Sentencia AA-28-09 — Registro 7371
Resumen
Recursos de Amparo administrativos acumulados contra Acuerdo Ejecutivo No. STSS-374-STSS-08 contentivo del acuerdo que fija el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país emitido por el Señor Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el análisis de este Alto Tribunal parte de la idea de que el Derecho Individual del Trabajo, tiene como propósito esencial asegurar a cada trabajador un nivel decoroso de vida, su relación de trabajo crea, en la mayor parte de los casos, una condición de dependencia económica del trabajador hacia su patrono, sea este último persona natural o jurídica..."..."la Sala de lo Constitucional haciendo entonces un ejercicio analítico y armónico con las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos; de doctrina, resoluciones, opiniones vertidas originadas en el seno del sistema interamericano de protección de derechos humanos; así como también de un responsable estudio y valoración de argumentos y prueba evacuada en el iter de la garantía de Amparo, para luego contrastarla con las razones que el Gobierno de Honduras tuvo para emitir el Acuerdo No.STSS-374-STSS-2008, encuentra claro que en principio el Gobierno estaba legitimado para tomar una decisión en vista del fracaso de las negociaciones entre los sectores empleador-trabajador. Asimismo la cantidad de cinco mil quinientos lempiras mensuales (un mil ocho lempiras más del cálculo del sector empleador), es el resultado de estudios socioeconómicos que tuvieron como propósito calcular la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios en relación a la subida constante de precios..."..."la Sala de lo Constitucional estima que la única manera de que una empresa pueda ser amparada, es demostrar de manera incontrastable, que le resulta imposible el pago del salario mínimo fijado por la administración pública, sin poner en peligro su propia existencia y la vida digna de sus propietarios; en este sentido este alto Tribunal, hace la observación a los recurrentes que deben demostrar el margen de utilidades que reciben y la imposibilidad ya mencionada, teniendo en cuenta que las utilidades deben ser en todo caso, razonables en relación con el pago que hacen a sus trabajadores, porque si se constata que las utilidades o lucro es excesivo a merced de los magros ingresos de los trabajadores, se estimaría una relación de explotación injustificada, que este Alto Tribunal no podría tolerar..."..."esta Sala como tuteladora y garante de los derechos constitucionales, estima procedente resaltar y contrastar la tesis formulada por los recurrentes, a efecto de escudriñar si ha existido ofensa o ultraje a la referida garantía en el marco de las motivaciones que inspiraron la decisión del Ejecutivo, así las cosas, las consideraciones del decreto que contiene el Acuerdo STSS-374-STSS-08 que fija el nuevo salario mínimo, nos demuestra per se lo insostenible de la violación al Derecho de Igualdad invocado por los amparistas, pues no es ninguna novedad que el salario mínimo ha tenido rezago histórico en más de un ochenta por ciento, como se desprende de la motivación del decreto impugnado, amén de ello, la capacidad adquisitiva de los hondureños se ha visto disminuida como producto del incremento que tiene el costo de la vida en las diferentes regiones del país, por ello, percibe esta Sala que el Gobierno de la República determinó el salario mínimo en base a criterios derivados del estudio socioeconómico del mercado laboral preparado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que comprende el costo de la canasta básica de alimentos calculado en la información proporcionada por el Banco Central de Honduras y las estimaciones del costo de la vida generadas por el Instituto Hondureño de Estadística (INE), además tomó en consideración las modalidades de cada trabajo bajo ese informe de proyección interinstitucional, la aptitud relativa de los trabajadores y los sistemas de remuneración de las empresas, procurando precisamente la igualdad, sin visos de discriminación alguna. De lo anterior fácilmente se desprende que la fijación del salario mínimo fue producto de un estudio socio-económico laboral del mercado, costo de la vida, por lo que se puede comprender que no se ha violado el Derecho de Igualdad, dado que el acuerdo ejecutivo cuestionado va orientado a hacer realidad lo dispuesto en el Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que contrasta con la alegación de los impugnantes al afirmar dicho tratado primigenio, en lo conducente, en el numeral 1) lo siguiente: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure a él, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…”; por manera que no es factible la premisa de los recurrentes, de que con el censurado acuerdo ejecutivo se ha violado el tratado internacional suscrito por el país, pues en los mismos, prima como aspiración suprema la dignidad humana del trabajador, que sólo puede concretarse, a que toda persona tenga derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales como lo prescribe el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos..."..."Esta Sala aclara y ha sido abundante en su criterio jurídico, bajo lo ilustrado en el acápite anterior, que los factores descritos en el Artículo 128 No. 5), constitucional fueron tomados en cuenta por el Ejecutivo, basta un estudio reposado de las motivaciones que generaron el nuevo salario mínimo para concluir como corolario, que su filosofía tiene como vertiente primigenia la Declaración Universal de Derechos Humanos y las fuentes de información fidedignas, que reflejan sin duda alguna, el alto costo de la vida de cada región del país..."..."del estudio del Acuerdo Ejecutivo No.STSS-374-STSS-08, de las pruebas aportadas y de las apreciaciones y valoraciones ilustradas por esta Sala, en las consideraciones anteriores, se arriba a la conclusión de que los recurrentes en ningún momento demostraron la vulneración de los derechos invocados en perjuicio de sus poderdantes, por cuanto no lograron acreditar el perjuicio que en sí les provocaba el acto impugnado, de tal manera que al analizar el estudio de impacto económico presentado por los recurrentes, esta Sala no observa como el incremento del salario mínimo afecta su estabilidad o su subsistencia, por otra parte, tampoco se brinda información que permita establecer que el margen de ganancias o utilidades netas o totales se vea afectado al punto de poner en riesgo la supervivencia de las empresas o el bienestar de sus propietarios o socios. De hecho, no se brinda información sobre el margen de ganancias o lucro. En algunos casos se habla de rentabilidad baja pero no se demuestra ese extremo, como tampoco lo que manifiestan cuando señalan que el salario aprobado es excesivo en relación a sus ingresos. Por esto y todo lo señalado en el iter de este fallo, se estima procedente denegar el amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 128, 5 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de mayo de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo Administrativos Acumulados interpuestos: I.- por el Abogado JOHN STEPHEN PADGETT LARA a favor de las sociedades Mercantiles denominadas: 1.- INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. de C.V. (Reg.28=09), 2.- HILOS Y MECHAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Reg.29=09), 3.- ALUMINIOS COMERCIALES, S. de R.L. de C.V. (Reg.30=09) y 4.- TUBOS Y PERFILES, SOCIEDAD ANÓNIMA (Reg.31=09); II- por el Abogado FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA a favor de las sociedades mercantiles denominadas: 1.- AGRÍCOLA TROPICAL DE HONDURAS, S. A. de C.V. (Reg.32=09), 2.- SISTEMA W DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Reg.33=09); y III.- por la Abogada JESSICA TARYN AYES PAZ a favor de la sociedad mercantil denominada FOAM DE HONDURAS, S.A. de C.V. (Esponjas de Honduras) (Reg.34=09), todos contra el Acuerdo Ejecutivo Nº STSS 374-STSS-08, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, publicado en “La Gaceta” No. 31,797 del día 27 de diciembre de 2008, que fija el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de enero de dos mil nueve, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo recursos de amparo: I.- el Abogado JOHN STEPHEN PADGETT LARA a favor de las sociedades Mercantiles denominadas: 1.- INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. de C.V. (Reg.28=09), 2.- HILOS Y MECHAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Reg.29=09), 3.- ALUMINIOS COMERCIALES, S. de R.L. de C.V. (Reg.30=09) y 4.- TUBOS Y PERFILES, SOCIEDAD ANÓNIMA (Reg.31=09); II- el Abogado FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA a favor de las sociedades mercantiles denominadas: 1.- AGRÍCOLA TROPICAL DE HONDURAS, S. A. de C.V. (Reg.32=09), 2.- SISTEMA W DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Reg.33=09); y III.- la Abogada JESSICA TARYN AYES PAZ a favor de la sociedad mercantil denominada FOAM DE HONDURAS, S.A. de C.V. (Esponjas de Honduras) (Reg.34=09) todos contra el Acuerdo Ejecutivo Nº STSS-374-STSS-08, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, publicado en “La Gaceta” No. 31,797 del día 27 de diciembre de 2008, que fija el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país, alegando todos que dicho Acuerdo Ejecutivo violenta los artículos 18, 61, 103, 127, 128 numeral 5), 129, 132, 135, 245 numeral 42), 328, 329, 331, 333 y 337 de la Constitución de la República, solicitando además como medida cautelar la suspensión provisional del acto reclamado. 2) Que en fecha trece de enero de dos mil nueve, esta Sala, decretó la acumulación de los recursos de amparo, en virtud de ser preciso para mantener la unidad y continencia de la causa y en consecuencia admitió los mismos sin suspensión del acto reclamado, pues dicho acto no se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 3) Que los abogados JOHN STEPHEN PADGETT LARA, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA y JESSICA TARYN AYES PAZ, en fecha seis de febrero de dos mil nueve, formalizaron los recursos de amparo interpuestos a favor de sus respectivos representados, solicitando nuevamente la suspensión del acto reclamado. 4) Que mediante resolución emitida por esta Sala, en fecha seis de febrero de dos mil nueve: a) tuvo por formalizados en tiempo y forma los recursos de amparo por parte de los abogados JOHN STEPHEN PADGETT LARA, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA y JESSICA TARYN AYES PAZ; b) declaró sin lugar la petición de suspensión provisional del acto reclamado; y c) decretó la apertura a pruebas por el periodo de ocho (08) días hábiles comunes para proponer y evacuar las pruebas ofrecidas. 5) Que los abogados JOHN STEPHEN PADGETT LARA, FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA y JESSICA TARYN AYES PAZ, comparecieron ante este Tribunal, presentando los medios de prueba y solicitando se ampliara extraordinariamente el período probatorio.- El Tribunal, mediante resolución de fecha dieciocho de febrero de dos mil nueve, tuvo por propuestos y evacuados en tiempo y forma los medios de prueba (denominados por igual por los tres recurrentes) siguientes: “…NUMERO UNO. DOCUMENTAL”, “…NUMERO DOS. DOCUMENTAL”, “…NUMERO TRES. DOCUMENTAL”, “…NUMERO CUATRO. DOCUMENTAL”, “…NUMERO CINCO. DOCUMENTAL”; tuvo por propuestos los medios de prueba denominados “…NUMERO SEIS. INSPECCIÓN”, “…NUMERO SIETE. INSPECCIÓN”; “…NUMERO OCHO. INSPECCION”, librando atenta Comunicación al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, para efectos de su evacuación; en cuanto a la evacuación de los medios de prueba denominados “…NÚMERO NUEVE. CONFESIÓN” y “…NÚMERO DIEZ. TESTIFICAL” se rechazaron por improcedentes, por ser impertinentes debido a su subjetividad y orientación contenciosa, que solo contribuirían a desnaturalizar el carácter no contradictorio de la acción de amparo, finalmente y para evacuar las inspecciones propuestas, amplió el período probatorio por el plazo de cuatro (04) días hábiles; fundamentó su resolución el Tribunal en los artículos 55 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 6) Que el abogado JOHN STEPHEN PADGETT LARA, presentó el medio de prueba denominado “…NUMERO ONCE. DOCUMENTAL” y “…NUMERO DOCE. DOCUMENTAL”.- El Tribunal mediante resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, tuvo por propuestos y evacuados en tiempo y forma los medios de prueba denominados: “…NUMERO ONCE. DOCUMENTAL”, “…NUMERO DOCE. DOCUMENTAL”. 7) Que la abogada JESSICA TARYN AYES PAZ, presentó el medio de prueba denominado “…NUMERO DOCE. DOCUMENTAL” y “…NUMERO TRECE. DOCUMENTAL”.- El Tribunal mediante resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, tuvo por propuesto y evacuado en tiempo y forma el medio de prueba denominado: “…NUMERO DOCE. DOCUMENTAL”. 8) Que el abogado FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA, presentó los medios de prueba denominados: “…NUMERO ONCE. JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA” y “…NUMERO DOCE. DOCUMENTAL”.- El Tribunal mediante resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, tuvo por propuestos y evacuados en tiempo y forma los medios de prueba denominados: “…NUMERO ONCE. JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA” y “…NUMERO DOCE. DOCUMENTAL”. 9) Que en fecha treinta de marzo de dos mil nueve, el Tribunal, tuvo por evacuados los MEDIOS DE PRUEBA NUMEROS. SEIS, SIETE y OCHO; decretó el cierre del período probatorio, por haber vencido el mismo y dio vista al Fiscal del Despacho, para que en el término de cuarenta y ocho horas, emitiera su dictamen. 10) Que el Abogado JOHN STEPHEN PADGETT LARA, en fecha trece de abril de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal, sustituyendo la procuración con que actuaba en la abogada JESSICA TARYN AYES PAZ. 11) Que el veintinueve de abril de dos mil nueve, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal Especial abogado Mario René Alberto Alonzo, emitió dictamen, siendo del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo. 12) Que la Abogada JESSICA TARYN AYES PAZ, en fecha treinta de abril de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal, sustituyendo la procuración con que actuaba en el abogado FABRICIO VALENTIN VASQUEZ SOSA. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Salario Mínimo, sólo cabrá contra los Acuerdos de Fijación de Salario Mínimo, el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo el Acuerdo Ejecutivo No. STSS-374-STSS-08, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, publicado en La Gaceta, diario oficial de la República, No. 31,797 del día veintisiete de diciembre de dos mil ocho, vigente a partir del uno de enero de dos mil nueve, contentivo del acuerdo que fija el salario mínimo para todos los campos de la actividad económica del país, emitido por el Señor Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. CONSIDERANDO (3): Que los amparistas aducen al formalizar la acción de Amparo, que el acuerdo supra, que determina el salario mínimo, ultraja las garantías constitucionales de Igualdad ante la Ley, Derecho al Trabajo, Respeto a los Tratados suscritos por Honduras, el Derecho a la Propiedad Privada, el Derecho del Trabajador a devengar un salario mínimo, la estabilidad laboral, la normativa sobre los contratos de los trabajadores, la armonía entre el capital y el trabajo, las atribuciones del Presidente de la República de revisar y fijar el salario mínimo de conformidad a la ley, el régimen económico de Honduras que debe fundamentarse en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza, asimismo que el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que forman la Constitución, y que la industria y comercio en pequeña escala, constituyen el patrimonio de los hondureños y su protección será objeto de una ley. Enunciados concretos de garantías que esta Sala ha constatado que se encuentran determinados, conforme lo exponen los impugnantes, en los artículos 18, 61, 103, 127, 128 numeral 5), 129, 132, 135, 245 numeral 42), 328, 329, 331, 333 y 337 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (4): Que los garantistas, a fin de acreditar los extremos arriba expuestos, evacuaron la prueba que a continuación se desglosa: “MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO. DOCUMENTAL”. Que consistió en los siguientes documentos: 1. Acta No.1 del 16 de diciembre de 2008 de la Comisión de Salario Mínimo junto con sus documentos anexos. 2. Acta No.2 del 20 de diciembre de 2008 de la Comisión de Salario Mínimo, junto con sus documentos anexos. 3. Resolución de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social de fecha 22 de diciembre de 2008. Manifiestan que los anteriores documentos se acompañan con el fin de acreditar que en ningún momento se presentó un proyecto formal de acuerdo de fijación de salario mínimo, tal y como lo establece la Ley del Salario Mínimo. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS. DOCUMENTAL”. Que consistió en la presentación de los documentos siguientes: 1. Análisis sobre la Aplicación del Salario Mínimo Diferenciado por Zonas Urbanas y Rurales (En atención al Acuerdo STSS-374-STSS-08), elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES). 2. Acuerdo STSS-066-09, de fecha 28 de enero de 2009, publicado en el Diario oficial La Gaceta, en fecha 31 de enero de 2009[1]. 3. Estudios de impacto económico de las sociedades INDUSTRIAL PANAVISIÓN, S.A. de C.V., HILOS Y MECHAS, S.A. de C.V., ALUMINIOS COMERCIALES, S. de R.L. de C.V. y TUBOS Y PERFILES, S.A. de C.V., FOAM DE HONDURAS, S.A. de C.V., SISTEMA W DE HONDURAS, S. de R.L. y AGRÍCOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. de C.V.. 4. Tablas oficiales de Salario Mínimo y Bono Educativo de los años 2007, 2008 y 2009. Medios de prueba con los que pretenden probar plenamente el impacto económico negativo que genera a las sociedades representadas el aumento desmedido y arbitrario del Salario Mínimo, así como el impacto en las economías de las micro, pequeñas y grandes empresas, eliminando la protección constitucional a las mismas. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES. DOCUMENTAL”. Que consistió en los documentos siguientes: 1. Acuerdo número STSS-029-05 de fecha 28 de marzo de 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de abril de 2005, el cual fijó el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2005. 2. Acuerdo número 327-STSS-06[2] de fecha 25 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 3 de abril de 2006, el cual fijó el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2006. 3. Decreto número STSS-041-07 de fecha 17 de marzo de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de marzo de 2007, el cual fijó el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2007. 4. Acuerdo número STSS-258-STSS-07 de fecha 26 de diciembre de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de diciembre de 2007, el cual fijó el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2008. 5. Acuerdo número 001-STSS-07 de fecha 31 de enero de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de febrero de 2007, en el cual se acuerda la categoría regionalizada del salario mínimo para los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Santa Bárbara y Olancho. Con estos documentos los garantistas tienen la pretensión de demostrar que en las anteriores negociaciones de salario mínimo si se consideró la diferenciación que establece el artículo 128 numeral 5) de la Constitución y el artículo 382 del Código del Trabajo. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO CUATRO. DOCUMENTAL”. Que consiste en los siguientes documentos: 1. Trascripción literal de la lectura del Acuerdo STSS-374-STSS-2008, por parte del Presidente de la República en cadena nacional de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil ocho. La intención de los garantistas es demostrar que el documento leído al público es totalmente distinto al publicado en el diario oficial La Gaceta. 2. Acuerdo número STSS-374-STSS-08 de fecha veintitrés de diciembre de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,797 del día 27 diciembre de 2008[3]. Con el cual demuestran que los argumentos (considerandos) y el contenido de dicho acuerdo incorpora datos que no fueron discutidos y aprobados en las reuniones de negociación de la Comisión del Salario Mínimo. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO CINCO. DOCUMENTAL”. El cual consiste en: 1. Documento de Trabajo: Impacto de Reajustes al Salario Mínimo en Honduras, marzo 2005, emitido por la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial. 2. Artículo “Gobierno rechaza pretensión de congelar el salario mínimo”, página número 14 del Diario El Tiempo, sección El País, de fecha sábado 20 de diciembre de 2008. 3. Artículo “Salario mínimo de 5,500 lempiras afectará a Pymes”, página número 26 del Diario El Heraldo, Sección Economía, de fecha sábado 20 de diciembre de 2008. 4. Artículo “Se rompen negociaciones de nuevo salario mínimo”, página número 2 del Diario El Tiempo, Sección El País, de fecha domingo 21 de diciembre de 2008. 5. Artículos “Ejecutivo fijaría el nuevo salario mínimo”, página número 8 del Diario La Tribuna, de fecha lunes 22 de diciembre de 2008. 6. Artículo “2009 será un año de muchas bajas”, página número 12 del Diario La Tribuna, Sección Nacionales, de fecha lunes 24 de diciembre de 2008 (siendo correcto miércoles 24, folio 1488). 7. Artículo “Gobierno decreta salario mínimo en 5,500 lempiras”, página número 12 del Diario El Tiempo, Sección El País, de fecha jueves 25 de diciembre de 2008. 8. Artículo “Elevan a 5,500 lempiras el salario mínimo”, del Diario Tiempo, sección El País, de fecha jueves 25 de diciembre de 2008. 9. Articulo “Nivel del Nuevo Salario Mínimo supera capacidad de la economía”, pagina número 82 del Diario La Tribuna, sección Monitor Económico, de fecha lunes 29 de diciembre de 2008. Documentos presentados con el fin de probar que el Poder Ejecutivo ya conocía y estaba al tanto del impacto negativo de la medida en el empleo y los trabajadores y aun teniendo conocimiento prosiguió de manera arbitraria a decretar el aumento desmedido, violentando el artículo 135 de la Constitución de la República. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO SEIS. INSPECCIÓN”. La cual consiste en inspección en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en el boulevard La Hacienda de Tegucigalpa, con el fin de verificar el expediente de la Comisión del Salario Mínimo, que obra a dicha dependencia, con el fin de constatar fehacientemente la votación del proyecto de acuerdo, la forma en que fue comunicada al sector empleador y verificar si hubo violación a los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley del Salario Mínimo. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO SIETE. INSPECCIÓN”. Consistente en inspección en la Dirección General de Trabajo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de verificar el número de empleados despedidos en el mes de de diciembre 2008, enero y febrero 2009. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO OCHO. INSPECCIÓN. DOCUMENTAL”. Los garantistas solicitaron inspección en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con el fin de verificar que el Poder Ejecutivo está cumpliendo con el pago de los cinco mil quinientos lempiras (Lps. 5,500) a los empleados que trabajan en las diferentes dependencias centralizadas y descentralizadas del Estado, requiriéndose para ello a la señora ministra; asimismo solicitaron inspección en la Pagaduría del Poder Judicial y en el Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para igual efecto. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO ONCE y DOCE DOCUMENTAL”. Consistente en: 1. Carta de fecha 4 de febrero de 2009 de la señora Rebeca Patricia Santos en su condición de Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, dirigida a la Rectora Por Ley de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la Señora Dra. Rutilia Calderón. Con este documento los garantistas pretende probar que el Poder Ejecutivo no tomó en consideración las repercusiones que traería el salario mínimo en la UNAH, ya que al no poder pagarlo se promovería una negociación en claro incumplimiento a la Ley (Estatuto del Docente Universitario). “MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOCE. DOCUMENTAL”. El cual consiste en: 1. Comunicado de la Asociación de Municipalidades de Honduras (AHMON), de fecha 29 de enero de 2009. 2. Carta respuesta a la Asociación de Municipalidades de Honduras (AHMON) de la Señora Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 30 de enero de 2009. Los cuales fueron presentados por los amparistas con el fin de probar que el Poder Ejecutivo no tomó las consideraciones correspondientes en cuanto a la repercusión que traería el salario mínimo a las Municipalidades y a todo el aparato estatal. “MEDIO DE PRUEBA NUMERO ONCE. JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA LEGAL”. Con el cual el amparista pretende acreditar que el Acuerdo Ejecutivo objeto de la presente Acción de Amparo, es constitutivo de una violación a las obligaciones jurídicas contraídas por el Estado de Honduras, en virtud de la ratificación o adhesión de tratados internacionales.
CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional para efectos de ponderar los intereses en conflicto, procedió en primer lugar al análisis y valoración en conjunto de los argumentos planteados por los recurrentes en sus respectivas demandas de Amparo y los medios de prueba detallados con anterioridad; posteriormente contrasta esto con los argumentos o razones que tuvo el Gobierno de la República para fijar el salario mínimo en los términos del Acuerdo No.STSS-374-STSS-2008. A continuación la Sala resume algunos extremos que estimó o tomó en cuenta al momento de hacer la revisión de los considerandos que motivaron el acto impugnado; asimismo resume los extremos que aprecia de mayor importancia, contenidos en el informe rendido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra agregado a folio número 1233 de los autos. Pues bien, del estudio practicado sobre la argumentación contenida en el acuerdo cuestionado, este Alto Tribunal trae a conocimiento la definición que el gobierno adopta de salario mínimo. Al respecto dice que “es el pago que todo trabajador tiene por derecho para subvenir o sufragar sus necesidades esenciales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural”. También resulta esclarecedora la cita que el gobierno hace del Informe Mundial sobre Salarios 2008, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se advierte sobre la reducción de los salarios reales de muchos trabajadores, en particular en los hogares pobres y de salarios bajos; en ese sentido el gobierno justifica su actuar en el exhorto que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los gobiernos para que demuestren su compromiso en proteger el poder adquisitivo de su población; del mismo modo la OIT establece la necesidad de aumentar los niveles de los salarios mínimos para proteger a los trabajadores más vulnerables y la intervención pública con medidas extraordinarias de apoyo a los ingresos. Menciona el gobierno que el rezago histórico del poder adquisitivo del salario excede al ochenta por ciento y especialmente se observa que la capacidad adquisitiva del hondureño ha mermado en los últimos meses como efecto del incremento del coste de vida en las diferentes regiones del país. En relación a la decisión de obviar las regiones que establece la Ley de Salario Mínimo y dividir las comunidades en zonas rurales y urbanas, el gobierno explica que lo hace con base a los criterios derivados del Estudio Socioeconómico del Mercado Laboral de Honduras, preparado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que comprende la canasta básica de alimentos, calculado con la información y metodología proporcionada por el Banco Central de Honduras y las estimaciones del costo de vida generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE); asimismo señala que tuvo en cuenta las modalidades de cada trabajo y las particulares condiciones de vida de cada región y labor, la aptitud relativa del trabajador y los sistemas de remuneración de las empresas. Señala además que para definir las regiones se utilizaron los datos socioeconómicos y demográficos actualizados en el último Censo de Población y de Vivienda del año 2001, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para la toma de decisiones 2001-2010, así como la definición conceptual de las áreas urbanas y rurales y la determinación de lugares poblados que se encuentran en cada una de ellas. Por otro lado en el informe que la Honorable Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, abogada Mayra Janeth Mejía del Cid rinde a esta alta judicatura, refiere básicamente lo siguiente: 1) En fecha 3 de noviembre de 2008 el Director General de Salarios solicitó a las Centrales Obreras y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) la nómina de candidatos para integrar la Comisión de Salario Mínimo. 2) Una vez conformada la comisión con integrantes de ambos sectores se quedó a la espera del día de juramentación de todos los miembros. 3) La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio N.666-DMS-STSS-08 de fecha 5 de diciembre de 2008, solicitó colaboración al Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y al Banco Central de Honduras, para que a través de sus técnicos expusieran e ilustraran a la Comisión en relación al mercado de trabajo, programas de inversión social ejecutados por el gobierno, principales variables macroeconómicas que muestren el comportamiento de la economía nacional, con el fin de obtener elementos de juicio para la revisión y fijación del salario mínimo. 4) En fecha 11 de diciembre del mismo año, se juramentó a todos los miembros de la comisión y en ese mismo acto se discutió y aprobó el Reglamento de Debates de la Comisión. 5) En fecha 16 de diciembre de 2008, durante la reunión, un funcionario del Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo una exposición a la Comisión sobre el mercado laboral, el representante de la Secretaría de Trabajo presentó un estudio socioeconómico del Mercado Laboral en Honduras, preparado por la Dirección General de Salarios; seguidamente el sector obrero hizo entrega de una propuesta de incremento al salario mínimo. El sector patronal de conformidad con la ley solicitó una reunión para el 24 de diciembre a fin de presentar observaciones al Estudio Socioeconómico de la Secretaría del Trabajo, un estudio de la Canasta Básica de Alimentos y una propuesta; asimismo solicitaron una propuesta del gobierno. 6) La tercera sesión de trabajo se realizó el veinte de diciembre en la cual el sector empleador disertó sobre el panorama internacional, la canasta básica de alimentos y el monitoreo que realiza el COHEP a los precios de dicha canasta; en este último aspecto indicaron que el costo de la canasta básica de alimentos asciende a cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos lempiras (Lps. 4,442.00) haciendo referencia que Honduras tiene los salarios mínimos más altos de la zona. Después de una amplia discusión los representantes del sector patronal entregaron al resto de la Comisión la respuesta del sector privado a la propuesta del incremento del salario y que fuera presentada antes por parte del sector laboral, en dicha respuesta el sector patronal propone que el Presidente de la República convoque a la formación de un Pacto Nacional por el Empleo, que involucre al sector empleador, trabajador y gobierno; que tenga por objetivo enfrentar los efectos de la crisis económica y financiera mundial, misma que empieza a afectar a Honduras; entonces proponen como ejes de dicho plan los siguientes: 1. Estabilización del Salario Mínimo en su valor actual. 2. Estabilización de precios de la canasta básica en coherencia con el precio internacional del petróleo y de las materias primas. 3. Establecer una política monetaria congruente con la crisis. (Lo resaltado es del autor del informe). El sector obrero recibió la propuesta patronal y luego de un receso manifestó que su posición era continuar exigiendo un salario mínimo de seis mil doscientos treinta y nueve lempiras con cuarenta centavos (Lps.6,239.40) (cantidad que resultó del estudio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social); por su parte el sector patronal insistió en el congelamiento del salario mínimo. Ambas propuestas se anexaron al acta para dar paso a la siguiente instancia. 7) En fecha 20 de diciembre de 2008 la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social recibió el expediente administrativo que contenía las propuestas citadas, resolviendo que se procediera a la devolución del expediente a la Comisión, instándolos a que profundizaran en el análisis y generaran nuevos aportes, respecto a los criterios y elementos que permitieran al Presidente de la República fijar el nuevo salario mínimo. 8) En fecha 22 de diciembre se celebró la cuarta y última reunión de la Comisión, convocada a efecto de conocer y discutir la reconsideración de la señora Ministra a la resolución adoptada por la comisión, según el acta de cierre de la sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil ocho. La Ministra en el informe que se comenta, hace ver que uno de los representantes del sector patronal señaló que la comisión ya no existía en vista de que en que la sesión celebrada el día sábado veinte de diciembre se habían cerrado las negociaciones. Los representantes del interés público propusieron en carácter de moción que el costo de vida a utilizar para fijar el salario mínimo fuese de seis mil doscientos treinta y nueve lempiras con cuarenta centavos (Lps.6,239.40), cantidad obtenida, tal como se dijo antes, del estudio realizado por la Secretaría de Trabajo, tomando en cuenta las variaciones por región utilizadas por el Banco Central de Honduras. Finalmente un representante de los patronos dijo que la resolución presentada por el gobierno era nula en vista de que no se había presentado como proyecto de acuerdo, extremo que pidió se hiciera constar en el acta. 9) En fecha 22 de diciembre la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, nuevamente recibió de parte de la comisión el informe de la última sesión, trasladando el mismo a la Presidencia de la República. 10) Con todos estos extremos el Presidente de la República resolvió emitir el Acuerdo No. STSS-374-STSS-2008 en virtud de la prerrogativa que le otorga el numeral 42 del artículo 245 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6):
Que el análisis de este Alto Tribunal parte de la idea de que el Derecho Individual del Trabajo, tiene como propósito esencial asegurar a cada trabajador un nivel decoroso de vida, su relación de trabajo crea, en la mayor parte de los casos, una condición de dependencia económica del trabajador hacia su patrono, sea este último persona natural o jurídica. CONSIDERANDO (7): Que en nuestro tiempo el salario de un trabajador, en cualquier actividad, y en la mayor parte de los casos, es la fuente única o al menos principal de sus ingresos, constituyendo por consiguiente, el medio para satisfacer todas sus necesidades y las de su familia, mismas que incluyen alimentación, salud, vestuario, educación, vivienda, transporte y cualquier otra propia de la persona, dentro del ámbito de la dignidad humana. CONSIDERANDO (8): Que el salario mínimo tiene como propósito fundamental, señalar el nivel mínimo en la escala salarial y social, por consiguiente lo que esté bajo de ello deja de ser digno para el sustento básico del ser humano. CONSIDERANDO (9): Que el salario mínimo también se encamina a proteger a todos aquellos trabajadores y trabajadoras, que por diversas razones, no pudieron tener una profesión técnica o calificada y por ello se les debe asegurar un nivel de vida conveniente y acorde a toda persona humana. CONSIDERANDO (10): Que el salario mínimo tiene como propósito primordial asegurar el estándar mínimo e indispensable de vida para que la mujer y/o el hombre puedan subsistir con decoro en su sociedad y más ahora en una sociedad tan cambiante en su economía mundial; razón por la cual dicho salario mínimo no tiene como finalidad destruir las fuentes de trabajo o el quebrantamiento del derecho de todo empresario a obtener sus utilidades, producto de su actividad, sino de una equiparación del salario mínimo de sus empleados a la realidad social y sobre todo económica del mundo actual; para que dicho salario sea digno y con ello pueda suplir las necesidades básicas de toda persona humana. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia 1789 establece que: "Todos los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos; las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común." Y el artículo 61 constitucional citado por los amparistas reza: “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.” CONSIDERANDO (12): Que la igualdad es un principio-derecho que intenta ordenar o ubicar a las personas en realidades similares, y una vez hecho ese ordenamiento, todas las personas son susceptibles de ser tratadas ante la ley con las mismas condiciones y situaciones de sus semejantes. Así, el Estado otorga derechos y obligaciones, de manera que, de igual forma, deben recibir un trato sin distinción alguna ante la ley. El planteamiento anterior es el mismo que da pie a entender que la igualdad ante la Ley no impide otorgar un trato desigual a los ciudadanos de acuerdo a determinadas circunstancias o condiciones, lo que puede ser por situaciones de hecho o por finalidad, el que debe ser razonable, y que garantice que el trato desigual sea consecuencia de una diferenciación constitucional legítima.
CONSIDERANDO (13): Que como se ha podido constatar a lo largo de la historia humana, el exacerbado individualismo amenaza con acentuar la marginación y exclusión sobre aquellos sectores más débiles y vulnerables; es por ello que hoy más que nunca debe tomar plena vigencia el principio de justicia de origen aristotélico y formulado por Radbruch, que acertadamente sostiene “que el trato debe ser igual a los iguales y desigual a los desiguales.” CONSIDERANDO (14): Que si las relaciones jurídicas se realizan o establecen entre sujetos con iguales recursos materiales, el ordenamiento jurídico no requerirá brindar reglas que protejan a una de las partes frente a la otra; ahora bien, si las partes se encuentran en una situación de desigualdad, en la que una aventaja a la otra de manera desproporcionada, entonces es necesario que la normativa ponga pesos en uno de los extremos de la balanza a efecto de equilibrar el balance de las fuerzas en la relación; es decir y a manera de elemental conclusión que en el plano jurídico el trato desigual entre desiguales se debe dar para igualarlos materialmente. No debemos olvidar que un Estado de Derecho que tenga, tal como lo señala nuestra Constitución de la República en su artículo primero, como objetivo asegurar a los habitantes el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social entre otros, deberá construir e implementar una concepción del derecho a la igualdad que permita fundamentar y robustecer a todos los derechos sociales. CONSIDERANDO (15): Que en este orden de ideas resulta falsa la dicotomía que se ha pretendido formular por algunos pensadores entre los derechos individuales y los derechos sociales, entendiéndose los primeros como derechos que imponen al Estado obligaciones de abstención y los segundos como derechos que establecen obligaciones de acción o de dación; ya que como se puede colegir de los más responsables y concienzudos estudios, el derecho a la igualdad es un derecho social tanto o más que un derecho individual. Tradicionalmente, al dividir y clasificar a los derechos humanos, el derecho a la igualdad fue fijado en la categoría de los derechos individuales o de primera generación, o civiles y políticos, que son los que fijan al Estado obligaciones de respeto, es decir, de no hacer. Sobre este particular debemos indicar que el derecho a la igualdad tiene como una de sus facetas o dimensiones, precisamente esa que impone al Estado y a los particulares el deber de no discriminar a nadie; no obstante no es menos cierto, el derecho a la igualdad impone la obligación al Estado de adoptar medidas para igualar a los desiguales, y las mismas pueden consistir en acciones positivas, es decir de dar y hacer. CONSIDERANDO (16): Que este Tribunal estima que ambas dimensiones del derecho a la igualdad, la individual y la social, se encuentran reguladas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; para el caso, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se consagra el principio de igualdad ante la ley en el artículo 26, fijándose adicionalmente la prohibición a toda discriminación; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevé la obligación de asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos sociales y culturales (artículo 3); la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 24 establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley (el subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (17): Que las Convenciones o Tratados Internacionales que buscan eliminar la discriminación contemplan la implementación de medidas especiales, tanto transitorias como permanentes, encaminadas a encontrar y alcanzar la igualdad de los desiguales. Dichas medidas o acciones positivas se caracterizan por ser preferencias en favor del grupo humano en desventaja, de cuya aplicación se obtienen como resultado la igualdad, pudiendo hablarse así de una discriminación positiva. Básicamente si la preferencia tiene como objeto mantener la diferencia, la discriminación es negativa, ahora bien si la preferencia tiene por finalidad asegurar el progreso de los grupos rezagados o excluidos, esta será positiva. CONSIDERANDO (18): Que a mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-18/03, explica que es necesario adoptar ciertas medidas especiales para eliminar prácticas discriminatorias arraigadas en el comportamiento social, nos da un desarrollo interesante del derecho a la igualdad y las medidas para hacerlo una efectiva realidad, a saber: “104. Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”. (El subrayado es nuestro). “121. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.” CONSIDERANDO (19): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la referida Opinión Consultiva OC-18/03, sostiene que el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación se configuran dentro del ámbito del jus cogens internacional: “101. En concordancia con ello, este tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.” CONSIDERANDO (20): Que para la plena observancia de los derechos sociales es imperativo que se encuentren y apliquen fórmulas que tutelen las demandas de igualdad material de forma más eficiente, nuevos mecanismos de redistribución de riqueza y de limitación del individualismo, compaginando los requerimientos que presenta la economía con la protección y el respeto de la vida humana y el medio ambiente, papel importante juega acá el salario mínimo. CONSIDERANDO (21): Que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y así lo consagra nuestra Constitución de la República. En este sentido nos parece ilustrativo referirnos a lo expresado en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo "Justicia y Paz"
“b) La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo. Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional, incentivando para ello el mundo productivo. El deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, cuanto sobre todo en “secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis”. “b) El derecho a la justa remuneración y distribución de la renta. La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El “salario justo es el fruto legítimo del trabajo”; comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. El salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la tierra: “La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”. El simple acuerdo entre el trabajador y el patrono acerca de la remuneración, no basta para calificar de “justa” la remuneración acordada, porque ésta “no debe ser en manera alguna insuficiente” para el sustento del trabajador: la justicia natural es anterior y superior a la libertad del contrato. “303. El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta, que debería permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona. Una justa distribución del rédito debe establecerse no sólo en base a los criterios de justicia conmutativa, sino también de justicia social, es decir, considerando, además del valor objetivo de las prestaciones laborales, la dignidad humana de los sujetos que las realizan. Un bienestar económico auténtico se alcanza también por medio de adecuadas políticas sociales de redistribución de la renta que, teniendo en cuenta las condiciones generales, consideren oportunamente los méritos y las necesidades de todos los ciudadanos”. CONSIDERANDO (22): Que la Sala de lo Constitucional haciendo entonces un ejercicio analítico y armónico con las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos; de doctrina, resoluciones, opiniones vertidas originadas en el seno del sistema interamericano de protección de derechos humanos; así como también de un responsable estudio y valoración de argumentos y prueba evacuada en el iter de la garantía de Amparo, para luego contrastarla con las razones que el Gobierno de Honduras tuvo para emitir el Acuerdo No.STSS-374-STSS-2008, encuentra claro que en principio el Gobierno estaba legitimado para tomar una decisión en vista del fracaso de las negociaciones entre los sectores empleador-trabajador. Asimismo la cantidad de cinco mil quinientos lempiras mensuales (un mil ocho lempiras más del cálculo del sector empleador), es el resultado de estudios socioeconómicos que tuvieron como propósito calcular la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios en relación a la subida constante de precios. Por otro lado, la Sala de lo Constitucional estima que la Canasta Básica es un elemento importante para fijar el salario mínimo; pero también deberá tomarse en cuenta de que el salario debe cubrir, como bien lo dice la motivación del acuerdo impugnado, otros aspectos de la vida como son: el vestido, la educación, la salud y el esparcimiento. En todo caso el ingreso salarial se encuentra íntimamente relacionado con el concepto de trabajo en condiciones de dignidad como corolario también del derecho a la vida digna. Al respecto la Sala de lo Constitucional estima verdadero el siguiente aserto: “Mejorar ingresos es/para disminuir pobreza y reducir desigualdad social.” Ejemplos de estándares dignos de vida son para el caso: tener acceso a una atención médica adecuada y medicamentos prontos y suficientes, cuestión que en un país como el nuestro, donde la cobertura del Seguro Social es tan limitada, el salario debe cubrir esta necesidad básica; puesto que resulta sabido que la mayor parte de la población hace uso de los servicios de salud mediante la modalidad denominada “gasto de bolsillo”, o sea al momento de requerirlos. Cuando es un problema de salud grave se habla de “gasto catastrófico”, pues representa una alta proporción de los ingresos familiares aunque el problema no sea de consecuencias severas para la salud.[4] En ambas situaciones hay un impacto importante de la economía familiar. De igual manera, la educación aún con los esfuerzos que el gobierno hace para mejorar la cobertura mediante bonos y otros incentivos, en la práctica, buena parte de los instrumentos de estudio deben ser obtenidos con el salario de cada trabajador. Queda claro entonces que el concepto de salario mínimo no debe reducirse al aspecto puramente alimentario, sino que debe buscar dignificar la vida de todos los hondureños. Por otra parte, si bien el Estado debe encaminar todos sus esfuerzos para lograr el bienestar general de la población en los términos que señala el artículo 1 de la Constitución, es deber del sector empresarial coadyuvar con este propósito, de tal manera que la contribución de éste último debe ser significativo en razón de las utilidades que recibe a fin de que la generación de riqueza sea equitativa, genere prosperidad y paz social. Honduras cuenta con el porcentaje de incidencia de pobreza más alto de Centroamérica, según estudios en el año 2006 un sesenta y siete punto ocho por ciento (67.8%) de la población vive en pobreza general, del cual, el cuarenta y ocho punto uno por ciento (48.1%) es pobreza extrema; en el área urbana la pobreza general ascendía a un cuarenta y dos punto dos por ciento (42.2%) y en el área rural un cincuenta y siete punto ocho por ciento (57.8%); la extrema pobreza en el área rural es de un setenta y dos por ciento (72%) y un veintisiete punto ocho por ciento (27.8%) en la zona urbana. La pobreza extrema significa que sus ingresos no alcanzan para cubrir requerimientos mínimos de alimentación. Al final todo esto se traduce en que Honduras con un bajo índice de Desarrollo Humano en el área centroamericana, se encuentre a treinta años de retraso de Costa Rica. Sin embargo, expertos coinciden en que lo anterior más que un problema de pobreza resulta ser un problema de exclusión. En un estudio practicado por FLACSO, UCA, y Fundación Friedrich Ebert sobre exclusión social, refieren que ésta es un enfoque que remite a una situación provocada por relaciones de poder desiguales. Para resolver esto, proponen: “…es necesario redefinir las relaciones de poder, lo que alude al contrato social existente y el papel del Estado como actor capaz de incidir en esas relaciones” Entonces, retomando la idea de que el Gobierno de Honduras estaba legitimado para tomar la decisión de fijar el salario mínimo y que además era su deber como Poder del Estado de garantizar una remuneración justa para alcanzar una vida digna para el trabajador y su familia, la Sala de lo Constitucional estima que la única manera de que una empresa pueda ser amparada, es demostrar de manera incontrastable, que le resulta imposible el pago del salario mínimo fijado por la administración pública, sin poner en peligro su propia existencia y la vida digna de sus propietarios; en este sentido este alto Tribunal, hace la observación a los recurrentes que deben demostrar el margen de utilidades que reciben y la imposibilidad ya mencionada, teniendo en cuenta que las utilidades deben ser en todo caso, razonables en relación con el pago que hacen a sus trabajadores, porque si se constata que las utilidades o lucro es excesivo a merced de los magros ingresos de los trabajadores, se estimaría una relación de explotación injustificada, que este Alto Tribunal no podría tolerar. CONSIDERANDO (23): Que esta Sala, siempre a la luz del escrito de amparo, la formalización del mismo y las probanzas evacuadas en el decurso del período probatorio, toma en cuenta que los recurrentes muestran su malestar al sostener que el acuerdo quebranta la garantía constitucional de Igualdad ante la Ley, la que desarrollan medularmente así: Históricamente las negociaciones de salario mínimo han estado apegadas a lo que establece lo señalado en los artículos 128 numeral 5) de la Constitución de la República y 382 del Código del Trabajo, los cuales mandan que en las negociaciones del salario mínimo se deben tomar en cuenta las modalidades de cada trabajo, las particulares condiciones de cada región y cada labor, el costo de la vida, la aptitud relativa de los trabajadores y los sistemas de remuneración de empresas, sin embargo, argumentan los amparistas, que el Poder Ejecutivo de manera arbitraria obvió la diferenciación de lo dispuesto en los precitados artículos y estableció como única distinción la ubicación geográfica entre el sector urbano y el rural, por lo que el acuerdo ejecutivo del nuevo salario mínimo es ilegal, al definir zonas urbanas en clara contravención de las leyes de ordenamiento territorial y municipalidades, por lo que se ha violado la igualdad ante la ley (Artículo 61 constitucional), al generar un impacto desigual. Al respecto esta Sala como tuteladora y garante de los derechos constitucionales, estima procedente resaltar y contrastar la tesis formulada por los recurrentes, a efecto de escudriñar si ha existido ofensa o ultraje a la referida garantía en el marco de las motivaciones que inspiraron la decisión del Ejecutivo, así las cosas, las consideraciones del decreto que contiene el Acuerdo STSS-374-STSS-08 que fija el nuevo salario mínimo, nos demuestra per se lo insostenible de la violación al Derecho de Igualdad invocado por los amparistas, pues no es ninguna novedad que el salario mínimo ha tenido rezago histórico en más de un ochenta por ciento, como se desprende de la motivación del decreto impugnado, amén de ello, la capacidad adquisitiva de los hondureños se ha visto disminuida como producto del incremento que tiene el costo de la vida en las diferentes regiones del país, por ello, percibe esta Sala que el Gobierno de la República determinó el salario mínimo en base a criterios derivados del estudio socioeconómico del mercado laboral preparado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que comprende el costo de la canasta básica de alimentos calculado en la información proporcionada por el Banco Central de Honduras y las estimaciones del costo de la vida generadas por el Instituto Hondureño de Estadística (INE), además tomó en consideración las modalidades de cada trabajo bajo ese informe de proyección interinstitucional, la aptitud relativa de los trabajadores y los sistemas de remuneración de las empresas, procurando precisamente la igualdad, sin visos de discriminación alguna. De lo anterior fácilmente se desprende que la fijación del salario mínimo fue producto de un estudio socio-económico laboral del mercado, costo de la vida, por lo que se puede comprender que no se ha violado el Derecho de Igualdad, dado que el acuerdo ejecutivo cuestionado va orientado a hacer realidad lo dispuesto en el Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que contrasta con la alegación de los impugnantes al afirmar dicho tratado primigenio, en lo conducente, en el numeral 1) lo siguiente: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure a él, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…”; por manera que no es factible la premisa de los recurrentes, de que con el censurado acuerdo ejecutivo se ha violado el tratado internacional suscrito por el país, pues en los mismos, prima como aspiración suprema la dignidad humana del trabajador, que sólo puede concretarse, a que toda persona tenga derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales como lo prescribe el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (24): Que en otro apartado, los recurrentes, siguiendo su directriz de que el acuerdo ejecutivo que fija el salario mínimo viola la garantía de Igualdad ante la Ley, enfilan nuevamente sus alegaciones bajo el concepto de que el Acuerdo Ejecutivo No. STSS-374-STSS-08, no se dio conforme a la ley atinente a la materia, ya que desconoce y viola el artículo 128 No. 5), de la ley fundamental. Esta Sala aclara y ha sido abundante en su criterio jurídico, bajo lo ilustrado en el acápite anterior, que los factores descritos en el Artículo 128 No. 5), constitucional fueron tomados en cuenta por el Ejecutivo, basta un estudio reposado de las motivaciones que generaron el nuevo salario mínimo para concluir como corolario, que su filosofía tiene como vertiente primigenia la Declaración Universal de Derechos Humanos y las fuentes de información fidedignas, que reflejan sin duda alguna, el alto costo de la vida de cada región del país. CONSIDERANDO (25): Que los impetrantes bajo otra óptica, invocan que la aplicación del Acuerdo Ejecutivo No. STSS-374-STSS-08, constitutivo del incremento al salario mínimo genera violación al Derecho al Trabajo, vale decir, su aplicación implicaría que las empresas reduzcan sus planillas, lo que lesionaría la estabilidad en el empleo que como garantía laboral se consigna en el Artículo 129 de la Constitución de la República, sin embargo, esta Sala estima que las empresas, si bien podrían reducir eventualmente sus márgenes de ganancia neta, no es menos cierto, que el alto costo de la vida o canasta básica conlleva un elemento de justicia social, valor humano que al pragmatizarse producirá siempre la armonía entre capital y trabajo que redundaría en un alto nivel de productividad y una armonía consecuente con los más caros intereses de la nación como lo es el desarrollo social y económico del país; de tal suerte que la intervención del Ejecutivo obedeció a que la Comisión del Salario Mínimo, integrada en forma tripartita por representantes del sector empleador, obrero y público, no lograron concertar la fijación del nuevo salario mínimo, teniendo que ser fijado por la Presidencia de la República, en procura de la tranquilidad en la vida laboral y para garantizar al trabajador un ingreso digno y básico como costo de producción para el patrono y un factor considerable en la economía nacional; en todo caso, tal como lo refleja el acuerdo ejecutivo que fija el nuevo salario mínimo efectivo a partir del uno de enero de dos mil nueve, el Gobierno de la República implementó un plan de generación de empleos, que incluye una estrategia para impulsar la competitividad de los sectores productivos, mediante la aplicación de la ley, asegurando la participación de la mediana y pequeña industria, proporcionándole un crédito en un tiempo máximo de treinta días a un año plazo, con intereses de un siete por ciento (7%). CONSIDERANDO (26): Que los amparistas indican que el Acuerdo No. STSS-374-STSS-08 viola el artículo 221 constitucional que determina que la ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, al respecto debe entenderse y asumirse, que en su caso particular, no hubo consenso o acuerdo en la comisión tripartita designada para la revisión y fijación del salario mínimo, caso contrario hubiese sido vinculante lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley del Salario Mínimo, que refiere que una vez aprobado el proyecto de acuerdo, la Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social, ordenará su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” y el acuerdo entrará en vigencia quince (15) días después de su publicación, sin embargo, dada la naturaleza y el destinatario social del nuevo salario mínimo, el Ejecutivo no devenía obligado a sujetarse en la normativa de la mencionada ley ordinaria, en cuanto a la publicación y vigencia, por lo que optó, en aras del bien común y lo apremiante de la conciliación y armonía entre el capital y el trabajo, por restringir el plazo a que se refiere el artículo 221 de la Ley Fundamental, disponiendo poner en vigencia el acuerdo ejecutivo impugnado, a partir del primero de enero del año dos mil nueve, por lo que esta Sala estima que no se ha lesionado el principio de obligatoriedad de la ley, a que aluden los impugnantes. CONSIDERANDO (27): Que del estudio del Acuerdo Ejecutivo No.STSS-374-STSS-08, de las pruebas aportadas y de las apreciaciones y valoraciones ilustradas por esta Sala, en las consideraciones anteriores, se arriba a la conclusión de que los recurrentes en ningún momento demostraron la vulneración de los derechos invocados en perjuicio de sus poderdantes, por cuanto no lograron acreditar el perjuicio que en sí les provocaba el acto impugnado, de tal manera que al analizar el estudio de impacto económico presentado por los recurrentes, esta Sala no observa como el incremento del salario mínimo afecta su estabilidad o su subsistencia, por otra parte, tampoco se brinda información que permita establecer que el margen de ganancias o utilidades netas o totales se vea afectado al punto de poner en riesgo la supervivencia de las empresas o el bienestar de sus propietarios o socios. De hecho, no se brinda información sobre el margen de ganancias o lucro. En algunos casos se habla de rentabilidad baja pero no se demuestra ese extremo, como tampoco lo que manifiestan cuando señalan que el salario aprobado es excesivo en relación a sus ingresos. Por esto y todo lo señalado en el iter de este fallo, se estima procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la señora Fiscal, por unanimidad de votos, y haciendo aplicación de los artículos 1, 62, 80, 127, 128 numeral 5), 183, 221,303, 304, 313 atribución 5ª., 316 numeral 1), 321 y 323 de la Constitución de la República; 8, 10, 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7 literales a), i) del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales; 1 y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 7, 9 numeral 2), 41, 63, 72 y 73 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 45 de la Ley de Salario Mínimo, FALLA: DENEGANDO la Garantía de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que se certifique el presente fallo para cada una de las partes y para la autoridad recurrida, para los efectos legales correspondientes y se ordena que se archiven las diligencias de mérito. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. JORGE REYES DIAZ. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Y en virtud de lo ordenado en el fallo y para ser entregada a la abogada JESSICA TARYN AYES PAZ, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintisiete de junio de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil once, recaída en los Recursos de Amparo Administrativo (acumulados), con orden de ingreso en este Tribunal No. 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] En el escrito de proposición de medios de prueba los recurrentes establecen que presentan como parte del medio de prueba documental número dos, el Decreto STSS-066-09, pero la copia del Diario Oficial La Gaceta de fecha 31 de enero de 2009, que contiene dicho decreto, la hace acompañar al escrito de formalización del recurso de amparo.
[2] En el escrito de proposición de medios de prueba los recurrentes establecen, que presentan como parte del medio de prueba documental número tres, el Decreto 327-STSS-06 de fecha 25 de marzo de 2006, sin embargo la copia del Diario Oficial La Gaceta que presentó de fecha 3 de abril de 2006, no contiene tal Decreto, sino el 027-STSS-06, por lo que se asume que se trató de un error en la redacción del escrito.
[3] En el escrito de proposición de medios de prueba los recurrentes establecen que presentan como parte del medio de prueba documental número cuatro, el Decreto STSS-374-STSS-08, pero la copia del Diario Oficial La Gaceta de fecha 27 de diciembre de 2008, que contiene dicho decreto la hace acompañar al escrito de presentación del recurso de amparo.
[4] Vid Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, primera edición septiembre de 2008.