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Sentencia AA-435-09 — Registro 4929

Resumen

Sentencia declaró inadmisible recurso de apelación, confirmó auto dictado por el juzgado de primera instancia por considerar que el auto recurrido ordenó trámites necesarios para la sustanciación regular del juicio el cual no es apelable en relación a la demanda ordinaria de nulidad de la Resolución número AS350/06 emitida por la recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, está basada en la consideración que los autos y decretos no son apelables cuando ordenan tramites necesarios para la substanciación regular del juicio, pero son apelables cuando alteran dicha subsanación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados en la Ley. Y que la providencia de fecha veintiocho de abril de dos mil ocho, dictada por el Juez A-quo ordena trámites necesarios para la sustanciación regular del juicio, por lo que no resultan apelables..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, a favor de la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho; con relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada ELDI S. DE R.L., contra la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL). ANTECEDENTES

  1. Que en fecha diecinueve de junio del año dos mil seis, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada ELDI S. DE R.L., interponiendo Demanda Ordinaria de Nulidad contra la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), por medio de su representante legal RASEL ANTONIO TOME, para que mediante sentencia definitiva se declare procedente la acción, se anule el acto administrativo consistente en la Resolución número AS350/06 de fecha diez de mayo del año dos mil seis, emitida por CONATEL, se reconozca la situación jurídica individualizada, se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios y lucro cesante, más las costas del juicio. 2) Que en fecha veintisiete de marzo del año dos mil siete, el Tribunal de Primera Instancia, declaró procedente la acción incoada por la parte demandante, anuló en su totalidad el acto administrativo impugnado y reconoció la situación jurídica de la demandante, y para su pleno restablecimiento ordenó a CONATEL proceder a otorgar a la sociedad mercantil denominada ELDI S. DE R.L.: a) el título habilitante consistente en la licencia para instalar, operar y prestar servicio de radiodifusión de televisión para canal doce(12) en la banda VHF, frecuencia 206-210 MGz; b) autorizó a que la instalación, operación y transmisión de dicho canal de televisión se realice en los mismos términos técnicos bajo los cuales dicha empresa lo solicitó vía administrativa; c) en lo que respecta a la asignación de la red de enlaces de microondas en la banda 4.4-4.9 MGz, y que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) aduce no hay disponibilidad por estar ocupada por muchos operadores previamente autorizados, ya que se autorizó de forma provisional la utilización de la banda satelital mientras se da cumplimiento irrestricto a la utilización de la banda 4.9 MGz, cuya disponibilidad deberá de ser objeto de comprobación; d) ordenó a CONATEL, la emisión de recibos que corresponden a las tasas aprobadas y la recepción de las respectivas garantías por los valores consignados; e) se le concedió un plazo de un año para iniciar operaciones; f) que la autorización de instalación, operación y prestación del servicio de radiodifusión de canal doce de televisión otorgado por CONATEL, a la empresa TELEVISORA DE HONDURAS S.A., constituye un obstáculo ya que es imposible que ambos tengan derecho de operar en el mismo canal y máxime la misma frecuencia 204-210MGz., el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, lo declaró ilegal y por ello carente de validez jurídica, consecuentemente se anuló en su totalidad tal decisión ilegal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), lo cual es sin perjuicio de que la empresa mercantil TELEVISORA DE HONDURAS S.A., ejerza las acciones de responsabilidad patrimonial que considere oportunas por la emisión de dicho acto administrativo, que en su momento concedió un derecho, el cual, a sabiendas de los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), pugna con lo declarado en una sentencia judicial por lo que amerita su total desconocimiento; g) siendo que la naturaleza de la resolución, es de ejecución forzosa a un fallo firme que la Administración Pública se ha negado a ejecutar plenamente, se libró comunicación al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales correspondientes; y h) que la resolución adopte forma de título habilitante y pueda conferir como tal todos los derechos que le corresponde como único operador de la frecuencia de canal doce de televisión a la empresa ELDI S. de R.L., para hacer valer ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), terceros o cualquier autoridad pública o privada; fundamentando su decisión en el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3) Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras citado, el abogado ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada ELDI S. DE R.L., solicitando se proceda a imponer la multa máxima a los señores comisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), RASEL ANTONIO TOME, GUSTAVO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ, en forma individual por tratarse de un órgano colegiado y en forma solidaria habida cuenta que ninguno de los comisionados ha informado a este Tribunal, haber deslindado su responsabilidad en la no ejecución del fallo definitivo de fecha veintisiete de marzo del año dos mil siete. 4) Que en fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho, el Juzgado citado, impuso; a) de forma personal a cada uno de los comisionados propietarios de CONATEL, señores RASEL ANTONIO TOME, en su condición de comisionado presidente, GUSTAVO LARA LOPEZ y EDWIN TORRES CRUZ, ambos en su condición de comisionados propietarios, una multa por la cantidad de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00), la cual deberá de ser pagada en el término de veinticuatro horas, en la Tesorería General de la República y en caso de incumplimiento de la obligación pecuniaria en referencia se procederá vía de embargo deduciéndosele de sus respectivos salarios dicha cantidad; b) libró atenta comunicación con las inserciones necesarias del caso al Fiscal General de la República, a fin de que esa institución poseedora de la acción penal pública, sea la que califique la acción de los señores comisionados propietarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, al no obedecer el espíritu y alcance de la sentencia pronunciada por el Tribunal de primera instancia, con naturaleza de firme que confiere a la empresa ELDI S. DE R.L., el derecho a operar el canal doce de televisión, así como desobedecer por omisión el contenido de lo que se le ordenó a dicha comisión de telecomunicaciones en la comunicación de fecha once de abril del año dos mil ocho y el resultado de tales investigaciones ejercite las acciones legales que procedan; c) en cuanto a la petición de ejecución forzosa del fallo formulado por el abogado ERNESTO ALONZO BOQUIN REYES, libró atenta comunicación a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a fin de que dentro del plazo de cinco días hábiles, remita al Juzgado citado, el expediente administrativo que contiene las actuaciones relativas a la petición que hiciera la empresa ELDI S. DE R.L., para la operación de canal doce de televisión, el cual fue devuelto a CONATEL, en fecha uno de abril del año dos mil ocho, junto con la comunicación que se le informaba sobre el cumplimiento de la sentencia; y d) hizo la advertencia a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a través de su representante legal que en el caso de no cumplir con lo ordenado en la presente providencia, en lo referente al envío del expediente administrativo, dentro del plazo que se le otorgó, se aplicara lo establecido en el articulo 133 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Fundamentando su decisión en el artículo 96, 101, 102 y 133 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 5) Que en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia mediante la cual, declaró inadmisible el recurso de apelación de hecho interpuesto y confirmó el auto de fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho, que se deja relacionado en el inciso que precede, por considerar que los autos o decretos no son apelables cuando ordenan trámites necesarios para la sustanciación regular del juicio, ya que el auto de fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho, dictado por el A-quo ordenó trámites necesarios para la sustanciación regular del juicio, por lo que resulta un auto no apelable; fundamentando su decisión en los artículos 202 y 218 del Código de Procedimientos Civiles. 6) El recurrente abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de febrero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el recurrente aduce, en su escrito de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente en que la decisión de la Corte de Apelaciones, recurrida, impide ejercer correctamente el Derecho de Defensa, ya que no podrían continuar con la impugnación de una resolución definitivamente no es de mero tramite, ya que ordena el requerimiento a los Comisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, para que en el término de veinticuatro horas se hiciera efectiva la multa.

CONSIDERANDO: Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve, en el sentido de que es del parecer que la presente acción de Amparo tiene como propósito dilatar el proceso y por tal razón las diligencias deben Sobreseerse. CONSIDERANDO: Que básicamente el asunto que se trae a consideración de la Sala de lo Constitucional es definir si la no admisión de un recurso de Apelación de Hecho, acarrea la inaplicabilidad de la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, que declaró inadmisible el recurso de Apelación de Hecho interpuesto contra el auto de fecha veintiocho de abril de dos mil ocho, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al señalar el recurrente que con esta situación se ha violado el procedimiento aplicable a este caso, por lo que considera es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO: Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO: Que el Artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que: “Los recursos se regirán por la legislación procesal civil, salvo lo dispuesto por esta Ley.” CONSIDERANDO: Que el procedimiento concebido para el trámite de apremio, tiene una naturaleza no contradictoria o contenciosa; siendo que el mismo se encamina a obtener la ejecución de una sentencia; es el mandamiento de autoridad judicial para compeler al pago de alguna cantidad, o al cumplimiento de otro acto obligatorio; y no tiene la finalidad de declarar o denegar un derecho reclamado. CONSIDERANDO: Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, está basada en la consideración que los autos y decretos no son apelables cuando ordenan tramites necesarios para la substanciación regular del juicio, pero son apelables cuando alteran dicha subsanación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados en la Ley. Y que la providencia de fecha veintiocho de abril de dos mil ocho, dictada por el Juez A-quo ordena trámites necesarios para la sustanciación regular del juicio, por lo que no resultan apelables. CONSIDERANDO: Que como acción, el amparo consiste en proteger, garantizar cualquiera de los derecho fundamentales, de modo que puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, una ley, o en su caso, tratados internacionales. Como recurso, el amparo en una garantía procesal añadida para el ciudadano. Es decir solamente tutela los derechos constitucionales del ciudadano, no juzga los hechos sometidos a controversia por las partes. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano judicial admita y trámite un recurso, como parece entenderlo el recurrente o acceder a lo solicitado; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido al órgano judicial, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO: Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.

CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2 literal b), 7 literal b), 9, 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 202, 217, 218 y 219 del Código de Procedimientos Comunes, FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó la Magistrada CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil once, certificación del fallo de fecha nueve de agosto del año dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 435=09.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL