Sentencia AP-676-09 — Registro 3846
Resumen
Sentencia recurrida que declara parcialmente con lugar un recurso de apelación y revoca el sobreseimiento provisional dictado por A-quo, en relación al Requerimiento Fiscal interpuesto contra el impetrante, por el delito de Estafa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que el recurrente muestra su inconformidad con la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, por estimar que la misma lesiona las garantías constitucionales de su representado, derechos que enuncia, trascribe y desarrolla en el escrito de formalización de la presente acción; constitutivas de la garantía del derecho de defensa, desarrollada en el articulo 82 constitucional, garantía que consagra el principio de presunción de inocencia, en el articulo 89 constitucional, el debido proceso, en el articulo 90, la garantía que señala que no podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, artículo 92, y el principio de legalidad, artículos 321 y 323, en relación con los artículos 1, 2, 4, 20, 141, 202, 294, 295, 296, 298 del Código Procesal Penal, al respecto, conviene de previo, orientar el presente estudio o examen a las decisiones de carácter procesal dictadas por el Tribunal ad-quem, a efecto de establecer si las mismas responden al marco adjetivo legal o en su caso, si las resolución censurada se ve comprometida con las garantías constitucionales que aduce el reclamante.” Que la Sala de lo Constitucional ha examinado el recurso y sus antecedentes y encuentra que efectivamente, la sentencia recurrida no lesiona, ni limita la garantía de defensa, desarrollada en el articulo 82 constitucional, la garantía que consagra el principio de presunción de inocencia, en el artículo 89 constitucional, el debido proceso, en el artículo 90, párrafo primero. la garantía que señala que no podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, artículo 92, y el principio de legalidad, en la resolución censurada, por cuanto el tribunal Ad-quem ha observado el cumplimiento de los artículos 1, 2, 4, 141, 202, 294, 295 296, 298 del Código Procesal Penal, 240 del Código Penal; igual las normas constitucionales, invocadas como infringidas en el fallo en cuestión; y el recurrente está haciendo uso de los instrumentos procesales a su alcance en defensa del procesado a favor de quien se recurre; y el Tribunal tanto de primera instancia como de segunda, son los competentes y los previamente establecidos como Jueces naturales para conocer del negocio jurídico de que se trata, por lo que no se encuentra ofendido ningún derecho de la persona imputada. “ Que conforme a las consideraciones anteriores, procede denegar el recurso objeto de ésta sentencia”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de mayo del año dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, a favor del señor JOSE GERARDO ABUDOJ MARZUCA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, depaErtamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de enero de dos mil nueve, mediante la cual, declara parcialmente con lugar un recurso de apelación y revoca el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el catorce de noviembre de dos mil ocho; con relación al Requerimiento Fiscal interpuesto contra el señor JOSE GERARDO ABUDOJ MARZUCA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la señora TERESA DE JESUS ORTIZ JIMENEZ. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de septiembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado RONAL MOLINA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JOSE GERARDO ABUDOJ MARZUCA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la señora TERESA DE JESUS ORTIZ JIMENEZ. 2) Que el Juzgado de Letras citado, el catorce de noviembre de dos mil ocho, decretó: a) sobreseimiento provisional a favor del señor José Gerardo Abudoj Marzuca, por el delito de Estafa; b) la extinción de la acción penal si transcurridos cinco años no se hubieren recabado elementos de prueba que reabran el juicio; c) se extendiera la carta de libertad provisional por el delito mencionado; d) se revocara la medida cautelar impuesta al encausado; e) sobreseimiento definitivo a favor del imputado por el delito de Falsificación de Documentos Públicos; f) se extendiera la carta de libertad definitiva por el delito de Falsificación de Documentos Públicos y g) que el encausado continúe con la gestión que realiza en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por considerar que a los elementos probatorios documentales ofertados por el Ministerio Público no se les puede dar el valor probatorio por ser fotocopias sin autenticar.- Citando como fundamento jurídico de su decisión los artículos 295 y 296 numeral 2 del Código Procesal Penal. 3) Que conociendo de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado CARLOS EDUARDO RIVERA GONZALES, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Corte Primera de Apelaciones de ésta sección judicial, el veintidós de enero de dos mil nueve, declaró parcialmente con lugar el recurso, REVOCÓ el sobreseimiento provisional por el delito de Estafa, ordenando al A-quo que dictara auto de prisión por dicho delito y REVOCÓ el sobreseimiento definitivo por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, ordenando que se dictara por ese delito un sobreseimiento provisional, al estimar que se cumplen todos lo requisitos que el tipo penal de Estafa requiere, además existen indicios de que el imputado ha tenido participación en el delito de Falsificación de Documentos Públicos, pero falta investigar quien fue la persona que introdujo el vehículo y autorizó la póliza, así como realizar el respectivo peritaje a las boletas de revisión que el imputado entregó a la demandante. Fundamenta su fallo el Ad quem en los artículos 190 y 358 del Código Procesal Penal; 240 y 289 del Código Penal. 4) El recurrente abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor JOSE GERARDO ABUDOJ MARZUCA, afirmando que la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil nueve, emitida por la citada Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90, 92, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el Abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO a favor del señor JOSE GERARDO ABUDOJ MARZUCA, contra una resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DSTRITO CENTRAL, en fecha veintidós de enero de dos mil nueve, que declara con lugar un recurso de apelación interpuesto contra un sobreseimiento definitivo y provisional dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, en fecha catorce de noviembre de dos mil ocho, con relación a la causa instruida contra el señor JOSE GERARDO ABUDOJ MARZUCA por suponerlo responsable de los delitos de ESTAFA Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS en perjuicio de la señora TERESA DE JESUS ORTIZ JIMENEZ y la FE PUBLICA, respectivamente. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente muestra su inconformidad con la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, por estimar que la misma lesiona las garantías constitucionales de su representado, derechos que enuncia, trascribe y desarrolla en el escrito de formalización de la presente acción; constitutivas de la garantía del derecho de defensa, desarrollada en el articulo 82 constitucional, garantía que consagra el principio de presunción de inocencia, en el articulo 89 constitucional, el debido proceso, en el articulo 90, la garantía que señala que no podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, artículo 92, y el principio de legalidad, artículos 321 y 323, en relación con los artículos 1, 2, 4, 20, 141, 202, 294, 295, 296, 298 del Código Procesal Penal, al respecto, conviene de previo, orientar el presente estudio o examen a las decisiones de carácter procesal dictadas por el Tribunal ad-quem, a efecto de establecer si las mismas responden al marco adjetivo legal o en su caso, si las resolución censurada se ve comprometida con las garantías constitucionales que aduce el reclamante. CONSIDERANDO (3): Que el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, en la motivación de su resolución expresa lo siguiente: “Que de conformidad a la declaración de la ofendida dan margen para sospechar que el encausado pudo tener participación en el hecho que se le imputa como ser el delito de Estafa, ya que los elementos probatorios documentales presentados por el Ministerio Público no se les puede dar el valor probatorio en virtud de ser fotocopias sin autenticar y en consideración a lo que al respecto establece el articulo 3 del Decreto 1059, de fecha quince de julio de 1980, y en conformidad a los artículos 295 y 296 numeral 2 del Código Procesal Penal, el A-quo Decreto Sobreseimiento Provisional a favor de José Gerardo Abudoj Marzuca, por el delito de Estafa en perjuicio de Teresa de Jesús Ortiz Jiménez, a fin de que el Ministerio Público incorpore mayores elementos de prueba documentales originales entre ellos constancia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos que especifique la situación real del vehículo en referencia.- Decretando también Sobreseimiento Definitivo a favor del señor José Gerardo Abudoj Marzuca por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de Teresa de Jesús Ortiz Jiménez, en virtud de que el Ministerio Público no ha acreditado la plena prueba de la comisión de tal ilícito. CONSIDERANDO (4): Que la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en las motivaciones de su fallo, expresa lo siguiente: “Haciendo un análisis de las pruebas allegadas se encuentra entre ellas la declaración de la señora Teresa de Jesús Ortiz, quien expone que el señor Abudoj Marzuca le vendió un vehículo Marca BMW, placa PAI6308, por la cantidad de CIENTO CINCO MIL LEMPIRAS, cantidad que entrego al señor Abudoj, sin éste decirle que dicho automotor presentaba problemas de tipo legal, relatando que tuvo conocimiento de las irregularidades hasta que se presento a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a realizar el traspaso del vehiculo a su favor; asimismo se agregan copias de los oficios números DEI-VB-17-06 y la certificación de la resolución DEI DL-3776-2006, mediante las cuales se acredita que el vehículo marca BMW, placa PAI16308, había sido introducido al país utilizando para ello la póliza N. 07052, que no correspondía a los datos del vehiculo en mención sino a otro descrito como Pick UP, en consecuencia cuando el imputado vendió el vehículo BMW a la señora Teresa Jesús Ortiz no le fue comunicado dicho extremo, por el contrario le entrego una boleta de revisión que según ella, le dijeron en algunos bancos son clonadas, por lo tanto hasta la fecha a la señora Ortiz, le ha representado un perjuicio patrimonial, puesto que no le fue traspasada la propiedad del vehículo y éste tiene problemas legales debido a que su introducción es ilegal, señalando también dicha certificación, que los bloqueos al vehículo se realizaron en fecha diez de julio del año 1998 y 5 de abril del 2001.- De lo anterior resulta que se cumplen todos los requisitos que el tipo penal de Estafa requiere, teniendo el imputado el pleno conocimiento de las irregularidades del vehículo y no haberlas comunicado, sino que se provecho y obtuvo un beneficio patrimonial afectando a la señora Teresa de Jesús Ortiz. En cuanto al delito de Falsificación de documentos, si bien se acredita el mismo porque existe una póliza falsa porque según la Dirección Ejecutiva de Ingresos no contiene los datos del vehículo BMW sino un vehículo pick up, existen los indicios de que el imputado haya tenido participación, pero aún falta investigar acerca de quien fue la persona que lo introdujo y autorizo la póliza, asimismo realizar el peritaje respectivo a las boletas de revisión que el imputado entrego a la señora Teresa de Jesús Ortiz, siendo del criterio que conforme a este último debe dictarse un Sobreseimiento Provisional; teniendo el Ministerio Público que investigar acerca de dicho vehículo y la participación del imputado dentro del término que la ley establece. Y que por lo expuesto la Corte de Apelaciones considera que la resolución dictada por el Juez A-quo, no está arreglada a derecho por lo que procede su revocatoria; consecuentemente la Corte revoca el Sobreseimiento Provisional por el delito de Estafa, y ordena el A-quo, proceda a dictar el Auto de Prisión por el delito de Estafa, y revoca el Sobreseimiento Definitivo dictado por el delito de Falsificación de Documentos, Y ordena al a-quo dictar Sobreseimiento Provisional por dicho delito. CONSIDERANDO (5): Que no está dentro del ámbito de aplicación del recurso de Amparo, pronunciarse sobre la calificación de un delito, pues esto corresponde a los Juzgados y Tribunales de Instancia, sin embargo si lo está, en lo referente a que cuando se va a dictar una resolución, en este caso, Revocar Sobreseimiento provisional y uno definitivo, y ordenar se dicte un auto de prisión, debe hacerse con fundamentación y motivación, aplicando las normas atinentes al caso en todo su contexto, incluyendo las interpretaciones consignadas en las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Honduras. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional ha examinado el recurso y sus antecedentes y encuentra que efectivamente, la sentencia recurrida no lesiona, ni limita la garantía de defensa, desarrollada en el articulo 82 constitucional, la garantía que consagra el principio de presunción de inocencia, en el artículo 89 constitucional, el debido proceso, en el artículo 90, párrafo primero. la garantía que señala que no podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, artículo 92, y el principio de legalidad, en la resolución censurada, por cuanto el tribunal Ad-quem ha observado el cumplimiento de los artículos 1, 2, 4, 141, 202, 294, 295 296, 298 del Código Procesal Penal, 240 del Código Penal; igual las normas constitucionales, invocadas como infringidas en el fallo en cuestión; y el recurrente está haciendo uso de los instrumentos procesales a su alcance en defensa del procesado a favor de quien se recurre; y el Tribunal tanto de primera instancia como de segunda, son los competentes y los previamente establecidos como Jueces naturales para conocer del negocio jurídico de que se trata, por lo que no se encuentra ofendido ningún derecho de la persona imputada. CONSIDERANDO (7): Que conforme a las consideraciones anteriores, procede denegar el recurso objeto de ésta sentencia. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 240 del Código Penal; 1, 2, 4, 141, 202, 294, 295, 296 y 298 del Código Procesal Penal; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL, COORDINADOR, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS, GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, firma y sello, DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL“
Extendida en la ciudad de Teguciglpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 676-P371-P393=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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