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Sentencia AA-553-10 — Registro 3744

Resumen

Amparo interpuesto contra DECRETO 6-2010, que deroga el Decreto Legislativo 83-2009 EXONERA DEL PAGO DE LOS CONTRATOS-BECAS A LOS MÉDICOS RESIDENTES CON PRÉSTAMO DE EDUCREDITO

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que en la interposición del recurso de amparo, la impetrante señala que se vulnera a sus defendidos el derecho fundamental a la igualdad y manifiesta lo siguiente: “no se le ha tratado por igual a todos los médicos residentes, ya que se ha excluido a un grupo, entre ellos, mi cliente, haciéndole a firmar un préstamo, cuando a todos los médicos residentes en situaciones idénticas se les da un aumento salarial-beca y no un préstamo. Así pues, se puede observar una  violación del derecho de igualdad, hasta en un doble plano. Por un lado, en el primer plano, es muy claro, que el Congreso nacional cuando otorgó la condonación se fundamentó en el derecho de igualdad; para el caso, el primer Considerando del Decreto dispone: “que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que no hay privilegios en Honduras”, así también en el siguiente Considerando señala: “Que según la ley, ante igual labor, debe ser igual remuneración y que no deben existir diferencias por motivos salariales entre servidores del Estado, cuando se realice una misma labor”. Al derogar el Decreto de condonación (a los médicos residentes que estudiaron-trabajando), que consistía en un préstamo que el Estado les hizo, aun cuando lo que procedía era un aumento al salario-beca, tal como se ha hecho y se hace con todos los médicos residentes en idéntica situación que no se encontraron comprendidos en los años del 2003-2006. se violenta sin lugar a dudas el derecho de igualdad establecido en la Constitución. “ Que continúa exponiendo la recurrente que: “Desde el segundo plano, se violenta el derecho de igualdad, además del principio de seguridad jurídica, porque este grupo de médicos residentes que fueron objeto de la condonación, a la vez por haber sido condonados o exonerados del pago de un préstamo, mediante decreto emitido por el Congreso Nacional, también se encuentra en idénticas condiciones a sectores o grupos que el Congreso Nacional ha condonado o exonerado del pago de deudas, o bien del pago de impuestos. Derogación, que a otros sectores o grupos de personas, en idéntica situación, es decir, que se les ha perdonado algún tipo de pagos, no ha sido regulada, sino, que por el contrario, el Presidente del Congreso Nacional demuestra arbitrariedad del poder del Estado que dirige, cuando en relación a este tema, ha defendiendo públicamente en programas de televisión que, derogar las exoneraciones del pago de impuesto o condonaciones que se han hecho a determinados sectores, o grupos, por más de 5 veces el monto de lo exonerado a mi cliente, es inseguridad jurídica y, en este caso concreto, el legislador ha hecho contrariamente a lo que ha expresado públicamente. Situación que torna la derogación del decreto de condonación o exoneración objeto del amparo, en arbitrariedad. La doctrina señala claramente que el ciudadano tiene que saber a qué atenerse, cuando se trata de decisiones del Estado. Para el caso, si el Gobierno, la Municipalidad, el Congreso Nacional exoneran o perdonan del pago de impuestos, ejemplo, la tributación a una persona o a un grupo de individuos, es inaceptable o produce inseguridad jurídica, si meses después, le dicen a las personas beneficiadas, que las autoridades han resuelto que ahora se pague un impuesto que se les había perdonado, peor aún que paguen los intereses que se generó de una deuda condonada. Ello, aunado a que en la doctrina del Derecho Civil en cuanto a la extinción de la deuda es la condonación o lo que es lo mismo perdonar una deuda, que esta una vez otorgada ésta, es irrevocable. Prueba de ello, es que no se puede perdonar del pago de una deuda y, meses después, decir, no le perdono, me deben nuevamente. Otro ejemplo hipotético concreto, que sería impensable, es que los organismos internaciones o los países que han condonado o exonerado a Honduras del pago de la deuda externa, decidan dentro de unos meses que, ahora no les perdonamos la deuda, páguennos y pague los intereses que se generaron durante los meses que estuvo perdonada la deuda. Así, en definitiva, el principio de seguridad jurídica vincula a todos los poderes del Estado, incluso, al Poder Legislativo; de modo que la regulación legal que cree inseguridad jurídica, en este caso concreto, no sólo violenta el derecho a la igualdad, tratando en forma desigual a personas con una situación jurídica idéntica, sino que también, como se ha explicado, que la incertidumbre, la falta de previsibilidad en cuanto a la emisión de leyes resulta una clara violación al derecho a la de igualdad, generando una grave inseguridad jurídica. Esto más, abre una brecha para que el Congreso Nacional pueda arbitrariamente derogar todo lo que ha condonado, o exonerado, sin control alguno.  “ Que la Sala de lo Constitucional entiende que derecho a la igualdad consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[1]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley. Esta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del año dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo para que se Declare la Inaplicabilidad de una Ley interpuesto por la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, a favor de los señores MÓNICA VANESSA GARCIA SANTACRUZ, BENIGNO ALBERTO CEVALLOS GUARDADO, MARÍA MONTSERRAT TÁBORA, JORGE LUÍS MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, LENCY YOLANY ARÉVALO MEJÍA, BENJAMÍN ALFREDO GUEVARA MEJÍA, LINDA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GÓMEZ, WILMER CARDENIO LÓPEZ MALDONADO, PABLO ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA CAROLINA ARITA ZELAYA, RÓGER ARMANDO DOMÍNGUEZ CONTRERAS, DENIS MATEO ZELAYA RIVERA, NORBERTO JOSE SÁNCHEZ ZELAYA, MARISOL VALLADARES MACHUCA, EDDLIN ONÁN IZAGUIRRE RODRÍGUEZ, MARIA AUXILIADORA RAMOS YNESTROZA, PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FAJARDO, VIVIAN PAOLA PRUDOT PÉREZ, BEATRIZ ALEJANDRA SOSA GONZÁLEZ, MIGUEL ALONSO SOLANO BLANCO, LIGIA GERALDINA UMAÑA SUAZO, LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BUSTAMANTE, ROBERTO JOSE HIZA MEDINA, VÍCTOR MANUEL RIVAS, HOSMAN ELIEZER ACOSTA HERNÁNDEZ, LURBIN WALDINA ANDRADE REYES, DIANA LIZETH MEJÍA GAIDO, ROBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ BENJAMÍN OSORTO ESCOBAR, TERESA ISABEL REYES ALMENDARES, CÉSAR AUGUSTO DÍAZ FERNÁNDEZ, HARRY AGUILAR, CAROLINA DEL CID, DORIS ROSINDA CÁLIX GUERRERO, DARLIN YUDITH MATAMOROS TORRES, CARLOS JAVIER ESPINOZA CRUZ, CAROLINA NINOSKA ALVARENGA ANDRADE, KRISTIAN EMILIO NAVARRO SALOMÓN, GLORIA MERCEDES GONZALEZ CASTRO, LINDA ELIZABETH MOLINA MURILLO, KELIN MARÍA PONCE CHÉVEZ, JHOSY MENDOZA ALVARADO, DARWIN YASIR LÓPEZ BANEGAS, CARLOS ENRIQUE GUILLÉN AYALA, EFRAÍN CASTRO HERNÁNDEZ, LILIAN JAINE DISCUA FLORES, MIRTA LETICIA RIVERA RODRÍGUEZ, MARCELA PINEDA, JORGE OCHOA, EDWIN MAURICIO CANTILLANO QUINTERO, JOSE NAHÚN LEMUS, TANIA MELISSA ROMERO, HÉCTOR MANUEL CARRANZA COELLO, LINA LORILEY LAGOS, ELHAM BELINDA MANDEGARI FERDVSIAN, JORGE ALBERTO BARRIENTOS MEJÍA, MARCO TULIO RODRÍGUEZ GAVARRETE, ARMANDO SÁNCHEZ MORAZÁN, VERNON SANTIAGO FERNANDEZ VILLELA, CLAUDIA PATRICIA MONTOYA ALDANA, MALIN FERNÁNDEZ COLLINS, ELIX OMAR CASTILLO TÁBORA, ALEXANDRA SHELTON, MARCIAL ALEJANDRO ZÚNIDA BARAHONA, CLAUDIA COELLO HERNÁNDEZ, GLENDA GUADALUPE LÓPEZ ROMERO, MARIO ROBERTO RAMOS MARINI, JOSÉ ROLANDO DÍAZ, CARLOS ADALBERTO SALINAS LÓPEZ, ENRIQUE ADOLFO CRUZ MARADIAGA, OVIDIO EDGARDO ALVARADO AGUILAR, KAREN IVETHE GIRÓN CÁLIX, MIRIAM YOLANDA GONZALES MATUTE, BENJAMÍN CANO BACA, JUAN CARLOS AZCONA SCHREMZEL, MAZLOVA LUXELY TOLEDO GONZALES, ILEANA BEATRIZ ROSALES FÉREZ, LINDA YAJEIRA BANEGAS PINEDA, FLOR DE AZALIA GIRÓN MORAZÁN, OLIVER RAMÓN VINDEL CONTANZA, MARLY YAMILETH CASTELLANOS AMADOR, NELSON OMAR RAMOS TÁBORA, BESSY ITALIA TURCIOS GOMEZ, KAREN GISELA GONZALEZ COLINDRES, GONZALO RAFAEL CHÁVEZ MADISON, SANDRA LUZ RODRÍGUEZ GUIFARRO, ÁLVARO JOSÉ PÉREZ LÓPEZ, KAREN PATRICIA CASTILLO REYES, JORGE FERNANDO SIERRA CARVAJAL, MARÍA ALEJANDRA RAMOS GUIFARRO, GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO, MARIXA ELIZABETH RIVERA VIDEZ, CLAUDIA LORENA AGUILAR PONCE, JOSUÉ MOISÉS MEDINA GARCÍA, SOR MARÍA CABALLERO HERNÁNDEZ, PEDRO RENÉ UMANZOR SUAZO, KARLA PATRICIA ESCOLÁN RODEZNO, FÉLIX IVÁN HERRERA TORRES, CÁRMEN AGUILAR, SAÚL EDGARDO JUÁREZ MATAMOROS, TERESA FERRUFINO ACOSTA, ALBA KARINA VIGIL TINOCO, LUIS RAMÍREZ CABRERA, JASMÍN CAROLINA MONTES GUIFARRO, MARCIO IVÁN PINTO BARAHONA, CLAUDIO FABIO ZÚÑIGA HERRERA, CARLOS ROLANDO MONTES GUIFARRO, ROBERTO CANTÓN BARBOSA, KENIA DALILA MEZA DACOSTA, VIVIANA EDUVIGES MEDINA, JOSÉ MANUEL PALOMO GONZÁLES, HEIDY KAREN ZELAYA BANEGAS, CÉSAR EDUARDO HENRIQUÉZ CÁCERES, ANA CAROLINA ARAQUE ZERÓN, NOYDA ISABEL ACOSTA FIGUEROA, ENMA PATRICIA FONSECA PINEDA, DUNIA MARIBEL CUESTAS MONGE, OSCAR ENOC NOLASCO MEJÍA, RAMÓN FÚNEZ SOLÓRZANO, RENÉ FERNANDO PAZ ANDINO, HEYDI MARÍA RÁPALO SCHMAHLFELDT, WENDY KARINA CÁRCAMO MADRID, JORGE MAURICIO PINEL GODOY, SOBEYDA KARINA LÓPEZ CASTILLO, NELSON MAURICIO PERDOMO SABILLÓN, STALIN VIDAL MANCÍAS URQUIZA, NELSON MERCADAL, GABRIELA GUZMÁN, WERNER BODE CORRALES, LUIS GUILLERMO MORAGA SOBALVARRO, DAVID FRANCISCO RODRÍGUEZ PERDOMO, ALINA LANZA CONSUEGRA, KARLA ELIZABETH MITCHELL, DORIS MARIELA MEDINA, JOSÉ MURILLO, FRANKLIN ENRIQUE DEL CID, HILLEN CRUZ ENG, SONIA GUADALUPE MARTÍNEZ MEJÍA, TEMIS ENAMORADO CLAROS, ALEJANDRO JOSÉ ZELAYA BALTONDANO, SCARLETT PATRICIA RODRÍGUEZ VIDES, LUIS CÉSAR RODRÍGUEZ SALINAS, MARCIA YADIRA RODRÍGUEZ ESPINOZA, DORA ARACELLY CARRASCO CERRATO, FRANCIS RAMONA ECHEVERRÍA VARELA, ANA CAROLINA MEJÍA IZAGUIRRE, KARLA MARÍA RUBIO LARA, CLAUDIA YADIRA CONTRERAS DÍAZ, CARLOS VIANNEY HERNÁNDEZ FLORES, LUIS FERNANDO BUESO ARDÓN, WILLIAM JESÚS LEMUS NOLASCO, LUIS CARLOS HERNÁNDEZ MOTIÑO, ZOILA MARÍA PADILLA, LUIS VALLDARES, OFELIA LOANNY ELVIR LAZO, MOISÉS NAZAR RODRÍGUEZ, MARVIN ENRIQUE LAZO CABRERA, JESSICA SORAYA REYES PUERTO, LIDIA DOLORES GALEAS ROSALES, LIBERATO MADRID CASTRO, ALEJANDRA ANTONIA ELVIR FONTECHA, NOÉ AMILCAR CARÍAS AGUIRRE, HÉCTOR ALEJANDRO ARMIJO MEDINA, MARISOL MARADIAGA JEAMBOERDE, KARLA PATRICIA GUEVARA, KARLA PATRICIA NATIVÍ PINEDA, NORMA CECILIA MASS, HOLLY ARGENTINA PALACIOS GUIFARRO, RAFAEL ALEJANDRO SIERRA LINARES, KENIA ISABEL ALMENDARES PÉREZ, YADIRA YAMILETH CÁRCAMO MORALES, GÍA ZONALETTI TOSTELAN, LEONARDO RAMSÉS SIERRA, CARLOS LISANDRO MORALES SILVA, ALLAN ALCIDES ALVAREZ CORRALES, DAYSI PATRICIA CASTRO RODRÍGUEZ, LAURA ONDINA CERNA ZELAYA, ABEL LEONARDO VÁSQUEZ ACOSTA, MARLON FABRICIO BARAHONA SOTO, GLORIA VALESKA CÁCERES ESTRADA, FRESIA MARÍA ALVARADO GAMEZ, PABLO ENRIQUE SANTOS SAGASTUME, MANUEL ENRIQUE BOQUÍN SUÁREZ, MARÍA ROSARIO VALDIVIESO ORTEGA, JUSTO OYUELA CARRASCO, ENMA ELISA CASTILLO GIMÉNEZ, VERÓNICA ISABEL MELÉNDEZ OVIEDO Y ROCÍO ALEJANDRINA SORTO VALLADARES, todos mayores de edad, Médicos y hondureños, contra el Decreto No. 6-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha 26 de marzo del año 2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,248 el 26 de junio de 2010, que deroga el Decreto No. 83-2009 emitido por el Congreso Nacional de la República el 14 de mayo de 2009, mediante el cual se exonera del pago de los contratos-becas a ciento noventa y dos (192) médicos residentes y cuya deuda es de Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Noventa Mil Trescientos Diecinueve Lempiras (L.42,890,319.00) con préstamo de EDUCRÉDITO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de agosto del año dos mil diez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, interponiendo Recurso de Amparo para que se Declare la Inaplicabilidad de una Ley, a favor de los señores mencionados en el preámbulo de este fallo, alegando que el Decreto No. 6-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha 26 de marzo del año 2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,248 el 26 de junio de 2010, que deroga el Decreto No. 83-2009 emitido por el Congreso Nacional de la República el 14 de mayo de 2009, mediante el cual se exonera del pago de los contratos-becas a ciento noventa y dos (192) médicos residentes y cuya deuda es de Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Noventa Mil Trescientos Diecinueve Lempiras (L.42,890,319.00) con préstamo de EDUCRÉDITO, alegando la recurrente el mismo es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 63 de la Constitución de la República. 2) Que el siete de septiembre de dos mil diez, la Sala, previo a pronunciarse en cuanto a la procedencia de la admisión y medida precautoria solicitada, dispuso que la autoridad recurrida enviara un informe pertinente al acto reclamado, remitiendo una copia autenticada de los antecedentes formados a raíz de la iniciativa de ley presentada al efecto y que resultó en el Decreto impugnado, debiendo incluirse en el mismo el correspondiente dictamen. 3) Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil diez, en virtud de lo informado por el Congreso Nacional de la República, se admitió el presente recurso sin suspensión del acto reclamado y se concedió la vista por el término de cuarenta y ocho horas a la recurrente, para que formalizara por escrito su petición. 4) Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil diez siendo las nueve de la mañana con veintiocho minutos, la recurrente, presentó su escrito de formalización, y en virtud de que el término concedido venció el día veintitrés de octubre a las once de la mañana con cincuenta minutos, la Sala, declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la recurrente para que formalizara su acción, sin embargo, apreciándose del escrito de interposición, que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se procedió a continuar con el trámite normal de la presente acción de amparo, dándose vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho, para que emitiera su dictamen, según lo dispuesto en el artículo 54 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 5) Que el doce de enero del año dos mil once, el Ministerio Público a través de su Fiscal ENNY WALESKA ESTRADA, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE OTORGUE la presente acción de amparo, en vista de que la misma vulnera los derechos fundamentales alegados por la impetrante. CONSIDERANDO(1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo establecido en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO(2): Que el Estado reconoce la garantía de amparo en el artículo 183 Constitucional, que en el numeral dos (2) establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley. CONSIDERANDO(3): Que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras otorga, entre otros, el titulo base de “Doctor en Medicina y Cirugía”; en ese sentido, cuando una persona ha obtenido este titulo y decide optar por una especialidad, debe prestar sus servicios de consultas, cirugías, investigaciones, etc., realizando turnos de cuarenta y ocho (48) horas. Esta, es una prestación de servicios como Médicos Generales a favor del Estado, quien en lugar de efectuar una remuneración, retribuye este servicio bajo la modalidad de estudio-trabajo, convirtiéndose el estipendio en un SALARIO-BECA. CONSIDERANDO(4): Que los optantes al titulo de especialización, han recibido este salario-beca durante varias generaciones. Así, los Médicos Residentes que estaban especializándose en los años 2003 al 2006, solicitaron un aumento al salario-beca que recibían. Consta a folio 397 de autos, el “CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ENTRE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)” peticionado por esta Sala para mejor proveer; en la cual se lee entre otros que: “… Y en cumplimiento del Acta de Compromiso suscrita el 1 de abril del presente año por los representantes del Gobierno, Médicos Residentes y la Comisión de Alto Nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para dar fin al conflicto entre las partes involucradas, hemos convenido celebrar, como al efecto celebramos, el presente Convenio de Administración de Fondos de conformidad a los siguientes términos: CLAUSULA PRIMERA: DE LA FINALIDAD Y MONTO DEL CONVENIO. 1. El presente Convenio tiene la finalidad establecer las condiciones generales para la administración de los fondos destinados a conceder préstamos a Médicos Residentes en Tegucigalpa y para el cobro respectivo de dichos préstamos, tal como lo establece el numeral No.4 inciso a,b,c,d,e,f, y g, del Acta de Compromiso.-…..CLAUSULA SEGUNDA.- DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS.1. El otorgamiento de los préstamos a los Médicos Residentes estarán sujetos a los siguientes requisitos: a) Que los beneficiarios (as) sean Médicos Residentes en Tegucigalpa y que estén cursando una especialidad en el Hospital Escuela, Hospital San Felipe, Hospital del Tórax, Hospital Mario Mendoza e Instituto Hondureño de Seguridad Social., b)… c) Contar con un aval que garantice el pago de la deuda, que puede ser el Cónyuge del Médico Residente, o el padre o madre, en caso de ser soltero o soltera, d) Endosar a favor de EDUCREDITO una Póliza de Seguro de Vida del prestatario, por un monto igual al saldo principal adeudado. EDUCREDITO transferirá el beneficio de estas pólizas a favor de la Secretaría de Finanzas. El monto de la p>liza para el primer año, será equivalente a L.100,000.00 (Cien Mil Lempiras) el cual será incrementado al final de cada año, por una suma similar.2. La Secretaría de Finanzas, a través de EDUCREDITO, concederá anualmente, un préstamo a cada Médico Residente por un valor máximo de Lps.100,000.00 (Cien Mil Lempiras), desembolsados mensualmente, bajo los siguientes términos y condiciones: a) …,b)… 3.para formalizar el financiamiento, EDUCREDITO y cada Médico firmarán Convenios de Préstamos conjuntamente con los pagares que reflejen los compromisos de pago.”.- Así, el aumento fue otorgado en calidad de préstamo por la institución denominada EDUCREDITO, constituyéndose como aval solidario el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas y Crédito Público, entre otros. CONSIDERANDO(5): Que en fecha 14 de mayo de 2009 el Congreso Nacional electo para el periodo 2006-2009, emitió el Decreto 83-2009 publicado el 23 de enero de 2010 en el Diario Oficial La Gaceta número 32,121 exonerando la deuda que habían adquirido los becarios a requerimiento de la Secretaría de Estado mencionada, la que asciende a CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS (L.42,890,319.00), razonando la decisión legislativa de la manera siguiente: “CONSIDERANDO: Que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley y que no hay privilegios en Honduras.- CONSIDERANDO: Que según la ley, ante igual labor debe ser igual remuneración y que no deben existir diferencias por motivos salariales ente servidores del Estado cuando se realice la misma labor.- CONSIDERANDO: Que corresponde únicamente al Congreso Nacional exonerar el pago de préstamos o becas otorgados con fondos del Estado.” CONSIDERANDO(6): Que el artículo 205 numeral 36 de la Constitución de la República establece: “Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo; para efectuar la contratación de empréstitos en el extranjero o de aquellos que, aunque convenidos en el país hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea probado por el Congreso Nacional; “. CONSIDERANDO(7): Que en fecha dos de marzo de dos mil diez, el Congreso Nacional de la República emitió el Decreto No.6-2010, publicado el 26 de junio de 2010, mediante el cual se derogo el Decreto 83-2009 supramencionado, exponiendo como razonamiento para esta determinación la siguiente: “CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República prohíbe hacer compromisos o efectuar pagos fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias. CONSIDERANDO: Que toda Resolución, Decreto o Sentencia, deben observar para que la emisión del principio de legalidad, emitiendo los mismos por la autoridad competente observando para ello todos los requisitos señala la legislación nacional. CONSIDERANDO: Que en Honduras todos somos iguales ante la Ley y en consecuencia no existen clases ni grupos privilegiados. CONSIDERANDO: Que corresponde por mandato de la Ley al Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes según el Artículo 205 numeral 1) de la Constitución de la República.” CONSIDERANDO(8): Que el 25 de agosto de 2010, la recurrente, abogada Georgina Sierra Carvajal, interpuso ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional una acción extraordinaria de amparo, mediante la cual solicita que se Declare la Inaplicabilidad del Decreto No. 6-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,248 el 26 de junio de 2010, en virtud de que deroga el Decreto No. 83-2009 relacionado anteriormente, mediante el cual, como quedo dicho, se exonera del pago de los contratos-becas a ciento noventa y dos (192) médicos residentes y cuya deuda asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS (L.42,890,319.00) con préstamo de EDUCRÉDITO; a juicio del Ministerio Público este Decreto No. 6-2010 es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 63 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(9): Que en la interposición del recurso de amparo, la impetrante señala que se vulnera a sus defendidos el derecho fundamental a la igualdad y manifiesta lo siguiente: “no se le ha tratado por igual a todos los médicos residentes, ya que se ha excluido a un grupo, entre ellos, mi cliente, haciéndole a firmar un préstamo, cuando a todos los médicos residentes en situaciones idénticas se les da un aumento salarial-beca y no un préstamo. Así pues, se puede observar una violación del derecho de igualdad, hasta en un doble plano. Por un lado, en el primer plano, es muy claro, que el Congreso nacional cuando otorgó la condonación se fundamentó en el derecho de igualdad; para el caso, el primer Considerando del Decreto dispone: “que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que no hay privilegios en Honduras”, así también en el siguiente Considerando señala: “Que según la ley, ante igual labor, debe ser igual remuneración y que no deben existir diferencias por motivos salariales entre servidores del Estado, cuando se realice una misma labor”. Al derogar el Decreto de condonación (a los médicos residentes que estudiaron-trabajando), que consistía en un préstamo que el Estado les hizo, aun cuando lo que procedía era un aumento al salario-beca, tal como se ha hecho y se hace con todos los médicos residentes en idéntica situación que no se encontraron comprendidos en los años del 2003-2006. se violenta sin lugar a dudas el derecho de igualdad establecido en la Constitución. CONSIDERANDO (10): Que continúa exponiendo la recurrente que: “Desde el segundo plano, se violenta el derecho de igualdad, además del principio de seguridad jurídica, porque este grupo de médicos residentes que fueron objeto de la condonación, a la vez por haber sido condonados o exonerados del pago de un préstamo, mediante decreto emitido por el Congreso Nacional, también se encuentra en idénticas condiciones a sectores o grupos que el Congreso Nacional ha condonado o exonerado del pago de deudas, o bien del pago de impuestos. Derogación, que a otros sectores o grupos de personas, en idéntica situación, es decir, que se les ha perdonado algún tipo de pagos, no ha sido regulada, sino, que por el contrario, el Presidente del Congreso Nacional demuestra arbitrariedad del poder del Estado que dirige, cuando en relación a este tema, ha defendiendo públicamente en programas de televisión que, derogar las exoneraciones del pago de impuesto o condonaciones que se han hecho a determinados sectores, o grupos, por más de 5 veces el monto de lo exonerado a mi cliente, es inseguridad jurídica y, en este caso concreto, el legislador ha hecho contrariamente a lo que ha expresado públicamente. Situación que torna la derogación del decreto de condonación o exoneración objeto del amparo, en arbitrariedad. La doctrina señala claramente que el ciudadano tiene que saber a qué atenerse, cuando se trata de decisiones del Estado. Para el caso, si el Gobierno, la Municipalidad, el Congreso Nacional exoneran o perdonan del pago de impuestos, ejemplo, la tributación a una persona o a un grupo de individuos, es inaceptable o produce inseguridad jurídica, si meses después, le dicen a las personas beneficiadas, que las autoridades han resuelto que ahora se pague un impuesto que se les había perdonado, peor aún que paguen los intereses que se generó de una deuda condonada. Ello, aunado a que en la doctrina del Derecho Civil en cuanto a la extinción de la deuda es la condonación o lo que es lo mismo perdonar una deuda, que esta una vez otorgada ésta, es irrevocable. Prueba de ello, es que no se puede perdonar del pago de una deuda y, meses después, decir, no le perdono, me deben nuevamente. Otro ejemplo hipotético concreto, que sería impensable, es que los organismos internaciones o los países que han condonado o exonerado a Honduras del pago de la deuda externa, decidan dentro de unos meses que, ahora no les perdonamos la deuda, páguennos y pague los intereses que se generaron durante los meses que estuvo perdonada la deuda. Así, en definitiva, el principio de seguridad jurídica vincula a todos los poderes del Estado, incluso, al Poder Legislativo; de modo que la regulación legal que cree inseguridad jurídica, en este caso concreto, no sólo violenta el derecho a la igualdad, tratando en forma desigual a personas con una situación jurídica idéntica, sino que también, como se ha explicado, que la incertidumbre, la falta de previsibilidad en cuanto a la emisión de leyes resulta una clara violación al derecho a la de igualdad, generando una grave inseguridad jurídica. Esto más, abre una brecha para que el Congreso Nacional pueda arbitrariamente derogar todo lo que ha condonado, o exonerado, sin control alguno. CONSIDERANDO(11): Que la Sala de lo Constitucional entiende que derecho a la igualdad consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[1]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley. Esta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones. CONSIDERNDO(12): Que el artículo 1421 del Código Civil establece la condonación de la deuda, como una de las formas de extinción de las obligaciones, lo que conlleva a que, una vez que el decreto 83-2009 condonó la deuda que los amparistas tenían con EDUCRÉDITO, por considerar que se había violentado el derecho de igualdad de trato de estos Médicos residentes, respecto a pasadas y recientes generaciones, la obligación generada por el contrato de préstamo quedaba extinguida. Al derogar este decreto, la igualdad de trato a los recurrentes queda vulnerada, ya que existe una distinción que carece de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria, que resultan de los hechos y el derecho aplicado a personas en las mismas circunstancias y condiciones que sus pares. Por lo que el Principio de Igualdad establece la obligación de igualar a todas las personas por una medida, dentro de la categoría o grupo que les corresponda, evitando distinciones arbitrarias, es decir carentes de toda razonabilidad. En este caso la Sala, aplica el principio de razonabilidad al valorar el razonamiento lógico realizado por el Congreso Nacional en la emisión del Decreto 06-2010, y lo hace aplicando el principio de proporcionalidad dentro del cual se analiza la adecuación de la medida y la necesidad de la misma, es decir, como se dijo antes un juicio de ponderación. CONSIDERANDO(13): Que la Sala de lo Constitucional, con respecto al principio de igualdad, mantiene el siguiente criterio jurisprudencial: “En cuanto a la violación al derecho de igualdad alegado por el recurrente, esta Sala estima que la Igualdad como principio reviste un mandato que afecta todos los poderes públicos y tiene fuerza de irradiación en las relaciones con los particulares, incluyendo la actividad legislativa. El principio de Igualdad es una prohibición de discriminación. Quien invoca la violación a la igualdad como derecho, necesita demostrar que el trato discriminatorio es arbitrario; es decir, que no sea razonable o con fundamento, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados para alcanzar el objetivo perseguido.”[2] CONSIDERANDO(14): Que denegar la acción de amparo equivaldría a permitir que dentro del gremio de los profesionales de medicina, ciento treinta y uno (131), estudiantes de Post grado en los años 2003 al 2006, y del 26 de junio del 2010 a la fecha, reciban un trato desigual al que han recibido las promociones anteriores dentro del mismo gremio, y ello sin una justificación de peso que, producto de un análisis de ponderación de derechos, haga razonable la determinación de eliminar el beneficio del incremento al salario-beca recibido por los médicos que cursan la especialidad. En este sentido, la Sala de lo Constitucional manifiesta que en efecto el Decreto No. 6-2010, que deroga el Decreto No. 83-2009 mismo que exonera del pago de los contratos-becas a ciento noventa y dos (192) médicos residentes estudiantes de Post grado y cuya deuda asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS (L.42,890,319.00) es violatorio del derecho a la igualdad señalado en el artículo 60 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(15): Que en cuanto al principio-derecho a la seguridad jurídica, se debe mencionar que este no es un derecho fundamental per se, en tanto en cuanto forma parte del derecho fundamental genérico del debido proceso, no obstante, en base al principio del “no formalismo” que rige en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Sala decide pronunciarse y manifiesta que, cuando se habla de la seguridad como uno de los fines del Estado, hablamos de la seguridad social en sus dos concepto: 1.- Seguridad de las Personas, y 2.- Seguridad de sus Bienes y cuando se habla de seguridad jurídica, hacemos referencia a un concepto que abarca todo el contexto jurídico social y que a continuación se explica: La seguridad jurídica es el valor que genera en cadena los diferentes tipos de seguridad, una de las características fundamentales del Estado de Derecho, es su entera sumisión a las normas jurídicas, solo así los derechos de las personas están garantizados y la sociedad puede marchar confiada y libre bajo el imperio de la ley, y no de la arbitrariedad. A esta certidumbre sobre los alcances y efectividad de la ley, se le llama Seguridad Jurídica, por lo que este valor, es deber primordial del Estado. La seguridad jurídica también se explica como el valor que tiene por objeto la certidumbre y confianza de que los actos y omisiones humanas realizadas de conformidad al orden jurídico establecido, son y serán protegidas por los poderes del Estado. CONSIDERANDO(16): Que es atribución del Congreso Nacional aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. En el caso que nos ocupa, ya es sabido que el poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas resolvió otorgar un incremento al salario-beca supramencionado, bajo la modalidad de préstamo, consecuentemente se concluye que la decisión no es otra más que la suspensión de incrementos en los salarios beca, ya que el estudiante de post grado lo pagará al final. En ese sentido la Sala manifiesta que la seguridad jurídica no supone la vinculación de la Administración a sus decisiones precedentes, pero sí obliga a motivar suficientemente las razones por las cuales se separa de su criterio anterior, ello, por exigencia del principio de igualdad en la aplicación de la ley, lo que no ha sucedido en el presente caso, por lo que, consecuentemente se vulnera el principio de la seguridad jurídica, componente del derecho fundamental genérico del debido proceso. CONSIDERANDO(17): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, en orden a contribuir dentro del marco estricto de sus competencias, a la solución de los grandes problemas nacionales, como lo es el alcanzar el disfrute material de un derecho fundamental de tanta relevancia como es el de la igualdad de los hombres y mujeres en la aplicación de la ley, igualdad en derechos así como la garantía que el Estado respeta y protege a la persona humana como fin supremo de la sociedad. CONSIDERANDO(18): Que por lo expuesto anteriormente, esta Sala concluye finalmente, que el acto impugnado, al vulnerar la garantía del debido proceso y el derecho de igualdad ante la ley en perjuicio de los recurrentes, da pie para que el amparo interpuesto por éstos últimos sea otorgado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 2) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Otorgando el amparo interpuesto contra el Decreto No. 6-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha 26 de marzo de 2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,248 el 26 de junio de 2010, Y MANDA: I.- Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la Autoridad Administrativa de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., doce de septiembre de dos mil once. VISTAS PARA RESOLVER las peticiones presentadas por la Abogada GEORGINA SIERRA, de fechas quince y veintiséis de agosto del presente año, declárense las mismas SIN LUGAR, en virtud que de las motivaciones plasmadas en el fallo dictado por esta Sala, se advierte que el Decreto impugnado en el presente recurso de amparo, ha resultado ser violatorio del derecho de igualdad reconocido en la Constitución de la República, por ende los efectos y alcances de la sentencia pronunciada de fecha nueve de agosto de dos mil once, deben hacerse extensivos, sin excepción alguna, a todos los médicos que fueron perjudicados por el citado Decreto. Esta Sala encuentra que acceder a lo peticionado por la referida recurrente sería desconocer su propio fallo, toda vez que el mismo se ha basado precisamente en que el Decreto recurrido vulnera la garantía del debido proceso y el derecho de igualdad, por ende, la pretendida aplicación prerrogativa del fallo para un determinado grupo de médicos, implicaría que esta Sala quebrante los mismos derechos cuya efectividad ha hecho valer en su sentencia. La pretensión de la solicitante de hacer exclusiones en la aplicación de la sentencia, sería en sí misma, una transgresión a la ley y una negación absoluta de los motivos por los que se declaró la inaplicabilidad e ilegalidad del indicado Decreto. En atención a estas consideraciones procede desestimar las peticiones presentadas por la impetrante, resultando pertinente ordenar además, que la presente resolución sea incorporada a la certificación del fallo que oportunamente sea extendida, ello para los efectos legales que correspondan. Artículos 60, 64, 80 y 82 de la Constitución de la República; 2, 5, 41, 45 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. NOTIFIQUESE. Firmas. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de septiembre de dos mil once. Visto el recurso de reposición interpuesto por la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, contra la resolución de fecha doce de septiembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que las disposiciones de la Ley Sobre Justicia Constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden público constitucional. CONSIDERANDO: Que mediante la resolución contra la cual se recurre, esta Sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente declarar sin lugar la solicitud de corrección del fallo recaído en la presente acción constitucional de amparo. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 2, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, contra la resolución antes referida; Y MANDA: Que se de cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se archiven las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Para ser enviada al CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintisiete de octubre de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil once y las resoluciones de fechas doce y diecinueve de septiembre de dos mil once, todas recaídas en el Recurso de Amparo para que se Declare la Inaplicabilidad de una Ley con orden de ingreso en este Tribunal No.553=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20

[2] (Sic RI 2686-03)