Sentencia AC-177-11 — Registro 15464
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra el auto que declara sin lugar una recusación interpuesta contra los Magistrados de dicha Corte en relación a un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de noviembre de dos mil diez, en el expediente número 001-10.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que de la exposición hecha por el recurrente y del estudio del acto reclamado en amparo se constata que los alegatos planteados en la acción de amparo que se resuelve son propios de las instancias procesales ordinarias. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
Que esta Sala estima pertinente indicarle al recurrente en cuanto a las recusaciones que se promuevan contra jueces de primera o segunda instancia, alegando como justificación de esta acción el denunciar o haber sido denunciado por una de las partes en litigio uno de los jueces o la totalidad de estos; que existe jurisprudencia de este Tribunal a ese respecto, misma que se encuentra contenida entre otros en el recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.561-716-719=06, y la cual contiene una alusión analógica a la causal precitada, pues se refiere a la causal de recusación idéntica que se contiene en el Numeral 2) del artículo 83 del Código Procesal Penal 83, en la cual la Sala ha dejado sentado su criterio de la siguiente manera: “… CONSIDERANDO: Que la palabra recusación se deriva del verbo latino recusare, que significa rehusar, y consiste en la facultad que compete a los litigantes o interesados, de rehusar, de oponerse, a que intervenga o intervengan en un asunto determinado, aquel o aquellos funcionarios de cuya imparcialidad pueda legítimamente dudarse. (vid. SANDOVAL, JOSE MARIA, Anotaciones a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Editorial Calderón, 1973, pág. 239) CONSIDERANDO: Que la finalidad de la institución de la recusación se encuentra, en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías, que incluya la exigencia de imparcialidad de los agentes públicos que intervienen en el mismo, fundamentalmente del Juez. De este modo, y aunque no se cite de manera expresa en el artículo 90 de nuestra Constitución, entre las garantías que deben incluirse dentro del derecho constitucional a un debido proceso, se encuentra el derecho a un Juez imparcial que constituye un presupuesto fundamental para la recta administración de Justicia. CONSIDERANDO: Que tal derecho fundamental encuentra reconocimiento expreso en varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, así tenemos que el artículo 8 No. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “….toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial….”, en tanto que en términos similares el artículo 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,…”CONSIDERANDO: Que el artículo 83 del Código Procesal Penal establece que los Magistrados, Jueces y los auxiliares de órganos jurisdiccionales, sólo podrán ser recusados por causa legítima, y que entre otras se considera causa legítima la prevista en su numeral 2), consistente en “estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta..”. CONSIDERANDO: Que un entendimiento meramente literal del precepto legal antes mencionado, nos conduciría a estimar que de acuerdo a lo prescrito por nuestro Código Procesal Penal, la presentación de denuncia criminal ante el órgano competente, incoada contra uno o más miembros del Tribunal que juzga al imputado, puede ser invocada por éste como causal de recusación, sin que sea menester el que dicha denuncia haya sido admitida en sede judicial. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, la Sala comparte la opinión externada por el Tribunal Ad Quem, en cuanto que no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello de lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas. Es lógico que así sea, porque, en caso contrario, cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa. ( vid. art. 387 del Código Penal, vid. además y para efectos de ilustración el criterio que ha seguido la doctrina y la jurisprudencia española en la aplicación de los artículos 54 No. 3) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 219 No. 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, preceptos que tienen correspondencia con el artículo 83 No. 2) del Código Procesal hondureño: CONDE-PUMPIDO TOURON, CANDIDO, en AAVV, Los Procesos Penales, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con formularios y Jurisprudencia, Disposiciones Generales, arts. 1 al 99, Bosch S.A., Barcelona, 2000, pág. 510, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO (Director), Enjuiciamiento Criminal, Ley y Legislación Complementaria, Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I, Trivium S.A., Madrid, 1998, pág. 423).
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., once de abril de dos mil once. VISTO: El informe solicitado en el recurso de amparo interpuesto por el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del SINICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS “SITRABANTRAL” y del señor ELVIN RUBEN GÓMEZ BANEGAS, contra el auto dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha ocho de marzo de dos mil once, que declara sin lugar una recusación interpuesta contra los Magistrados de dicha Corte Edith Yolanda Gutiérrez, Edwin Alberto Anemis López y Marco Tulio Hernández; en relación a un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de noviembre de dos mil diez, en el expediente número 001-10.CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violados los derechos contenidos en los artículos 64, 76, 82, 90, 95, 304, 314 y 326 de la Constitución de a República; sin embargo, este Tribunal del estudio del acto reclamado, estima que el Ad-quem ha resuelto en los términos y con las formalidades debidas las peticiones presentadas por el recurrente, pues se observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece, y dictándose la misma dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que del informe rendido se aprecia asimismo que el hecho que motiva la presente acción de amparo se origina en un incidente de recusación promovido por el Abogado ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS contra los Magistrados Edith Yolanda Gutiérrez, Edwin Alberto Anemis López y Marco Tulio Hernández, integrantes de la CORTE DE APELACONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONSIDERANDO: Que esta Sala estima pertinente indicarle al recurrente en cuanto a las recusaciones que se promuevan contra jueces de primera o segunda instancia, alegando como justificación de esta acción el denunciar o haber sido denunciado por una de las partes en litigio uno de los jueces o la totalidad de estos; que existe jurisprudencia de este Tribunal a ese respecto, misma que se encuentra contenida entre otros en el recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.561-716-719=06, y la cual contiene una alusión analógica a la causal precitada, pues se refiere a la causal de recusación idéntica que se contiene en el Numeral 2) del artículo 83 del Código Procesal Penal 83, en la cual la Sala ha dejado sentado su criterio de la siguiente manera: “… CONSIDERANDO: Que la palabra recusación se deriva del verbo latino recusare, que significa rehusar, y consiste en la facultad que compete a los litigantes o interesados, de rehusar, de oponerse, a que intervenga o intervengan en un asunto determinado, aquel o aquellos funcionarios de cuya imparcialidad pueda legítimamente dudarse. (vid. SANDOVAL, JOSE MARIA, Anotaciones a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Editorial Calderón, 1973, pág. 239) CONSIDERANDO: Que la finalidad de la institución de la recusación se encuentra, en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías, que incluya la exigencia de imparcialidad de los agentes públicos que intervienen en el mismo, fundamentalmente del Juez. De este modo, y aunque no se cite de manera expresa en el artículo 90 de nuestra Constitución, entre las garantías que deben incluirse dentro del derecho constitucional a un debido proceso, se encuentra el derecho a un Juez imparcial que constituye un presupuesto fundamental para la recta administración de Justicia. CONSIDERANDO: Que tal derecho fundamental encuentra reconocimiento expreso en varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, así tenemos que el artículo 8 No. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “….toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial….”, en tanto que en términos similares el artículo 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,…”CONSIDERANDO: Que el artículo 83 del Código Procesal Penal establece que los Magistrados, Jueces y los auxiliares de órganos jurisdiccionales, sólo podrán ser recusados por causa legítima, y que entre otras se considera causa legítima la prevista en su numeral 2), consistente en “estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta..”. CONSIDERANDO: Que un entendimiento meramente literal del precepto legal antes mencionado, nos conduciría a estimar que de acuerdo a lo prescrito por nuestro Código Procesal Penal, la presentación de denuncia criminal ante el órgano competente, incoada contra uno o más miembros del Tribunal que juzga al imputado, puede ser invocada por éste como causal de recusación, sin que sea menester el que dicha denuncia haya sido admitida en sede judicial. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, la Sala comparte la opinión externada por el Tribunal Ad Quem, en cuanto que no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello de lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas. Es lógico que así sea, porque, en caso contrario, cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa. ( vid. art. 387 del Código Penal, vid. además y para efectos de ilustración el criterio que ha seguido la doctrina y la jurisprudencia española en la aplicación de los artículos 54 No. 3) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 219 No. 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, preceptos que tienen correspondencia con el artículo 83 No. 2) del Código Procesal hondureño: CONDE-PUMPIDO TOURON, CANDIDO, en AAVV, Los Procesos Penales, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con formularios y Jurisprudencia, Disposiciones Generales, arts. 1 al 99, Bosch S.A., Barcelona, 2000, pág. 510, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO (Director), Enjuiciamiento Criminal, Ley y Legislación Complementaria, Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I, Trivium S.A., Madrid, 1998, pág. 423). CONSIDERANDO: Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la mera presentación de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquel, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución.”. Motivos por los cuales se evidencia que el recurrente no logró acreditar con sus alegatos las causales de recusación invocadas contra los Jueces Indicados; y por lo cual esta Sala aprecia que las actuaciones del A-quo se encuentran igualmente motivadas y revestidas de legalidad. CONSIDERANDO: Que de la exposición hecha por el recurrente y del estudio del acto reclamado en amparo se constata que los alegatos planteados en la acción de amparo que se resuelve son propios de las instancias procesales ordinarias. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del SINICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS “SITRABANTRAL” y del señor ELVIN RUBEN GÓMEZ BANEGAS, de que se ha hecho mérito por las razones expuestas; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".COR“TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., veintiséis de mayo de dos mil once.Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, contra la resolución de fecha once de abril de dos mil once, dictada por el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del SINICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS “SITRABANTRAL” y del señor ELVIN RUBEN GÓMEZ BANEGAS, contra el auto dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha ocho de marzo de dos mil once, que declara sin lugar una recusación interpuesta contra los Magistrados de dicha Corte, Edith Yolanda Gutiérrez, Edwin Alberto Anemis López y Marco Tulio Hernández; en relación a un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de noviembre de dos mil diez, en el expediente número 001-10. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional “.... el recurso de reposición podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho”. CONSIDERANDO: Que conforme se aprecia de los autos es evidente que el presente recurso de reposición ha sido interpuesto de manera extemporánea, pues el recurrente manifestó en su notificación personal de fecha diecisiete de mayo del corriente año, no estar conforme con la resolución recurrida; pero planteó el recurso de reposición el veinte de mayo del dos mil once, es decir tres días después de su notificación, acto que de conformidad a la norma procesal precitada resulta extemporáneo, por lo que procede rechazar el referido recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 197 del Código de Procedimientos Civiles; RESUELVE: RECHAZAR POR EXTEMPORANEO EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA. En cuanto a la solicitud de certificación presentada en fecha veinte de mayo del corriente año, que el recurrente se este a lo resuelto en auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil once. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución se de cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el peticionario.- NOTIFIQUESE. Firmas. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el tres de agosto de dos mil once, certificación de las resoluciones de fechas once de abril de dos mil once y veintiséis de mayo de dos mil once, recaídas en el Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No 177=2011.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL