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Sentencia AP-597-08 — Registro 3834

Resumen

Sentencia recurrida que confirmo el auto de prisión dictado en primera instancia contra el impetrante por los deliots de violencia intrafamiliar y maltrato por transgresión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo constitucional después de un análisis exhaustivo de los antecedentes, de las pruebas aportadas así como del auto proferido por el ad-quem y que es motivo del presente recurso, es del criterio que las vulneraciones constitucionales alegadas no se han producido; al respecto cabe señalar que las actuaciones del juez a-quo en la audiencia inicial no han producido tal quebrantamiento constitucional, así en cuanto a la inviolabilidad del derecho de defensa consignado en el articulo 82 de nuestra carta magna, esta Sala estima que tal garantía se manifiesta a través del uso de los instrumentos que permiten al ciudadano tener acceso a la justicia mediante el nombramiento del profesional del derecho que debe representarlo en juicio en defensa de sus derechos, en el caso de merito, consta el nombramiento de apoderados en defensa del imputado, quienes han estado haciendo uso de la representación procesal que les permite la ley, esta Sala estima que del mismo proceso se desprende que el encausado ha tenido la asistencia necesaria, desde el punto de vista legal para poder defenderse en juicio haciendo uso de todos los recursos que la ley le franquea en defensa de sus derechos, en ese sentido tenemos que de la lectura del expediente de mérito así como del acta de la audiencia inicial se constata, que el imputado acogiéndose a su derecho de no declarar consignado en el articulo 101 numeral cinco (5) del Código Procesal Penal, no lo hizo, en la audiencia de declaración de imputado, razón por la cual llegado el día y la hora de la celebración de la audiencia inicial, al pretender dar su declaración el juez a-quo lo limito a darla al final de la misma y dentro de un periodo de tiempo determinado, tal actuación del juez no puede considerarse como violatoria de la garantía constitucional del derecho defensa, a fin de cuenta que hasta la propia normativa procesal penal faculta al señor Juez para que la celebración de la audiencia inicial, si se diere el caso, solamente pueda celebrarse con la presencia de la parte acusadora y la parte defensora, tal es lo consignado en el articulo 294 párrafo primero del citado código, o sea que para la celebración de la referida audiencia inicial, la normativa procesal penal estima que la ausencia del imputado o acusador privado no impedirá la celebración de la misma, ese mismo articulo en su párrafo tercero expresa que: “la parte que pretenda producir prueba se hará cargo de su presentación”, en el caso sub-judice como muy bien lo ha establecido el ad-quem, no consta en el acta de audiencia inicial que los apelantes hayan propuesto la prueba documental que alegan y que el juez la haya rechazado indebidamente, por lo que al tenor del ya citado articulo 294 párrafo tercero, esta Sala estima que si la defensa del imputado no hizo la presentación de los medios probatorios, tal situación no es atribuible al juez, sino que a la propia defensa, situación ante la cual no se está violentando el derecho de defensa del imputado. CONSIDERANDO: Que también los amparistas han argumentando casi las mismas razones señaladas en el acápite anterior para argumentar que con las referidas actuaciones del a-quo se ha violentado en perjuicio de su representado la garantía del debido proceso consignado en el articulo 90 constitucional; ahora bien tal garantía en materia penal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, implica entre otros aspectos la posibilidad efectiva de acudir ante el órgano jurisdiccional competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, así como también la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación de aquel. Tenemos entonces que las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento; en el caso de mérito es criterio de esta Sala que las supuestas irregularidades procesales cometidas por el a-quo, en la celebración de la audiencia inicial, no se han producido, al tenor de lo que se ha dejado establecido en el acápite anterior con relación a la garantía constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa. CONSIDERANDO: Que con relación a las demás garantías constitucionales invocadas como vulneradas por los amparistas, y consignadas en los artículos 60, 88 y 92 de nuestra carta magna, es criterio de esta Sala que las mismas no se han vulnerado en perjuicio del imputado; ya que las actuaciones por parte del a-quo en la audiencia inicial no son constitutivas de un trato discriminatorio hacia el imputado o su defensa técnica, así que no tienen razón de ser los argumentos esgrimidos por los amparistas en el sentido de que al permitírseles únicamente la declaración de un testigo en la referida audiencia, con ello se les dejo en indefensión y se les ha violado la garantía constitucional de igualdad en perjuicio de su defendido, tal aseveración no es correcta, pues se constata en el expediente de mérito que el a-quo permitió la declaración en la referida audiencia de un testigo por cada una de las partes. Esta Sala no comparte el criterio de los amparistas en cuanto que el a-quo al momento de dictar el auto de prisión en contra de su defendido solo valoró declaraciones testifícales rendidas en sede administrativa, al respecto, esta Sala estima que del examen del auto de prisión emitido, si bien es cierto que en el mismo se encuentra la valoración de las declaraciones rendidas en sede administrativa por la menor ALEJANDRA POLETTE VALLADARES REINA y por el señor CAMILO REINA FLORES, también es cierto que se encuentra la valoración de otros medios probatorios tales como la declaración rendidas en sede judicial por la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES y la incorporación de medios de prueba documentales contentivos de los dictámenes médicos numeros 2007061559 y 2007050982, y la declaración del testigo de la defensa el señor IVIS ARTURO LANZA, así que al existir otros medios probatorios que le dieron al juzgador la certeza para establecer que se cometió un ilícito y los indicios racionales de quien fue su autor; con ello no se ha producido la vulneración de la garantía constitucional alegada, como tampoco la consignada en el articulo 92 constitucional. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima que lo procedente es que se deniegue el amparo que es objeto de esta sentencia."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA y OSCAR DANIEL VALLADARES RODRIGUEZ, ambos mayores de edad, hondureños, de este vecindario, inscritos en el Colegio de Abogados de Honduras, por su orden bajo los numeros 4023 y 10906; ambos con oficina profesional ubicada en la Colonia Tres Caminos, calle principal, bloque K, numero 1636 de este domicilio; a favor del señor WILBER ROGER VALLADARES RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, Doctor en Medicina y Cirugía, hondureño, y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra el auto proferido por la Corte de Apelaciones Seccional de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho, que confirmó el auto de prisión dictado en fecha treinta de agosto del año dos mil siete, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor WILBER ROGER VALLADARES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES, mayor de edad, casada, hondureña y vecina de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes, y MALTRATO POR TRASGRESION, en perjuicio de los menores ALEJANDRA POLETTE Y WILBER ALFREDO, ambos de apellidos VALLADARES REINA. A N T E C E D E N T E S

  1. Que en fecha diez de julio del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la licenciada MEISY MABEL MEZA PADILLA, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor WILBER ROGER VALLADARES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES, y MALTRATO POR TRASGRESION, en perjuicio de los menores ALEJANDRA POLETTE Y WILBER ALFREDO, ambos de apellidos VALLADARES REINA. 2) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil siete, el juzgado instructor, en audiencia inicial: a) decretó auto de prisión contra el señor WILBER ROGER VALLADARES RODRIGUEZ, por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, por considerar el a-quo que las pruebas aportadas en juicio, orientan a palpar con cierto grado de certeza bajo la ponderación del juicio de probabilidad que el imputado ha materializado en diversas facetas y en diversos episodios, distintos mecanismos que han vulnerado la integridad tanto física como moral de la víctima; citando como fundamento de su decisión el artículo 179 B literales a) y b) del Código Penal; b) decretó sobreseimiento provisional a favor del encausado por el delito de MALTRATO POR TRASGRESION, por considerar que al valorar la probanza no se logró estimar la materialidad de este ilícito; y c) mantuvo a favor del imputado, las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva, enunciadas en los numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 173 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones Seccional de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que existe plena prueba de que se ha cometido un delito, al darse la concurrencia de todos los elementos del tipo penal y existir indicio racional que el imputado ha tenido participación en el mismo; citando como fundamento para su decisión el artículo 297 del Código Procesal Penal. 4) Los recurrentes abogados RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA Y OSCAR DANIEL VALLADARES RODRIGUEZ, comparecieron ante este Tribunal, en fecha veinte de noviembre del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor del señor WILBER ROGER VALLADARES RODRIGUEZ, afirmando que la decisión del ad-quem, de fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 88, 90 y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que a juicio de los recurrentes el auto proferido por el ad-quem ha violentando los derechos constitucionales de su defendido relativos a la igualdad de las partes ante la ley, el derecho de defensa, la validez de las declaraciones rendidas ante juez competente, al debido proceso y que no podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba. CONSIDERANDO: Que los impetrantes, respecto de las vulneraciones constitucionales alegadas, en su amplia exposición señalan que el juez a-quo, en la audiencia inicial no observo las formalidades y el derecho general a la legalidad del procedimiento penal; explican que cuando su defendido quiso declarar en la referida audiencia, el a-quo denegó tal petición, argumentando que el imputado ya había perdido su momento de declarar, pero accedió a que declarase por un tiempo limitado al final de la audiencia; dicen que tal limitación para declarar de su defendido, le ha privado de su derecho legitimo de hacerlo libre y espontáneamente dentro de un plazo razonable que garantiza un debido proceso, y que con ello se ha violentado el articulo 288 párrafo segundo del Código Procesal Penal, y que al intervenir la defensa a fin de orientar a su representado, el juez le llamo la atención aduciendo que la misma estaba tratando de ayudar al imputado. Consideran que el argumento del a-quo no es valido, pues aducen que la audiencia inicial, no es el único momento procesal oportuno para que el imputado rinda su declaración, aunado a lo anterior alegan que se violentó el derecho de defensa cuando a su defendido no se le permitió al final de su declaración que aportara elementos probatorios, consistentes en documentos contentivos de varias denuncias por violencia intrafamiliar y domestica interpuestas por su cliente en contra de la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES. Señalan que el no haber procedido a citar por parte del a-quo a la medico forense del Ministerio Publico la doctora Nancy Aguilar, constituye una vulneración del articulo 137 del Código Procesal Penal y del articulo 90 constitucional y que con tal omisión se negó por parte del Tribunal a la defensa el derecho a un contradictorio; otra de las irregularidades suscitada según los amparistas en perjuicio de su representado es que el juez no admitió medios de prueba documentales, consistentes en los dictámenes de evaluación psicológica de la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES y de su representado, aducen que no es cierto la excusa dada por el a-quo en el sentido de que tales medios probatorios habían llegado al terminar la audiencia, argumentan que tal dictamen diagnosticaba los rasgos de psicópata de la referida señora y que con tal acción el tribunal ha incurrido también en deslealtad para con la justicia al tenor de lo preceptuado en el articulo 12 del Código Procesal Penal además de violentar lo consignado en el articulo 198 del citado código; cuestionan la valoración de la prueba y al respecto señalan que el a-quo únicamente tomo en cuenta la prueba de cargo, en absoluta deslealtad a la igualdad que debe regir para con los intervinientes en el proceso penal, ya que el juez al permitir la presentación de un solo testigo por ambas partes en la audiencia inicial, ha violentado los principios procesales de contradicción, concentración, oralidad e inmediación establecidos en nuestro Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que a criterio de los recurrentes, el a-quo al dictar el auto de prisión en contra de su defendido, valoró únicamente declaraciones testifícales producidas en sede administrativa, a favor de la parte acusadora y señalan que con ello se ha vulnerado el articulo 88 párrafo tercero de nuestra constitución, y que de igual manera se ha violentado la garantía constitucional de igualdad establecida en el articulo 60 constitucional; aducen que si bien es cierto, en la etapa preparatoria se requiere un mínimo necesario de prueba para invertir la presunción de inocencia del imputado, esto no significa que el auto de prisión deba dictarse sin la observancia de los requisititos constitucionales establecidos y al margen de los derechos y garantías fundamentales del imputado, dicen que el articulo 92 constitucional es claro, en cuanto a señalar cuándo no se podrá proveer auto de prisión y que en el caso de su defendido consideran que no concurren los elementos de tipificación legal del delito de violencia intrafamiliar establecidos en el código Penal, tal y como lo señaló el a-quo en cuanto a la calificación del tipo penal. CONSIDERANDO: Que los amparistas muestran su disconformidad con el juez de primera instancia, al señalar que este ha modificado el requerimiento fiscal en lo que respecta a los preceptos jurídicos aplicables al delito imputado por el Ministerio Público ya que el mismo se basa en el articulo 179-B literales a) y d), y que con tal modificación al haber adicionado el literal b) del referido articulo, literal que se refiere al grave daño corporal, señalan que en el caso de mérito, este no existe al comprobarse mediante los dictámenes del médico forense que las lesiones sufridas por la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES, son contusiones simples, y que con tal modificación, se ha vulnerado el principio de imparcialidad del juez convirtiéndose éste en juez y parte; señalan que también no están de acuerdo con las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva consignadas en los numerales 6,7,8 y 9 del articulo 173 del Código Procesal Penal, que han sido adoptadas en contra de su representado, al respecto manifiestan que las mismas deben de ser revocadas por cuanto su defendido es inocente del ilícito que se le imputa, y que la imposición de las mismas no son procedentes al tenor del principio de legalidad y que tampoco son proporcionales a la finalidad que se consigna en el articulo 172 del citado código, y que teniendo su defendido la profesión de médico, el hecho de estar presentándose cada viernes al juzgado, esto le trastorna en el normal desempeño de sus labores en un hospital público, por lo que consideran que, ni la pena, ni la gravedad del hecho dan lugar para la imposición de tantas medidas cautelares por parte del tribunal, y menos aun la de que su defendido tenga que presentarse al tribunal todos los viernes, en perjuicio de su propio trabajo, y finalmente cuestionan el sobreseimiento provisional decretado a favor de su defendido por el delito de maltrato por trasgresión en perjuicio de los menores ALEJANDRA POLETTE y WILBER ALFREDO ambos de apellidos VALLADERES REINA, resolución que es cuestionada por considerar que la misma vulnera en perjuicio de su defendido el principio del debido proceso constitucional, ya que al no concurrir los presupuestos que recoge el articulo 295 del Código Procesal Penal, debió dictarse un sobreseimiento definitivo, ya que los hechos no existieron. CONSIDERANDO: Que el auto que ha motivado el presente recurso ante este alto Tribunal, es el dictado por unanimidad de votos por la Honorable Corte de Apelaciones Secciónal de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho; el que señala en su motivación factica y jurídica, entre varios criterios los siguientes: PRIMERO: Que en fecha diez de julio del año dos mil siete el Ministerio Publico presento requerimiento fiscal en contra del señor WILBER ROGER VALLADARES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES, y del delito de maltrato por transgresión en perjuicio de los menores ALEJANDRA POLETTE VALLADERES REINA y WILBER ALFREDO VALLADERES REINA. SEGUNDO: Que sobre la audiencia inicial y en cuanto a que al procesado no se le permitió rendir su declaración, ese Tribual encuentra que a folio treinta (30) reverso, al momento que el defensor solicita que se le permita declarar a su defendido, el juez declara sin lugar tal solicitud, por cuanto el imputado rechazo hacer uso de ese derecho en la audiencia de declaración de imputado, pero el juez en seguida declara que al final de la audiencia se le dará la palabra, y que el tribunal encuentra a folio treinta y cuatro (34) frente y reverso la declaración que rindió el procesado; y que con relación al agravio de que no se le permitió a la defensa presentar prueba documental, indica que de la lectura del acta inicial no se aprecia que la parte defensora haya propuesto tales medios de prueba y que el juez la haya rechazado indebidamente TERCERO: Con relación a los demás agravios esgrimidos ese tribunal sustenta el criterio de que: “La audiencia inicial es aquella fase de la etapa preparatoria que se efectúa ante el órgano jurisdiccional a requerimiento del Ministerio Publico, a fin de que se decida de acuerdo a los argumentos y prueba mínima que allí se produzca, la procedencia del auto de prisión o la declaratoria de reo; en esta audiencia el juez resolverá lo pertinente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen amparándose cuando las circunstancias así lo requieran en el in dubio pro societate, que es el principio que debe operar en acaso de duda en esta fase”, señala que de esta definición se infiere que el juez sin conculcar el derecho de defensa de ninguna de las partes, debe admitir las pruebas que las partes incorporen al proceso, en forma documental, constituida está por declaraciones rendidas en sede administrativa y o pericial y permitir que la misma se ejecute, sin extender tanto la audiencia inicial, a fin de que la misma no se convierta en un debate, concluye diciendo que el juez aceptara la prueba que justifique la decisión que corresponde tomar en esa audiencia ya sea dictando sobreseimiento provisional o definitivo, auto de prisión o declaratoria de reo, y que en esta audiencia cada una de las partes debe hacerse cargo de presentar las pruebas que le interesen, porque el juez resolverá con la prueba que allí se produzca o con la incorporada. CUARTO: Que con respecto a la remisión de los dictámenes psicológicos, el ad-quem estima que tal situación no dependía del juez, en virtud de ser otra la institución encargada de realizar el reconocimiento médicos de las partes, en ese caso. QUINTO: En cuanto a que el auto de prisión fue decretado por el a-quo sin concurrir los requisitos necesarios y que las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva son improcedentes y excesivas; ese tribunal estima que las declaraciones rendidas por lo menores hijos de la pareja, revelan que los mismos han presenciado, los malos tratos recibidos por su madre por parte de su padre, aunado a lo anterior la propia declaración de la ofendida tanto en sede administrativa como judicial, quien relata los malos tratos que de obra y de palabra ha recibido por parte de su compañero de hogar durante mucho tiempo, también las declaraciones en sede administrativa del hermano de la ofendida, de una amiga de ambos, y de la hijastra del procesado, los cuales deponen acerca de los malos tratos de palabra y físicos recibidos por la ofendida; también medios documentales tales como las denuncias interpuestas por violencia intrafamiliar y violencia domestica en contra del procesado, acta de imposición de medidas al procesado por parte de la fiscalia especial de turno, dictámenes médicos de los cuales se desprende que en fechas once de junio y tres de julio del año dos mil siete, la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES, fue evaluada en el departamento de medicina forense, la que presentaba lesiones compatibles a las producidas con objeto romo mediante mecanismo de fricción y percusión, presentando síndrome de mujer agredida; diligencias que acreditan la plena prueba de haberse cometido el delito imputado al señor WILBER ROGER VALLADARES RODRIGUEZ, y arrojan indicios necesarios para suponer su participación en la ejecución del mismo. SEXTO: Que si bien es cierto que consta en autos el dictamen de la evaluación psicológica de la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES, dictamen que revela rasgos de la personalidad de la evaluada, tales como que es inmadura, egocéntrica, sugestible, que carece de juicio social así como de la capacidad de beneficiarse de la experiencia, antisocial, que se interesa en los demás solamente cuando los puede utilizar y explotar para sus propios intereses, irritable etc., también es cierto para el ad-quem que el referido dictamen no acredita que la ofendida se haya auto agredido con el propósito de acusar a su compañero de hogar, pues existen en autos declaraciones que demuestran lo contrario. SEPTIMO: Que de acuerdo con el numeral uno del articulo 297 del Código Procesal Penal, se establecen los requisitos que se exigen para que el juez pueda dictar auto de prisión, estimándose que en el caso de merito concurren de lleno, por lo que consecuentemente es procedente confirmar la resolución apelada. OCTAVO: Que en cuanto a las medidas cautelares estas tiene como finalidad asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de las fuentes de prueba y que para adoptar una medida cautelar limitativa de la libertad personal tienen que darse los presupuestos del artículo 172 del Código Procesal Penal, por lo que en el caso sub-judice, estima el ad-quem que las medidas cautelares impuestas al procesado responden al fin que se busca y que son proporcionales e idóneas. CONSIDERANDO: Que el recurso de amparo solo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías individuales y la restricción en el goce de los derechos que establece la constitución, por lo que en el caso de merito es necesario examinar si los artículos constitucionales invocados han sido violados por el ad-quem; tal y como lo estiman los amparistas. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo constitucional después de un análisis exhaustivo de los antecedentes, de las pruebas aportadas así como del auto proferido por el ad-quem y que es motivo del presente recurso, es del criterio que las vulneraciones constitucionales alegadas no se han producido; al respecto cabe señalar que las actuaciones del juez a-quo en la audiencia inicial no han producido tal quebrantamiento constitucional, así en cuanto a la inviolabilidad del derecho de defensa consignado en el articulo 82 de nuestra carta magna, esta Sala estima que tal garantía se manifiesta a través del uso de los instrumentos que permiten al ciudadano tener acceso a la justicia mediante el nombramiento del profesional del derecho que debe representarlo en juicio en defensa de sus derechos, en el caso de merito, consta el nombramiento de apoderados en defensa del imputado, quienes han estado haciendo uso de la representación procesal que les permite la ley, esta Sala estima que del mismo proceso se desprende que el encausado ha tenido la asistencia necesaria, desde el punto de vista legal para poder defenderse en juicio haciendo uso de todos los recursos que la ley le franquea en defensa de sus derechos, en ese sentido tenemos que de la lectura del expediente de mérito así como del acta de la audiencia inicial se constata, que el imputado acogiéndose a su derecho de no declarar consignado en el articulo 101 numeral cinco (5) del Código Procesal Penal, no lo hizo, en la audiencia de declaración de imputado, razón por la cual llegado el día y la hora de la celebración de la audiencia inicial, al pretender dar su declaración el juez a-quo lo limito a darla al final de la misma y dentro de un periodo de tiempo determinado, tal actuación del juez no puede considerarse como violatoria de la garantía constitucional del derecho defensa, a fin de cuenta que hasta la propia normativa procesal penal faculta al señor Juez para que la celebración de la audiencia inicial, si se diere el caso, solamente pueda celebrarse con la presencia de la parte acusadora y la parte defensora, tal es lo consignado en el articulo 294 párrafo primero del citado código, o sea que para la celebración de la referida audiencia inicial, la normativa procesal penal estima que la ausencia del imputado o acusador privado no impedirá la celebración de la misma, ese mismo articulo en su párrafo tercero expresa que: “la parte que pretenda producir prueba se hará cargo de su presentación”, en el caso sub-judice como muy bien lo ha establecido el ad-quem, no consta en el acta de audiencia inicial que los apelantes hayan propuesto la prueba documental que alegan y que el juez la haya rechazado indebidamente, por lo que al tenor del ya citado articulo 294 párrafo tercero, esta Sala estima que si la defensa del imputado no hizo la presentación de los medios probatorios, tal situación no es atribuible al juez, sino que a la propia defensa, situación ante la cual no se está violentando el derecho de defensa del imputado. CONSIDERANDO: Que también los amparistas han argumentando casi las mismas razones señaladas en el acápite anterior para argumentar que con las referidas actuaciones del a-quo se ha violentado en perjuicio de su representado la garantía del debido proceso consignado en el articulo 90 constitucional; ahora bien tal garantía en materia penal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, implica entre otros aspectos la posibilidad efectiva de acudir ante el órgano jurisdiccional competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, así como también la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación de aquel. Tenemos entonces que las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento; en el caso de mérito es criterio de esta Sala que las supuestas irregularidades procesales cometidas por el a-quo, en la celebración de la audiencia inicial, no se han producido, al tenor de lo que se ha dejado establecido en el acápite anterior con relación a la garantía constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa. CONSIDERANDO: Que con relación a las demás garantías constitucionales invocadas como vulneradas por los amparistas, y consignadas en los artículos 60, 88 y 92 de nuestra carta magna, es criterio de esta Sala que las mismas no se han vulnerado en perjuicio del imputado; ya que las actuaciones por parte del a-quo en la audiencia inicial no son constitutivas de un trato discriminatorio hacia el imputado o su defensa técnica, así que no tienen razón de ser los argumentos esgrimidos por los amparistas en el sentido de que al permitírseles únicamente la declaración de un testigo en la referida audiencia, con ello se les dejo en indefensión y se les ha violado la garantía constitucional de igualdad en perjuicio de su defendido, tal aseveración no es correcta, pues se constata en el expediente de mérito que el a-quo permitió la declaración en la referida audiencia de un testigo por cada una de las partes. Esta Sala no comparte el criterio de los amparistas en cuanto que el a-quo al momento de dictar el auto de prisión en contra de su defendido solo valoró declaraciones testifícales rendidas en sede administrativa, al respecto, esta Sala estima que del examen del auto de prisión emitido, si bien es cierto que en el mismo se encuentra la valoración de las declaraciones rendidas en sede administrativa por la menor ALEJANDRA POLETTE VALLADARES REINA y por el señor CAMILO REINA FLORES, también es cierto que se encuentra la valoración de otros medios probatorios tales como la declaración rendidas en sede judicial por la señora ZOILA ISABEL REINA FLORES y la incorporación de medios de prueba documentales contentivos de los dictámenes médicos numeros 2007061559 y 2007050982, y la declaración del testigo de la defensa el señor IVIS ARTURO LANZA, así que al existir otros medios probatorios que le dieron al juzgador la certeza para establecer que se cometió un ilícito y los indicios racionales de quien fue su autor; con ello no se ha producido la vulneración de la garantía constitucional alegada, como tampoco la consignada en el articulo 92 constitucional. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima que lo procedente es que se deniegue el amparo que es objeto de esta sentencia. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 60, 80, 82, 88 párrafo tercero, 90 párrafo primero, 92, 183, 303, 313 número 5, 316 número 1 de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 7, 9 numeral 2), 41, 52 párrafo cuarto, 63, 72 de La Ley Sobre Justicia Constitucional;8, 14, 15, 101 numeral 5), 137, 139, 172, 173, 174, 198, 199, 202, 226, 264, 286, 287, 294, 295, 297 número 1) del Código de Procedimientos Penales, FALLA: Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA y OSCAR DANIEL VALLADARES RODRIGUEZ,contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortés en fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho; en virtud de encontrase arreglada a derecho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, Secretario de la Sala Constitucional”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 597-P713=08/P20=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL

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