Sentencia AP-611-08 — Registro 3840
Resumen
Resolución recurrida que revoco la excepción de Falta de Competencia por razón de la materia y la excepción por Falta de Acción por aplicación de una nueva ley; declaradas con lugar en primera instancia en relación al delito de Usurpación imputados a los impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."“Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes; entiende que el fondo del asunto en el caso de autos, lo constituye la pretensión por parte de la defensa de que a los imputados los señores ADAN CHIRINOS, HERMINIO RODAS, MARCELO NUÑEZ, OLBAN RIVAS y otros, no se les juzgue en la instancia Penal, sino que sea en la instancia civil en donde se ventile su caso; en tal sentido el amparista muestra su disconformidad con la resolución del Tribunal de alzada que estimo que en el caso de merito era procedente revocar la decisión del a-quo, quien había declarado con lugar la excepción de falta de competencia por razón de la materia; al considerar el ad-quem que en el caso de merito el mismo se debe tramitar por la vía penal; decisión esta que para el amparista vulnera en perjuicio de los imputados la garantía genérica del debido proceso.” Que adoptando como punto de partida los criterios hasta ahora expuestos, podemos afirmar que una lectura detenida del ultimo párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal, nos lleva a entender que cuando sea muy intensa la relación de la cuestión no penal (laboral, civil, administrativa, mercantil etc.), con el hecho punible, el tribunal penal resolverá por sí mismo conforme a las pruebas aportadas por las partes, debiendo evidentemente abstenerse de conocer del asunto, si resulta probado por la parte que así lo alegue, que tal situación no debe ventilarse en la instancia penal, de no ser así, deberá entonces el Tribunal penal resolver la cuestión conforme a las reglas propias de su materia, y al solo efecto de la represión penal que proceda en el caso.” Que una lectura detenida de los antecedentes, revela por un lado, que la supuesta ofendida, esto es, la sociedad CULTIVOS DE HONDURAS, S.A. de C.V., a través del señor Miguel Facusse, ha aportado al proceso penal, documentación en virtud de la cual acredita ser propietaria de un mil ochocientas manzanas de terreno ubicadas en la isla de Zacate Grande, Amapala Valle; y por otro lado, también se desprende que los imputados no poseen titulo de dominio, con la excepción de los señores Danilo Corrales Rodas(folio 135), José Humberto Chririnos Posadas (folio 152), Carlos Gustavo Corrales (folio 175) y Teodora Chirinos (folio 182), personas estas a quienes el señor Miguel Facusse, les extendió títulos de dominio, sobre áreas que no son objeto de litigio; ahora bien, el impetrante alega que el grupo de imputados, han estado en posesión de los referidos terrenos en disputa, con animo de dueños por mas de veinte años y que en ese sentido se les debe de reconocer el dominio por prescripción adquisitiva a su favor y extintiva en contra de su antiguo propietario, y que por lo tanto el caso solo puede ser resuelto por los Juzgados civiles, y no en los Penales, así pues, de lo anterior se colige que la defensa carece de título legítimo para considerar propietarios de los referidos terrenos a los imputados; entiende entonces esta Sala de lo Constitucional que en el caso de merito no cabe la excepción planteada por la defensa y que se fundamenta en lo consignado en el ultimo párrafo del articulo 54 del Código Procesal Penal, y es que debemos entender que tal excepción cabra únicamente en aquellos casos en que planteada por una de las partes una cuestión de usurpación ante la jurisdicción penal; si ambas partes alegan y pretenden acreditar ante tal instancia que son los propietarios del inmueble usurpado y presentan títulos de dominio; únicamente en tal situación es que los juzgados de lo civil serán los competentes para conocer y resolver el mismo. “ Que por lo antes apuntado, no se aprecia la violación de la garantía genérica del debido proceso, puesto que al contrario de lo aseverado por el quejoso, y sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia que le asiste a los imputados, la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle al dictar su fallo de fecha once de septiembre del año dos mil ocho y mediante el cual declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Publico y por el acusador privado, ha motivado suficientemente y con apego a las reglas de la lógica y la coherencia su decisión, explicando cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico en los que funda la misma. “por todas la razones anteriormente expuestas, esta sala estima que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle, no vulnera en perjuicio de los imputados la garantía constitucional del debido proceso en relación con el articulo 54 ultimo párrafo del Código Procesal Penal y el articulo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de junio de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Penal, interpuesto por el abogado NELSON MARTIN REYES MORALES, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de abogados de Honduras bajo el numero 2871, con dirección profesional en la colonia Loarque Sur, bloque K, casa numero 8316 de esta ciudad, a favor de los señores ADAN CHIRINOS, HERMINIO RODAS, MARCELO NUÑEZ, OLBAN RIVAS y otros contra la sentencia dictada en fecha once de septiembre del año dos mil ocho, por la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle que declara con lugar parcialmente un Recurso de Apelación, revoca una resolución y confirma las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, en relación a la causa instruida contra los referidos señores por suponerlos responsables de los delitos de USURPACION, CORTE O APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES en perjuicio de la sociedad mercantil CULTIVOS DE HONDURAS, S.A de C.V.ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, el abogado FRANKLIN EFRAIN ORTEZ ZUNIGA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento contra los señores(as) ADAN CHIRINOS, HERMINIO RODAS, MARCELO NUÑEZ, OLBAN RIVAS, GABRIEL AGUILAR, GERARDO AGUILAR, DOLORES CHIRINO, BERTIN AGUILAR, WILMER RIBERA, ETHEL COREA, ENRIQUE GARCIA, FELICIANO SANCHEZ, HERIBERTO POSADAS, residentes de la comunidad de Puerto Grande, Amapala, Valle, PRIMITIVO NUÑEZ, FAUSTO RIVAS, RAMON LOPEZ, ANDRES OSORIO TORRES, JULIO VARGAS, HECTOR TORRES, ANTONIO RIVAS, ERNESTO LAZO, ANTONIO LOPEZ, BERTIN OSORIO, VICTOR MANZANARES, RAFAEL TORRES, TEOFILO MARTINEZ, PEDRO CANALES, TOMAS ZAMBRANO CRUZ, ADAN CHIRINOS, DANILO CANALES, GUSTAVO CORRALES y JOSE SIXTO RIVAS, residentes en Altos de la Flor y El Novillo, Amapala, Valle, por considerarlos responsables del delito de USURPACION, CORTE o APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO FORESTAL en perjuicio de la sociedad CULTIVOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. 2) Que en fecha veintitrés de junio del año dos mil ocho, se celebro audiencia Inicial, en la cual el Juez a-quo, resolvió luego de escuchar lo manifestado por las partes, declarar con lugar la excepción de Falta de Competencia por razón de la materia y la excepción por Falta de Acción por aplicación de una nueva ley; y sin lugar la excepción de Falta de Acción por no estar legitimado el Ministerio Publico para presentar el requerimiento fiscal. 3) Que en fecha once de septiembre del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle, dictó sentencia, mediante la cual: 1) declaró con lugar parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por los abogados FRANKLIN EFRAIN ORTEZ ZUNIGA, fiscal del Ministerio Publico y TOMAS ZAMBRANO MOLINA, en su condición de acusador privado, 2) revocó la resolución de fecha veintitrés de junio del año dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, en lo que respecta a la excepción de incompetencia por razón de la materia por lo que ordenó que sea el Juzgado citado el competente para seguir conociendo del requerimiento fiscal y 3) confirmando la resolución de fecha veintitrés de junio del dos mil ocho, dictada por el mismo Juzgado, en lo que respecta a las excepciones de falta de acción: a) por la no aplicación al caso de merito de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, invocada en el requerimiento fiscal en contra de los imputados, ya que la misma entro en vigencia a partir del dieciocho de marzo del dos mil ocho, o sea después que se dieron los hechos y por no tener efecto retroactivo; y, b) en cuanto a la segunda excepción de falta de acción por parte del Ministerio Publico para presentar el requerimiento fiscal, en virtud de que el señor Miguel Facusse no había dado su autorización a tal Institución para que iniciara el mismo, estimando el a-quo que en base a las pruebas aportadas, el requerimiento fiscal fue presentado en contra de los imputados en perjuicio de la empresa Cultivos de Honduras, empresa esta que autorizo al fiscal del Ministerio Publico a fin de que en su nombre y representación interpusiera el requerimiento fiscal, por lo que declara sin lugar la excepción de falta de acción propuesta por el apoderado defensor de los imputados y ordenó al Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, la continuación de la audiencia inicial respectiva; fundamentando su decisión en los artículos 96 de la Constitución de la República; 46, 47, 61, 62, 64 y 354 del Código Procesal Penal.4) El recurrente abogado NELSON MARTIN REYES MORALES, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil ocho, reclamando Amparo a favor de los señores ADAN CHIRINOS, HERMINIO RODAS, MARCELO NUÑEZ, OLBAN RIVAS y otros, afirmando que la decisión del ad-quem, de fecha once de septiembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que a juicio del recurrente la resolución judicial del ad-quem ha violentando la garantía genérica del debido proceso, consignada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica en relación con los artículos 54 párrafo ultimo del Código Procesal Penal y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; al respecto expone que tal vulneración se suscita por que: “A los requeridos les asisten derechos de posesión sobre el terreno objeto del contencioso y están en posición de que se les reconozca el dominio sobre el mismo por prescripción adquisitiva a su favor y extintiva en contra de su antiguo propietario, sea a través del procedimiento de regularización predial o ante el Instituto Nacional Agrario, por lo tanto el caso solo puede ser resuelto por los tribunales civiles, que asimismo la sentencia del ad-quem violenta el debido proceso, ya que se tiene como sujeto pasivo del supuesto delito al señor Miguel Facusse y no a la empresa Cultivos de Honduras S. A.”CONSIDERANDO: Que de un examen detenido de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle, tenemos que la misma basa su fundamentacion factica y jurídica en lo siguiente: “Que en cuanto a la excepción de falta de competencia por razón de la materia planteada por la defensa de los imputados amparándose para ello en lo consignado en el ultimo párrafo del articulo 54 del Código Procesal Penal, en cuanto que los litigios referentes al derecho de propiedad en el caso de usurpación solo podrán ser resueltos por los Tribunales civiles; al respecto y después de revisados la primera pieza de autos se logra establecer que la empresa Cultivos de Honduras S. A. de C. V., a través del señor Miguel Facusse es la dueña de mil ochocientas manzanas de terreno ubicadas en la Isla de Zacate Grande, Amapala Valle; y que con la prueba que fue aportada por la defensa se desprende que los imputados no poseen títulos de dominio, con la excepción de los señores Danilo Corrales Rodas(folio 135), José Humberto Chririnos Posadas (folio 152), Carlos Gustavo Corrales (folio 175) y Teodora Chirinos (folio 182), personas estas a quienes el señor Miguel Facusse, les extendió títulos de dominio, sobre áreas que no son objeto de litigio; pero que si podrían estar involucrados en el ilícito que se les imputa, al estar llevando acciones sobre áreas distintas de las escrituradas; que en relación con lo anterior cuando el legislador estableció la excepción del ultimo párrafo del articulo 54 del Código Procesal Penal, la misma debe entenderse que cuando ambas partes tienen títulos de dominio, entonces serán los juzgados del orden civil los que son llamados a dilucidar tal controversia, pero que en el caso subjúdice como ya se dejo establecido el señor Miguel Facusse tiene titulo de dominio y ese Tribunal en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre ese extremo, por lo que el juzgado de Letras Seccional de Amapala, Valle es el competente para conocer el delito de usurpación. Que en lo que respecta a la excepción por falta de acción del Ministerio Público para presentar el requerimiento fiscal, al fundamentar en parte el mismo en La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Ley que entro en vigencia a partir del ocho de marzo del año dos mil ocho, este Tribunal en base a lo preceptuado en el artículo 96 de La Constitución de la Republica, que establece la no retroactividad de la ley; por lo que en el presente caso la ley secundaria no se puede aplicar, ya que los hechos sucedieron entre los años dos mil cuatro al dos mil siete, siendo en este ultimo año cuando se presento el requerimiento fiscal, por lo que la referida ley, al entrar en vigencia hasta el dieciocho de Marzo del año dos mil ocho, no se podía aplicar en el presente caso, ya que la misma en ninguno de sus artículos contiene disposiciones mas favorables a los imputados. Que en cuanto a la excepción de falta de acción por parte del Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal, por no estar bien establecido quien es el sujeto pasivo; se encuentra debidamente acreditado en autos que la empresa Cultivos de Honduras S.A., al presentar la denuncia al Ministerio Publico, se debe de entender que el mismo ha sido autorizado para ejercer la acción penal; y que tal y como se relaciona en los hechos del requerimiento fiscal donde se hace mención del señor Miguel Facusse como dueño de los terrenos objeto del presente caso, ello en base que el referido señor es el mayor accionista y presidente ejecutivo de la sociedad mercantil Cultivos de Honduras S. A. de C.V.; por lo que se debe tener a tal sociedad y al señor Miguel Facusse como los sujetos pasivos del delito de usurpación y al Ministerio Publico como parte legitimada para la interposición del requerimiento fiscal. Que por las razones expuestas este Tribunal estima procedente revocar la excepción planteada por la defensa de incompetencia del Tribunal por razón de la materia y que fuera otorgada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, por no estar ajustada a derecho, y que en cuanto a la excepción de falta de acción por la aplicación de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, este Tribunal de alzada estima y considera procedente confirmar la resolución dictada por el a-quo, por estar apegada a derecho, y respecto de la segunda excepción de falta de acción en cuanto a no establecerse quienes son los sujetos pasivos, este Tribunal considera correcta la apreciación del juez a-quo al declarar sin lugar la misma. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes; entiende que el fondo del asunto en el caso de autos, lo constituye la pretensión por parte de la defensa de que a los imputados los señores ADAN CHIRINOS, HERMINIO RODAS, MARCELO NUÑEZ, OLBAN RIVAS y otros, no se les juzgue en la instancia Penal, sino que sea en la instancia civil en donde se ventile su caso; en tal sentido el amparista muestra su disconformidad con la resolución del Tribunal de alzada que estimo que en el caso de merito era procedente revocar la decisión del a-quo, quien había declarado con lugar la excepción de falta de competencia por razón de la materia; al considerar el ad-quem que en el caso de merito el mismo se debe tramitar por la vía penal; decisión esta que para el amparista vulnera en perjuicio de los imputados la garantía genérica del debido proceso. CONSIDERANDO: Que el recurso de amparo solo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola o no garantías individuales y la restricción en el goce de los derechos que establece la constitución, por lo que es necesario examinar si el articulo 90 de nuestra carta magna, en relación con el articulo 54 en su ultimo párrafo del Código Procesal Penal ha sido vulnerado por la decisión del ad-quem; tal y como lo estima el amparista abogado NELSON MARTIN REYES MORALES.CONSIDERANDO: Que con relación a lo alegado por el amparista es menester hacer algunas acotaciones, especialmente con respecto a lo preceptuado en el ultimo párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal, entiende esta Sala que el mismo no obedece sino a la circunstancia de que el Derecho Penal, pese a haberse erigido desde hace más de un siglo en una rama con sustantividad propia y bien delimitada, en modo alguno constituye un compartimiento cerrado dentro del ordenamiento jurídico. Al contrario, y puesto que el Derecho Penal tiene como finalidad esencial la de la prevención y represión de los más graves atentados a los bienes jurídicos reconocidos por el resto del ordenamiento, sean éstos cuales sean, es decir, con independencia de su naturaleza jurídica pública o privada, civil, laboral, mercantil, administrativa o constitucional, en la aplicación judicial de las normas penales resulta perfectamente posible encontrarse con la necesidad de dirimir algún tipo de conflicto diferenciado, nacido como consecuencia de la utilización por parte de los tipos penales de conceptos, elementos o instituciones pertenecientes a las distintas ramas materiales del ordenamiento jurídico, y ello precisamente con la finalidad de poder resolver sobre el fondo del conflicto propiamente penal que constituye el objeto principal del enjuiciamiento. CONSIDERANDO: Que en este sentido, los litigios a las que se refiere en su ultimo párrafo el articulo 54 del Código Procesal Penal, constituyen auténticos conflictos intersubjetivos que, de no surgir con ese carácter en un proceso penal, podrían perfectamente erigirse en el objeto principal de otro proceso cualquiera. De ahí que para poder apreciar su existencia, los órganos judiciales han de encontrarse frente a situaciones fácticas o jurídicas controvertidas, conflictivas o dudosas que, como tales, precisan para ser solventadas de una decisión adoptada por los Jueces o Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. CONSIDERANDO: Que adoptando como punto de partida los criterios hasta ahora expuestos, podemos afirmar que una lectura detenida del ultimo párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal, nos lleva a entender que cuando sea muy intensa la relación de la cuestión no penal (laboral, civil, administrativa, mercantil etc.), con el hecho punible, el tribunal penal resolverá por sí mismo conforme a las pruebas aportadas por las partes, debiendo evidentemente abstenerse de conocer del asunto, si resulta probado por la parte que así lo alegue, que tal situación no debe ventilarse en la instancia penal, de no ser así, deberá entonces el Tribunal penal resolver la cuestión conforme a las reglas propias de su materia, y al solo efecto de la represión penal que proceda en el caso. CONSIDERANDO: Que una lectura detenida de los antecedentes, revela por un lado, que la supuesta ofendida, esto es, la sociedad CULTIVOS DE HONDURAS, S.A. de C.V., a través del señor Miguel Facusse, ha aportado al proceso penal, documentación en virtud de la cual acredita ser propietaria de un mil ochocientas manzanas de terreno ubicadas en la isla de Zacate Grande, Amapala Valle; y por otro lado, también se desprende que los imputados no poseen titulo de dominio, con la excepción de los señores Danilo Corrales Rodas(folio 135), José Humberto Chririnos Posadas (folio 152), Carlos Gustavo Corrales (folio 175) y Teodora Chirinos (folio 182), personas estas a quienes el señor Miguel Facusse, les extendió títulos de dominio, sobre áreas que no son objeto de litigio; ahora bien, el impetrante alega que el grupo de imputados, han estado en posesión de los referidos terrenos en disputa, con animo de dueños por mas de veinte años y que en ese sentido se les debe de reconocer el dominio por prescripción adquisitiva a su favor y extintiva en contra de su antiguo propietario, y que por lo tanto el caso solo puede ser resuelto por los Juzgados civiles, y no en los Penales, así pues, de lo anterior se colige que la defensa carece de título legítimo para considerar propietarios de los referidos terrenos a los imputados; entiende entonces esta Sala de lo Constitucional que en el caso de merito no cabe la excepción planteada por la defensa y que se fundamenta en lo consignado en el ultimo párrafo del articulo 54 del Código Procesal Penal, y es que debemos entender que tal excepción cabra únicamente en aquellos casos en que planteada por una de las partes una cuestión de usurpación ante la jurisdicción penal; si ambas partes alegan y pretenden acreditar ante tal instancia que son los propietarios del inmueble usurpado y presentan títulos de dominio; únicamente en tal situación es que los juzgados de lo civil serán los competentes para conocer y resolver el mismo. CONSIDERANDO: Que por lo antes apuntado, no se aprecia la violación de la garantía genérica del debido proceso, puesto que al contrario de lo aseverado por el quejoso, y sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia que le asiste a los imputados, la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle al dictar su fallo de fecha once de septiembre del año dos mil ocho y mediante el cual declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Publico y por el acusador privado, ha motivado suficientemente y con apego a las reglas de la lógica y la coherencia su decisión, explicando cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico en los que funda la misma. CONSIDERANDO: Que por todas la razones anteriormente expuestas, esta sala estima que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle, no vulnera en perjuicio de los imputados la garantía constitucional del debido proceso en relación con el articulo 54 ultimo párrafo del Código Procesal Penal y el articulo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 Nº 5)de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 46, 47, 54, 61, 62, 64, 71, del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8.1 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos FALLA: Denegando el recurso de amparo interpuesto por el abogado NELSON MARTIN REYES MORALES, a favor de los señores ADAN CHIRINOS, HERMINIO RODAS, MARCELO NUÑEZ, OLBAN RIVAS y otros, contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de los departamentos de Choluteca y Valle en fecha once de septiembre del año dos mil ocho, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez de agosto de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No 611=08/P77-P167=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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