Sentencia AA-715-09 — Registro 3753
Resumen
Resolución del PRAF Que denegó una solicitud de la lista de todas las personas que se encuentran en el Sistema de Registro de Beneficios de Honduras (SIRBHO), las cuales son atendidas a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria del Programa de Asignación Familiar (PRAF)fundamentando la misma en virtud que la información solicitada es considerada como reservada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que a criterio de ésta Sala, del texto de los artículos antes señalados cabe colegir que para considerar determinada información como reservada, es necesario realizar el procedimiento señalado en el artículo 18 antes aludido, de no ser así, la misma norma nos indica que la decisión de clasificación de reserva será nula... Que un examen detenido de los antecedentes, revela que no se ha seguido este procedimiento de reserva con respecto al listado de familias que conforman la población económicamente mas vulnerable del país y que son sujeto de ayuda gubernamental, por lo que la negativa del Oficial de Información del Programa de Asignación Familiar (PRAF), a brindar la información ordenada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la información, no tiene ninguna sustentación legal, y consecuentemente vulnera los derechos fundamentales citados. Por el contrario, el conocer los nombres de las familias beneficiadas, garantiza la transparencia de ese Programa, y el hecho de no brindar la información da pie a suspicacias... Que en atención a las razones expuestas con anterioridad, podemos afirmar que la negativa a la ejecución de la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información, es violatoria del derecho de la peticionaria a tener acceso a la información pública, y consecuentemente se le vulnera el derecho reclamado que consta en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal manera que el amparo interpuesto por la Quejosa debe ser otorgado"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13, numerales 1 y 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 3, numerales 6 y 9 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio del año dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la señora SIGNY PAOLLETTE FIALLOS, mayor de edad, soltera, Licenciada en Periodismo, hondureña y de este domicilio, a favor de SI MISMA, contra la Resolución emitida por el Programa de Asignación Familiar (PRAF), en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil ocho, que denegó una solicitud de la lista de nombres y familias de todas las personas que viven en extrema pobreza en los diferentes departamentos, municipios y aldeas del país que se encuentran en el Sistema de Registro de Beneficios de Honduras (SIRBHO), las cuales son atendidas a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria del Programa de Asignación Familiar (PRAF). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres de diciembre del año dos mil ocho, compareció la señora SIGNY PAOLLETTE FIALLOS, en su condición personal, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Programa de Asignación Familiar (PRAF), solicitando se le brinde las listas de los nombres y familias de todas las personas que viven en extrema pobreza en los diferentes departamentos, municipio y aldeas del país que se encuentran en el sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), las cuales son atendidas a través de la Red Solidaria, ahora Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria. 2) Que mediante Dictamen Legal 003-2008, emitido por el PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF), en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil ocho, se resolvió que es improcedente lo solicitado por la recurrente, en virtud de que la información solicitada es considerada como información reservada, según lo dispuesto en la Ley Sobre la Secretividad de Datos y Procesos de Confidencialidad de Datos Personales, ya que la misma ley prohíbe suministrar ese tipo de información, como lo es la base de datos del Sistema de Registros de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO). 3) Que en fecha seis de enero del año dos mil nueve, la señora SIGNY PAOLLETTE FIALLOS, compareció ante el instituto de Acceso a la Información Pública, interponiendo Recurso de Revisión por considerar que no obtuvo respuesta a la solicitud de información pública solicitada, consistente en el listado de las personas que viven en extrema pobreza en los diferentes departamentos, municipios y aldeas del país, que se encuentran en el sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), las cuales son atendidas a través de la Red Solidaria, ahora Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria, presentada en fecha tres de diciembre del año dos mil ocho, ante la Oficina de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Programa a la Asignación Familiar (PRAF). 4) La recurrente SIGNY PAOLLETTE FIALLOS, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de abril del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de SI MISMA, afirmando que Dictamen Legal 003-2008, emitido por el PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF), en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil ocho, es violatorio de lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 80 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que en fecha 3 de diciembre de 2008, la señora SIGNY PAOLLETTE FIALLOS, compareció ante la oficina de Oficial de Información del Programa de Asignación Familiar (PRAF), solicitando, con fundamento en la Ley de Acceso a la Información, un listado de los nombres de los integrantes de las familias que viven en extrema pobreza en cada uno de los departamentos, Municipios, Aldeas y Caseríos de Honduras, información que se encuentra en el Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), familias que son atendidas a través de la Red Solidaria ahora, Secretaria de Desarrollo Social y Red Solidaria. CONSIDERANDO (2): Que en fecha 16 de diciembre de 2008, el Oficial responsable de la Unidad de Transparencia del Programa de Asignación Familiar PRAF, determino la solicitud como improcedente, por considerar que la información solicitada es considerada como reservada, según lo dispuesto en la Ley sobre la Secretividad de Datos y Procesos de Confidencialidad de Datos Personales. CONSIDERANDO (3): Que no conforme con la resolución antes referida, el 6 de enero de 2009, la ahora recurrente, interpuso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, recurso de Revisión contra la resolución emitida por el Programa de Asignación Familiar PRAF, por haber denegado la publicación de la información requerida. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió la Resolución Número 004-2009 resolviendo declarar con lugar el recurso de revisión interpuesto y consecuentemente instruye al Oficial de Información del Programa de Asignación Familiar (PRAF), para que haga entrega a la recurrente de la información solicitada. Como respuesta a un recurso de reposición que contra la resolución Número 004-2009 interpuso el apoderado legal del PRAF, el Instituto de Acceso a la Información Pública emitió una nueva resolución numerada 10-2009, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto y confirmo la resolución Número 004-2009. CONSIDERANDO (5): Que no obstante lo anterior, la recurrente interpone recurso de amparo en contra del Programa de Asignación Familiar (PRAF), específicamente contra el acto cometido por el Programa supramencionado, consistente en no proporcionar la información solicitada aún y cuando existen resoluciones que así lo instruyen. CONSIDERANDO (6): Que contra la negativa de acatar la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información, la señora SIGNY PAOLLETTE FIALLOS interpuso recurso de amparo alegando que esta negativa de proporcionarle la información solicitada, le vulnera los derechos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que dice: Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. Numeral 1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respecto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.- Asimismo el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: Artículo 19:Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. CONSIDERANDO (7): Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido, cuando el programa de Asignación Familiar se niega a proporcionar una información consistente en el listado de integrantes de familias que viven en extrema pobreza y que conforman el listado con que trabaja una organización del Estado denominada como La Red Solidaria; con esto, arguye la recurrente, se vulnera el derecho que tiene toda persona a acceder a la información generada o administrada por sujetos obligados por la ley a proporcionarla. CONSIDERANDO (8): Que en vista de que la fundamentación del Programa de Asignación Familiar es que la información requerida es clasificada como reservada, la Sala estima necesario señalar lo que establece la ley al respecto, así, el artículo 3 numeral 6 y 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define como “Información Reservada: La información pública clasificada como tal por esta Ley, la clasificada como de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones particulares de las instituciones del sector público. Información Confidencial: La información entregada al Estado por particulares a la que la Ley le atribuya carácter confidencial, incluyendo las ofertas selladas en concursos y licitaciones antes de la fecha señalada para su apertura” CONSIDERANDO (9): Que el artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como: “Restricción del acceso a la información. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública estará restringido cuando: 1) cuando lo establezca la Constitución, las leyes, los tratados o sea declarada como reservada con sujeción a lo dispuesto en los Artículos 17 y 18 de esta ley; 2) Se reconozca como información reservada o confidencial de acuerdo con el Artículo 3, numerales 7) y 9), de la presente Ley; 3) todo lo que corresponda a instituciones y empresas del sector privado que no esté comprendido en obligaciones que señale esta Ley y leyes especiales; y, 4) El derecho de acceso a la información pública no será invocado en ningún caso para exigir la identificación de fuentes periodísticas dentro de los órganos del sector público, ni la información que sustente las investigaciones e información periodística que haya sido debidamente publicada y que obre en los archivos de las empresas de medios de comunicación. La Sala de lo Constitucional manifiesta que una vez analizados los antecedentes, los mismos no se subsumen en lo establecido por las normas antes transcritas. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatuye un procedimiento para clasificar una información como reservada y dice: “Acuerdo de clasificación de la información como reservada. Para clasificar la información como reservada, en base a cualquiera de las causales enumeradas en el Artículo anterior, el titular de cualquier órgano público, deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca, quien de considerarlo pertinente, emitirá el respectivo acuerdo de clasificación de la información, debidamente motivado y sustentado. El titular respectivo debe emitir copia de la petición al Instituto de Acceso a la Información Pública. Cuando éste considere que la información cuya clasificación se solicita no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo anterior, lo hará del conocimiento del superior respectivo y éste denegará la solicitud del inferior. Si, contrariando esta opinión, se emitiere el acuerdo de clasificación, éste será nulo de pleno derecho.” CONSIDERANDO (11): Que a criterio de ésta Sala, del texto de los artículos antes señalados cabe colegir que para considerar determinada información como reservada, es necesario realizar el procedimiento señalado en el artículo 18 antes aludido, de no ser así, la misma norma nos indica que la decisión de clasificación de reserva será nula. CONSIDERANDO (12): Que un examen detenido de los antecedentes, revela que no se ha seguido este procedimiento de reserva con respecto al listado de familias que conforman la población económicamente mas vulnerable del país y que son sujeto de ayuda gubernamental, por lo que la negativa del Oficial de Información del Programa de Asignación Familiar (PRAF), a brindar la información ordenada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la información, no tiene ninguna sustentación legal, y consecuentemente vulnera los derechos fundamentales citados. Por el contrario, el conocer los nombres de las familias beneficiadas, garantiza la transparencia de ese Programa, y el hecho de no brindar la información da pie a suspicacias. CONSIDERANDO (13): Que en atención a las razones expuestas con anterioridad, podemos afirmar que la negativa a la ejecución de la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información, es violatoria del derecho de la peticionaria a tener acceso a la información pública, y consecuentemente se le vulnera el derecho reclamado que consta en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal manera que el amparo interpuesto por la Quejosa debe ser otorgado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 69, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 13 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, y 14 N.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18, 19, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 13 numerales 1 y 2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y sello.- DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de julio de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil once, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número 715-p368-369-567=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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