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Sentencia AA-271-08 — Registro 4926

Resumen

Sentencia confirmó fallo interlocutorio que declaró sin lugar incidente de nulidad contra el requerimiento de pago en relación a la liquidación y tasación de costas personales en contra de la recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de abril del año dos mil ocho, está basada en la consideración que la sentencia recurrida se encuentra dictada con arreglo a derecho; fundamentando su decisión en el Artículo 43 del Arancel de Profesionales del Derecho. Además de que todos los incidentes y recursos interpuestos por la recurrente han sido admitidos y tramitados por los Tribunales de Primera y Segunda Instancia..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la sentencia dictada por Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada GUILLERMINA LIZZETH AYALA ESPINOZA, a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de abril del año dos mil ocho, que declara sin lugar el recurso interpuesto contra la sentencia interlocutoria en la cuestión incidental de liquidación y tasación de costas personales, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de octubre del año dos mil siete; con relación a la demanda de nulidad de un acto administrativo, promovida por la Empresa T.V.C. COMUNICACIONES S. de R.L. contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de enero del año dos mil siete, el Abogado RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ, en su condición de apoderado legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interponiendo el incidente de nulidad de pleno derecho del requerimiento de pago solicitado por la empresa T.V.C. COMUNICACIONES S. de R.L., en contra de su representada, en virtud de la sentencia interlocutoria de liquidación de intereses comerciales, moratorios, así como las costas en concepto de ejecución de una sentencia, por la cantidad de diecinueve millones quinientos doce mil ochocientos sesenta y ocho lempiras con sesenta centavos (L19,512,868.60), por no haberse seguido el procedimiento establecido para la ejecución de sentencias. 2) Que en fecha primero de febrero del mismo año, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria en la cuestión incidental de Nulidad de Requerimiento de Pago y declaró sin lugar el incidente de nulidad planteado por el abogado RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ, en su condición ya mencionada, condenando con costas a HONDUTEL, por considerar que dicha institución no tuvo razón alguna para oponer el incidente en la etapa de ejecución de una sentencia firme. 3) Que en fecha trece de marzo del año dos mil siete, compareció ante el referido Juzgado, el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, en su condición de apoderado legal de la empresa T.V.C. COMUNICACIONES S. de R.L., solicitando liquidación y tasación de costas personales por la cantidad de quinientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y seis lempiras con seis centavos (L595,786.06), en virtud de la sentencia interlocutoria de fecha uno de febrero de dos mil siete, relacionada en el inciso que precede. 4) Que en fecha diecinueve de octubre del año dos mil siete, el referido Juzgado, dictó sentencia interlocutoria en la cuestión incidental de liquidación y tasación de costas personales, presentada por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, en la cual ordena liquidar las costas personales por la cantidad de seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y seis lempiras con cuatro centavos (L624,436.04) y condena a HONDUTEL al pago de la cantidad mencionada a la parte demandante; en consideración a los artículos 43 del Arancel de Profesionales del Derecho; 130, 131, 192 y 234 del Código de Procedimientos Comunes. 5) Que en fecha dos de abril del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso interpuesto por la abogada GUILLERMINA LIZZETH AYALA ESPINOZA, en su condición de apoderada legal de HONDUTEL y confirmó la sentencia interlocutoria emitida por el A-quo, relacionada en el inciso anterior, por considerar que la misma se encuentra dictada con arreglo a derecho; fundamentando su decisión en el Artículo 43 del Arancel de Profesionales del Derecho. 6) La recurrente Abogada GUILLERMINA LIZZETH AYALA ESPINOZA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de mayo del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha dos de abril de dos mil ocho es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la recurrente aduce en su escrito de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la decisión de la Corte de Apelaciones recurrida, impide ejercer correctamente el Derecho de Defensa, ya que los Tribunales de Primera y Segunda Instancia, están plenamente convencidos que su representada no tiene el derecho y deber de oponer los incidentes y recursos legalmente permitidos y que las sentencias que dictan son de obligatorio cumplimiento; y, que se deben acatar sin tratar de oponerse a ellas. Además es notorio a la simple lectura, que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su sentencia dictada el dos de Abril de dos mil ocho, no fueron claros ni precisos, solamente confirmó la sentencia dictada por el Ad-quo condenando a su representada a pagar de SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.624,436.04), sin haber desglosado cantidades líquidas, dejando en completa indefensión a su representada conforme a lo señalado en los Artículos 190 y 191 del Código de Procedimientos Comunes. CONSIDERANDO: Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste emitió dictamen en fecha diez de febrero de dos mil diez, en el sentido de que es del parecer porque se deniegue la presente acción de Amparo, por no haberse ultrajado los Artículos Constitucionales denunciados por la recurrente. CONSIDERANDO: Que básicamente el asunto que se trae a consideración de la Sala de lo Constitucional es definir si la denegatoria de un recurso de Apelación, acarrea la inaplicabilidad de la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de abril del año dos mil ocho, que declaró sin lugar el recurso interpuesto por la abogada GUILLERMINA LIZZETH AYALA ESPINOZA, en su condición de apoderada legal de HONDUTEL y confirmó la sentencia interlocutoria emitida por el A-quo, al señalar el recurrente que con esta situación se ha violado el procedimiento aplicable a este caso, por lo que considera es violatoria de lo dispuesto en los Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO: Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO: Que el Artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que: “Los recursos se regirán por la legislación procesal civil, salvo lo dispuesto por esta Ley.” CONSIDERANDO: Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de abril del año dos mil ocho, está basada en la consideración que la sentencia recurrida se encuentra dictada con arreglo a derecho; fundamentando su decisión en el Artículo 43 del Arancel de Profesionales del Derecho. Además de que todos los incidentes y recursos interpuestos por la recurrente han sido admitidos y tramitados por los Tribunales de Primera y Segunda Instancia. CONSIDERANDO: Que como acción, el amparo consiste en proteger, garantizar cualquiera de los derechos fundamentales, de modo que puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, una ley, o en su caso, tratados internacionales. Como recurso, el amparo es una garantía procesal añadida para el ciudadano; es decir solamente tutela los derechos constitucionales del ciudadano, no juzga los hechos sometidos a controversia por las partes. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano judicial admita, tramite y resuelva favorablemente un recurso, como parece entenderlo el recurrente o acceder a lo solicitado; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido al órgano judicial, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO: Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la sentencia dictada por Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2 literal b), 7 literal b), 9, 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 202, 217, 218 y 219 del Código de Procedimientos Comunes, FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el siete de septiembre de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal No. 271-P342-P343=08.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL