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Sentencia AA-84-10 — Registro 4927

Resumen

Sentencia declaró con lugar nulidad y tuvo firme la resolución con relación a la demanda especial en materia de personal para que se declare nulidad de un acto administrativo promovido contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes, estima que el fondo del asunto en el caso subjúdice, se contrae a establecer si el auto dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha siete de Diciembre del año dos mil nueve, vulnera en perjuicio de la parte demandada las garantías constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso, al vedarle según la recurrente poder interponer el Recurso de Casación..."..."Que en la tramitación posterior de la referida demanda y en aplicación de lo preceptuado en el articulo 913 del Código Procesal Civil, se aplicó por parte del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo la nueva normativa vigente, tanto es así que el recurso de apelación que se interpusiera en contra la sentencia definitiva dictada por el a-quo, por parte de la apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), así como en la posterior remisión que de las diligencias se hiciera a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, se llevó a cabo aplicando lo preceptuado en el Código Procesal Civil y e) Que mediante Decreto Legislativo Nº 168-2009, el soberano Congreso Nacional de la Republica, decretó la suspensión de la aplicación del Código Procesal Civil por un periodo de quince meses, efectivo a partir del dieciocho de agosto del año dos mil nueve; en el caso bajo estudio se constata que tanto la sentencia dictada por el a-quo en fecha nueve de junio del año dos mil nueve, así como el recurso de apelación interpuesto, se efectuaron durante la vigencia del Código Procesal Civil..."..."el argumento esgrimido por la recurrente de que a su representado el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) se le ha dejado indefenso, no es compartido por esta Sala, pues ha resultado claro que si bien es cierto que el procedimiento que se aplicó en un principio es el preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles de 1906, ya que la demanda se interpuso durante la vigencia del mismo; también lo es que al momento en que se dictó sentencia por parte del a-quo ya se encontraba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, razón por la cual y en aplicación del articulo 913 del citado Código, se prosiguió la causa bajo tal normativa, y aunque cabe señalar que la vigencia del nuevo Código resultó efímera, por cuanto el Soberano Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo Nº 168-2009, decretó la suspensión del mismo por el término de quince meses, también lo es que del artículo dos (2) del referido Decreto, colegimos que aquellos juicios iniciados anteriormente a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, al pasar a tramitarse conforme al nuevo Código, tendrían que seguirse sustanciando conforme al mismo, evidentemente ello ha provocado un cambio en lo relativo al trámite a seguirse en el recurso de Casación, el cual en el caso de autos pasó a ceñirse según lo preceptuado en el articulo 721 numeral 1 del Código Procesal Civil que dice: “El recurso de Casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al de la notificación. Pasado dicho plazo sin haberlo interpuesto, quedará de derecho firme la sentencia”; así pues la recurrente no puede alegar indefensión, arguyendo para ello que no sabia cuál era el procedimiento aplicable al caso de autos, siendo así las cosas esta Sala estima que en perjuicio de la parte demandada no se ha suscitado la vulneración del derecho a la defensa..."..."esta Sala no comparte los argumentos esgrimidos por la recurrente en el sentido de que el Tribunal ad-quem le ha vedado de poder interponer Recurso de Casación, y esto se estima así, ya que del estudio de la foliada se constata que la parte demandada erróneamente anunció su intención de interponer recurso de casación, conforme a lo preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles, situación que no resultaba ser la correcta ya que habiéndose producido el trasvase de la ley Procesal anterior al nuevo Código Procesal Civil, lo correcto era entonces interponer el recurso de Casación directamente ante el Tribunal ad-quem, para lo cual tenia que hacerse dentro del plazo señalado en el en el articulo 721 numeral 1 del citado Código, ahora bien el no haberse interpuesto el referido recurso dentro del plazo señalado, ha concitado que el mismo venciera y consecuentemente quedara de derecho firme la sentencia dictada por el ad-quem; en ese orden de ideas esta Sala estima que la alegada vulneración del debido proceso en el caso subjúdice no se ha producido..."..."el auto dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y que dio motivo para que se interpusiera la presente acción de amparo, no ha vulnerado los preceptos constitucionales invocados por la recurrente, por lo cual resulta procedente que el amparo interpuesto deba ser denegado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de octubre de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ROSA MARIA SILVA VELASQUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 1697, con oficina profesional ubicada en el Edificio El Centro, segundo piso Nº 210 del Paseo Liquidámbar de la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra el auto dictado en fecha siete de diciembre del año dos mil nueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que declaró con lugar la nulidad planteada por el apoderado legal de la señora LEONOR MEZA PINEDA, y tuvo por firme la sentencia dictada por esa Corte en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil nueve; con relación a la Demanda Especial en Materia de Personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo, interpuesta por la señora LEONOR MEZA PINEDA, en su condición personal, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP). ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de abril del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, la señora LEONOR MEZA PINEDA, en su condición personal, interponiendo demanda especial en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo, por no ser conforme a derecho, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Directora Ejecutiva y representante legal la Licenciada REINA CONSUELO NAVAS, para que mediante Sentencia Definitiva se declare: a) con lugar la demanda; b) se decrete nulidad e ilegalidad del acto administrativo impugnado de carácter particular por no ser conforme a derecho; c) reconocimiento de una situación jurídica particular por no ser conforme a derecho; d) reconocimiento de una situación jurídica individualizada para su pleno restablecimiento; e) reintegro en iguales o mejores condiciones; f) pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; g) derecho de aguinaldo, vacaciones, bono, décimo cuarto mes; h) nulidad del acto por el cual se ha designado sustituto al cargo del que fue removida; y j) las costas del juicio. 2) Que en fecha nueve de junio del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia mediante la cual declaró: I) procedente la acción entablada por la señora LEONOR MEZA PINEDA, en consecuencia declaró nulidad de la resolución de fecha veintisiete de marzo del año dos mil siete, emitida por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en lo que se refiere a la remoción de la demandante de la Dirección Ejecutiva de dicho Instituto, por considerar que la referida resolución infringe el ordenamiento jurídico; II) Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para la plena efectividad de la misma, se toman las siguientes medidas: a) Reintegrarla al cargo de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), por el tiempo que falta para cumplir el período para el cual fue nombrada, más el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo no laborado por efectos del acto administrativo que determinó su remoción del cargo de Directora; y b) para facilitar a la administración pública el reintegro de la señora LEONOR MEZA PINEDA, al cargo de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), se anula el acuerdo o resolución de nombramiento del o la sustituta; fundamentando su decisión en los artículos 33, 34,82 literales a) y b), 109 y 112 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3) Que ante el recurso de apelación interpuesto por la abogada ROSA MARIA SILVA VELASQUEZ, en su condición de apoderada legal del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en contra de la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior, en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil nueve, el ad-quem, por mayoría de votos declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y a su vez confirmó la sentencia definitiva de fecha nueve de junio del año dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. 4) Que en fecha nueve de noviembre del año dos mil nueve, el abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, en su condición de apoderado legal de la señora LEONOR MEZA PINEDA, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, solicitando que de pleno derecho se decrete nulidad absoluta de actuaciones del auto de fecha diecinueve de octubre del año dos mil nueve, mediante el cual se tuvo por anunciado en tiempo y forma el Recurso de Casación por Infracción de Ley, hecho por la abogada ROSA MARIA SILVA RODRIGUEZ, y pidiendo que se tenga por firme la sentencia definitiva de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones citada. 5) Que en fecha siete de diciembre del año dos mil nueve, el Tribunal ad-quem, declaró de plano con lugar la nulidad planteada y por firme la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil nueve, dictada por esa Corte; fundamentando su decisión en los artículos 721 numeral 1) del Código Procesal Civil; y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 6) En fecha tres de febrero del año dos mil diez, la recurrente abogada ROSA MARIA SILVA VELASQUEZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), afirmando que la decisión del ad-quem, de fecha siete de diciembre del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir al recurrente en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO: Que se conoce en esta Sala el recurso de amparo interpuesto por la abogada ROSA MARIA SILVA VELASQUEZ, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la providencia de fecha siete de diciembre del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de de Lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que la recurrente estima quebrantados en perjuicio de su representado los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, alegando para ello que el auto que se deja relacionado en el acápite anterior, no es conforme a derecho, ya que el mismo al declarar con lugar la nulidad planteada por el representante de la parte demandante y dejar firme la sentencia que ese mismo Tribunal dictara en fecha veintiuno de septiembre de ese mismo, concita con ello la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, al respecto explica que en fecha catorce de octubre del año dos mil nueve presentó escrito ante ese Tribunal, donde manifestaba su intención de interponer recurso de casación por infracción de ley, el cual fue admitido y se tuvo por anunciado en tiempo y forma, ordenándose por parte del ad-quem que se remitieran los autos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, concediéndose a las partes el término de veinte días a fin de que comparecieran al Tribunal de Casación, situación ante el apoderado legal de la parte demandante presentó escrito en el que solicitaba que de pleno derecho se decretara la nulidad absoluta de actuaciones y a su vez se declarara firme la sentencia recaída en segunda instancia; escrito que al tener respuesta afirmativa por parte del referido Tribunal, ha originado la presente acción de amparo, explicando para ello que en el caso de autos el referido Tribunal había señalado un procedimiento a seguir en la tramitación del Recurso de Casación, conforme a lo preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles de 1906, y luego al declarar de plano con lugar la nulidad planteada, le ha vedado a su representado la posibilidad de interponer el Recurso de Casación, y que en ese sentido la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se ha equivocado de procedimiento ya que la demanda se inicio en el año dos mil siete, por lo que con respecto al tramite del referido recurso, el mismo debió tramitarse conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y no la normativa del nuevo Código Procesal Civil que en esos momentos estaba suspendido. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes, estima que el fondo del asunto en el caso subjúdice, se contrae a establecer si el auto dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha siete de Diciembre del año dos mil nueve, vulnera en perjuicio de la parte demandada las garantías constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso, al vedarle según la recurrente poder interponer el Recurso de Casación; en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa lo siguiente: a) Que en fecha trece de abril del año dos mil siete, se interpuso por parte de la señora LEONOR MEZA PINEDA, demanda en contra del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), fecha en la cual se encontraba vigente el Código de Procedimientos Civiles (Vid. folios del 1 al 5 de la p.p.a.); b) Que el día veintisiete de mayo del año dos mil nueve entró en vigencia en nuestro país el Decreto Legislativo Nº 211-2006, contentivo del nuevo Código Procesal Civil, fecha para la cual en el caso de mérito, el a-quo aun no había dictado sentencia, c) Que en fecha nueve de junio del año dos mil nueve el a-quo dictó sentencia, estando en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, d) Que en la tramitación posterior de la referida demanda y en aplicación de lo preceptuado en el articulo 913 del Código Procesal Civil, se aplicó por parte del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo la nueva normativa vigente, tanto es así que el recurso de apelación que se interpusiera en contra la sentencia definitiva dictada por el a-quo, por parte de la apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), así como en la posterior remisión que de las diligencias se hiciera a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, se llevó a cabo aplicando lo preceptuado en el Código Procesal Civil y e) Que mediante Decreto Legislativo Nº 168-2009, el soberano Congreso Nacional de la Republica, decretó la suspensión de la aplicación del Código Procesal Civil por un periodo de quince meses, efectivo a partir del dieciocho de agosto del año dos mil nueve; en el caso bajo estudio se constata que tanto la sentencia dictada por el a-quo en fecha nueve de junio del año dos mil nueve, así como el recurso de apelación interpuesto, se efectuaron durante la vigencia del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que la recurrente ha alegado ante este Alto Tribunal la vulneración del derecho de defensa, preceptuado en el articulo 82 de la Constitución de la Republica, al respecto es menester acotar que el derecho de defensa consiste en que las partes dispongan de oportunidad suficiente para participar con utilidad en el proceso, y para ello es obvio que se requiere de requisitos esenciales; en primer lugar, tener noticia o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos o etapas, en segundo lugar, ser oído, y en tercer lugar ofrecer y producir pruebas; en el caso bajo examen, el argumento esgrimido por la recurrente de que a su representado el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) se le ha dejado indefenso, no es compartido por esta Sala, pues ha resultado claro que si bien es cierto que el procedimiento que se aplicó en un principio es el preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles de 1906, ya que la demanda se interpuso durante la vigencia del mismo; también lo es que al momento en que se dictó sentencia por parte del a-quo ya se encontraba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, razón por la cual y en aplicación del articulo 913 del citado Código, se prosiguió la causa bajo tal normativa, y aunque cabe señalar que la vigencia del nuevo Código resultó efímera, por cuanto el Soberano Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo Nº 168-2009, decretó la suspensión del mismo por el término de quince meses, también lo es que del artículo dos (2) del referido Decreto, colegimos que aquellos juicios iniciados anteriormente a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, al pasar a tramitarse conforme al nuevo Código, tendrían que seguirse sustanciando conforme al mismo, evidentemente ello ha provocado un cambio en lo relativo al trámite a seguirse en el recurso de Casación, el cual en el caso de autos pasó a ceñirse según lo preceptuado en el articulo 721 numeral 1 del Código Procesal Civil que dice: “El recurso de Casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al de la notificación. Pasado dicho plazo sin haberlo interpuesto, quedará de derecho firme la sentencia”; así pues la recurrente no puede alegar indefensión, arguyendo para ello que no sabia cuál era el procedimiento aplicable al caso de autos, siendo así las cosas esta Sala estima que en perjuicio de la parte demandada no se ha suscitado la vulneración del derecho a la defensa. CONSIDERANDO: Que respecto de la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consignada en el párrafo primero del articulo 90 de la Constitución de la Republica, entendemos que la misma, implica entre otros la posibilidad efectiva de acceso a los tribunales, el respeto a los derechos y formalidades establecidas, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad, el derecho a obtener una respuesta motivada y el derecho a impugnar las resoluciones judiciales; en ese orden de ideas esta Sala no comparte los argumentos esgrimidos por la recurrente en el sentido de que el Tribunal ad-quem le ha vedado de poder interponer Recurso de Casación, y esto se estima así, ya que del estudio de la foliada se constata que la parte demandada erróneamente anunció su intención de interponer recurso de casación, conforme a lo preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles, situación que no resultaba ser la correcta ya que habiéndose producido el trasvase de la ley Procesal anterior al nuevo Código Procesal Civil, lo correcto era entonces interponer el recurso de Casación directamente ante el Tribunal ad-quem, para lo cual tenia que hacerse dentro del plazo señalado en el en el articulo 721 numeral 1 del citado Código, ahora bien el no haberse interpuesto el referido recurso dentro del plazo señalado, ha concitado que el mismo venciera y consecuentemente quedara de derecho firme la sentencia dictada por el ad-quem; en ese orden de ideas esta Sala estima que la alegada vulneración del debido proceso en el caso subjúdice no se ha producido. CONSIDERANDO: Que a modo de conclusión podemos afirmar, que el auto dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y que dio motivo para que se interpusiera la presente acción de amparo, no ha vulnerado los preceptos constitucionales invocados por la recurrente, por lo cual resulta procedente que el amparo interpuesto deba ser denegado. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1,80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 ,74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 721 Nº 1 y 913 del Código de Procesal Civil; 8 y 25 de La Convención Americana de Sobre Derechos Humanos; articulo 6 atribución 5ª del Reglamento Interno de La Corte Suprema de Justicia, FALLA: Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROSA MARIA SILVA VELASQUEZ, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra el auto de fecha siete de diciembre del año dos mil nueve, dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil once, certificación del fallo de fecha cuatro de octubre del año dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número. 84-P123, P124-10.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL