Sentencia AP-894-09 — Registro 3858
Resumen
Sentencia recurrida que declaro ha lugar recurso de apelación y revoco auto de prisión ordenando sobreseimiento definitivo a favor de los imputados por el delito de violación especial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, se dirige contra la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha veintinueve de abril del año dos mil nueve, la cual declaró; a) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR LEVERÓN, en su condición de Defensor de los encausados; y b) REVOCÓ el auto de prisión, dictado en audiencia inicial por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; y, las medidas cautelares impuestas a los imputados; con relación a la causa instruida contra los señores JOSE MARIO MEZA MENDOZA y EDGAR ARTURO ERAZO MIRALDA, por suponerlos responsables del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven XXX. Y ordena que l Juez A-quo dicte el correspondiente Sobreseimiento Definitivo. CONSIDERANDO. DOS (2): Que la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, considera agraviado el derecho de la ofendida y de la sociedad en general, alegando la infracción por parte del Tribunal de Apelación, a las garantías Constitucionales referentes a la Defensa y al Debido Proceso, consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; señalando que el A-Quo no tomó en cuenta los medios probatorios evacuados para mejor proveer, consistentes en video y fotografías, contenidas en un teléfono celular decomisado a uno de los implicados. Dando así la cesación definitiva del proceso con un sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO. TRES (3): Que en base a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, se omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho CONSIDERANDO. CUATRO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO. CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO. SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO. SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que los encausados han podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, de la prueba aportada por el Ministerio Público y la parte defensora; llegando a la conclusión que no quedó probado científicamente que haya habido una relación sexual entre los imputados y la joven XXX, y aún cuando ella manifestó que si tuvieron relaciones sexuales, no hubo amenazas ni intimidación alguna que acredite que se cometió el delito de violación; además que el Dictamen de Medicina Forense realizado al día siguiente de lo sucedido, concluye que no se observan lesiones extragenitales ni paragenitales. CONSIDERANDO. OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO. NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO. DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO. NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO. DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, a favor de la señora LEYLA YOLANI BONILLA AGUIRIANO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, mediante la cual, revoca el auto de prisión decretado en audiencia inicial por el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial, el once de marzo de dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra los señores JOSE MARIO MEZA MENDOZA y EDGAR ARTURO ERAZO MIRALDA, por suponerlos responsables del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven LEYLA YOLANI BONILLA AGUIRIANO. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de febrero del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado RICARDO ANTONIO CASTRO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE MARIO MEZA MENDOZA y EDGAR ARTURO ERAZO MIRALDA, por suponerlos responsables del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven LEYLA YOLANI BONILLA AGUIRIANO. 2) Que el Juzgado de Letras citado, el once de marzo de dos mil nueve, celebró la audiencia inicial, en la cual se le decretó auto de prisión a los señores JOSE MARIO MEZA MENDOZA y EDGAR ARTURO ERAZO MIRALDA, por suponerlos responsables del delito de violación especial, en perjuicio de la joven LEYLA YOLANY BONILLA AGUIRIANO, imponiéndoseles la medida cautelar de prisión preventiva, al estimar que con las pruebas aportadas se logró acreditar suficientes indicios racionales de que los imputados participaron como autores directos en el delito que se les imputa y que por ser una pena grave la aplicable para el delito imputado, existe peligro de fuga y pueden los imputados atentar o ejecutar actos de represalia contra la ofendida. Cita el Juez como fundamento jurídico de su decisión los artículos 172, 173, 294 y 297 del Código Procesal Penal; 140 No. 2 del Código Penal. 3) Que conociendo de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto el veinticuatro de marzo de dos mil nueve, por el Abogado OSCAR LEVERÓN, en su condición de apoderado legal de los encausados, la Corte Primera de Apelaciones de ésta sección judicial, el veintinueve de abril de dos mil nueve, declaró con lugar el citado recurso y REVOCÓ el auto de prisión y las medidas cautelares impuestas a los imputados, por considerar que no quedó probado científicamente que haya habido una relación sexual entre los imputados y la joven BONILLA AGUIRIANO, y aún cuando ella manifestó que si tuvieron relaciones sexuales, no hubo amenazas ni intimidación alguna que acredite que se cometió el delito de violación. Fundamenta el Ad quem su fallo en los artículos 294 y 296 del Código Procesal Penal. 4) La recurrente abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de junio del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de la joven LEYLA YOLANI BONILLA AGUIRIANO, afirmando que la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, emitida por la citada Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO. UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, se dirige contra la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha veintinueve de abril del año dos mil nueve, la cual declaró; a) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR LEVERÓN, en su condición de Defensor de los encausados; y b) REVOCÓ el auto de prisión, dictado en audiencia inicial por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; y, las medidas cautelares impuestas a los imputados; con relación a la causa instruida contra los señores JOSE MARIO MEZA MENDOZA y EDGAR ARTURO ERAZO MIRALDA, por suponerlos responsables del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven LEYLA YOLANI BONILLA AGUIRIANO. Y ordena que l Juez A-quo dicte el correspondiente Sobreseimiento Definitivo. CONSIDERANDO. DOS (2): Que la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, considera agraviado el derecho de la ofendida y de la sociedad en general, alegando la infracción por parte del Tribunal de Apelación, a las garantías Constitucionales referentes a la Defensa y al Debido Proceso, consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; señalando que el A-Quo no tomó en cuenta los medios probatorios evacuados para mejor proveer, consistentes en video y fotografías, contenidas en un teléfono celular decomisado a uno de los implicados. Dando así la cesación definitiva del proceso con un sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO. TRES (3): Que en base a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, se omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho CONSIDERANDO. CUATRO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO. CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO. SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO. SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que los encausados han podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, de la prueba aportada por el Ministerio Público y la parte defensora; llegando a la conclusión que no quedó probado científicamente que haya habido una relación sexual entre los imputados y la joven BONILLA AGUIRIANO, y aún cuando ella manifestó que si tuvieron relaciones sexuales, no hubo amenazas ni intimidación alguna que acredite que se cometió el delito de violación; además que el Dictamen de Medicina Forense realizado al día siguiente de lo sucedido, concluye que no se observan lesiones extragenitales ni paragenitales. CONSIDERANDO. OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO. NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO. DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 294, 296, 297, 356 y 358 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE.- Firmas y sello, JOSE FRANCISO RUIZ GAEKEL, COORDINADOR, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS, GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, firma y sello, DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 894-P715-P729=09.
DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL