Sentencia AA-675-09 — Registro 6576
Resumen
Amparo interpuesto contra la resolución número 004-2009, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que declaró con lugar un Recurso de revisión interpuesto contra La Unidad De Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Programa de Asignacion Familiar (PRAF)con relación al recurso de revisión promovido a efecto de que se le haga entrega de una lista de las personas que se encuentran en el Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO)y que son atendidas a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria del Programa de Asignación Familiar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que según el alegato de las recurrentes se les ha vulnerado el contenido del artículo 76, en virtud de que consideran que están siendo estigmatizadas al catalogárseles como familias extremadamente pobres, y se limitan a explicar que colocan en entredicho su intimidad personal y familiar lo que conlleva según las recurrentes a afectarles su propia imagen. Sostienen que al aceptar ser beneficiadas por el Programa de Asignación Familiar, y por la Red Solidaria, firmaron una boleta en la que declaran: “Que los datos proporcionados son reales y autorizo para que la información sea utilizada por el gobierno para orientar las políticas sociales”. Esta declaración, sostienen, es un vínculo de confidencialidad entre el gobierno a través del PRAF y cada una de las recurrentes, vinculo que no puede ser violentado por el Instituto de Acceso a la Información, al instruir a la institución gubernamental brindar una información que contiene la descripción de la descripción de la situación económica de un grupo de familias. Al respecto, la Sala de lo Constitucional considera conveniente recordar que al existir una ponderación entre el derecho fundamental a la intimidad y el derecho fundamental a la información, es sabido que existen determinados aspectos reservados a la intimidad personal que pueden mantenerse en archivos, esto, por razones de orden público, por ejemplo los historiales clínicos, y la negativa a brindar esta información, en el análisis de ponderación referido, se convierte en una excepción al derecho fundamental a la información. En el caso que nos ocupa, al realizar el análisis de ponderación, la sala concluye que la información requerida no constituye un derecho fundamental primordial en relación al derecho a la información. “Que a criterio de ésta Sala, del texto de los artículos antes señalados cabe colegir que para considerar que determinada información es reservada, es necesario realizar el procedimiento señalado en el artículo 18 antes aludido. La misma ley sanciona la falta de este procedimiento con la nulidad absoluta, pues no es permitido que se declare una información como reservada sin que se trate de una situación que este subsumida en los supuesto que establece el artículo 17 antes transcrito. “” Que un examen detenido de los antecedentes, revela que la negativa del Oficial de Información del Programa de Asignación Familiar (PRAF), a brindar la información ordenada por el Instituto de Acceso a la Información, no tiene ninguna sustentación legal, ya que no vulnera ningún derecho fundamental el hecho de revelar los nombres de las familias de estrato económicamente bajo, que son sujeto de ayuda gubernamental. Por el contrario, el conocer los nombres de las familias beneficiadas, garantiza la transparencia de ese Programa, y no brindarlos da pie a suspicacias. “Que por todas las razones anteriormente expuestas, podemos señalar que no se aprecia el quebrantamiento de la garantía del debido proceso en perjuicio de las recurrentes; así como tampoco el derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, con fundamento en la motivación que se lee en el considerando número seis del presente fallo. Consecuentemente, el amparo interpuesto a favor de éstas debe ser denegado”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 76 (Decreto)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 3, numeral 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 16 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
FICHA JURISPRUDENCIAL
Sala Constitucional
Honduras, C. A.
Nº DE EXPEDIENTE Y FECHA DE FALLO:
341=10 (08 de Junio de 2011)
TIPO DE ACCION:
Amparo Laboral
DESCRIPCIÓN:
Recurrente: Abogado IVAN ALFREDO VIGIL.
Agraviada: LAURA ELENA RODRIGUEZ.
Autoridad recurrida: Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.
Acto reclamado: Sentencia de fecha 09 de Abril de 2010, dictada en relación a una DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO.
PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO POR EL RECURRENTE:
La resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de esta sección judicial violenta la garantía genérica del debido proceso, el derecho de defensa, al vedar el derecho de su representada y la posibilidad de que sus pretensiones sean juzgadas por el tribunal competente y con arreglo a las formalidades previstas en la ley, al confirmar la resolución del A-quo que a su vez declara con lugar una excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal, impidiendo que a su representada le sea aplicada la ley laboral correspondiente en su caso.
PROBLEMA JURIDICO RECONOCIDO POR LA SALA (Thema decidendi):
La Sala considera que el fallo del Ad-quem no vulnera en perjuicio del recurrente las garantías constitucionales invocadas.
RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):
La Sala Constitucional considera que la decisión censurada, emitida por la autoridad recurrida no ha violentado ninguna garantía procesal y no existe elemento de juicio que establezca lo contrario, al no habérsele privado al recurrente ni su presentada el acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado, pues la procedencia de una excepción dilatoria de incompetencia de un tribunal por razón de la materia, no le priva de su derecho a acceder con su petición o acción ante el tribunal correspondiente, con la garantía del debido proceso y todas las prerrogativas que la ley y la misma Constitución le garantizan y que en el presente caso lo constituye la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
DECISIÓN (Decisum):
DENEGADO
LINEA JURISPRUDENCIAL:
PROCEDENCIA DE UNA EXCEPCION DILATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL POR RAZON DE LA MATERIA Y RESPETO A LA GARANTIA DEL DEBIDO PROCESO
La procedencia de una excepción dilatoria de incompetencia por razón de la materia, no priva a las partes de su acceso a la justicia y derecho de petición ante el tribunal correspondiente.
ARTICULOS COMENTADOS :
Artículos 80, 90 y 265 de la Constitución de la República; 1, 14, 30 y 86 Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral.
C. C.
C E R T I F I C A C I O N
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil once. VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 07172, con oficina profesional en el Bufete Chang-Castillo, en la colonia Miramonte, 3 calle, en esta ciudad; a favor de la señora LAURA ELENA ANDINO RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y este mismo domicilio; contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha nueve de abril del año dos mil diez, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento, en la que se declara sin lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha nueve de febrero de dos mil diez; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LAURA ELENA ANDINO RODRIGUEZ, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE). ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de marzo del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la señora LAURA ELENA ANDINO RODRIGUEZ, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), a través de su Presidente y Representante Legal en ese entonces, el abogado JACOBO OMAR HERNANDEZ CRUZ, a fin de que el demandado probase la justa causa de despido de un miembro fundador de la organización sindical, que goza de la protección especial del Estado con garantía de estabilidad laboral, caso contrario que se procediese a su reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones, el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, incrementos salariales y demás derechos adquiridos, más los intereses y costas del juicio. 2) Que en fecha doce de noviembre de dos mil nueve, el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento celebró audiencia de conciliación, la que se convirtió en primera de trámite, en la cual el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de apoderado legal del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), interpuso la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal por razón de la materia, manifestando que los actos administrativos de su representado, no se encuentran bajo la tutela del Código del Trabajo, sino bajo la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que el Juzgado conocedor de la causa es incompetente en base al artículo 90 del Reglamento de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral. 3) Que en fecha nueve de febrero del año dos mil diez, el referido Juzgado celebró audiencia de continuación de la primera de trámite en la demanda anteriormente relacionada, en la cual declaró con lugar la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal por razón de la materia, interpuesta por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición ya mencionada, por considerar que los conflictos derivados de la contratación de la señora LAURA ELENA ANDINO RODRIGUEZ, deben ser resueltos en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tomando en cuenta que el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL(TSE), es un órgano especial del Estado, independiente, aunque vinculado al Poder Legislativo, siendo una institución autónoma pero no descentralizada y que en el Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, se establecen los puestos y relaciones laborales que deberán regirse por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, encontrándose dentro de éstos el cargo desempeñado por la señora LAURA ELENA ANDINO RODRIGUEZ; fundamentando su decisión en los artículos 2 y 739 del Código del Trabajo; 1, 3 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 4) Que en fecha nueve de abril del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento, dictó sentencia, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de apoderado legal de la señora LAURA ELENA ANDINO RODRIGUEZ, en consecuencia, confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo en fecha nueve de febrero de dos mil diez, teniendo dicha Corte en consideración que la jurisdicción competente para conocer del asunto es la de lo Contencioso Administrativo, estimando por lo tanto que la resolución apelada fue dictada conforme a derecho y acorde a casos similares al de mérito, sobre los que anteriormente decidió el Tribunal ad-quem. 5) El recurrente Abogado IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA, compareció ante esta Sala, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil diez, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora LAURA ELENA ANDINO RODRIGUEZ, afirmando que la decisión del ad-quem, de fecha nueve de abril del año dos mil diez, es violatoria a lo establecido en los artículos 59, 60, 61, 64, 70, 80, 90, 95, 303, 314, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso subjudice, el peticionario lo relaciona con los derechos de defensa, legalidad y prohibición de disminuir, restringir o tergiversar las declaraciones, derechos y garantías establecidas dentro del marco constitucional. CONSIDERANDO (3): Respecto a los derechos de defensa, debido proceso, legalidad y prohibición de disminuir, restringir o tergiversar las declaraciones, derechos y garantías establecidas dentro del marco constitucional, que considera violentados, el peticionario ha basado su recurso en que el a-quo declaró con lugar una excepción dilatoria de incompetencia de tribunal, que fue confirmada por la Corte de Apelaciones, conociendo del recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (4): Que el ad-quem al emitir su decisión se apoya en que existen antecedentes de esa Corte de Apelaciones del Trabajo, conociendo casos similares al que nos ocupa, en la que se tuvo a la vista el ejemplar de la Gaceta No. 31,339 de fecha 26 de junio del año 2007, donde se publica el Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, casos en los que se falló declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmando la sentencia interlocutoria recurrida; y es en esa virtud el a-quen concluye, que la sentencia interlocutoria que conoce en apelación se ajusta a derecho y procede su confirmatoria. CONSIDERANDO (5): Que el asunto de fondo en la causa de merito, radica en que la parte demandante estima que la jurisdicción del trabajo es la competente para conocer del asunto de merito y por otro lado la parte demandada estima que la jurisdicción competente es la de lo Contencioso Administrativo; razón por la cual en el momento procesal oportuno opuso la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal por razón de la materia. CONSIDERANDO (6): Que la competencia se define como la facultad que tiene cada juez o tribunal de conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de las esferas de sus atribuciones; y por consiguiente entendemos, por cuestiones de competencia generalmente las controversias que se suscitan entre dos o mas jurisdicciones; polémicas que versan sobre cual de ellas será la competente para el conocimiento de un negocio por razón de la materia, territorio, las personas etc. CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 51 de la Constitución de la Republica, el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), es un organismo autónomo e independiente con personalidad jurídica, con jurisdicción y competencia en toda la Republica. CONSIDERANDO (8): Que en el uso de las facultades que le confiere el articulo 205 numeral primero de nuestra carta magna, el Congreso Nacional de la Republica procedió mediante decreto legislativo numero 203-2004, publicado en el diario oficial la Gaceta Nº 30,635 de fecha primero de marzo del año dos mil cinco, a interpretar los artículos 47 y 51 de La Ley General de La Administración Publica; al respecto nuestro legislador, en el articulo primero del referido Decreto, señala que: “Las instituciones autónomas a que se refiere la primera ley, son exclusivamente aquellas que tienen a su cargo la administración del Estado y que por tal razón son instituciones descentralizadas del poder ejecutivo; no formando por lo tanto parte de este, el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL(TSE), y el Registro Nacional de las Personas que por cumplir funciones electorales, son órganos especiales del Estado, independientes, aunque vinculados al poder legislativo. Por lo anterior, el vocablo “autónoma o autónomas” atribuidos al TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), y Registro Nacional de las Personas, deben entenderse en el sentido de autodeterminación normativa interna y que por lo tanto no están comprendidas bajo la concepción de instituciones descentralizadas”. CONSIDERANDO(9): Que el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), emitió el Reglamento del Régimen de La Carrera de Los Empleados del referido tribunal, el que fue publicado en el diario oficial La Gaceta numero 31,339 de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, el cual en su articulo uno (1) dispone “….El presente régimen regula en forma obligatoria las relaciones entre el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), y sus empleados permanentes con base a un sistema de meritos y responsabilidades”; en ese mismo sentido el articulo catorce (14) señala que todas las relaciones entre el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), y su personal permanente deberán enmarcarse dentro del régimen de la carrera electoral; el articulo treinta (30) contempla aquellas situaciones debidamente calificadas en que el Tribunal podrá autorizar la cancelación del nombramiento de uno o mas empleados y por tanto ordenar la baja de la carrera, y el articulo ochenta y seis (86) expresa que: “Cualquiera de las causales de despido surte efecto desde el momento en que la parte que se considere agraviada le comunica a la otra. Sin embargo a la parte notificada le asiste el derecho de emplazar a la contraria ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, antes de que transcurra el termino de prescripción o caducidad, a efecto de que se acredite la justa causa del despido, o el abandono sin justa causa de sus labores, según sea el caso”. CONSIDERANDO(10): Que el amparista en la formalización del recurso interpuesto, cuestiona que en el caso de su representada no le es aplicable el reglamento referido en el acápite anterior y que fuera emitido por TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), ya que según su parecer el mismo no tiene rango de ley, amen de que también contraviene, disminuye o tergiversa derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO(11): Que es criterio de esta Sala que siendo el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), un organismo autónomo por lo mismo goza de independencia funcional administrativa y que al tenor de la interpretación que el Soberano Congreso Nacional de la Republica le diera a los artículos 47 y 51 de La Ley General de La Administración Publica mediante decreto legislativo numero 203-2004, se a dejado claramente establecido que dada las funciones especiales del Tribunal Supremo Electoral, dicho organismo goza de autodeterminación normativa interna y que por lo tanto no esta comprendido bajo la concepción de instituciones descentralizadas, a que hace alusión el articulo 265 constitucional, y en ese sentido las personas que laboran para el referido Tribunal no quedan comprendidos por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. CONSIDERANDO(12): Que de las disposiciones de carácter constitucional, legal y reglamentario antes aludidas, se colige que las personas naturales que prestan sus servicios de manera permanente y continua en el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), no se rigen por la normativa común a los trabajadores en general, esto es por el Código del Trabajo, sino por el Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), de lo cual se deriva que los actos de cancelación o separación de dichos servidores públicos deberán ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y no ante los Tribunales del Trabajo. CONSIDERANDO (13): Que el fallo del ad-quem, no vulnera en perjuicio del recurrente, las garantías constitucionales invocadas,habida cuenta de que consta en autos su intervención plena en el proceso, recurriendo incluso hasta la promoción del presente Recurso Extraordinario de Amparo, sin que se le haya privado el acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado, pues la procedencia de una exepcion dilatoria de incompetencia de un tribunal por razón de la materia no le priva de su derecho de acceder con su petición o acción ante otro tribunal adecuado, premisa que le garantiza el Debido Proceso ante un juez natural y con todas las prerrogativas y que en el caso en estudio lo constituye la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (14): Que bajo los argumentos ilustrados por esta Sala de lo Constitucional, se concluye que la sentencia pronunciada en fecha nueve de abril del año dos mil diez, por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, no es violatoria de las garantías constitucionales a que alude el recurrente, por lo que es procedente denegar el amparo a que se ha hecho relación. POR TANTO: La Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la Fiscal, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 51, 205 Nº 1, 265, 303, 304, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 9 Nº 2, 41, 56, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 15 numerales 1 y 24 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; 1, 86 y 90 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), publicado el veintiséis de junio de dos mil siete, en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,339; articulo primero del Decreto Legislativo numero 203-2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 30,635 de fecha primero de marzo del año dos mil cinco; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, presentado por el abogado IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA, a favor de la señora LAURA ELENA ANDINO RODRIGUEZ; contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de abril del año dos mil diez, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado BUSTILLLO PALMA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de agosto de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No. 341-P370-P371=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“Cotejado CPCG”