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Sentencia RI-327-08 — Registro 4478

Resumen

Recurso de inconstitucionalidad promovida vía oficio contra la ordenanza municipal contenida en el punto Nº 5.14 de la parte final del acta Nº 13/06, de la sesión celebrada por la corporación municipal de La Lima, referente a los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de la acción promovida ante este alto Tribunal por parte del referido togado, se establece lo siguiente: a) Que el juez ha citado varios artículos de la ley secundaria que el considera son violatorios de varias normas de la Constitución de la Republica; b) Que también ha citado textualmente los artículos: 1, 59, 60,61,62, 63, 64, 65, 70, 80, 82, 90, 94, 127,129, 135, 184, 185 numeral 3, 303 y 318 constitucionales y los artículos 8.1, 24 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos que el considera han sido vulnerados por la norma secundaria; citas textuales que si bien es cierto ilustran a esta Sala, pero por otro lado limitan la acción que se intenta, al no motivar el recurso interpuesto, c) Que el recurrente en ningún momento hace un juicio de contraste entre la norma secundaria y las normas constitucionales, así como tampoco hace tal contraste, con los artículos de la citada Convención, a fin de establecer ante este alto Tribunal, los motivos o razones de carácter jurídico, por las cuales el considera que deba tenerse a tales normas, como violatorias de la constitución y de la referida Convención y d) Tampoco explica el señor Juez, porque la decisión del juicio depende de que los referidos artículos sean declarados inconstitucionales.CONSIDERANDO: Que por las razones señaladas en el acápite anterior, esta Sala no puede suponer, ni mucho menos establecer cuales son esas razones por las que se deba analizar si las referidas normas son o no violatorias de los artículos citados de la Constitución de la Republica; en otras palabras el señor Juez de Lo Contencioso Administrativo no ha explicado a esta Corte en que consiste, según su parecer, la contradicción de los artículos 14,15 y 16 de La Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, y los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 82-99, con los artículos 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 82, 90, 94, 127, 129, 135, 184, 185 numeral 3, 303 y 318 de la Constitución de la Republica y los artículos 8 numeral 1 y 24 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO: Que el articulo cuatro (4) sobre las reglas especiales de la Justicia Constitucional en su numeral cinco establece “En la tramitación de las acciones de exhibición personal, habeas data, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma…..”, de donde se estima que en materia de justicia constitucional, es de suma importancia la prevalecía del fondo sobre la forma, en ese sentido esta Sala estima que en cada recurso que se interponga ante ella, el recurrente deberá plantear el fondo del asunto, a fin de que esta Sala se pueda pronunciar sobre el mismo; ahora bien es criterio unánime, que en el caso de merito, al no haberse explicado o argumentado por parte del recurrente, en que consiste la inconstitucionalidad de los artículos 14,15 y 16 de la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, y los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 82-99, a que hace referencia; situación que al no ser explicada por el recurrente, no toca por lo tanto el fondo del asunto, lo que consecuentemente impide que esta Sala de Lo Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado, por lo que al suceder así, es procedente declarar no ha lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Juez de Letras lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, ante este alto Tribunal."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de marzo de dos mil diez. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad promovida de oficio por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares y los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 82-99; con relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad interpuesta por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el numero 5807, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores ADA AZUCENA MENDEZ GONZALES, JOEL GONZALES, FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES, LUZ MARINA GARCIA, AUBDEL GAMAR TURCIOS CERRATO, Y EVA MALDONADO GUEVARA, todos ellos mayores de edad, la primera soltera, los restantes casados, comerciantes, hondureños, los dos primeros del domicilio de Nueva Arcadia departamento de Copan y los restantes del municipio de San Pedro Sula departamento de Cortes; contra LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, representada conforme a ley por la alcaldesa municipal, en ese entonces la señora DILCIA IDALIA FERNANDEZ ZELAYA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince de marzo del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores ADA AZUCENA MENDEZ GONZALES, JOEL GONZALES, FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES, LUZ MARINA GARCIA, AUBDEL GAMAR TURCIOS CERRATO, Y EVA MALDONADO GUEVARA, interponiendo Demanda Ordinaria de Nulidad, contra LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, para que mediante Sentencia Definitiva se declare con lugar la demanda, se decrete la nulidad del acto general impugnado y la ilegalidad de los actos particulares sucesivos, se reconozca la situación jurídica individualizada y el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios establecidos en la demanda, los honorarios profesionales y las costas del juicio.2) Que previo a resolver las diligencias relacionadas en el inciso que antecede, el Juez de Letras del citado Juzgado, mediante resolución de fecha nueve de junio del año dos mil ocho, suspendió el procedimiento incoado y elevó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, a través de esta Honorable Sala de lo Constitucional, a efecto que declarara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares y los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 82-99; citando como fundamento de su decisión el artículo 87 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de contenido; es decir, inconstitucionalidad formal; refiriéndose a la potestad que tiene este alto tribunal para determinar si una norma legal se adecua o confronta una norma constitucional, o sea que, el análisis de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. De igual manera las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma; es decir inconstitucionalidad material; la cual procede cuando en la creación de la norma legal no se han observado los requisitos y condiciones que la Constitución impone. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Garantía de Inconstitucionalidad de oficio que por razón de contenido, interpuso el señor Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en contra de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, contenida en el Decreto Legislativo número 30-2000 de fecha once de abril del año dos mil; del mismo modo, los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo número 82-99 de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. La Garantía de Inconstitucionalidad fue interpuesta de oficio en la Demanda para la Declaración de no ser Conforme a Derecho Actos Administrativos Particulares Consistentes en Decomiso y Hurto de Productos Pirotécnicos, Derivados de un acto Administrativo de Carácter General y Declaración de Nulidad del Acto Administrativo General Constitutivo de Desviación de Poder; interpuesta por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, actuando en su condición de apoderado legal de los señores ADA AZUCENA MENDEZ GONZALES, JOEL GONZALES, FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES, LUZ MARINA GARCIA, AUBDEL GAMAR TURCIOS CERRATO, Y EVA MALDONADO GUEVARA, en contra de los actos proferidos por la Corporación Municipal de La Lima, departamento de Cortés, en relación a la decisión de prohibir el otorgamiento de permisos para la fabricación, comercialización, almacenamiento, transporte y quema de productos derivados de la pólvora; y la imposición de multas a los que incumplan tal ordenanza. CONSIDERANDO: Que la Ley sobre Justicia Constitucional instaura que la promoción de la acción podrá ser solicitada inter alía por los órganos jurisdiccionales, quienes podrán antes de dictar resolución, solicitar de oficio que se declare la inconstitucionalidad de una ley o algunos de sus preceptos, cuando conociendo en cualquier procedimiento judicial, su decisión dependa de su aplicación y estimen que son contrarios a la Constitución de la República o a un Tratado Internacional. CONSIDERANDO: Que en la ya referida demanda interpuesta en fecha quince de marzo del año dos mil siete; Los demandantes refieren que los actos impugnados son: a) Como acto de carácter general, la ordenanza municipal contenida en el punto Nº 5.14 de la parte final del acta Nº 13/06, de la sesión celebrada por la corporación municipal de La Lima, Cortes, el día dieciocho de octubre del año dos mil seis; ordenanza por la cual se multa hasta con la suma de Cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) a las personas que revienten artefactos explosivos o que vendan dichos productos, b)Como actos de carácter particular, derivados del acto de carácter general, la ordenanza municipal; consistente en el decomiso de los productos pirotécnicos y la destrucción de la propiedad privada de los demandantes, por parte de las autoridades de la corporación municipal de La Lima departamento de Cortes. En la demanda contenida en el expediente numero 017-2007, relatan los demandantes que con fecha dieciocho de octubre del año dos mil seis, la Municipalidad de La Lima, Cortés, emitió ordenanza municipal mediante la cual se ordena multar con una cantidad de hasta Cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) a las personas que revienten artefactos explosivos o que los comercialicen, y que posteriormente con fecha ocho de noviembre de ese mismo año, la juez del Departamento de Justicia Municipal, de ese termino municipal, emitió ordenanza mediante la cual se hace saber a todos lo propietarios de negocios que se dedican a la venta de pólvora, que queda terminantemente prohibido su venta en época navideña, y que el incumplimiento de la misma dará lugar a sanciones y multas hasta por la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00); que en fechas veinte (20), veintidós (22) y treinta y uno (31) de diciembre de ese año, el juzgado de Policía municipal, en acatamiento de la referida ordenanza municipal procedió a realizar múltiples decomisos de productos pirotécnicos a los demandantes. Señalan que tal ordenanza municipal es nula de pleno derecho, ya que de acuerdo con el articulo 255 de la Constitución de la Republica, en relación con el articulo 32 de La Ley de Procedimiento Administrativo; la misma no fue publicada en el diario oficial La Gaceta ni en un diario de mayor circulación, lo que la vuelve ineficaz e inaplicable y siendo que el precepto constitucional no puede ser modificado por ninguna ley secundaria, lo cual acarrea que tal acto es nulo conforme al articulo 34 literal c, de la Ley de Procedimiento Administrativo; señalan que de conformidad con el articulo 19 de la Ley de Policía y Convivencia Social el departamento de justicia municipal, es competente para conocer de las infracciones a las ordenanzas municipales y no para emitirlas y que en ese sentido al haberse emitido la ya señalada ordenanza se ha vulnerado el principio de legalidad administrativa consignada en el articulo 321 de la Constitución de la Republica, refieren también que al ser emitida la ordenanza por un órgano incompetente al tenor de lo preceptuado en el articulo 34 literal a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, el acto administrativo es nulo; y que el articulo 35 de la ley de Policía y Convivencia Social, define la ordenanza como la norma jurídica escrita emanada de la Corporación Municipal para regular funciones de su conducta, señalan que de acuerdo con el articulo 31 de ese mismo cuerpo legal, la ordenanza deberá fundarse en ley o reglamento, o sea que no pueden haber ordenanzas contrarias a la ley, pues las municipalidades no legislan; citan también el articulo 40 de la ley de Procedimientos Administrativos, y aducen sobre los artículos 14,15 y 16 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares; los cuales regulan la venta, distribución y fabricación de productos elaborados con pólvora; que a las municipalidades únicamente les corresponde su reglamentación y no emitir ordenanzas para la prohibición de tales productos, y que mucho menos es potestad de las mismas el establecimiento de multas no consignadas en la ley. Aducen que los artículos 132 y 148 de la citada ley de Policía, señalan las multas y los casos en los que se va a imponer las multas, no apareciendo, que se deban imponer multas por la venta o comercialización de artefactos de pólvora, tal y como lo establece la ya citada ordenanza, lo cual según ellos constituye un delito de exacción ilegal; y que de acuerdo con el articulo 95 constitucional, se preceptúa que a nadie se impondrá penas si no están previamente establecidas en la ley, y que en ese sentido el articulo 147 la ley de Policía y Convivencia Social establece taxativamente los casos en que procede el decomiso o retenciones de bienes a particulares, articulo en el cual no se contempla el decomiso de pólvora, pirotécnicos o similares, y que el articulo 97 constitucional, dice que nadie podrá ser condenado a penas confiscatorias; por lo que el decomiso de productos pirotécnicos constituye una infracción al ordenamiento jurídico y desviación de poder; siendo por lo tanto procedente decretar la nulidad absoluta del acto de carácter general consistente en una ordenanza prohibitiva para la venta y comercialización de productos de pólvora, y que se declare también que los actos derivados de tal ordenanza, como ser los decomisos y sustracción de los referidos productos no son conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que en fecha nueve de junio del año dos mil ocho, el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes dicta resolución mediante la cual decide suspender el procedimiento de la demanda que esta conociendo; y ordena que se eleven las diligencias a la Corte Suprema de Justicia. En dicha resolución el juez solicita a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que en general se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos siguientes: 14, 15 y 16 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares; asimismo que se pronuncie en esos mismos términos acerca de los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo número 82-99. Y en relación al artículo 1 de este último Decreto, el juez pide a esta Sala que se declare su inconstitucionalidad parcial. CONSIDERANDO: Que la Garantía de Inconstitucionalidad de mérito se motiva así: (sic) “Este Juez ha tomado la determinación de enviar esta petición a vos honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras por las siguientes razones: Es de notorio conocimiento público la polémica que se ha suscitado alrededor de este caso, incluso en las manifestaciones que ha presentado la parte recurrida, es repetitivo el que la alegación principal es que las normas de orden público que se deberán aplicar a este caso concreto son inconstitucionales, porque la no derogación de las mismas vuelve irrisoria y nugatoria la garantía constitucional de la inviolabilidad del derecho a la vida y que es obligación del Estado tutelarla y protegerla, y la parte recurrente manifiesta que los preceptos legales objeto de esta petición, se deben aplicar porque son normas de orden público y que es obligación de todos los hondureños cumplirlas, asimismo que las mismas son constitucionales, como lo es la venta permitida de otros productos del comercio formal e informal de Honduras - y que por razones legales no se mencionan, pero son ampliamente conocidos sus efectos, por ser los mismos notorios-, que por su naturaleza se consideran nocivos para la salud y que a la larga atentan contra la vida humana, por tanto es deber de este juzgador someter a tu decisión esta alegación y dilucidar ese aspecto para que se pueda dictar una sentencia de amparo conforme a justicia y a Derecho. Lo importante de esta decisión es que con tu resolución el Derecho Hondureño avanzará un paso más hacia los cambios necesarios en nuestra legislación, específicamente, la que nos trata, que es la ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares. Cita a Emmanuel Kant quien en su teoría pura del Derecho – establece “que si se admite que el derecho por su naturaleza, es moral, entonces carece de sentido exigir, presuponiendo un valor moral absoluto, que el derecho deba ser moral; y que tal exigencia solo tiene sentido si se acepta la posibilidad de un derecho inmoral, moralmente malo; que la teoría del Derecho Positivo sustenta la exigencia de distinguir, en general, el derecho de la moral, y en especial, el derecho de la justicia, de suerte de no entremezclarlos, lo que va contra la opinión tradicional, según la cual sólo habría una única moral válida; la que implica una única moral absoluta, y por ende una justicia absoluta.” Señala que Interpretando el anterior concepto en su contexto jurídico, se puede concluir fácilmente que el resultado de la aplicación del Derecho no debe ser manipulado en su interpretación, porque como Aristóteles dijo: “la razón de la Ley debe estar libre de pasión”; es decir, la ley debe ser objetiva como efectivamente así lo es, ya que no pueden colisionar derechos inalienables –dura es la ley pero es la ley-, verbigracia, el derecho a hacer todo lo que no está prohibido expresamente por la ley –Todos los Hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro, y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito, ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe (artículo 70 de la Constitución de la República de Honduras)-; derecho a trabajar; respetar el hecho que el derecho personal está limitado por el derecho de los otros; recordar siempre que la soberanía de la Republica emana del pueblo, y que por lo tanto, es falaz esgrimir que se daña al Estado, si no se respetan los derechos del ciudadano, ya que la sociedad es el Estado y viceversa, al respecto cita el pensamiento del prócer mexicano Benito Juárez. Es así, que bajo esas premisas, este juzgador solicita que se emita la correspondiente declaración para que la tutela de los derechos ciudadanos de nuestro país Honduras puedan ser salvaguardados conforme a la justicia y el derecho y contribuyamos todos a hacer realidad las palabras del inmortal Froilán Turcios, escritor hondureño en su Oración al Hondureño, quien dijo: “…Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací, libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la Justicia y el Derecho.”CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, al caso concreto, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en el caso subjúdice, esta Sala observa que el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha nueve de junio del año dos mil ocho, señala que los artículos 14,15 y 16 de La Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares; y los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 82-99, son violatorios de los artículos 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 82, 90, 94, 127, 129, 135, 184, 185 numeral 3, 303 y 318 de la Constitución de la Republica; artículos 8 numeral 1 y 24 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO: Que al tenor de lo preceptuado en el articulo 88 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, articulo que versa sobre la obligación del órgano jurisdiccional que pretenda que se declare la inconstitucionalidad de una ley o precepto legal, de dictar resolución motivada en la cual lo señale, articulo que literalmente expresa: “El órgano Jurisdiccional que solicite de oficio la declaración de inconstitucionalidad, dictara una resolución motivada, en la cual señalara con precisión y claridad la ley o precepto legal que supone violatorio de la constitución, y por que la decisión del juicio depende de la aplicación de esta ley o precepto legal.” El artículo citado desarrolla lo dispuesto en el artículo 185 de la Constitución de la Republica en su numeral 3) que señala: “También el juez o Tribunal que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad antes de dictar resolución……”; en ese sentido al tenor de la normativa citada, es deber ineludible del órgano jurisdiccional que solicite de oficio la inconstitucionalidad de una ley o precepto legal, motivar la resolución; tal motivación evidentemente en los recursos de inconstitucionalidad, conllevara que el solicitante exponga a este Alto Tribunal de una manera clara en que consisten a su juicio las razones jurídicas para estimar que la ley o preceptos que el considera inconstitucionales, lo son, en otras palabras tanto en su resolución, como en la solicitud que presente ante este Tribunal, deberá hacer de una forma coherente un juicio de contraste entre las normas secundarias que a su parecer son inconstitucionales y las normas de la carta magna que el considera infringidas. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo preceptuado por la ley fundamental, tiene mediante la Garantía de Constitucionalidad el rol de legislador negativo, ésta prerrogativa le impone el deber de expulsar del orden normativo de la República, toda ley impugnada que se opone a lo prescrito por la Constitución. Sin embargo, para efectos del ejercicio responsable y ecuánime de esta prerrogativa, la Sala de lo Constitucional, tiene como base de juicio, la presunción de constitucionalidad, según la cual toda norma legal goza de una presunción de estar acorde, con los preceptos constitucionales; de tal suerte que el demandante de inconstitucionalidad, al motivar su análisis de colisión, deberá indicar con claridad y contundencia las razones que le asisten para estimar que dicha norma es inconstitucional. Asimismo su obligación procesal será demostrar más allá de toda duda que la tacha de inconstitucionalidad de la ley es cierta y concreta. CONSIDERANDO: Que un análisis exhaustivo de la resolución proferida por el señor Juez de Letras de Lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, nos muestra, que si bien el referido togado señala los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares; y los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 82-99, artículos de los cuales solicita que esta Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos; al respecto es necesario dejar establecido, que al tenor de lo señalado en el acápite anterior y lo preceptuado en los artículos 185 constitucional y 88 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; normativa que faculta para que un juez de oficio pueda plantear ante este alto Tribunal, la inconstitucionalidad de alguna ley o de alguno (s) de sus preceptos; en ese sentido entiende esta Sala que el recurso debe encaminarse a que se declare la inconstitucionalidad de una ley y no lo contrario, tal y como lo ha planteado el recurrente, pues este desconoce si las normas impugnadas son inconstitucionales o no, pretendiendo que esta Sala se lo aclare para poder resolver el caso sometido a su conocimiento; al respecto se establece que la presunción de constitucionalidad, en materia de justicia constitucional, es que las normas emitidas por el legislador se presumen apegadas al texto fundamental, salvo que de manera evidente e indiscutible resulten incompatibles con este ultimo, ya sea por razón de forma o de contenido. CONSIDERANDO: Que de la acción promovida ante este alto Tribunal por parte del referido togado, se establece lo siguiente: a) Que el juez ha citado varios artículos de la ley secundaria que el considera son violatorios de varias normas de la Constitución de la Republica; b) Que también ha citado textualmente los artículos: 1, 59, 60,61,62, 63, 64, 65, 70, 80, 82, 90, 94, 127,129, 135, 184, 185 numeral 3, 303 y 318 constitucionales y los artículos 8.1, 24 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos que el considera han sido vulnerados por la norma secundaria; citas textuales que si bien es cierto ilustran a esta Sala, pero por otro lado limitan la acción que se intenta, al no motivar el recurso interpuesto, c) Que el recurrente en ningún momento hace un juicio de contraste entre la norma secundaria y las normas constitucionales, así como tampoco hace tal contraste, con los artículos de la citada Convención, a fin de establecer ante este alto Tribunal, los motivos o razones de carácter jurídico, por las cuales el considera que deba tenerse a tales normas, como violatorias de la constitución y de la referida Convención y d) Tampoco explica el señor Juez, porque la decisión del juicio depende de que los referidos artículos sean declarados inconstitucionales.CONSIDERANDO: Que por las razones señaladas en el acápite anterior, esta Sala no puede suponer, ni mucho menos establecer cuales son esas razones por las que se deba analizar si las referidas normas son o no violatorias de los artículos citados de la Constitución de la Republica; en otras palabras el señor Juez de Lo Contencioso Administrativo no ha explicado a esta Corte en que consiste, según su parecer, la contradicción de los artículos 14,15 y 16 de La Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, y los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 82-99, con los artículos 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 82, 90, 94, 127, 129, 135, 184, 185 numeral 3, 303 y 318 de la Constitución de la Republica y los artículos 8 numeral 1 y 24 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO: Que el articulo cuatro (4) sobre las reglas especiales de la Justicia Constitucional en su numeral cinco establece “En la tramitación de las acciones de exhibición personal, habeas data, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma…..”, de donde se estima que en materia de justicia constitucional, es de suma importancia la prevalecía del fondo sobre la forma, en ese sentido esta Sala estima que en cada recurso que se interponga ante ella, el recurrente deberá plantear el fondo del asunto, a fin de que esta Sala se pueda pronunciar sobre el mismo; ahora bien es criterio unánime, que en el caso de merito, al no haberse explicado o argumentado por parte del recurrente, en que consiste la inconstitucionalidad de los artículos 14,15 y 16 de la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, y los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 82-99, a que hace referencia; situación que al no ser explicada por el recurrente, no toca por lo tanto el fondo del asunto, lo que consecuentemente impide que esta Sala de Lo Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado, por lo que al suceder así, es procedente declarar no ha lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Juez de Letras lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, ante este alto Tribunal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Señor Fiscal Especial, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 60, 62, 63,64, 80, 82, 90, 95, 184, 185, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, y 324, de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 3), 4 numeral 5), 7,8, 74, 75, 76 numeral 1), 77 numeral 3), 82, 86,87,88, 92 y 93 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: DECLARARANDO NO HA LUGAR la Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta de oficio por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes; en la Demanda interpuesta por los señores ADA AZUCENA MENDEZ GONZALES, JOEL GONZALES, FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES, LUZ MARINA GARCIA, AUBDEL GAMAR TURCIOS CERRATO, Y EVA MALDONADO GUEVARA, en contra de la ordenanza proferida por la Corporación Municipal de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, con la relación a la decisión de prohibir la quema y comercialización de productos derivados de la pólvora en época navideña. Y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos a más tardar al día siguiente de su fecha. 2) Que se proceda a certificar el presente fallo. 3) Que junto con la certificación del presente fallo se remitan las actuaciones del proceso principal al órgano jurisdiccional de su procedencia. Redactó el magistrado BUSTILLO PALMA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de abril de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad de Oficio con orden de ingreso en este Tribunal No. 327=08.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL