Sentencia RI-262-08 — Registro 4458
Resumen
Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción contra los artículos 70 numeral 5), 107, 108, 109, 116, 117, 120, 121 y 128 del Decreto Número 44-2004, contentivo de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas ,por considerar que contravienen lo preceptuado en el articulo 64 de la Constitución de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala se remite a lo preceptuado en el articulo 47 constitucional que establece que:”Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho publico, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta constitución y la ley, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos”; teniendo pues, los partidos políticos en nuestro país rango constitucional de instituciones de derecho publico, su funcionamiento esta garantizado por la misma Constitución de la Republica y por la ley secundaria, o sea la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual en su articulo 70 numeral 5) otorga a los Institutos políticos de nuestro país, el derecho de poder organizar o en su caso poder reconocer los llamados movimientos internos, alianzas o fusiones; así que al tenor de lo planteado por los recurrentes, habrá que considerar si los referidos artículos de la ley secundaria son contradictorios o no con la garantía constitucional invocada; se plantea entonces como asunto de fondo, si la normativa sobre la existencia y funcionamiento de los llamados movimientos internos al interior de los partidos políticos, asegura o no la efectiva participación política de los ciudadanos. Entiende esta Sala que la participación electoral de los ciudadanos en toda sociedad democrática debe estar orientada a que efectivamente sean elegidos como candidatos a cargos de elección popular todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que reúnan los meritos y cualidades necesarias; cualidades y meritos tales como honradez, capacidad, responsabilidad, idoneidad, honorabilidad, popularidad etc., se entiende entonces que esa aspiración legítima del ciudadano de participación electoral, sobre todo si aspira a un cargo de elección popular debe estar revestida de todas las garantías que le da la ley y que el mismo no se vea imposibilitado o estorbado en un momento dado en esa aspiración electoral. Estima esta Sala que la existencia de los movimientos internos al interior de los partidos políticos, no constituye ningún valladar que limite, restrinja o perjudique las aspiraciones de los ciudadanos a ser electos, porque si una persona o grupo de personas quieren participar en una contienda electoral en cualquiera de los niveles electivos, previo a las elecciones primarias, puede optar entre formar un movimiento interno al interior de su partido político, o bien adherirse a uno de los ya existentes; o, en último caso, podrán hacerlo de forma independiente, entendiéndose que en los dos primeros casos, habrá que supeditarse a lo dispuesto o regulado para los movimientos internos, y si se diera el caso de que se decide participar en forma independiente, entonces se estará a lo dispuesto en el capitulo II del Titulo VIII de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en lo concerniente a las candidaturas independientes. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente apuntadas, en el presente asunto no se producen los menoscabos a los derechos de los ciudadanos hondureños que no desean o no pueden participar en los movimientos internos de los partidos políticos legalmente inscritos; así que la vigencia de los artículos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, atinentes a la convocatoria y práctica de elecciones primarias, y los requisitos que deben reunir los movimientos internos para su participación al interior de los partidos políticos; y que los recurrentes han invocado como anticonstitucionales, no lo son; y si bien es cierto que la norma constitucional en sus capítulos IV y V regula lo referente al sufragio, los partidos políticos y la función electoral; y no contempla la organización y funcionamiento de movimientos internos en los partidos políticos, como una forma de organización política secundaria tal y como lo señalan los recurrentes; tal ausencia de rango constitucional para los movimientos internos de los partidos políticos, no implica necesariamente que la normativa consignada respecto de los mismos en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, sea inconstitucional, y esto se estima así pues siendo la norma constitucional la norma primaria por excelencia, esto no implica que deba por ello regular todo lo atinente a la materia, precisamente por eso es que de ella derivan las leyes secundarias, en otras palabras la ley secundaria desarrolla la ley constitucional, ahora bien, el poder legislativo al emitir la ley secundaria tendrá cuidado de que esa ley no sea contraria a los postulados constitucionales; en otras palabras, que esa normativa no vaya a violentar las garantías consignadas en nuestra constitución. Ha resultado claro para esta Sala, que al establecer la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, los procedimientos a seguir por los ciudadanos que desean postularse a cargos de elección popular, ya sea a través de una de las corrientes internas de los partidos políticos o a través de una candidatura independiente, con ello no se ha disminuido, restringido o tergiversado el derecho constitucional de los mismos a elegir y ser electos, pues al disponer de cualquiera de las opciones legales que facilita la mencionada ley se fortalece el proceso electoral hondureño; entiende esta Sala también que si un ciudadano o grupo de ciudadanos no quieren optar por candidaturas independientes y tampoco se quieren adherir a uno de los movimientos internos dentro de su partido político, al tenor de lo establecido en la ley electoral podrá crear su propio movimiento interno, en cuyo caso evidentemente tendrán que someterse a todas las regulaciones que establece la citada ley. CONSIDERANDO: Que por lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que de la revisión minuciosa del decreto número 44-2004 contentivo de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y particularmente de los artículos 70 numeral 5), 107, 108, 109, 116, 117, 120,121, y 128; los mismos no confrontan con la disposición constitucional del artículo 64, invocadas por los recurrentes, por lo que no es procedente que se otorgue el recurso de inconstitucionalidad solicitado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 47 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo de dos mil diez. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por los señores CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS, Licenciado en Administración de Empresas RODOLFO PASTOR FASQUELLE, Historiador, CARLOS GABRIEL KATTAN SALEM, Licenciado en Contaduría Pública y Empresario AMILCAR SANTAMARIA, Periodista, JUAN RAMON MARTINEZ BARDALES, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Periodista Analista, Y RAMON ECHEVERRIA LOPEZ, Abogado; todos mayores de edad, casados y hondureños, con domicilio los primeros cuatro en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés y los dos últimos en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán, todos actuando en su condición personal, para que se declare la Inconstitucionalidad de los artículos 70 numeral 5), 107, 108, 109, 116, 117, 120, 121 y 128 del Decreto Número 44-2004, contentivo de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. ANTECEDENTE. Que en fecha veinte de mayo del año dos mil ocho, comparecieron ante este Tribunal, los señores CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS, RODOLFO PASTOR FASQUELLE, CARLOS GABRIEL KATTAN SALEM, AMILCAR SANTAMARIA, JUAN RAMON MARTINEZ BARDALES Y RAMON ECHEVERRIA LOPEZ, todos actuando en su condición personal, promoviendo Recurso de Inconstitucionalidad, a favor de SI MISMOS, contra lo dispuesto en los artículos 70 numeral 5), 107, 108, 109, 116, 117, 120, 121 y 128 del Decreto Número 44-2004, contentivo de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por considerar que contravienen lo preceptuado en el articulo 64 de la Constitución de la República, en cuanto que los referidos artículos de la Ley Electoral y de Las Organizaciones Políticas, disminuyen o tergiversan las garantías o derechos establecidos para los ciudadanos hondureños en cuanto a elegir y ser electos. CONSIDERANDO: Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de contenido, para determinar la inadecuación de la ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. En el caso sub examine, la Sala estima imprescindible al momento de ponderar las normas en conflicto, tener en todo momento presente que la Constitución de la República, es un instrumento que garantiza el fortalecimiento y perpetuidad del estado de derecho, el cual deviene obligado a asegurar una sociedad política, económica y socialmente justa, que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece el control directo de la Constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO: Que dentro del control de la constitucionalidad, que ejerce esta Sala, y al tenor de lo preceptuado en el artículo 185 constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo; así pues quien solicite la misma deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legitimo que motiva la interposición del recurso, y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que bajo el concepto de “Legitimación” se entiende un presupuesto procesal que ha de concurrir tanto en la parte demandante (activa), como en la demandada (pasiva); es así como esta legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad toda persona natural o jurídica que se considere lesionado en su “interés directo, personal y legitimo”, en consecuencia, por persona lesionada a los efectos de la legitimación en el proceso, no cabe entender exclusivamente al titular del derecho fundamental vulnerado, sino toda persona que tenga un interés legitimo en su restablecimiento. CONSIDERANDO: Que aunque el que promueve el recurso de inconstitucionalidad es el que juzga de su propio interés, esto no limita la capacidad de la autoridad para juzgar sobre la real existencia del interés directo e inmediato que hace posible el recurso de inconstitucionalidad, de manera que los requisitos señalados en la ley Sobre Justicia Constitucional, no pueden quedar a la sola estimación jurídica de quien se dice lesionado. CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, de la lectura del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, se colige que los recurrentes están inconformes con los artículos 70 numeral 5, 107,108,109,116,117,120,121 y 128 de Ley Electoral Y de Las Organizaciones Políticas, contenida en el decreto número 44-2004, publicada en el diario oficial La Gaceta número 30,390, del día quince (15) de mayo del año dos mil cuatro; por considerar que los referidos artículos vulneran la garantía constitucional consignada en el articulo constitucional invocado. CONSIDERANDO: Que los recurrentes, explican que el Tribunal Supremo Electoral con la aplicación de los artículos citados de la Ley Electoral y de Las Organizaciones Políticas, ha inobservado la prohibición constitucional consignada en el articulo 64 de nuestra carta magna que dice: “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. Explican que el ejercicio constitucional de elegir mediante voto libre, directo y secreto otorgado a los ciudadanos hondureños por la Constitución de la Republica, es tergiversado en las disposiciones cuestionadas de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, expresan que con tal legislación el poder legislativo ha lesionado gravemente la Constitución de la Republica, ya que delegó el derecho de elegir en una forma de organización política de carácter secundario no reconocida constitucionalmente denominada “Movimiento interno”, los cuales al tenor de la citada ley; se organizan, constituyen y estructuran al interior de los partidos políticos. Aseguran que ante tal delegación conferida por el poder legislativo a una organización política y no a los ciudadanos hondureños como manda la Constitución de la Republica, da lugar a que el dueño del movimiento interno asumiendo personalmente el derecho delegado por el poder legislativo, elige a su libre albedrío sin necesidad de realizar votación directa, libre y secreta, a los ciudadanos que postularán por el “Movimiento interno” de su propiedad para los cargos de elección popular, convirtiéndose de esta manera en NUGATORIO el derecho de los demás ciudadanos que también gozan del derecho de ser elegidos, expresan que de esta manera el derecho constitucional de ser electo en cargo de elección popular mediante el voto directo, libre y secreto es disminuido en las disposiciones de la citada ley, aducen que tal normativa en el caso particular de ellos, les disminuye en su derecho a ser electos, ya que si no son elegidos previamente por el dueño del movimiento interno, no pueden acceder a las posibilidades que la Constitución de la Republica les concede, para proponer al electorado una postulación en base a cualidades y meritos personales, lo cual constituye una defraudación directa de su derecho que beneficia únicamente al dueño del movimiento interno y a los ciudadanos postulados por el referido movimiento. Señalan que lo anterior provoca que el sufragio se transforme de una función publica en una función privada, y esto debido a que los ciudadanos por una parte no tienen opción para postularse a cargos de elección popular y por otra parte no tiene opción para decidir por los meritos y cualidades de quienes se postulan, sino que indefectiblemente están obligados a elegir únicamente entre los ciudadanos que eligió previamente el dueño del movimiento interno, práctica, que aseguran, de seguirse practicando, en un futuro podría degenerarse con resultados impredecibles. CONSIDERANDO: Que después de un análisis exhaustivo del recurso de inconstitucionalidad presentado, esta Sala se remite a lo preceptuado en el articulo 47 constitucional que establece que:”Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho publico, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta constitución y la ley, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos”; teniendo pues, los partidos políticos en nuestro país rango constitucional de instituciones de derecho publico, su funcionamiento esta garantizado por la misma Constitución de la Republica y por la ley secundaria, o sea la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual en su articulo 70 numeral 5) otorga a los Institutos políticos de nuestro país, el derecho de poder organizar o en su caso poder reconocer los llamados movimientos internos, alianzas o fusiones; así que al tenor de lo planteado por los recurrentes, habrá que considerar si los referidos artículos de la ley secundaria son contradictorios o no con la garantía constitucional invocada; se plantea entonces como asunto de fondo, si la normativa sobre la existencia y funcionamiento de los llamados movimientos internos al interior de los partidos políticos, asegura o no la efectiva participación política de los ciudadanos. Entiende esta Sala que la participación electoral de los ciudadanos en toda sociedad democrática debe estar orientada a que efectivamente sean elegidos como candidatos a cargos de elección popular todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que reúnan los meritos y cualidades necesarias; cualidades y meritos tales como honradez, capacidad, responsabilidad, idoneidad, honorabilidad, popularidad etc., se entiende entonces que esa aspiración legítima del ciudadano de participación electoral, sobre todo si aspira a un cargo de elección popular debe estar revestida de todas las garantías que le da la ley y que el mismo no se vea imposibilitado o estorbado en un momento dado en esa aspiración electoral. Estima esta Sala que la existencia de los movimientos internos al interior de los partidos políticos, no constituye ningún valladar que limite, restrinja o perjudique las aspiraciones de los ciudadanos a ser electos, porque si una persona o grupo de personas quieren participar en una contienda electoral en cualquiera de los niveles electivos, previo a las elecciones primarias, puede optar entre formar un movimiento interno al interior de su partido político, o bien adherirse a uno de los ya existentes; o, en último caso, podrán hacerlo de forma independiente, entendiéndose que en los dos primeros casos, habrá que supeditarse a lo dispuesto o regulado para los movimientos internos, y si se diera el caso de que se decide participar en forma independiente, entonces se estará a lo dispuesto en el capitulo II del Titulo VIII de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en lo concerniente a las candidaturas independientes. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente apuntadas, en el presente asunto no se producen los menoscabos a los derechos de los ciudadanos hondureños que no desean o no pueden participar en los movimientos internos de los partidos políticos legalmente inscritos; así que la vigencia de los artículos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, atinentes a la convocatoria y práctica de elecciones primarias, y los requisitos que deben reunir los movimientos internos para su participación al interior de los partidos políticos; y que los recurrentes han invocado como anticonstitucionales, no lo son; y si bien es cierto que la norma constitucional en sus capítulos IV y V regula lo referente al sufragio, los partidos políticos y la función electoral; y no contempla la organización y funcionamiento de movimientos internos en los partidos políticos, como una forma de organización política secundaria tal y como lo señalan los recurrentes; tal ausencia de rango constitucional para los movimientos internos de los partidos políticos, no implica necesariamente que la normativa consignada respecto de los mismos en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, sea inconstitucional, y esto se estima así pues siendo la norma constitucional la norma primaria por excelencia, esto no implica que deba por ello regular todo lo atinente a la materia, precisamente por eso es que de ella derivan las leyes secundarias, en otras palabras la ley secundaria desarrolla la ley constitucional, ahora bien, el poder legislativo al emitir la ley secundaria tendrá cuidado de que esa ley no sea contraria a los postulados constitucionales; en otras palabras, que esa normativa no vaya a violentar las garantías consignadas en nuestra constitución. Ha resultado claro para esta Sala, que al establecer la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, los procedimientos a seguir por los ciudadanos que desean postularse a cargos de elección popular, ya sea a través de una de las corrientes internas de los partidos políticos o a través de una candidatura independiente, con ello no se ha disminuido, restringido o tergiversado el derecho constitucional de los mismos a elegir y ser electos, pues al disponer de cualquiera de las opciones legales que facilita la mencionada ley se fortalece el proceso electoral hondureño; entiende esta Sala también que si un ciudadano o grupo de ciudadanos no quieren optar por candidaturas independientes y tampoco se quieren adherir a uno de los movimientos internos dentro de su partido político, al tenor de lo establecido en la ley electoral podrá crear su propio movimiento interno, en cuyo caso evidentemente tendrán que someterse a todas las regulaciones que establece la citada ley. CONSIDERANDO: Que por lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que de la revisión minuciosa del decreto número 44-2004 contentivo de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y particularmente de los artículos 70 numeral 5), 107, 108, 109, 116, 117, 120,121, y 128; los mismos no confrontan con la disposición constitucional del artículo 64, invocadas por los recurrentes, por lo que no es procedente que se otorgue el recurso de inconstitucionalidad solicitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la Republica, oído el parecer del señor fiscal especial de defensa de la Constitución, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 44, 45, 47, 51, 59, 60, 62, 63, 64, 80, 82, 184, 185, 216, 303, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 de la Constitución de la Republica; 1, 7, 8, 21 y 30 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 16, 23, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 74 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 2, 5, 70 numeral 5), 107, 108, 109, 113, 116, 117, 120, 121 y 128 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; 1, 3 numeral 3), 7, 8, 74, 75, 76, 77, 79 y 92 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de inconstitucionalidad que por vía de acción interpusieran los señores CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS, RODOLFO PASTOR FASQUELLE, CARLOS GABRIEL KATTAN SALEM, AMILCAR SANTAMARIA, JUAN RAMON MARTINEZ BARDALES Y RAMON ECHEVERRIA LOPEZ, todos en su condición personal; en contra de los artículos 70 numeral 5), 107, 108, 109, 116, 117, 120, 121 y 128 de la Ley de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, contenida en el decreto 44-2004, publicado en el diario oficial La Gaceta numero 30,390 del quince de mayo del año dos mil cuatro. Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada personalmente o de oficio mediante cedula fijada en las tabla de avisos a mas tardar al día siguiente de su fecha, así mismo que se proceda a certificar el presente fallo y se archiven las presentes diligencias en la Secretaria de la Sala. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el once de junio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con orden de ingreso en este Tribunal No. 262=08.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL