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Sentencia AP-517-09 — Registro 3828

Resumen

Sentencia recurrida que confirmo el auto de prisión dictado en primera instancia contra el impetrante por el delito de Tortura

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en ese sentido entiende esta Sala que es facultad del Juez de instrucción o en su caso del Ministerio Publico en la etapa preparatoria seleccionar el perito correspondiente con conocimiento de las partes, también entiende que como consecuencia del principio de contradicción, debe entenderse que dicha intervención activa de las partes, y como regla general, deberá ocurrir una vez que el Ministerio Publico haya decidido formular requerimiento; y, como excepción, y siempre que con ello no se perjudique la eficacia en la persecución penal, durante la etapa de investigación, en ese orden de ideas entendemos que el examen que el medico forense practicado a los lesionados, se hizo por orden del juzgado instructor a petición del Ministerio Publico y previo a que se presentara el respectivo requerimiento fiscal, acto que como ya se dejo apuntado anteriormente, no concitaba que en el mismo tenían que estar presentes todas las partes.CONSIDERANDO: Que el artículo 294 del Código Procesal establece que “…la parte que pretenda introducir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes…” De esa disposición legal trascrita lo que cabe deducir, es que por aplicación del principio de celeridad procesal, le tocara entonces al juez instructor decidir si le da eficacia alguna a los medios probatorios incorporados en la misma o a contrario sensu negarles eficacia en orden a su valoración, con lo cual una vez dilucidado esto, el juzgador estimara si procede dictar o no el correspondiente auto de prisión, o en su caso, el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa.CONSIDERANDO: Que en ese sentido podemos afirmar, que los dictámenes que en su oportunidad fueron rendidos por el medico forense Doctor RAMON ADOLFO HENRIQUEZ, siendo que indiscutiblemente en el caso de mérito formaban parte del expediente investigativo, los mismos fueron correctamente valorados en sede judicial por parte del a-quo al momento de celebrarse la audiencia inicial.CONSIDERANDO: Que la resolución de la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, no violenta en perjuicio del señor HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, las reglas esenciales del debido proceso, ni el derecho de la defensa que le asiste."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFIACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto ante éste Alto Tribunal, por la abogada YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, mayor de edad, soltera, hondureña, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 09484, con despacho profesional ubicado una cuadra al Oeste del Instituto Privado Juticalpa, en la ciudad de Juticalpa departamento de Olancho, a favor del señor HETZER GEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, mayor de edad, subinspector de policía, hondureño y con residencia en la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán; contra la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil ocho, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, que confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, el siete de octubre de dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra el señor HETZER GEOVANNY RODRIGUEZ FLAMENCO, por suponerlo responsable del delito de TORTURA en perjuicio de los señores ROQUE YONARI MONCADA FUNEZ y RICARDO RAFAEL MERAZ RAMIREZ.ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Seccional del departamento de Olancho, la abogada ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y TORTURA, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA y de los señores ROQUE YONARI MONCADA FUNEZ y RICARDO RAFAEL RAMIREZ MERAZ respectivamente. 2) Que en audiencia inicial celebrada el día siete de octubre de dos mil ocho, el Juez A-quo decretó auto de prisión contra el señor HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, por el delito de TORTURA, en perjuicio de los señores ROQUE YONARI MONCADA FUNEZ y RICARDO RAFAEL RAMIREZ MERAZ, ratificándole las medidas cautelares sustitutivas impuestas en la audiencia de declaración de imputado, por considerar que existen los indicios y presupuestos legitimadores para considerar que el imputado cometió el delito por el cual se le dicta el auto de prisión.3) Que conociendo de los autos por el recurso de apelación interpuesto por la abogada YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, en su condición de apoderada legal del señor HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil ocho, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el citado recurso y confirmó la resolución recurrida, por considerar que en el caso de mérito se cumplen los dos presupuestos legitimadores necesarios para dictar auto de prisión.- Fundamenta su fallo el ad-quem en los artículos 92 de la Constitución de la República; 209-A del Código Penal y 297 del Código Procesal Penal.4) Que la abogada YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de febrero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, alegando que la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, dictada por el Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que la sentencia recurrida es la dictada en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil ocho, por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, misma que en su fundamentacion factica y jurídica expresa lo siguiente: (Sic.) “Que el articulo 92 de la Constitución de la Republica, al igual que el articulo 297 párrafo segundo del Código Procesal Penal, establecen los dos presupuestos legitimadores que necesariamente deben concurrir para que se dicte auto de prisión, y que el articulo 209-A del Código Penal define quien comete el delito de Torturas; por lo que en el caso de mérito con la declaración de los ofendidos aunado a los dictámenes forenses que ratifican los golpes recibidos por los internos, los señores ROQUE YONARI MONCADA FUNEZ y RICARDO RAFAEL RAMIREZ MERAZ, en el Centro Penal de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho por la persona que en ese entonces fungía como Director de dicha institución Penitenciaria, así como de los testigos de referencia que sindican al imputado como la persona que le propino los golpes a las victimas, por lo que en el caso de merito se cumplen los dos supuestos consignados en los artículos 92 constitucional y 297 del Código Procesal Penal; y que al tenor de lo preceptuado en el articulo 321 del Código Procesal Penal, en el caso subjúdice no han ocurrido hechos nuevos relacionados con el objeto del juicio, por lo que el a-quo en la audiencia inicial ha calificado los hechos en el tipo penal que le solicito el ente acusador el cual es conforme con el material probatorio allegado a la causa a nivel de probabilidad y en consonancia con lo que dispone el articulo 294 del Código Procesal Penal que define lo que es la audiencia inicial; y que en atención a lo preceptuado en el artículo 246 del citado Código, fue que por parte del a-quo se ordenaron los dictámenes médicos realizados a los ofendidos, prueba que no admite contradictorio por su propia naturaleza, pero que de ser introducida al debate deberá estar sujeta a lo que se consigna en el articulo 311 numeral 5 del ya citado Código”. CONSIDERANDO: Que a juicio de la amparista la resolución judicial del ad-quem ha violentando la garantía del derecho de defensa consignada en el artículo 82 constitucional en relación con los artículos 14 y 15 del Código Procesal Penal, y la garantía genérica del Debido Proceso consignada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, al respecto expone que tales vulneraciones se suscitan por que: “Habiéndose presentado requerimiento fiscal en contra de su defendido el señor HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Torturas en perjuicio de la administración Publica y los señores ROQUE YONARI MONCADA FUNEZ y RICARDO RAFAEL RAMIREZ MERAZ, previo al citado requerimiento el Ministerio Publico a través de su agente fiscal solicito al juzgado instructor que se ordenara la evaluación medica de los ofendidos por el medico forense, con las formalidades de la prueba anticipada, es decir que en la referida evaluación tenían que intervenir todas las partes o actores procesales, como ser el juez, el fiscal y la defensa; pero que el medico forense Doctor RAMON ADOLFO HENRIQUEZ, procedió a evaluar médicamente a los lesionados, examen que practico sin que el juez, la defensa y el fiscal hayan estado presente; en ese sentido al consagrar el articulo 82 de la Constitución de la Republica la inviolabilidad del derecho de defensa en relación con los citados artículos del Código Procesal Penal, por lo que al no llevarse a cabo tal reconocimiento forense con las formalidades de la prueba anticipada por la ausencia de las partes, vuelve nulo tales dictámenes, y al servir tal medio probatorio de sustento para que el a-quo dictara el auto de prisión en contra de su defendido con ello se han violentado en perjuicio del imputado las garantías constitucionales invocadas. CONSIDERANDO: Que el artículo 92 de la Constitución de la Republica dice que: “No podrá proveerse auto de prisión sin que preceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor”. Al tenor de lo preceptuado en la norma constitucional citada, es criterio de esta Sala de lo Constitucional que al analizar si en un caso concreto, es procedente o no que se dicte un auto de prisión, es una cuestión que si tiene relevancia constitucional y por lo tanto es una materia susceptible de ser conocida en amparo. CONSIDERANDO: Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, es una atribución que en esencia le corresponde ejercer a los Jueces y Tribunales de instancia competentes en el área penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que al imputado HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, se le atribuye la comisión del delito de Tortura, previsto en el artículo 209-A del Código Penal, que se describe como la acción del empleado o funcionario público que abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. CONSIDERANDO: Que en cuanto a la eficacia de los dictámenes médicos rendidos como prueba anticipada en la fase de investigación preeliminar, es necesario hacer una reflexión previa sobre la naturaleza y propósito de la fase de investigación preeliminar y de la audiencia inicial.CONSIDERANDO: Que la etapa preparatoria del Proceso Penal en su fase de investigación, tiene como propósito esclarecer los hechos para que las partes puedan efectuar las afirmaciones acusatorias o exculpatorias, mismas que después en el juicio oral se verificarán con la prueba que se aporte, con el fin de servir de fundamento a la sentencia. Para ello, es imprescindible aclarar, que si bien es cierto que los elementos de investigación o actos de investigación que se reúnen en esta etapa, aún no valen estrictamente como prueba, entendiéndose como tal la que se reproduce en la etapa del juicio oral y publico, también es cierto que los mismos serán suficientes y relevantes, salvo aporte de la defensa en contrario, para decidir sobre la procedencia de continuar el proceso y encausarlo hasta el juicio oral y público.CONSIDERANDO: Que esa veracidad y relevancia de los actos de investigación, es garantizada por disposición del Código Procesal Penal; según el cual, corresponde al Ministerio Público (vid. artículos 272 y 279) practicar la investigación para desentrañar los elementos de existencia del supuesto hecho delictivo; debiendo entonces el juzgador tomar en cuenta que dicha entidad del Estado, actúa bajo el Principio de Objetividad, por lo que merece credibilidad suficiente en sus actuaciones, salvo aporte de la defensa en contrario y valorado prudentemente por el juez; es decir, los actos de investigación no son suficientes para fundamentar la sentencia definitiva, dictada por el Tribunal de Sentencia; pero si, como material indiciario en las etapas preparatoria e intermedia del proceso, para acreditar la probable realidad del hecho imputado, su relevancia jurídico penal y sobre la supuesta culpabilidad de la persona imputada; así como de la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de medidas cautelares y con ello establecer la situación jurídica del imputado durante la sustanciación del proceso.CONSIDERANDO: Que el examen de los antecedentes nos revela que el médico forense Doctor RAMON ADOLFO HENRIQUEZ O., reconoció físicamente a los ofendidos (Vid. Folios 24 al 26 de la p.p.a.), nombramiento que se dio precisamente por el a-quo a solicitud del Ministerio Publico, de ahí que por las particularidades del caso que ahora nos ocupa, resulta pertinente lo dispuesto por el artículo 242 del Código Procesal Penal que expresa lo siguiente: “El Tribunal de Sentencia competente, y durante la etapa preparatoria, el Ministerio Publico o el Juez, con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionaran los peritos…..”, en ese sentido entiende esta Sala que es facultad del Juez de instrucción o en su caso del Ministerio Publico en la etapa preparatoria seleccionar el perito correspondiente con conocimiento de las partes, también entiende que como consecuencia del principio de contradicción, debe entenderse que dicha intervención activa de las partes, y como regla general, deberá ocurrir una vez que el Ministerio Publico haya decidido formular requerimiento; y, como excepción, y siempre que con ello no se perjudique la eficacia en la persecución penal, durante la etapa de investigación, en ese orden de ideas entendemos que el examen que el medico forense practicado a los lesionados, se hizo por orden del juzgado instructor a petición del Ministerio Publico y previo a que se presentara el respectivo requerimiento fiscal, acto que como ya se dejo apuntado anteriormente, no concitaba que en el mismo tenían que estar presentes todas las partes.CONSIDERANDO: Que el artículo 294 del Código Procesal establece que “…la parte que pretenda introducir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes…” De esa disposición legal trascrita lo que cabe deducir, es que por aplicación del principio de celeridad procesal, le tocara entonces al juez instructor decidir si le da eficacia alguna a los medios probatorios incorporados en la misma o a contrario sensu negarles eficacia en orden a su valoración, con lo cual una vez dilucidado esto, el juzgador estimara si procede dictar o no el correspondiente auto de prisión, o en su caso, el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa.CONSIDERANDO: Que en ese sentido podemos afirmar, que los dictámenes que en su oportunidad fueron rendidos por el medico forense Doctor RAMON ADOLFO HENRIQUEZ, siendo que indiscutiblemente en el caso de mérito formaban parte del expediente investigativo, los mismos fueron correctamente valorados en sede judicial por parte del a-quo al momento de celebrarse la audiencia inicial.CONSIDERANDO: Que la resolución de la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, no violenta en perjuicio del señor HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, las reglas esenciales del debido proceso, ni el derecho de la defensa que le asiste. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 59, 82, 90, 92, 303, 304, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 8, 14, 15, 167 Nº 1, 198, 199, 202, 242, 246, 264, 294, 297 Nº 2 y 311 Nº 5 del Código Procesal Penal; 209-A del Código Penal; 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63, 72 y 73 de La Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Denegando el recurso de Amparo interpuesto por la abogada YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, en su condición de apoderada defensora del señor HETZER JEOVANY RODRIGUEZ FLAMENCO, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil ocho, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintinueve de julio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No 517-P 344=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL

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