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Sentencia AP-594-09 — Registro 3833

Resumen

Sentencia recurrida declaró ha lugar recurso de apelación y revocó sobreseimiento definitivo y resolución para considerar prescrita la acción penal por el delito de lesiones culposas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que cobra especial relevancia que el derecho fundamental invocado por el amparista implica una adecuada comprensión del concepto de acción penal, resultando del detenido análisis, que lo mas granado de la doctrina contemporánea la define como un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho y que se ejercita mediante la puesta en conocimiento del órgano investigador de una noticia criminis, haciendo surgir en este la obligación de dictar una resolución motivada y fundada sobre su admisión a tramite o su desestimación (Vid. Código Procesal Penal comentado, Palacios Mejia, José Maria y Fernández Entralgo, Jesús). En el mismo sentido, el jurista hondureño Félix Antonio Ávila Ortiz ha escrito: “De acuerdo a lo anterior, podemos decir que originariamente tienen acción penal todas aquellas personas directamente ofendidas por la infracción, quienes la ejercen desde el momento en que se presentan ante el Ministerio Publico o ante una dependencia de la Policía Nacional a poner en conocimiento la noticia criminis, es a partir de ese momento, que el Ministerio Publico en nombre de la sociedad se convierte en titular de la acción penal quien tiene la obligación ineludible de ejercitarla ante los tribunales de justicia (…) Mediante el derecho fundamental del libre acceso a los tribunales, los ciudadanos pueden hacer uso de la acción penal y obtener de aquellos una resolución motivada, fundada en derecho, congruente con la petición”. Por todo ello, no resulta de recibo que se haya lesionado de manera alguna el derecho al debido proceso en perjuicio del recurrente, ya que se mantiene incólume el mismo, así como el derecho fundamental a la justicia garantizado a todos los habitantes de la republica. CONSIDERANDO: Que la legalidad procesal penal, se refiere que la etapa preparatoria del proceso estará formada por los actos siguientes: 1) Denuncia, cuando se presente; 2) Investigación preliminar; 3) requerimiento fiscal; y, 4) Audiencia inicial (articulo 264 del Código Procesal Penal), con lo cual no queda duda alguna que la interposición de la denuncia en un delito de acción publica es parte constitutiva del proceso penal, y no a otra cosa se refiere normativamente el articulo 99 del Código Penal cuando establece que la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie el procedimiento contra el culpable… debiendo entenderse tal enunciado a la luz del derecho procesal contemporáneo, dado que desde el año dos mil dos nuestro país ha ido superando el procedimiento penal inquisitorio y desarrollando a contrario sensu, un proceso penal mixto, donde prevalece la oralidad, la inmediación, la publicidad y los demás principios rectores del proceso; por lo cual resulta aplicable al caso de merito, que habiéndose presentado una denuncia ante las autoridades de la Policía Nacional o del Ministerio Publico, con ello se ha iniciado el proceso de investigación y juzgamiento a que se refiere el articulo 263 del Código Procesal Penal, produciendo entre otros efectos procesales, la interrupción de la prescripción penal en lo que concierne al caso."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que la valoración en el orden a determinar si procede o no decretar la extinción de la responsabilidad criminal, cuando se debate la probable prescripción de la acción penal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que al tenor de las razones anteriormente expuestas y a modo de conclusión podemos afirmar, que hasta este momento procesal no se infiere de manera indubitada que el plazo de prescripción alegado por la defensa, efectivamente haya transcurrido, de tal manera que el fallo del ad-quem de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil ocho, se encuentra conforme a derecho y no ha vulnerado la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, así que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de agosto de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE MARCELINO VARGAS, mayor de edad, soltero, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 2065, con oficina profesional ubicada en la Colonia Loma Linda Sur, calle principal casa numero 2902 en esta ciudad a favor del señor LUIS ALBERTO NAVARRO BUSTILLO, mayor de edad, casado, medico, hondureño y de este vecindario; contra el auto dictado por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil ocho, que declaró con lugar un Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra el señor LUIS ALBERTO NAVARRO BUSTILLO, por suponerlo responsable del delito de LESIONES CULPOSAS, en perjuicio de la señora RITA GUADALUPE CALDERON MADRID. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de abril del año dos mil ocho, la abogada MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor LUIS ALBERTO NAVARRO BUSTILLO, por suponerlo responsable del delito de LESIONES CULPOSAS, en perjuicio de la señora RITA GUADALUPE CALDERON MADRID.2) Que en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil ocho, el Juzgado referido, decretó: I) auto de prisión en contra del señor LUIS ALBERTO NAVARRO BUSTILLO, por suponerlo responsable del delito de LESIONES CULPOSAS, en perjuicio de la señora RITA GUADALUPE CALDERON, en virtud de que a la referida señora se la ha producido una lesión que le causo una enfermedad mental cierta, fundamentándose el a-quo para ello en el articulo 135 numeral 1 del Código Penal. II) sin lugar la prescripción solicitada por la defensa, por considerar que la omisión se produjo en fecha seis de junio del año dos mil dos y el tipo penal sanciona esta conducta con una pena de cuatro a ocho años, pero que al reducirla a la mitad por tratarse de una lesión culposa, en caso de una sentencia condenatoria quedaría una nueva pena de dos a cuatro años por lo que a la pena máxima, de cuatro años, tendría que sumársele la mitad de la misma, lo que daría un período de seis años y contados desde el seis de junio del año dos mil dos, la prescripción ocurriría el seis de junio del año dos mil ocho, pero ya que consta en el proceso que el actual requerimiento se presentó el veintiuno de abril del año dos mil ocho, es decir antes de que prescribiera la acción penal, interrumpiéndose la prescripción con la presentación del requerimiento; III) declaró con lugar la prescripción alegada en cuanto a las lesiones culposas consignadas en el articulo 135 numeral 3 del Código Penal, en virtud de considerar que desde la fecha seis de junio del año dos mil dos, día en que sucedieron los hechos, por lo que a partir de esa fecha en que se omitió practicar la esterilización a la referida señora y siendo que este tipo de lesión se sanciona con una pena de tres a seis años, pero habrá que reducirla a la mitad por tratarse de una lesión culposa, entonces se establece una nueva pena de un año con seis meses a tres años y al sumar la mitad de la pena máxima de la lesión culposa, daría una nueva pena de cuatro años con seis meses, por lo que contado ese periodo desde el seis de junio del año dos mil dos, fecha en que se omitió practicar la esterilización y en aplicación de lo que ordena el artículo 98 del Código Penal, en el sentido de que “La prescripción de la acción penal empezara a correr desde el día que se cometió la infracción…..”, es decir que en cuanto a este tipo de infracciones culposas, ya prescribió la acción. 3) Que en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia, mediante la cual declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revocó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que entre el seis de junio del año dos mil dos, fecha en que sucedieron los hechos y el catorce de junio del año dos mil cuatro, en que fue presentada la denuncia, no han transcurrido cuatro años y medio para que pueda considerarse prescrita la acción penal por el delito de lesiones culposas contenidas en el artículo 135 numeral 3 del Código Penal. 4) El recurrente abogado JOSE MARCELINO VARGAS, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de marzo del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor LUIS ALBERTO NAVARRO BUSTILLO, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, conociendo en apelación el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo, en el proceso instruido en contra del señor LUIS ALBERTO NAVARRO BUSTILLO, por suponerlo responsable del delito Lesiones Culposas en perjuicio la señora RITA GUADALUPE CALDERON MADRID, dicta resolución en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil ocho, mismo que en su motivación factica y jurídica entre varios aspectos, señala lo siguiente: (sic)“Que el articulo 97 del Código Penal establece que la acción penal prescribe por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado en la mitad, si fuere la de reclusión, ordenando el articulo 98 del mismo Código, que empezara a correr dicho termino desde el día en que se cometió la infracción, y el articulo 99 que la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie el procedimiento contra el culpable. Que en el caso de autos el delito que se imputa es el de Lesiones Culposas, tipificado en el articulo 135 numeral 3 del Código Penal, delito por el cual el juez de letras de lo penal declaro con lugar la petición de prescripción del mismo, sobreseyendo definitivamente. Que la pena concreta para el delito de lesiones es de un año seis meses a tres años, pero para efectos de la prescripción debe aumentarse al máximo de duración de la referida pena, la mitad de la misma, quedando así una nueva pena de cuatro años seis meses; que así mismo el Código Penal establece que la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie el procedimiento contra el culpable y que de la revisión del Código Procesal Penal en su libro Segundo, Titulo I, referente al Procedimiento Ordinario, encontramos que en el articulo 263 se establece la etapa Preparatoria, la etapa intermedia y el Debate o Juicio Oral y Publico, como etapas de investigación y de Juzgamiento y que el articulo 264 del referido código también dispone que la etapa preparatoria esta formada entre otras por la denuncia cuando se presente. Que de conformidad con las disposiciones relacionadas entendemos que lo dispuesto en el articulo 99 del Código Penal referente a que la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie el procedimiento contra el culpable, esta contenido en este titulo por que claramente se expresa que es en ese momento donde se inicia el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos. Que entre el seis de junio del año dos mil dos, fecha en que sucedieron los hechos y el catorce de junio del año dos mil cuatro, en que fue presentada la denuncia no han transcurrido cuatro años y medio para que pueda considerarse prescrita la acción penal por el delito de Lesiones Culposas contenido en el articulo 135 numeral 3 del Código Penal, y que por lo anteriormente expuesto este tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y revoca el sobreseimiento definitivo”.

CONSIDERANDO: Que el abogado JOSE MARCELINO VARGAS, argumenta que la resolución relacionada en el acápite anterior violenta en perjuicio de su representado el precepto Constitucional del Debido Proceso consignado en el artículo 90, al respecto explica que tal vulneración se suscita porque: (Sic.) “la garantía del debido Proceso es el derecho de todo ciudadano a ser juzgado por juez competente en un proceso revestido de todas las formalidades legales, y respetando los derechos y garantías que legalmente le asisten y que en ese sentido consideramos que se produce la violación denunciada porque el imputado esta siendo sometido a un proceso por un hecho que, según la calificación jurídica que originalmente se le dio, la acción persecutoria ya prescribió, y por consiguiente, independiente de la circunstancia del mismo, no existe legitimación legal para la consecución de la causa promovida en su contra, por lo que estamos en presencia de un proceso penal irregular en razón de que el objeto de la causa, es decir el supuesto ilícito penal, es inexistente porque ha operado sin duda alguna una causa de exclusión de cualquier eventual responsabilidad penal, como lo es la prescripción de la acción penal; y que en el caso de autos los hechos atribuidos a su defendido sucedieron el seis de junio del año dos mil dos, y el Ministerio Publico promueve la correspondiente acción penal a través de un requerimiento fiscal el veintiuno de abril del año dos mil ocho y que siendo el delito atribuido a su defendido el de Lesiones Culposas, la pena abstracta seria de un año seis meses a tres años de reclusión y al tenor de lo que preceptúa el articulo 97 numeral 1 del citado código, el plazo de prescripción de la acción penal para un delito que tenga como pena la reclusión, es la duración máxima de la pena aumentada en la mitad, es decir que quedaría en cuatro años con seis meses y que habiéndose producido el hecho imputado a su defendido en fecha seis de junio del año dos mil dos, la prescripción opero luego de que se llego al seis de diciembre del año dos mil seis, sin haberse promovido acción penal alguna. Señala que la acción penal es la facultad de instar la jurisdicción por parte de quien esta legitimado para hacerlo de conformidad con la ley, facultad que de acuerdo con el articulo 25 del Código Procesal Penal corresponde al Ministerio Publico, en los supuestos de que se trate de un delito de acción Publica y que cuando se trate de delitos de acción privada, la ley faculta a la supuesta victima o sujeto pasivo del delito para que pueda instar directamente la acción penal, y que en ese sentido congruente con lo establecido en el articulo 99 del Código Penal, que establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe con el inicio del procedimiento contra el supuesto culpable, articulo que esta haciendo alusión al inicio de un proceso penal, el cual solo nace cuando se insta la acción penal ante la jurisdicción correspondiente; señala que sin duda la acción penal no se pone en movimiento cuando se interpone la denuncia ante el Ministerio publico, sino cuando este o la supuesta victima, en los casos autorizados por la Ley, acude a la jurisdicción planteando un requerimiento fiscal, acusación o querella; y que otra interpretación no calza con los principios que disciplinan la institución de la “acción”, ni se acomoda a nuestra legislación, y que en respaldo de lo anterior queda por decir que “acción” es la facultad o posibilidad de poner en movimiento la jurisdicción para la resolución de un conflicto inter subjetivo o social, al respecto cita al autor Faustino Cordón Moreno en su obra intitulada “Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal”, en la definición que hace dicho autor con respecto al concepto de “acción penal”, y también a los autores Víctor Moreno Catena, Valentín Cortes Domínguez y Vicente Gimeno Sendra, en su obra “Introducción al Derecho Procesal Penal”; finalmente señala que no es probable que se pueda promover acción penal alguna ante el Ministerio Publico y que tampoco se puede interrumpir su prescripción con una denuncia ante ese órgano de naturaleza administrativo y no jurisdiccional, lo cual queda confirmado con el articulo 6 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO: Que en el caso que ahora nos ocupa, se atribuye al imputado la comisión del delito de Lesiones tipificado en el artículo 133 del Código Penal, que expresa que lo comete quien cause daños que afecten el cuerpo o la salud física o mental de otra persona. Señalándose en el artículo 135 numeral 3 del referido Código, que “será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años, si la lesión produce el deterioro permanente de la salud, de un sentido, de un órgano o miembro principal, o si ocasiona un problema permanente para hacer uso normal de la palabra, o si inutiliza al ofendido para el trabajo por más de treinta (30) días o le ocasiona una deformación permanente en el rostro”; pena que en el caso subjúdice se reduce a la mitad al tratarse de una lesión culposa, tal y lo preceptuado en el artículo 138 del citado código. CONSIDERANDO: Que el artículo 96 del Código Penal establece que entre las causas de extinción de la responsabilidad penal se encuentra la de prescripción de la acción penal, indicando por su parte, el artículo 97 Nº 1) del mismo texto normativo, que “…la acción penal prescribe por el transcurso de un período igual al máximo de la duración de la sanción señalada por el delito, aumentada en la mitad, si fuere la de reclusión…”. CONSIDERANDO: Que el artículo 98 del Código Penal prescribe que “la prescripción de la acción penal empezará a correr desde el día en que se cometió la infracción, y en los delitos continuados, desde el día en que se ejecutare el último hecho o se realizare la última acción….”. CONSIDERANDO: Que el artículo 99 del Código Penal prevé que “…la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia…” CONSIDERANDO: Que el delito de Lesiones Culposas que se le atribuye al encausado tiene prevista una pena que oscila entre un año con seis meses a tres años, pero para efectos de prescripción debe aumentarse al máximo de duración de dicha pena la mitad de la misma, quedando así una nueva pena de cuatro años con seis meses, de ahí que desde el plazo requerido para entender que es prescrita la acción para su persecución, es de cuatro años con seis meses, mismo que debe contarse y transcurrir sin interrupción, al tenor de lo prescrito por el artículo 98 del Código Penal, que señala “..desde el día en que se cometió la infracción….” CONSIDERANDO: Que el Código Procesal Penal en su Libro Segundo del Procedimiento Ordinario, Titulo I Disposiciones Comunes al Procedimiento Ordinario, Capitulo Único, Disposiciones Generales y mas concretamente en el articulo 263 Nº 1) señala que el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos constara entre otras de la etapa preparatoria, y el articulo 264 del citado Código dispone que uno de los actos de la etapa preparatoria es la denuncia cuando se presente. CONSIDERANDO: Que el basamento de la acción de amparo interpuesta ante esta Sala, consiste en que la acción penal planteada ante el juez a-quo se encontraba prescrita al momento de iniciarse, de manera tal que, en el criterio del recurrente, la prescripción de la acción penal sólo puede interrumpirse por la acción que se incoe ante la jurisdicción penal por parte del Ministerio Publico, o del interesado en los casos en que la ley permite la acción privada; negando decididamente que la interposición de la denuncia ante el Ministerio Publico pueda conceptuarse como una interrupción al termino de acción de prescripción de la acción penal. Al respecto desarrolla tal tesis tomando en consideración la doctrina del monopolio de la acción penal, que en un sistema acusatorio como el nuestro, es atribuida al Ministerio Publico, a la luz de la doctrina penal contemporánea (citando a Moreno Catena, Córtes Domínguez y Gimeno Sendra, entre otros); en cuyo análisis, desde una concepción instrumental, argumenta que resultaría improbable que se pudiera promover acción penal alguna ante el Ministerio Publico, conditio sine qua non para interrumpir la prescripción de la misma; sobre todo tomando en consideración que este es un órgano de naturaleza administrativa, no jurisdiccional. CONSIDERANDO: Que cobra especial relevancia que el derecho fundamental invocado por el amparista implica una adecuada comprensión del concepto de acción penal, resultando del detenido análisis, que lo mas granado de la doctrina contemporánea la define como un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho y que se ejercita mediante la puesta en conocimiento del órgano investigador de una noticia criminis, haciendo surgir en este la obligación de dictar una resolución motivada y fundada sobre su admisión a tramite o su desestimación (Vid. Código Procesal Penal comentado, Palacios Mejia, José Maria y Fernández Entralgo, Jesús). En el mismo sentido, el jurista hondureño Félix Antonio Ávila Ortiz ha escrito: “De acuerdo a lo anterior, podemos decir que originariamente tienen acción penal todas aquellas personas directamente ofendidas por la infracción, quienes la ejercen desde el momento en que se presentan ante el Ministerio Publico o ante una dependencia de la Policía Nacional a poner en conocimiento la noticia criminis, es a partir de ese momento, que el Ministerio Publico en nombre de la sociedad se convierte en titular de la acción penal quien tiene la obligación ineludible de ejercitarla ante los tribunales de justicia (…) Mediante el derecho fundamental del libre acceso a los tribunales, los ciudadanos pueden hacer uso de la acción penal y obtener de aquellos una resolución motivada, fundada en derecho, congruente con la petición”. Por todo ello, no resulta de recibo que se haya lesionado de manera alguna el derecho al debido proceso en perjuicio del recurrente, ya que se mantiene incólume el mismo, así como el derecho fundamental a la justicia garantizado a todos los habitantes de la republica. CONSIDERANDO: Que la legalidad procesal penal, se refiere que la etapa preparatoria del proceso estará formada por los actos siguientes: 1) Denuncia, cuando se presente; 2) Investigación preliminar; 3) requerimiento fiscal; y, 4) Audiencia inicial (articulo 264 del Código Procesal Penal), con lo cual no queda duda alguna que la interposición de la denuncia en un delito de acción publica es parte constitutiva del proceso penal, y no a otra cosa se refiere normativamente el articulo 99 del Código Penal cuando establece que la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie el procedimiento contra el culpable… debiendo entenderse tal enunciado a la luz del derecho procesal contemporáneo, dado que desde el año dos mil dos nuestro país ha ido superando el procedimiento penal inquisitorio y desarrollando a contrario sensu, un proceso penal mixto, donde prevalece la oralidad, la inmediación, la publicidad y los demás principios rectores del proceso; por lo cual resulta aplicable al caso de merito, que habiéndose presentado una denuncia ante las autoridades de la Policía Nacional o del Ministerio Publico, con ello se ha iniciado el proceso de investigación y juzgamiento a que se refiere el articulo 263 del Código Procesal Penal, produciendo entre otros efectos procesales, la interrupción de la prescripción penal en lo que concierne al caso. CONSIDERANDO: Que la valoración en el orden a determinar si procede o no decretar la extinción de la responsabilidad criminal, cuando se debate la probable prescripción de la acción penal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que al tenor de las razones anteriormente expuestas y a modo de conclusión podemos afirmar, que hasta este momento procesal no se infiere de manera indubitada que el plazo de prescripción alegado por la defensa, efectivamente haya transcurrido, de tal manera que el fallo del ad-quem de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil ocho, se encuentra conforme a derecho y no ha vulnerado la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, así que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 90, 183, 303, 304, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 96 Nº 6, 97 Nº 1, 98, 99, 133, 135 Nº 3 y 138 del Código Penal; 263,264, 267 y 272 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE MARCELINO VARGAS, a favor del señor LUIS ALBERTO NAVARRO BUSTILLO, contra la resolución dictada en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil ocho, por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.-NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 594-P307-P347=09.-