidades pueden ser decretadas de oficio por los jueces de instancia, no significa que se podrán saltar las instancias judiciales, ni mucho menos los procedimientos legalmente establecidos para los incidentes. CONSIDERANDO(6): Que esta Sala aprecia, que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose la garantía constitucional del debido proceso, en toda su amplia gama de garantías que ampara."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de noviembre del dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, a favor de la sociedad mercantil denominada ELECTRO AUDIO S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha nueve de marzo de dos mil diez, que decretó nulidad del auto apelado de fecha diez de febrero del año dos mil nueve, dictado por el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda promovida por GUADALUPE ISABEL MIDENCE VIUDA DE PINEDA, contra la sociedad mercantil denominada ELECTRO AUDIO S. DE R.L. DE C.V. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de marzo del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora GUADALUPE ISABEL MIDENCE VIUDA DE PINEDA, en su condición personal, promoviendo Demanda Sumaria de Desahucio o Desalojo por Incumplimiento de Contrato contra la sociedad mercantil denominada ELECTRO AUDIO S. DE R.L. DE C.V. (Folios uno (01) al cuatro (04)). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha diez de febrero del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dicto providencia mediante la cual resolvió (sic) “admítase el escrito que antecede, y en cuanto lo solicitado por el apoderado legal de la parte demandante, abogado Marlon Javier Meza santos, y en razón que los jueces verán por si mismos los autos para dictar providencia, repóngase la providencia de fecha cuatro de febrero del año en curso (2009), la cual obra a folio numero ciento veintiséis (126) del presente juicio, en el único sentido de tener opuestos los incidentes de nulidad absoluta de actuaciones de previo y especial pronunciamiento, del cual desé traslado a la parte contraria y por el término de TRES DÍAS, para que conteste concretamente sobre la cuestión incidental planteada; en consecuencia déjese Sin Ningún Valor Ni efecto por ahora la apertura del presente juicio a pruebas por OCHO DIAS comunes a las partes; en cuanto a las excepciones interpuestas, sígase con lo resuelto en el auto objeto de reposición (F.126).- En cuanto a la sustitución del JUEZ EJECUTOR a ROBERTO MONTENEGRO ZAVALA; quien es mayor de edad, hondureño y de este domicilio, a quien se le hará saber de este nombramiento en el recaído para su aceptación y demás efectos legales.- Artículos 3, 59, reformado de la Ley de Inquilinato; 130, 131, 134, 135, 136, 158, 197, 199, 286 Nº 2, y 5, 459 Nº 1 del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFIQUESE”. (Folio ciento veintinueve (129). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por la licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada ELECTRO AUDIO S. DE R.L. DE C.V., la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de marzo del año dos mil diez, dicto sentencia mediante la cual decretó nulidad del auto apelado. (Folio treinta y uno (31). 4) Que la recurrente Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de agosto del año dos mil diez, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada ELECTRO AUDIO S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia interlocutoria, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de marzo del año dos mil diez, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de los dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiuno de enero del año dos mil once. 5) Que en fecha veintidós de febrero del año dos mil once, la abogada MARIA WALLESKA ZAVALA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que debe DENEGARSE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el recurso de Amparo Civil interpuesto por la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, a favor de la sociedad mercantil “ELECTRO AUDIO S. DE R.L. DE CV.”, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha nueve de marzo de dos mil diez (EXP. 42-09) que declara con lugar un recurso de apelación presentado contra un auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diez de febrero de dos mil nueve (EXP.2507-2008); con relación a la demanda promovida por la señora GUADALUPE ISABEL MIDENCE VIUDA DE PINEDA, contra la sociedad mercantil ELECTRO AUDIO S. DE R.L. CONSIDERANDO (2): Considerando que el recurrente en sus escritos de interposición y formalización de la acción constitucional de amparo, en resumen anuncia la siguiente relación de hechos: Primero: El acto, resolución orden o mandato contra el cual se reclama es la Sentencia Interlocutoria dictada en el recurso de apelación, interpuesto por mi representada en fecha 24 de febrero de 2009 en la Corte Segunda de Apelaciones de este departamento (exp. 42-09) contra el auto de fecha 10 de febrero de 2009 dictado por el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán (exp.2507-2008); providencia apelada mediante la cual la jueza de primera instancia Declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de febrero de 2009 contra la providencia precitada por considerarlo Inadmisible y ser el mismo de mero trámite y que ordena la sustanciación regular del juicio, lo que significó acudir en apelación de hecho ante el Tribunal de Alzada relacionado. Segundo: Posteriormente en fecha 29 de abril de 2009 exprese agravios señalando todas y cada una de las nulidades de previo y especial pronunciamiento de que adolece el expediente judicial 2507-2008 y que debía no solo el Juzgado de primera instancia decretar de oficio sino también la Corte Segunda de Apelaciones una vez analizadas las pruebas pertinentes. Tercero: Sin embargo, si bien es cierto la Corte Segunda de Apelaciones de este departamento fallo decretando la nulidad del auto apelado (auto de fecha 10 de febrero de 2009), no es menos cierto que omitió señalar que no es un auto de mero trámite por sus características así como por los aspectos resueltos en el mismo, debiendo declarar de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir de autos incluso en los cuales el Apoderado Demandante nunca se notificó y por consiguiente nunca adquirieron el carácter de firmes, así como el caso de autos (31 de marzo de 2007. Exp. 2507-2008 Juzgado de Inquilinato), a través del cual el Juzgado de Primera Instancia declaro con lugar improcedentes providencias precautorias solicitadas por el demandante que lógicamente al carecer del requisito indispensable y al no ser subsanadas imposibilitan la continuación de las actuaciones judiciales acarreando en consecuencia la nulidad de las actuaciones de previo y especial pronunciamiento que fue interpuesta en el momento procesal oportuno, nulidades que fueron inobservadas por el Tribunal de Alzada relacionado. Cuarto: La sentencia interlocutoria contra la que recurro en amparo viola las garantías constitucionales contempladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al inobservar los procedimientos legales establecidos para la tramitación de los incidentes de previo y especial pronunciamiento no solo de los que requieren pronunciamiento previo de la parte contraria y por ende presentación de pruebas sino más aún de los que de oficio debió declarar nulos y por ende anular todas las actuaciones subsiguientes a partir de los mismos por adolecer todo el proceso de vicios de nulidad que nunca fueron subsanados de lo que se colige que la Corte Segunda de Apelaciones de este departamento al momento de dictar la sentencia recurrida ignoro por completo al emitir el fallo lo consignado en el artículo 1589 del Código Civil. CONSIDERANDO (3): Que la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en su resolución de fecha 9 de marzo del año 2010 al estimar que siendo que se trata de una demanda de desahucio promovida en el juzgado de Inquilinato, en la que la parte demandada al momento de contestar la demanda interpuso un incidente de nulidad de actuaciones y asimismo interpuso las excepciones dilatorias de Ineptitud del libelo por defecto legal en el modo e proponer la demanda y la falta de representación legal del procurador de la demandante, incidentes que fueron admitidos por el Juez de Primera Instancia. Que en materia de Inquilinato, por tratarse de juicios especiales, los incidentes deben promoverse junto con la contestación y resolverse en la sentencia definitiva, y en el caso de autos, a pesar de que los incidentes propuestos fueron admitidos, el Juez de Primera Instancia le da traslado de los autos al demandante únicamente para contestar la nulidad planteada, sin darle la oportunidad de contestar las excepciones propuestas, para que una vez contestados todos los incidentes se abra el juicio a pruebas el que deberá servir tanto para probar la acción principal como para probar los incidentes, resolviéndose cada una de ellas en la sentencia definitiva correspondiente, razón por la cual es procedente decretar la nulidad del auto apelado. CONSIDERANDO (4): Que el Ministerio Público en su Dictamen, señala que al enmarcarse el fallo recurrido dentro de los parámetros legales establecidos y habiendo sido emitido por órgano jurisdiccional facultado legalmente para ello, es del criterio que ha sido dictado conforme a derecho; no encontrando vulneración de los derechos constitucionales invocados por la recurrente en la presente acción de Amparo por no apreciársele agraviada o perjudicada con la resolución recurrida, sino que pareciera que lo que se pretende con la presente acción de amparo es dilatar el curso normal del juicio ordinario, indicando que respecto a los planteamientos esgrimidos por la recurrente, y de la revisión de los antecedentes del caso, se observa que mediante el auto de fecha 24 de marzo del año 2009 (folio 8 exp. 42-09) ya el Tribunal de Alzada se había pronunciado respecto a que por las características y circunstancias de los aspectos resueltos en el auto objeto del recurso, este dejaba de ser de mero trámite, constando además la notificación de todas las partes, por lo que éste aspecto no era necesario que se expresará nuevamente en el fallo recurrido en amparo. Que el hecho de manifestar el ad-quem que no se trataba de un auto de mero trámite, no significa que las nulidades debían ser resueltas en el mismo, en vista que previo al pronunciamiento final mediante la sentencia de mérito, se debe cumplir el procedimiento legalmente establecido, caso contrario se estaría vulnerando el debido proceso. Respecto a las nulidades planteadas y pese a que no es función constitucional dilucidarlas o expresarse sobre el fondo del asunto principal, el Ministerio Público se refiere a ellas, en el sentido de que el fundamento que invoca la parte demandada para alegarlas se basa en que la demanda de desahucio fue interpuesta en fecha 25 de marzo del 2008 y el Juez A-quo admitió la misma en fecha 31 de marzo del año 2007 y que además dicho auto no era firme por no haberse notificado al demandante y por lo consiguiente toda actuación posterior debe ser nula. Que en cuanto a las nulidades que según la recurrente debieron ser decretadas de manera oficiosa por el A-quo y el Ad-quem, ya el código de procedimientos civiles señala que en estos casos especiales, el juez se deberá pronunciar sobre las nulidades una vez que haya transcurrido el término para evacuar la prueba propuesta en los incidentes, situación que es precisamente lo que se ordena en fallo del A-quo. Si bien es cierto las nulidades pueden ser decretadas de oficio por los jueces de instancia, esto no significa de manera alguna que se podrán saltar las instancias judiciales, ni mucho menos los procedimientos legalmente establecidos para esos efectos (incidentes), por tanto no puede pretender la recurrente que el Tribunal de Alzada en este caso y previo a darse cumplimiento al procedimiento legal omitido, decrete la nulidad de los mismos, porque entonces el trámite incidental (o el incidente opuesto), ya no tendría razón de ser.- En todo caso si el ad-quem luego de que el A-quo emitiera sentencia resolviendo los incidentes planteados observará que subsiste una nulidad en las actuaciones, será en ese momento cuando podría enmendar el fallo. El Ministerio Público es del criterio que si bien es cierto el debido proceso exige que los fallos judiciales deben ser motivados de manera clara, congruente y suficiente con los agravios expresados, se entiende que dicha situación se cumple cuando al darse una respuesta a un aspecto específico se da respuesta tácita y entendible a los demás, como sucede en el caso de mérito. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala de lo Constitucional, en el caso de mérito estima que la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, emitió la resolución censurada, conforme a Derecho al motivar que las excepciones dilatorias interpuestas, en materia de Inquilinato, por tratarse de juicios especiales, los incidentes deben proponerse junto con la contestación de la demanda y resolverse en la sentencia definitiva, que el Ad-quem en auto de fecha 24 de marzo de 2009, respecto a que por las características y circunstancias de los aspectos resueltos en el auto objeto del recurso, este dejaba de ser de mero trámite; y que si bien es cierto las nulidades pueden ser decretadas de oficio por los jueces de instancia, no significa que se podrán saltar las instancias judiciales, ni mucho menos los procedimientos legalmente establecidos para los incidentes. CONSIDERANDO(6): Que esta Sala aprecia, que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose la garantía constitucional del debido proceso, en toda su amplia gama de garantías que ampara. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 60,82,90, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 numeral 2, 41, 44, 45, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO La Garantía de Amparo interpuesta por la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, a favor de la Sociedad Mercantil “ELECTRO AUDIO S.DE R.L.DE C.V.”, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha nueve de marzo del año dos mil diez, (Exp. 42-09), que declara con lugar un recurso de apelación presentado contra un auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO del departamento de FRANCISCO MORAZAN, en fecha diez de febrero de dos mil nueve; con relación a la demanda promovida por GUADALUPE ISABEL MIDENCE VIUDA DE PINEDA contra la Empresa ELECTRO AUDIO S.DE R.L. DE C.V.”.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y se continúe con el trámite procedente. REDACTO EL MAGISTRADO GUTIERREZ NAVAS. NOTIFIQUESE. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”. “TE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., dos de diciembre de dos mil once. “Visto el recurso de reposición interpuesto por la Licenciada MARBETE IVETH VALLADARES SOLÓRZANO, contra la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil once, mediante la cual esta Sala falló denegando el recurso de amparo promovido por la mencionada recurrente y el cual fuera interpuesto a favor de la sociedad mercantil “ELECTRO AUDIO S. DE R. L. DE C. V.” contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha nueve de marzo de dos mil diez(Exp. 42-09), que declara con lugar un recurso de apelación presentado contra un auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL en fecha diez de febrero de dos mil nueve, (Exp. 2507-2008). CONSIDERANDO: Que mediante la resolución contra la cual se recurre, esta Sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente denegar la indicada acción constitucional de amparo intentada por la recurrente. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Licenciada MARBETE IVETH VALLADARES SOLÓRZANO, contra la sentencia de fecha veintiuno de noviembre antes referida; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se archiven las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE. Firmas. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, Secretario de la Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil once y la resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil once, recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 500-P597-P659=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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