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Sentencia AP-560-08 — Registro 3830

Resumen

Sentencia recurrida declaro sin lugar recurso de apelación y confirmó sobreseimiento definitivo contra imputados por el delito de estafa y abuso de autoridad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que esta Sala manifiesta que la estafa constituye un delito que admite diferentes formar que concretarse. Así, nuestro legislador define la estafa en el artículo 240 del Código Penal y establece que comete el delito de estafa quien:.. “con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación ó valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”. Así, esta Sala, después de una revisión de los antecedentes se observa que no existen actos que cotejados con el tipo penal de estafa y abuso de autoridad hayan dado indicios de la comisión de los ilícitos penales en análisis. Se señala lo anterior puesto que los quejosos firmaron los contratos que contenían las cláusulas antes transcritas, de las que se deducen que el servicio a prestar no era el servicio común que desempeña un vigilante en nuestra sociedad, aun con los márgenes de criminalidad que exista en Honduras. Al estampar su firma en los contratos tenían conocimientos de los riesgos a correr, y por ello, la preparación fue diferente, pues el requerimiento de la labor, aun siendo de vigilante era diferente. CONSIDERANDO (5): Que en esencia, el Quejoso, al impugnar la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones, recurre en amparo contra el sobreseimiento definitivo confirmado en vía de recurso, por dicho Tribunal de Alzada, alegando que se le violentó a sus representados el derecho de defensa y el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “..Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese sentido, la garantía genérica del debido proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a la solución de la controversia. CONSIDERANDO (7): Que dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. CONSIDERANDO (8): Que se ha dicho en otras sentencias que, la valoración de las pruebas de cargo dirigidas a probar la comisión de un hecho delictivo y la participación de alguna persona en su ejecución, es una atribución propia de los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello la garantía genérica, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (9): Que por lo antes expuesto en el caso que ahora nos ocupa, se manifiesta que la motivación externada por la Corte Primera de Apelaciones al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez A Quo, no aparece como insuficiente, contradictoria o arbitraria, y si con apego a las reglas mínimas de la claridad, la lógica y la coherencia. CONSIDERANDO (10): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo. CONSIDERANDO (11): Que la Sala considera que la decisión tomada por la Corte de Apelación y que piden se revise, no es violatoria del derecho de defensa ni del debido proceso, en virtud de que es producto de un ejercicio de valoración de la prueba testifical con la prueba DOCUMENTAL, sobre lo cual la Corte concluye que en efecto NO existen los indicios necesarios para determinar la participación de los imputados en el delito de estafa y violación de los deberes de los funcionarios, y siendo que la sentencia venida en amparo, contiene en su motivación una valoración jurídica adecuada, la Sala de lo Constitucional concluye que es procedente denegar el recurso de amparo por considerar que la sentencia impugnada no es violatoria de los derechos fundamentales que se señalan."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de octubre del año dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el abogado GERMAN EDGARDO ENAMORADO AGUILAR, actuando en su condición de fiscal titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a favor de los señores VICTOR MANUEL CAMPOS, unión libre, albañil y de este domicilio, DANIEL ALVARADO MATAMOROS casado y este domicilio, MARIO RENE URQUIA VILLEDA casado y de este domicilio, SAUL EDGARDO MARADIAGA casado, Técnico en Electricidad y de este domicilio y JORGE EVELIO CARRILLO unión libre, electricista y de este domicilio, todos hondureños y mayores de edad, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil ocho, que declara sin lugar un Recurso de Apelación, interpuesto por el Ministerio Público y confirmó un sobreseimiento definitivo, dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de febrero del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra los señores BENJAMIN CANALES RUBI, JOSE ANTONIO PEREIRA ORTEGA, IVETH CRISTELA ANDINO AGUILAR y JOSE ANGEL MENDEZ, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de VICTOR MANUEL CRUZ, JORGE EVELIO CARRILLO y OTRAS PERSONAS; contra DANILO AMAYA ENAMORADO, JOSE RENE OLIVA EUCEDA, LUIS PINEDA BATRES, ISMAEL MENDOZA y SELVIN PINEDA por suponerlos responsables del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y contra ROGER CACERES TORRES, Por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado GERMAN ENAMORADO AGUILAR, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores BENJAMIN CANALES RUBI, JOSE ANTONIO PEREIRA ORTEGA, IVETH CRISTELA ANDINO AGUILAR y JOSE ANGEL MENDEZ, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de VICTOR MANUEL CRUZ, JORGE EVELIO CARRILLO y OTRAS PERSONAS; contra DANILO AMAYA ENAMORADO, JOSE RENE OLIVA EUCEDA, LUIS PINEDA BATRES, ISMAEL MENDOZA y SELVIN PINEDA por suponerlos responsables del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y contra ROGER CACERES TORRES, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que en fecha doce de febrero del año dos mil ocho, el Juzgado instructor, en audiencia inicial dictó resolución mediante la cual; a) decretó sobreseimiento definitivo a favor de los imputados LUIS PINEDA BATRES y DANILO AMAYA ENAMORADO; b) revocó las medidas cautelares a ellos impuestas; y c) ordenó extender las respectivas cartas de libertad, por considerar que lo que ha existido entre la empresa YOUR SOLUTIONS HONDURAS y los ofendidos es una relación eminentemente laboral, en la cual los ofendidos firmaron voluntariamente dicho contrato, el cual a sido objeto de incumplimiento por parte del contratante (YOUR SOLUTIONS HONDURAS) y no observándose en esta relación de trabajo que se esté ante la comisión de un delito de estafa ante el incumplimiento de dicho contrato, en lo que se refiere a las cláusulas económicas y otras, dicha acción debe de promoverse ante los Juzgados de Trabajo y no en esta instancia penal; fundamentando su decisión en los artículos 294 numeral 2 y 296 numeral 1 del Código de Procesal Penal. 3) Que en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, dictó resolución, mediante la cual declaró; a) sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado GERMAN ENAMORADO AGUILAR, en su condición de fiscal del Ministerio Público; y b) confirmó el sobreseimiento definitivo de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, dictado en audiencia inicial por el Juzgado instructor, por considerar que se cumplieron con todos los requisitos que la legislación nacional establece como necesarios para autorizar el reclutamiento, contratación y desplazamiento de aquellos trabajadores a Irak, encontrándose por consiguiente exentos de toda responsabilidad penal los funcionarios públicos que obraron en el ejercicio legítimo de sus cargos, ya que no concurren los presupuestos legitimadores que tanto la Constitución de la República como el ordenamiento penal adjetivo establecen como necesarios para decretar prisión; cita el Ad-quem como fundamento legal de su decisión en los artículos 294, 296 numeral 1 del Código Procesal Penal. 4) EL recurrente abogado GERMAN EDGARDO ENAMORADO AGUILAR, compareció ante este Tribunal, el tres de noviembre del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor de los señores VICTOR MANUEL CAMPOS, DANIEL ALVARADO MATAMOROS, MARIO RENE URQUIA VILLEDA, SAUL EDGARDO MARADIAGA y JORGE EVELIO CARRILLO, afirmando que la decisión del Ad quem de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que el Tribunal de alzada motiva su resolución con respecto a cada uno de los acusados y manifiesta que: “A los efectos de pronunciarse sobre los extremos el recurso de apelación que se decide, este Tribunal de Alzada considera: a) En lo que concierne a la conducta de los señores BENJAMIN CANALES RUBI, JOSE ANTONIO PEREIRA ORTEGA e IVETH CRISTELA ANDINO AGUILAR, se estima que por el hecho de haber actuado en representación de Your Solutions Honduras, S. de R.L., como intermediaria de Your Solutions Incorporated, para posibilitar el reclutamiento de personal que se desempeñaría como Guardas de Seguridad en Irak, no se subsume ese actuar en el tipo penal de Estafa que el Ministerio Público les atribuye con base en el Articulo 240 del Código Penal, pues no aparece ninguna prueba de cargo que conduzca a esta instancia a deducir que tales encartados hayan actuado con nombres supuestos, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, ni que hayan fingido ser dueños de bienes, créditos, empresas o negociación, o que se hayan valido de cualquier artificio, astucia o engaño para inducir a error a los trabajadores contratados, defraudándolos en provecho propio o ajeno; b) que en lo que atañe a los señores DANILO AMAYA ENAMORADO, LUIS PINEDA BATRES y JOSE RENE OLIVA EUCEDA a quienes el ente acusador les atribuye la comisión del delito de violación de los Deberes de los Funcionarios, es criterio de esta Corte que tampoco en el subexamine concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo; los dos primeros porque como Coordinador de la Unidad de Registro, Supervisión y Control de las Empresas de Seguridad y Secretario General, respectivamente, no infringieron ninguno de los deberes o responsabilidades que la normativa les atribuía respecto del control de las empresas de seguridad, omitiendo, rehusando o retardando algún acto, desde que Your Solutions Honduras, S. de R.L. no actuó con conducta alguna reprochable que eventualmente hubiese conducido a ser sancionada; y en el caso del señor JOSE RENE OLIVA EUCEDA, porque no existe prueba alguna que él en tanto SubJefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, haya autorizado que a las personas contratadas para prestar servicios como guardas de seguridad en Irak, se les entrenase como soldados en el Centro de Adiestramiento Militar del Ejército (CAME) en Olancho.” CONSIDERANDO (2): Que arguye el tribunal de alzada que conforme las disposiciones legales vigentes, corresponde a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, regular, supervisar y controlar el reclutamiento y la contratación de trabajadores hondureños para la prestación de servicios o ejecución de obras en el extranjero; de manera que, se acreditaron dos situaciones; una: se acreditó en sede administrativa que las relaciones de trabajo entre los trabajadores que prestarían servicios como Guardas de Seguridad en Irak, estaban respaldadas por contratos individuales de trabajo que garantizaban a los trabajadores sus derechos fundamentales; y dos se acreditó la existencia de un seguro médico y de vida para proteger a los contratados respecto a los riesgos de su labor. A criterio del segunda instancia, se cumplieron con todos los requisitos que la legislación nacional establece como necesarios para autorizar el reclutamiento, contratación y desplazamiento de los trabajadores en Irak; encontrándose por consiguiente exentos de toda responsabilidad penal los funcionarios públicos que obraron en su ejercicio legítimo de sus cargos.- Concluye la Corte de Apelaciones recurrida que en caso de que hipotéticamente la empresa empleadora o quien actuó como su intermediaria, no hubiese cumplido con algunas de las obligaciones contractuales asumidas en los respectivos instrumentos, dicho incumplimiento en nada enerva la relación interpartes, y, señalan, sigue estando sujeta a la justicia laboral, por lo que señalan que quienes se consideren afectados pueden deducir los reclamos que en derecho correspondan, pero no en materia penal. CONSIDERANDO (3): Que de la revisión de los contratos de trabajo, se leen las cláusulas siguientes: “… OCTAVA: PELIGROSIDAD EN EL AMBIENTE.- EL CONTRATADO entiende y reconoce que la prestación de los servicios a que se refiere el presente contrato lo expondrán a grandes riesgos e inminentes peligros y que estará expuesto a los muchos riesgos de un ambiente hostil incluyendo y no limitándolo a las amenazas propias de una situación de guerra, por lo cual EL CONTRATADO reconoce y está al tanto de que el desempeño de sus labores lo pueden exponer a daños a su persona y propiedad, así como provocar su muerte, invalidez o incapacidad. CLAUSULA NOVENA: PRESUNCION DE RIESGO.- EL CONTRATADO voluntariamente y a su conocimiento reconoce los riesgos a que será sometido y expuesto por la naturaleza de su labores así como los riesgos conocidos como a los desconocidos a que pueda afrontarse en el transcurso de su entrenamiento así como en el desempeño de su servicios incluyendo el de transporte y viajes de un destino a otro. Firmando Constancia de que la Autoridad del Trabajo, le ha advertido sobre los peligros y riesgos que conlleva la naturaleza del trabajo. CLAUSULA DECIMA: REPRESENTACION Y REQUSITOS DE EL CONTRATADO. EL CONTRATADO declara que: a)…, b) posee un mínimo de dos años de experiencia militar, policial o de oficial de seguridad. c) se encuentra física y mentalmente en forma para soportar los rigores del ambiente a sus labores. d)…, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INFORMACION CONFIDENCIAL.- Se considera información confidencial toda aquella que sea proporcionada por EL CONTRATANTE así como el material puesto a su conocimiento incluyendo los términos del presente contrato al igual que cualquiera información que EL CONTRATANTE y EL CONTRATADO consideren de índole Confidencial. EL CONTRATADO deberá cumplir fielmente con la secretividad sobre todo con la información obtenida en el desarrollo de las actividades que realice para EL CONTRATANTE, cuyo contenido será estrictamente confidencial, estableciéndose la prohibición de realizar a favor de un tercero informes en forma escrita, verbal o a través de cualquier otro medio sobre estas actividades, incluyendo a otra Compañía. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala manifiesta que la estafa constituye un delito que admite diferentes formar que concretarse. Así, nuestro legislador define la estafa en el artículo 240 del Código Penal y establece que comete el delito de estafa quien:.. “con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación ó valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”. Así, esta Sala, después de una revisión de los antecedentes se observa que no existen actos que cotejados con el tipo penal de estafa y abuso de autoridad hayan dado indicios de la comisión de los ilícitos penales en análisis. Se señala lo anterior puesto que los quejosos firmaron los contratos que contenían las cláusulas antes transcritas, de las que se deducen que el servicio a prestar no era el servicio común que desempeña un vigilante en nuestra sociedad, aun con los márgenes de criminalidad que exista en Honduras. Al estampar su firma en los contratos tenían conocimientos de los riesgos a correr, y por ello, la preparación fue diferente, pues el requerimiento de la labor, aun siendo de vigilante era diferente. CONSIDERANDO (5): Que en esencia, el Quejoso, al impugnar la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones, recurre en amparo contra el sobreseimiento definitivo confirmado en vía de recurso, por dicho Tribunal de Alzada, alegando que se le violentó a sus representados el derecho de defensa y el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “..Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese sentido, la garantía genérica del debido proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a la solución de la controversia. CONSIDERANDO (7): Que dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. CONSIDERANDO (8): Que se ha dicho en otras sentencias que, la valoración de las pruebas de cargo dirigidas a probar la comisión de un hecho delictivo y la participación de alguna persona en su ejecución, es una atribución propia de los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello la garantía genérica, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (9): Que por lo antes expuesto en el caso que ahora nos ocupa, se manifiesta que la motivación externada por la Corte Primera de Apelaciones al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez A Quo, no aparece como insuficiente, contradictoria o arbitraria, y si con apego a las reglas mínimas de la claridad, la lógica y la coherencia. CONSIDERANDO (10): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo. CONSIDERANDO (11): Que la Sala considera que la decisión tomada por la Corte de Apelación y que piden se revise, no es violatoria del derecho de defensa ni del debido proceso, en virtud de que es producto de un ejercicio de valoración de la prueba testifical con la prueba DOCUMENTAL, sobre lo cual la Corte concluye que en efecto NO existen los indicios necesarios para determinar la participación de los imputados en el delito de estafa y violación de los deberes de los funcionarios, y siendo que la sentencia venida en amparo, contiene en su motivación una valoración jurídica adecuada, la Sala de lo Constitucional concluye que es procedente denegar el recurso de amparo por considerar que la sentencia impugnada no es violatoria de los derechos fundamentales que se señalan. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado, de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 n.2, 9 n.2, 41, 42, 51, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidos días del mes de noviembre del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha doce de octubre del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 560=08/P460=09.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL