Sentencia AC-1372-09 — Registro 4918
Resumen
Sentencia confirmó auto que declaró sin lugar medidas precautorias de retención de fondos sobre certificados de participación hipotecaria y fiduciaria dados en garantía prendaria a favor de SOLFISA con relación a demanda ordinaria para la devolución de cantidad de dinero retenida indebidamente interpuesta por el señor José Eduardo Callejas Romero contra Soluciones Financieras, S.A. (SOLFISA)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala estima, que tal como lo establece el Ad-quem en el fallo censurado, las medidas pretendidas por la representación del Estado no pueden dictarse o afectar bienes o derechos que pertenecen a terceras personas que no son parte en el juicio de mérito, siendo que el titular único de los certificados sobre los cuales se pretende ejercitar medidas cautelares es el señor Jorge Elías Fléfil Larach. La resolución censurada no limita o impide al recurrente otras acciones dentro del mismo proceso para obtener su pretensión incluso de distinta jurisdicción como ser la civil o la penal, ya que tal como lo explica el Ministerio Público en su pronunciamiento, la aplicación de una medida cautelar por parte del Juez es de carácter provisional, es decir que puede cesar en cualquier momento del proceso, ya que su fin es asegurar el resultado práctico de la acción deducida, que en el presente caso resulta ineficaz, porque los títulos cuya pretensión se solicita ya han sido ejecutados...".."esta Sala aprecia, que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material respetándose las garantías constitucionales invocadas por el impetrante..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de noviembre del dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha dieciséis de abril del año dos mil nueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, que confirmó el auto de fecha treinta de enero del año dos mil cuatro, dictado por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda ordinaria para la devolución de cantidad de dinero retenida indebidamente, interpuesta por el abogado JOSE ANTONIO TAIXES, en su condición de apoderado legal del señor JOSE EDUARDO CALLEJAS ROMERO, contra la sociedad mercantil denominada SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. (SOLFISA). ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de marzo del año dos mil, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSE ANTONIO TAIXES, actuando en su condición de apoderado legal del señor JOSE EDUARDO CALLEJAS ROMERO, interponiendo demanda ordinaria para la devolución de cantidad de dinero retenida indebidamente contra la sociedad mercantil denominada SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. (SOLFISA), para que mediante sentencia definitiva se declare con lugar la demanda y se condene a la parte demandada a la devolución de la cantidad de dinero retenida, al pago de los daños y perjuicios ocasionados y a las costas del juicio. 2) Que en fecha veinticuatro de enero del año dos mil cuatro, compareció el Juzgado de Letras citado, la abogada TANIA MELISSA MEJIA FORTIN, en su condición de procuradora judicial del Estado de Honduras, solicitando medidas precautorias de retención de fondos sobre los certificados de participación hipotecaria y fiduciaria dados en garantía prendaría a favor de su representada “SOLFISA”, las cuales fueron declaradas sin lugar por el A-quo en fecha treinta de enero del año dos mil cuatro, por considerar las mismas improcedentes, en virtud de que en el capítulo II del escrito presentado por la abogada Mejía Fortín, se nombra como supuesto titular de los certificados de participación hipotecaria y fiduciaria emitidos por el Banco Corporativo, S.A. (BANCORP), al señor JORGE ELIAS FLEFIL LARACH, quien no es parte en juicio. 3) Que en fecha dieciséis de abril del año dos mil nueve, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que las medidas pretendidas por la representación del Estado de Honduras, no pueden dictarse o afectar bienes o derechos que pertenecen a terceras personas que no son parte en el juicio. 4) La recurrente abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, compareció ante este Tribunal, en fecha once de diciembre del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis de abril del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el recurso de amparo civil interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE FRANCISCO MORAZAN en fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, que declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra una providencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN en fecha treinta de enero dos mil cuatro; con relación a la demanda ordinaria promovida por el señor JOSE EDUARDO CALLEJAS ROMERO en su condición personal y como representante de la empresa “COPIADORA DE HONDURAS S.A.” contra la Sociedad mercantil “SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.” (SOLFISA) en proceso de liquidación forzosa representada por el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (2): Que la resolución contra la cual se recurre en Amparo, lo constituye la emitida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de abril del año dos mil nueve y que resuelve lo siguiente: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en contra de la providencia de fecha treinta de enero del año dos mil cuatro dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, donde el Tribunal A-quo en completa inobservancia de la normativa aplicable al caso violenta y soslaya las garantías constitucionales del legítimo derecho a la defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO (3): Que el Juzgado de Letras Primero de lo Civil en su resolución de fecha treinta de enero de dos mil cuatro. Textualmente se pronuncia así: “Admítase el escrito que antecede el cual se manda agregar a sus antecedentes, en cuanto a lo solicitado SIN LUGAR por improcedentes en virtud de que en el capitulo II del escrito presentado en fecha veintisiete de enero del dos mil cuatro, se nombro como supuesto titular de los certificados de participación hipotecaria y fiduciaria emitidos por el Banco Corporativo, S.A. (BANCORP) el señor JORGE ELIAS FLEFIL LARACH y a la vez este no es parte en el presente juicio. CONSIDERANDO (4): Que la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en su resolución de fecha diecisiete de abril del año dos mil nueve, en lo medular establece la siguiente motivación “Que a juicio de este Tribunal del Alzada la providencia venida en apelación ha sido dictada con arreglo a derecho, conclusión a la que se arriba después del estudio de los antecedentes, pues consta de autos que las medidas pretendidas por la representación del Estado de Honduras no pueden dictarse o afectar bienes o derechos que pertenecen a terceras personas que no son parte en el juicio de mérito y si de los mismos hizo alguna transacción legal el demandante y reconvenido José Eduardo Callejas Romero, fue actuando con una autorización del señor Jorge Elías Flefil Larach, titular único de los certificados sobre los cuales se pretende ejercitar medidas cautelares, por lo que resultaría improcedente la aplicación de lo estatuido en el Código de procedimientos civiles sobre las providencias precautorias. La Corte de Apelaciones, declaro Sin Lugar, el recurso de apelación interpuesto y Confirmo la providencia de fecha treinta de enero de dos mil cuatro, dictada por el A-quo. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público, en su dictamen, se pronuncia de la siguiente manera: Análisis Jurídico: 4. Que la mención por parte del amparista sobre la ejecución de títulos que fueron dados en garantía por parte del demandante-reconvenido, demuestra que la medida precautoria solicitada carece de sentido, no obstante que dispone de la acción persecutoria contra el deudor al tenor de los artículos 1360 y 1370 del código civil, que se transcriben a continuación: “Quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas”. “Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que este en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de este con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho”. Disposiciones legales que vienen a ilustrar las acciones expeditas que tiene el recurrente bien para personarse como parte en el juicio ejecutivo donde se ha procedido a ejecutar los certificados que fueron dados en garantía a la empresa que representa o en caso de estar finalizada dicha ejecución pedir por la vía ordinaria la nulidad de la sentencia dictada. El Ministerio Público es del parecer que la acción de amparo SE DENIEGUE. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes esta Sala estima, que tal como lo establece el Ad-quem en el fallo censurado, las medidas pretendidas por la representación del Estado no pueden dictarse o afectar bienes o derechos que pertenecen a terceras personas que no son parte en el juicio de mérito, siendo que el titular único de los certificados sobre los cuales se pretende ejercitar medidas cautelares es el señor Jorge Elías Fléfil Larach. La resolución censurada no limita o impide al recurrente otras acciones dentro del mismo proceso para obtener su pretensión incluso de distinta jurisdicción como ser la civil o la penal, ya que tal como lo explica el Ministerio Público en su pronunciamiento, la aplicación de una medida cautelar por parte del Juez es de carácter provisional, es decir que puede cesar en cualquier momento del proceso, ya que su fin es asegurar el resultado práctico de la acción deducida, que en el presente caso resulta ineficaz, porque los títulos cuya pretensión se solicita ya han sido ejecutados. CONSIDERANDO: (7): Que esta Sala aprecia, que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material respetándose las garantías constitucionales invocadas por el impetrante. POR TANTO: La Sala de lo constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, párrafo primero, 183 numeral 1, 303, 304, 313 atribución 5ª, 316, numeral 1, 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 11, 78 No.5, y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1360 y 1370 del código civil.- FALLA: DENEGAR el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. REDACTO EL MAGISTRADO GUTIERREZ NAVAS. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil doce, certificación del fallo de fecha primero de noviembre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número. 1372=09; P26-P30=10.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL