Sentencia AA-927-09 — Registro 6577
Resumen
Recurso de amparo contra actuaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Secretaria de Seguridad y gobierno de facto producto del golpe militar, que han venido restringiendo la libertad de expresión, restricción del derecho de pensamiento, derecho a la seguridad individual y en consecuencia a la vida, por la amenaza a periodistas y comunicadores sociales, suspensión de señales y el fluido eléctrico cuando se trasmite información referentes al golpe militar,consideran los recurrentes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."…"(10): Que la Sala de lo Constitucional al estudiar el caso de mérito, verifica, tal como lo establece el Ministerio Público, el caso subjudice, se ubica dentro de los supuestos de la inadmisibilidad del recurso de amparo, contemplados en el artículo 46, numerales 5 y 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo contenido textual, nos informa: artículo 46. De la inadmisibilidad de la Acción. Es inadmisible el recurso de amparo…. 5. Contra los actos consumados de modo irreparable; 6. Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es decir el recurso debe ser declarado improcedente por mandato de la ley citada, por cuanto estamos en presencia de un acto consumado de modo irreparable, siendo que la restitución al estado anterior, es materialmente imposible, el acto que se reclama se ha consumado y han cesado los efectos de ese acto reclamado, y en lo relativo a la muerte del Comunicador social referido, deberá el Ministerio Público ejercitar de oficio las acciones penales que procedan de acuerdo con la ley, a fin de esclarecer las causas y quienes fueron los autores responsables de la muerte del Comunicador Social señor GABRIEL FINO FIGUEROA, con el propósito de desarrollar una expedita y correcta administración de justicia en el caso subjudice. "
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 5 y 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
FICHA JURISPRUDENCIAL
Sala Constitucional
Honduras, C. A.
Nº EXPEDIENTE Y FECHA DE FALLO:
927=09 (08 de Junio de 2011)
TIPO DE ACCION:
Amparo Administrativo
DESCRIPCIÓN:
Recurrente: ANDRES PAVON MURILLO.
Agraviados: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ (RADIO GLOBO), WILL PAZ y ESDRAS AMADO LOPEZ (CANAL 36), PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, EN SONAGUERA Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON.
Autoridad recurrida: Fuerzas Armadas de Honduras y Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.
Acto reclamado: Amenazas en contra de la libertad de expresión, y contra periodistas y comunicadores sociales de Honduras, con suspensión de señales de programas que transmiten información referente a quienes se oponen a los HECHOS ACONTENCIDOS DURANTE Y POSTERIORMENTE AL GOLPE MILITAR EFECTUADO EL 28 DE JUNIO DE 2009.
PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO POR EL RECURRENTE:
Violación de garantías constitucionales y derechos individuales garantizados en los articulo 64, 68, 70, 72 y 74 de la Constitución de la República, por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Secretaria de Seguridad, quienes cumplen ordenes del gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti Baín, cometiendo actos de amenaza a distintos periodistas como Hill Paz, Jose Luis Galdamez y Esdras Amado López y a medios de comunicación, especialmente en los municipios de Olanchito, en el departamento de Yoro, así como en Sonaguera y Tocoa, en el departamento de Colon, por transmitir información referente a los opositores del gobierno y de las acciones cometidas a raíz del golpe de Estado acontecido el 28 de junio de 2009.
PROBLEMA JURIDICO RECONOCIDO POR LA SALA: (Thema decidendi):
No se reconoce el problema jurídico en virtud de la aplicación del artículo 46 numerales 5) y 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):
La Sala considera que el presente asunto recae dentro de las causales de inadmisibilidad estipuladas en los numerales 5) y 6) del articulo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al ser el acto reclamado uno consumado de modo irreparable y al haber cesado ya los efectos del mismo, siendo su restitución materialmente imposible, en cuanto a las acciones llevadas a cabo durante el 28 de junio de 2009 y posteriores a esa fecha como consecuencia de lo acontecido en nuestro país y en lo relativo a la muerte del comunicador social Gabriel Fino Figueroa, deberá el Ministerio Público ejercitar de oficio las acciones penales que correspondan a fin de esclarecer las causas de muerte y los autores responsables de la misma.
DECISIÓN (decisum):
SOBRESEIDO
LINEA JURISPRUDENCIAL:
CAUSALES DE INADMISIBILIDAD-ACTOS CONSUMADOS Y CESE DE LOS EFECTOS
Conforme al artículo 46 numerales 5) y 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se sobreseerán las diligencias cuando el acto reclamado sea ya consumado de modo irreparable y sus efectos hayan cesado.
ARTICULOS COMENTADOS:
Artículos 46 numerales 5) y 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
C. C.
C E R T I F I C A C I O N
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio del dos mil once. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo administrativo interpuesto por el señor ANDRES PAVON MURILLO, en su condición de Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), a favor de los señores JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, quien trabaja para “Radio Globo”, WUIL PAZ Y ESDRAS AMADO LOPEZ del Canal 36 y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, y en los municipios de TOCOA Y SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON; contra actuaciones de las FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de julio del año dos mil nueve, compareció ante ésta Sala de lo Constitucional, el señor ANDRES PAVON MURILLO, en su condición de Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, quien trabaja para “Radio Globo”, WUIL PAZ Y ESDRAS AMADO LOPEZ del Canal 36 y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, y en los municipios de TOCOA Y SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON, contra actuaciones de las FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, manifestando el recurrente que dichas autoridades mantienen bajo amenazas sistemáticas y actos intimidatorios a dueños de medios de comunicación y periodistas, actuaciones que restringen la libertad de expresión, el derecho de pensamiento, derecho a la seguridad individual y en consecuencia a la vida, en violación a los artículos 59, 61, 68, 70 y 74 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha once de marzo del año dos mil diez, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal Especial abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE SOBRESEA la presente acción de amparo, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado y consistir a ésta fecha en un acto consumado de manera irreparable. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo en el artículo 183 constitucional. En el numeral dos (2) establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que el origen de la cuestión que se plantea lo constituye, lo que narra el recurrente en su escrito de enmienda de la acción constitucional de garantía de amparo (folio 9) explicando los actos contra los cuales se reclama, siendo los actos ejecutados por las Fuerzas Armadas de Honduras por medio del Estado Mayor Conjunto, quien es el que da las instrucciones, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad quien emite las ordenes, y finalmente por los actos del gobierno de facto del señor Roberto Micheletti producto del golpe militar, mediante los cuales se han venido restringiendo la libertad de expresión, restricción del derecho de pensamiento, derecho a la seguridad individual y en consecuencia a la vida, por la amenaza a periodistas y comunicadores sociales, suspensión de señales y el fluido eléctrico cuando se trasmite información referentes al golpe militar en violación a los artículos 59, 61, 64, 68, 70, 72, 74, 81, 321, 323, 324, 325 de la Constitución de la República; 4, 5, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 4 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CONSIDERANDO (4): Que con fecha veintiocho de agosto del año dos mil nueve, fue recibido en la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, el informe rendido por el Auditor Jurídico Militar de la Fuerzas Armadas (F.18), que en su parte medular, expresa lo siguiente: “A este respecto ésta Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se permite informar: 1° Que las Fuerzas Armadas no han ordenado, ni han realizado amenazas de ningún tipo, sea esta aislada o sistemática contra periodista o medio de comunicación alguno, en especial aquellos a favor de los cuales se ha interpuesto el recurso de mérito.- 2° Que fuera de la visita realizada el veintiocho de junio a determinados medios de comunicación para el comiso del material de la ilegal consulta de opinión pública ordenada en auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, no ha ocupado ni realizado ningún acto que pueda considerarse como amenaza o intimidación alguna, sin embargo si se reserva el uso de las acciones jurídicas que la ley confiere para llevar a los Tribunales a aquellas personas que en abierta violación de la Constitución y las leyes injurian, calumnian o difaman a las Fuerzas Armadas o sus miembros sea mediante uso o no de determinados medios de comunicación.- 3° Que ante la polarización social producto de la Sucesión Constitucional, existe un clima de violencia en el país; sobre el cual es imposible que la Fuerza Pública, pueda ejercer un control integral para evitar todas las lesiones a los bienes jurídicos a nivel nacional.- 4° Que siendo que las Fuerzas Armadas en particular no ha ordenado ni ejecutado acto jurídico o de hecho que lesione los derechos y garantías de las personas a favor de las cuales se ha presentado el recurso de mérito, se considera oportuno se presente un mínimo de prueba, pues es evidente que tales acciones constituyen una plataforma de desprestigio inmediato para influir en la mayoría del pueblo hondureño, respetuoso de la Constitución, sus leyes y sus autoridades.- 5° Que nuestros miembros en todas las categorías tienen instrucciones precisas de sujetarse estrictamente a la Constitución y las leyes, portando individualmente la guía de conducta para el Personal Militar, por lo cual las Fuerzas Armadas esta a la disposición de cualquier persona o autoridad para que en casos concretos denuncie al personal que se excede en el ejercicio de sus atribuciones legales, a efecto de ponerlos a la orden de autoridad competente. 6° La acciones que las Fuerzas Armadas ejecutan se hacen en apoyo a la policía Nacional, conforme a los artículos 272 y 274 de la Constitución de a República y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. PCM-M-001-2009”. CONSIDERANDO (5): Que con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil nueve, fue recibido en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, el informe suscrito por Maritza L. Flores Aceituno, Encargada de la Secretaría General, de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, el cual en su parte medular, dice lo siguiente: “A tal efecto le transcribo el Oficio DGPN No. 0724 del 28 de agosto del 2009, que contiene el informe que rindió la Dirección General de la Policía Nacional de Honduras y que literalmente dice: “Oficio D.G.P.N. No. 0724-2009. Tegucigalpa, M.D.C. 28 de agosto, 2009. Señora Secretaria General. Secretaria de Seguridad. Abogada Zoila a. Bonilla…. Tengo a bien informar que: Que como Director General de la Policía he girado instrucciones a todas las Direcciones Policiales a efecto de que se efectué dentro del marco de la legalidad en el cumplimiento de las funciones encomendadas, con respeto estricto a los derechos y garantías contempladas en la Constitución de la República y no violentarlos. 1. En tal razón la Policía Nacional no ha ejecutado ningún acto intimidatorio que atente contra la libertad de expresión y amenazas a comunicadores sociales ni mucho menos en contra de las Radio Emisoras de Juticalpa, Radio Sonaguera. Canales de televisión del municipio de Olanchito, canales 36 y 11, Radio Globo y los señores JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, DAVID ROMERO ELNER, ALEJANDRO VILLATORO Y ESDRAS AMADO LÓPEZ como refiere el libelo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2.- Señalo que los miembros de la policía nacional preventiva del departamento de Colón han estado cumpliendo su labor de velar por la seguridad de la ciudadanía en los hechos posteriores al 28 de junio. 3.- El hecho suscitado el día 3 de julio en referencia al asesinato del Comunicador Social GABRIEL FINO FIGUEROA ocurrido en San Juan Pueblo Aldea de la Masica, Atlántida, es que su fallecimiento se produjo por disparos de arma de fuego, el indicio del móvil es por supuestas enemistades personales, situación que actualmente se investiga a cargo de DNIC DE ATLANTIDA. 4. La presencia de la policía Nacional en las manifestaciones está amparada en virtud de mandato constitucional de preservar el orden y seguridad interior del Estado, que al momento de suscitarse hechos que distorsionen ese orden la Policía hace uso del equipo legalmente permitido para controlar y no hace uso de armas que pongan en precario la seguridad física de las personas. 5.- Que los señores Periodistas ESDRAS AMADO LOPEZ, DAVID ROMERO ELNER, JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ y Don ALEJANDRO VILLATORO como Director General, he instruido diligencias para asegurar sean cumplidas las medidas cautelares de seguridad y protección impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a estos, mediante oficios Números DGPN-No. 0368 librados a los señores Directores de la Policía Preventiva COMISIONADO GENERAL: JOSE LUIS MUÑOZ LICONA, la Dirección Nacional de Investigación Criminal COMISIONADO DE POLICIA MARIO ZEPEDA, Al Jefe de la División de INTERPOL Comisionado de Policía RONMEL ARMANDO MARTINEZ, Director de Inteligencia e Información Policial: Comisionado de Policía JOSE RICARDO RAMIREZ DEL CID para que aseguren se cumplan, relacionando también que se libro comunicado con la Corte Suprema de Justicia a través de los medios de comunicación para levantar las respectivas actas de medidas con las personas comprendidas en ellas. 6. De la suspensión de los canales de Tele Sur, y Cuba Visión que se transmiten por los sistemas de cable privado y que se refiere en el escrito, esa supuesta acción no es vinculativa a las funciones de nuestra institución. 7. De la explosión de un artefacto en la calle principal de la colonia Miramontes frente al centro comercial las Brisas, informo que este hecho ocurrido el día 21 de julio a las 21hrs., ocasionando dicha explosión daños materiales al edificio donde funciona Canal 11 y se determinó por el equipo especializado Escuadrón Antibombas que fue producida por granada M67. Le expreso que aún están pendientes de diligencias de investigación a través DNIC que determinen la responsabilidad a la que haya lugar. El texto literal de este informe fue ratificado por el Director de la Secretaría de Seguridad Salomón de Jesús Escoto Salinas, mediante oficio DGPN SE 0064-2009 de fecha 1 de febrero de 2010, remitido a la presidencia de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional, en fecha tres de febrero del año dos mil diez, (folio 49) emitió el auto que a la letra dice: “Vista y analizada la documentación proporcionada por el Director General de la Policía Nacional Salomón de Jesús Escoto Salinas, declárese SIN LUGAR la solicitud de aplicación de medidas cautelares presentada por el recurrente ANDRES PAVON MURILLO, por estimar esta Sala que no se dan los presupuestos que exige el artículo 59 de la ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de medidas cautelares. En consecuencia continúese con la sustanciación del presente recurso de amparo de conformidad con la ley.”. CONSIDERANDO (7): Que el Ministerio Público en su pronunciamiento, establece los siguientes conceptos: “Al referir las autoridades reclamadas que han estado cumpliendo con su labor de velar por la seguridad ciudadana, no obstante la ocurrencia de eventos graves cometidos en perjuicio de varios comunicadores sociales y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que impuso medidas cautelares de seguridad y protección a los periodistas mencionados en el presente Amparo, se confirma la necesidad de la acción de Amparo, para que de inmediato se les restituya y mantenga en el goce de los derechos que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos establecen, (entre ellos el de la libre circulación de ideas) por encontrarse en inminente peligro su integridad física, su vida, libertad de expresión y otros derechos inherentes a la persona humana. Ahora bien, siendo que a la fecha en que se concedió la vista del expediente, no se encuentra en la Presidencia de la República, el señor Roberto Micheleti Baín, nombrado Presidente por el Congreso Nacional durante el período en que ocurrieron los hechos denunciados, responsable de los toques de queda, y de la emisión de decretos ejecutivos que suspendieron las garantías constitucionales, y de la puesta en las calles de militares y policías, poco o nada puede hacerse para defensa y restitución de los derechos de los agraviados, cuando han cesado los efectos del acto reclamado a la fecha. El Ministerio Público se pronuncio en el sentido de que la acción de Amparo referida debe ser SOBRESEIDA, por haber cesado los efectos del acto reclamado y consistir a esta fecha en un acto consumado de modo irreparable.”. CONSIDERANDO (8): Que con relación a lo consignado en el acápite 5 de este Fallo, y concretamente el numeral 3, del informe suscrito por la Encargada de la Secretaría General, de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, relativo a un hecho suscitado el día 3 de julio del año 2009, en referencia al asesinato del Comunicador Social GABRIEL FINO FIGUEROA, es menester señalar que dentro de las etapas del proceso penal, específicamente en la etapa preparatoria, se encuentra la fase de investigación preliminar, misma que surge a partir de la noticia criminis, y que finaliza con la presentación del requerimiento fiscal, tal como lo establecen los artículos 284, 293 y 294 del Código Procesal Penal. Si bien es cierto, durante todas las etapas del proceso penal, deben observarse los principios que legalmente le rigen; no menos cierto es, que durante la investigación preliminar, los entes a cargo, se encuentran facultados para recopilar información que conlleve a la determinación o no de la existencia de un delito y sus posibles responsables, que en un futuro sirva de fundamento, a efecto de archivar la causa, o bien de respaldo al requerimiento fiscal. Sin embargo, una vez tomada la decisión de judicializar la acción penal, es el Juez, en su rol de garante quien debe asegurarse que cualquier determinación a adoptar, se base en pruebas que efectivamente se hayan producido con sujeción a todos los principios procesales y respetando las garantías mínimas de toda persona inculpada de un delito, contenidas en el articulo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que tal como lo establece el Ministerio Público, en su Dictamen, del informe brindado, por parte de las autoridades reclamadas, (Ejército y Policía), se desprende que estos omitieron dar respuesta circunstanciada de los hechos que motivan la acción de Amparo, (ocurridos el 28 de junio del 2009), negando su participación sobre cualquier acto intimidatorio contra la libertad de expresión y amenazas a comunicadores sociales, indicando que han estado cumpliendo con su labor de velar por la seguridad ciudadana en los hechos posteriores al 28 de junio, la acción se refiere concretamente a esta fecha y después a otros eventos tenidos prácticamente como aislados después del día mencionado. Concretamente se constata contradicción y no justificación en lo referente al 28 de junio de 2009, fecha señalada, en la realización de visita a determinados medios de comunicación por orden del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán para el comiso de material de la ilegal cuarta urna; no acreditándose la existencia de orden de Juez, con la especificación de los medios de comunicación a los que se les practico comiso, tampoco se adjunta copia del informe pormenorizado sobre la práctica de dicha diligencia, ni se justifica la militarización de los medios de comunicación demandantes de amparo, y el impedimento al personal para el ingreso a sus centros de trabajo, así como la transmisión de los distintos programas. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional al estudiar el caso de mérito, verifica, tal como lo establece el Ministerio Público, el caso subjudice, se ubica dentro de los supuestos de la inadmisibilidad del recurso de amparo, contemplados en el artículo 46, numerales 5 y 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo contenido textual, nos informa: artículo 46. De la inadmisibilidad de la Acción. Es inadmisible el recurso de amparo…. 5. Contra los actos consumados de modo irreparable; 6. Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es decir el recurso debe ser declarado improcedente por mandato de la ley citada, por cuanto estamos en presencia de un acto consumado de modo irreparable, siendo que la restitución al estado anterior, es materialmente imposible, el acto que se reclama se ha consumado y han cesado los efectos de ese acto reclamado, y en lo relativo a la muerte del Comunicador social referido, deberá el Ministerio Público ejercitar de oficio las acciones penales que procedan de acuerdo con la ley, a fin de esclarecer las causas y quienes fueron los autores responsables de la muerte del Comunicador Social señor GABRIEL FINO FIGUEROA, con el propósito de desarrollar una expedita y correcta administración de justicia en el caso subjudice. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos 1, 59, 61, 63, 64, 68,70, 72, 74, 81, 82, 90, 103, 183, 272 párrafo tercero, 274, 303 reformado, 313 atribución 5ta. reformado, 316 No. 1, reformado, 321, 323, 324, 325 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4, 5, 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 10 No. 2, 41, 46 numerales 5 y 6, 50, 52, 54, 56, 59 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 284, 293 y 294 del Código Procesal Penal; 16 numerales 2 y 3 de la Ley del Ministerio Público.- FALLA: PRIMERO: SOBRESEYENDO el recurso de Amparo de que se hecho mérito.- SEGUNDO: Que el Ministerio Publico ejercite de oficio las acciones penales que procedan en lo referente a la muerte del Comunicador Social. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, y libre comunicación al Ministerio Público en lo referente a la muerte del Comunicador Social GABRIEL FINO FIGUEROA, en lo que procede en derecho para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de agosto de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal No. 927=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“Cotejado CPCG”