Sentencia AP-816-09 — Registro 3855
Resumen
Sentencia recurrida que reformo la de primera instancia declarando sin valor ni efecto la suspensión del pago de salario durante el tiempo de cumplimiento de la condena que le fuera dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar por el delito de desobediencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que se observa entonces que la resolución impugnada más bien ha resguardado estos principios y garantías del imputado, por cuanto considera expresamente que la sentencia de merito - es decir la de primera instancia - únicamente establece como pena la reclusión menor en su grado mínimo, no habiendo condenado al imputado ni a la suspensión del empleo, ni a la suspensión de su salario, por lo cual: “… el librar notas a efecto de que la Pagaduría suspenda el salario del señor JOSÉ ENRIQUE NUILA PINETH, constituye una sanción que no fue impuesta dentro de la sentencia de merito, por cuanto no es procedente aplicar dicha sanción”. CONSIDERANDO: Que aun desde la perspectiva del derecho civil resultaría inconducente el reclamo de la amparista, pues pretende deducir consecuencias pecuniarias de un hecho de autoridad, como ser una sentencia de instancia militar. Si bien la ley es fuente de obligaciones[2], no menos cierto e imperante que acorde al artículo 1347 del Código Civil las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, esto es, que el mandato de taxatividad al servir al fin de la seguridad jurídica, sin la cual no hay certeza ni derecho, rige tanto para el ámbito penal - como queda dicho - como para las consecuencias civiles del ilícito, según definido y circunstanciado en el presente caso por el fuero militar. En tal sentido, el argumento jurisprudencial desarrollado por el Ad-quem conforme al cual, y según lo establecido en el artículo 446 del Código Militar; “… claramente se establece que los Oficiales a quienes se les impusiere alguna pena no tendrán derecho a la devolución de lo dejado de percibir durante la etapa de plenario, o sea cuando el proceso esté en curso, pero de ninguna manera se establece que sea durante el tiempo de la condena, ya que no fue condenado a la suspensión de dicho pago”, denota una respuesta fundada en derecho. CONSIDERANDO: Se impone asimismo, en congruencia con la acción intentada, aludir siquiera en forma sumaria a la metodología jurídica impetrada para el caso por la recurrente, quien invoca como aplicables para esclarecer el significado o alcance de la norma jurídica en cuestión; 1) La interpretación extensiva, ya que está es la que como resultado de la misma se concluye que la ley debe aplicarse a más casos o situaciones de las que expresamente ésta expresamente menciona; y, 2) La interpretación no reglada, que no se encuentra regulada por el ordenamiento, de modo tal que el interprete puede atribuir el significado a la norma legal de una manera más libre. Para la Sala Constitucional no resultan aplicables en absoluto al caso concreto, en primer lugar porque según la jurisprudencia en el derecho internacional de los derechos humanos, la interpretación extensiva cabe en todo aquello que favorezca al reo, mientras que la interpretación restrictiva se impone para aquello que lo perjudique; lo cual es derivación elemental del hermenéutico principio pro homine que es basamento inconmovible del constitucionalismo moderno.[3] En nuestro país este eje axiológico del ordenamiento jurídico se encuentra positivado en el artículo 59 reformado de la Constitución de la República, con desarrollo normativo en el artículo 18 del Código Procesal Penal, inter alia, que recoge a su vez los principios de derecho penal de intervención mínima (ultima ratio) y de Odiosa sunt restringenda, esto es, en materia, que: “…las leyes penales son vistas como normas odiosas a las que solamente hay que recurrir cuando ya no hay otra solución aplicable, y siendo entonces materia odiosa debe ser interpretada restrictivamente y sólo cuando se produzcan dudas sobre su alcance y significado”.[4] En segundo y último término, la interpretación no reglada puede tener parangón procesal penal, o foral, en ordenamientos jurídicos extranjeros, por ejemplo en los países que aceptan la íntima convicción como estándar convictivo aceptable, caso del juicio por jurados; pero se encuentra por lo general desterrada de los ordenamientos jurídicos que, como el nuestro, se encuentran enmarcados en el Estado de Derecho. El artículo 321 constitucional nos dice que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley; mientras que el artículo 323 de la norma fundamental refiere que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. No puede compatibilizarse, desde luego, una interpretación tal: “… que no se encuentra regulada por el ordenamiento, de modo tal que el interprete puede atribuir el significado a la norma legal de una manera más libre”, con los principios de estricta legalidad, taxatividad, no retroactividad de la ley penal, y reserva de ley ordinaria; así como con el afianzamiento de la seguridad jurídica y la proscripción de la arbitrariedad en el derecho penal hondureño. En virtud de todo lo cual, resulta procedente denegar la acción de amparo de mérito."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 95 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 321 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 323 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de abril del año dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que declaro con lugar el Recurso de Apelación interpuesto y reformó las resoluciones dictadas por el Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima de Región de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fechas dos y tres de octubre del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra el señor JOSE ENRIQUE NUILA PINETH, por considerarlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio del Capitán JOSE EDUARDO ESPINAL PAZ. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de marzo del año dos mil seis, el Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima de Región de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, inició diligencias mediante Inhibitoria hecha por el Juez de Instrucción Militar de la Fuerza Naval de Honduras, del conocimiento de la denuncia presentada por el Capitán de Navío JOSE EDUARDO ESPINAL PAZ, en contra del Capitán de Fragata JOSE ENRIQUE NUILA PINETH, por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA. 2) Que en fecha seis de junio del año dos mil siete, el Juzgado citado, dictó sentencia condenatoria en contra del señor JOSE ENRIQUE NUILA PINETH, por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA, condenándolo a la pena de sesenta y un días de reclusión militar, en su grado mínimo, previo abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por el delito que se le imputa; citando como fundamento jurídico los artículos 294, 297 numeral 1) y 298 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha veinticuatro de junio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima de Región de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado SAUL CARDENAS, actuando en su condición de apoderado legal del señor JOSE ENRIQUE NUILA PINETH, personándose en la causa incoada en contra de su representado y solicitando se deje sin valor ni efecto la orden de captura y la orden de salir del país emitidas en contra de su representado, y que se decrete la suspensión de las retenciones y las devoluciones del cincuenta por ciento del sueldo que devenga el señor Nuila Pineth, por considerar que no existe ningún auto, sentencia o providencia que ordene la misma, sustituyendo la procuración en el licenciado MARBYN GABRIEL AMADOR ESPINAL, para continuar con el trámite en el juicio. 4) Que en fecha veinticinco de junio del año dos mil ocho, el Juzgado citado, declaró sin lugar lo solicitado por el abogado SAUL CARDENAS, en su condición indicada, por considerarlo improcedente, en virtud que la sentencia condenatoria dictada en fecha seis de junio del año dos mil siete, dictada por ese Juzgado militar y confirmada por el Tribunal de Alzada, se encuentra firme. 5) Que en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima Región, el licenciado MARBYN GABRIEL AMADOR ESPINAL, en su condición de apoderado legal del señor JOSE ENRIQUE NUILA PINETH, solicitando la Reposición del auto que se deja relacionado en el inciso que precede, por lo que dicho Tribunal, en fecha dos de octubre del año dos mil ocho, resolvió que en cuanto a la Reposición solicitada, se lea el auto de la siguiente manera: admitiendo el personamiento junto con el Poder Especial para Pleitos y Gestiones Administrativas al abogado Saúl Cárdenas, así como la sustitución de procuración para la continuación del juicio al licenciado Marbyn Gabriel Amador, y en cuanto a lo demás declaró sin lugar lo solicitado por improcedente, en virtud de que la sentencia condenatoria emitida por ese Juzgado se encuentra firme. 6) Que en fecha tres de octubre del año dos mil ocho, el Tribunal de primera instancia emitió auto mediante el cual ordenó se le suspenda el total del sueldo que devenga el señor JOSE ENRIQUE NUILA PINETH, a partir del diecisiete de septiembre del año dos mil ocho, hasta el dieciséis de noviembre del mismo año, por considerar que en virtud de lo establecido en el artículo 446 del Código Militar, una vez concluido el juicio, a los Oficiales que fueren absueltos se les devolverá la mitad de lo que dejaron de percibir, pero si se les impusiere alguna pena, solo tendrán el socorro que se les acuerde si lo pidieren. 7) Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Marbyn Gabriel Amador, en su condición indicada, y reformó las resoluciones de fechas dos y tres de octubre del año dos mil ocho, en el sentido de dejar sin valor ni efecto la suspensión del pago de salario del señor José Enrique Nuila Pineth durante el tiempo de cumplimiento de la condena que le fuera dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar, por considerar que conforme a lo establecido en el artículo 446 del Código Militar, claramente se establece que los Oficiales a quienes se les impusiere alguna pena no tendrán derecho a la devolución de lo dejado de percibir durante la etapa de plenario, o sea cuando el proceso esté en curso, pero de ninguna manera se establece que sea durante el tiempo de la condena, ya que no fue condenado a la suspensión de dicho pago. 8) La recurrente abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 95 y 303 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en la cual declaró con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado defensor del señor JOSE ENRIQUE NUILA PINETH, y reformó las resoluciones de fechas dos y tres de octubre del año dos mil ocho, en el sentido de dejar sin valor ni efecto la suspensión del pago de salario del señor José Enrique Nuila Pineth durante el tiempo de cumplimiento de la condena que le fuera dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar, por considerar que conforme a lo establecido en el artículo 446 del Código Militar, claramente se establece que los Oficiales a quienes se les impusiere alguna pena no tendrán derecho a la devolución de lo dejado de percibir durante la etapa de plenario, o sea cuando el proceso esté en curso, pero de ninguna manera se establece que esto resulte durante el tiempo de la condena, ya que no fue condenado a la suspensión de dicho pago. CONSIDERANDO: Que se impone analizar en sede constitucional el planteamiento formulado por la fiscal MARÍA WALESKA ZAVALA ARIAS en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalia Especial para la Defensa de la Constitución, consistente en que la resolución de alzada de la que se demanda amparo es violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, según establecida en los artículos 90 y 95 de la Constitución de la República, mismos que regulan el debido proceso, y el principio de legalidad en relación con el artículo 303 referente al imperio de la Ley. CONSIDERANDO: Que en relación al primer aspecto de la demanda de amparo, considera la garantista que la interpretación realizada por la Corte recurrida sobre los alcances del artículo 446 del Código Militar es violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, dado que no se han observado las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. El precepto legal que se considera inaplicado está contenido en el Capítulo XIV, Título Preliminar, Libro Segundo del Código aludido con el encabezado: “DEL SUELDO Y SOCORRO DE LOS PROCESADOS”, y a la letra dice: Si concluido el juicio, los oficiales fueren absueltos, se les devolverá la mitad de lo que dejaron de percibir; pero si se les impusiere alguna pena, sólo tendrán el socorro que se les acuerde, si lo pidieren”. Manifiesta la garantista que en el caso bajo análisis, el derecho se les ha lesionado debido a la interpretación incorrecta que ha hecho el Ad-Quem de la norma que antecede, lo cual ha impedido la ejecutoriedad del fallo. En su concepto, la suspensión del salario del señor JOSE ENRIQUE NUILA PINETH debió confirmarse por la Corte de Apelaciones respectiva, si bien es cierto no constituye pena principal ni accesoria, también lo es que está circunstancia está expresamente contemplada en el Código Militar no como una pena, sino como una consecuencia de la condena, es decir como un hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de otro (en este caso la sentencia dictada). Como argumento adicional a su planteamiento indica, que si ya la ley establece la posibilidad del afectado a pedir auxilio económico, éste no tendría objeto si se entendiera que al ser condenado seguiría percibiendo su salario; “… en otras palabras; si se habla de socorro es porque precisamente se ha contemplado en la ley referida que el condenado va a carecer de salario durante el cumplimiento de la pena.” CONSIDERANDO: Que en la acción constitucional de merito la parte agraviada ha postulado que su interpretación jurídica es valida puesto que esclarece el significado o alcance de la norma jurídica en cuestión, invocando como relevantes al presente caso: 1) La interpretación extensiva, ya que está es la que como resultado de la misma se concluye que la ley debe aplicarse a más casos o situaciones de las que expresamente ésta expresamente menciona; y, 2) La interpretación no reglada, que no se encuentra regulada por el ordenamiento, de modo tal que el interprete puede atribuir el significado a la norma legal de una manera más libre. CONSIDERANDO: Que en la formalización del amparo la solicitante manifiesta que la resolución recurrida vulnera el derecho al debido proceso, pues otorga al condenado un beneficio que no está estipulado por la ley militar brindar, en caso de condena. La intención del legislador fue procurar el cumplimiento estricto de las penas evitando que al momento de la ejecución cualquiera de ellas se vuelva ilusoria, como resulta del caso de merito. CONSIDERANDO: Finalmente, que el derecho que la parte agraviada establece como violado es el principio de legalidad, en cuanto los fallos deben ser razonables, lógicos en irrestricto apego al principio de legalidad. En tal sentido el artículo 303 constitucional manda que la potestad jurisdiccional está sometida al imperio de la ley, lo cual no ocurrió en el caso de autos, pues la resolución impugnada no se ciñó al imperio de legalidad objetiva, en el sentido que las normas y sus alcances deben aplicarse en modo estricto y lógico, de conformidad al sentido en que fueron creadas. CONSIDERANDO: El primer concepto del agravio, lo define así la recurrente: “… si bien es cierto (la suspensión del salario del condenado) no constituye pena principal ni accesoria, también lo es que está circunstancia está expresamente contemplada en el Código Militar no como una pena, sino como una consecuencia de la condena, es decir como un hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de otro (en este caso la sentencia dictada)”. (El subrayado no está en el original) Sin embargo, al comparecer a formalizar el recurso, la garantista invoca el principio de legalidad, bajo los siguientes términos: “… que la resolución recurrida vulnera el derecho al debido proceso, pues otorga al condenado un beneficio que no está estipulado por la ley militar brindar, en caso de condena. La intención del legislador fue procurar el cumplimiento estricto de las penas evitando que al momento de la ejecución cualquiera de ellas se vuelva ilusoria, como resulta del caso de merito”. (El subrayado no está en el original) Los argumentos citados mencionan dos aspectos disímiles, incongruentes desde el punto de vista lógico jurídico para hilvanar una línea argumentativa, puesto que primero admite que la suspensión del salario para el imputado no es una pena, sino una consecuencia de la condena; sin embargo invocar más adelante como vulnerado el debido proceso con base en que la intención del legislador fue procurar el cumplimiento estricto de las penas, evitando que al momento de la ejecución de las penas éstas se vuelvan ilusorias, como resulta del caso de merito. Sin embargo, a la contradicción observada, un detenido análisis del artículo 95 de la Constitución de la República, puede brindar luz sobre la materia discutida: Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos. Aquí se relaciona inextricablemente el Principio de Taxatividad con el de Principio de Seguridad Jurídica, así precavidos por el Constituyente hondureño. Autores como FRANCISCO MUÑOZ CONDE y MERCEDES GARCÍA ARAN señalan sobre el particular: “… La garantía por la que la definición de delitos y penas se reserva al legislador no es una exigencia meramente formalista —aunque el Tribunal Constitucional la denomine «garantía formal»— sino que se relaciona con el contenido material del principio de legalidad: para que realmente la ley cumpla con la función de establecer cuáles son las conductas punibles debe hacerlo de forma clara y concreta, sin acudir a términos excesivamente vagos que dejen de hecho en la indefinición el ámbito de lo punible. La vaguedad de las definiciones penales, además de privar de contenido material al principio de legalidad, disminuye o elimina la seguridad jurídica…”[1]. Huelga decir, que la consecuencia jurídica gravosa que se solicita imponer al imputado, como es la perdida de sus salarios durante el tiempo que dure la condena, no responde de manera alguna a los principios de reserva de ley, taxatividad de la ley penal y de seguridad jurídica por el motivo de no ser una pena prevista en ley, ni, consecuentemente, parte resolutiva de la sentencia condenatoria (Garantía de Jurisdiccionalidad); sino que, en el mejor de los casos, es una interpretación de parte sobre el contenido implícito en la norma. CONSIDERANDO: Que se observa entonces que la resolución impugnada más bien ha resguardado estos principios y garantías del imputado, por cuanto considera expresamente que la sentencia de merito - es decir la de primera instancia - únicamente establece como pena la reclusión menor en su grado mínimo, no habiendo condenado al imputado ni a la suspensión del empleo, ni a la suspensión de su salario, por lo cual: “… el librar notas a efecto de que la Pagaduría suspenda el salario del señor JOSÉ ENRIQUE NUILA PINETH, constituye una sanción que no fue impuesta dentro de la sentencia de merito, por cuanto no es procedente aplicar dicha sanción”. CONSIDERANDO: Que aun desde la perspectiva del derecho civil resultaría inconducente el reclamo de la amparista, pues pretende deducir consecuencias pecuniarias de un hecho de autoridad, como ser una sentencia de instancia militar. Si bien la ley es fuente de obligaciones[2], no menos cierto e imperante que acorde al artículo 1347 del Código Civil las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, esto es, que el mandato de taxatividad al servir al fin de la seguridad jurídica, sin la cual no hay certeza ni derecho, rige tanto para el ámbito penal - como queda dicho - como para las consecuencias civiles del ilícito, según definido y circunstanciado en el presente caso por el fuero militar. En tal sentido, el argumento jurisprudencial desarrollado por el Ad-quem conforme al cual, y según lo establecido en el artículo 446 del Código Militar; “… claramente se establece que los Oficiales a quienes se les impusiere alguna pena no tendrán derecho a la devolución de lo dejado de percibir durante la etapa de plenario, o sea cuando el proceso esté en curso, pero de ninguna manera se establece que sea durante el tiempo de la condena, ya que no fue condenado a la suspensión de dicho pago”, denota una respuesta fundada en derecho. CONSIDERANDO: Se impone asimismo, en congruencia con la acción intentada, aludir siquiera en forma sumaria a la metodología jurídica impetrada para el caso por la recurrente, quien invoca como aplicables para esclarecer el significado o alcance de la norma jurídica en cuestión; 1) La interpretación extensiva, ya que está es la que como resultado de la misma se concluye que la ley debe aplicarse a más casos o situaciones de las que expresamente ésta expresamente menciona; y, 2) La interpretación no reglada, que no se encuentra regulada por el ordenamiento, de modo tal que el interprete puede atribuir el significado a la norma legal de una manera más libre. Para la Sala Constitucional no resultan aplicables en absoluto al caso concreto, en primer lugar porque según la jurisprudencia en el derecho internacional de los derechos humanos, la interpretación extensiva cabe en todo aquello que favorezca al reo, mientras que la interpretación restrictiva se impone para aquello que lo perjudique; lo cual es derivación elemental del hermenéutico principio pro homine que es basamento inconmovible del constitucionalismo moderno.[3] En nuestro país este eje axiológico del ordenamiento jurídico se encuentra positivado en el artículo 59 reformado de la Constitución de la República, con desarrollo normativo en el artículo 18 del Código Procesal Penal, inter alia, que recoge a su vez los principios de derecho penal de intervención mínima (ultima ratio) y de Odiosa sunt restringenda, esto es, en materia, que: “…las leyes penales son vistas como normas odiosas a las que solamente hay que recurrir cuando ya no hay otra solución aplicable, y siendo entonces materia odiosa debe ser interpretada restrictivamente y sólo cuando se produzcan dudas sobre su alcance y significado”.[4] En segundo y último término, la interpretación no reglada puede tener parangón procesal penal, o foral, en ordenamientos jurídicos extranjeros, por ejemplo en los países que aceptan la íntima convicción como estándar convictivo aceptable, caso del juicio por jurados; pero se encuentra por lo general desterrada de los ordenamientos jurídicos que, como el nuestro, se encuentran enmarcados en el Estado de Derecho. El artículo 321 constitucional nos dice que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley; mientras que el artículo 323 de la norma fundamental refiere que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. No puede compatibilizarse, desde luego, una interpretación tal: “… que no se encuentra regulada por el ordenamiento, de modo tal que el interprete puede atribuir el significado a la norma legal de una manera más libre”, con los principios de estricta legalidad, taxatividad, no retroactividad de la ley penal, y reserva de ley ordinaria; así como con el afianzamiento de la seguridad jurídica y la proscripción de la arbitrariedad en el derecho penal hondureño. En virtud de todo lo cual, resulta procedente denegar la acción de amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 55, 56 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, Secretario de la Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 816-P518-P541=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
[1] De los autores citados: DERECHO PENAL: PARTE GENERAL, Editorial Tirant lo Blanch, 6ta Edición, Valencia, 2004, p. 105.
[2] Entendida en un sentido específico, conforme a la definición de Justiniano: La obligación es un vínculo jurídico que necesariamente constriñe a cumplir algo, ya sea a hacerlo, ya a omitirlo. Fuente: CABANELLAS, Guillermo; DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo IV, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1979, p. 611.
[3] Por su parte, Ulrich KLÛG, en el libro: PROBLEMAS DE LA FILOSOFÍA Y DE LA PRAGMÁTICA DEL DERECHO Editorial Fontamara, 2da edición, México, 1996, p. 17 y ss.) ha intentado realizar una formulación pragmática, la primera de las cuales refiere al fundamento de los derechos humanos, la segunda a su contenido; la base de ambas es la postulada autonomía de las personas, y entre ellas existe interdependencia: In dubio pro ratione e In dubio pro libertate. Esta teoría plasma dos principios de interpretación que han sido de observancia en la sentencia de merito, puesto que la misma se encuentra fundada razonablemente en derecho y, en caso de existencia de duda, inclinarse por la solución jurídica más favorable a la autonomía de las personas.
[4] Ver: PALACIOS MEJÍA, José María y FERNANDEZ ENTRALGO, Jesús en: CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO: HONDURAS, Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial, LITOCOM, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, 2000, p. 125, comentario al artículo 18.