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Sentencia AP-427-08 — Registro 3819

Resumen

Sentencia recurrida declara sin lugar recurso de apelación contra auto que desestima excepciones de falta de acción, cuando no pueda proseguirse y la extinción de la acción penal y dicta sobreseimiento definitivo contra uno de los querellados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que esta Sala observa, de acuerdo al artículo 408 párrafo segundo del Código Procesal Penal, taxativamente dispone que si durante la audiencia o en cualquier estado del juicio se logra la conciliación se dictara sobreseimiento definitivo, tal como sucedió en el caso planteado entre las señoras LIGIA MARCELA RODRIGUEZ y CLAUDIA MARCELA KAFATI, con el Acuerdo de Conciliación concertado entre ellas, por lo que el Sobreseimiento Definitivo dictado solo les abarca a ellas y está conforme a Derecho; la resolución del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, responde a una solicitud de homologación del acuerdo de conciliación extrajudicial, con la presentación de un documento, con lo que se sobresee la querella interpuesta contra la señora LIGIA MARCELA RODRIGUEZ, siendo especifica para una de las partes querelladas por el delito de injurias constitutivas de difamación en perjuicio de CLAUDIA MARCELA KAFATI, y no se puede pretender que se interprete esa resolución a favor de las demás partes querelladas que no hayan llegado a ningún acuerdo de conciliación extrajudicial. "Que la Sala de lo Constitucional ha examinado el recurso y sus antecedentes y encuentra que efectivamente, la sentencia recurrida no lesiona, ni limita la garantía del derecho de petición, desarrollada en el articulo 80 constitucional, la garantía que consagra el Derecho de Defensa establecida en el articulo 82, el Debido Proceso que lo establece el articulo 90, y el Principio de Legalidad, artículos 321 y 323 de la Ley Fundamental, invocados como infringidas en el fallo en cuestión; y el recurrente está haciendo uso de los instrumentos procesales a su alcance en defensa del procesado a favor de quien se recurre; y el Tribunal tanto de primera instancia como de segunda, son los competentes y los previamente establecidos como Jueces naturales para conocer del negocio jurídico de que se trata, por lo que no se encuentra ofendido ningún derecho de la persona imputada. " Que conforme a las consideraciones anteriores, procede denegar el recurso objeto de ésta sentencia"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio del año dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, a favor del señor EDUARDO KAFATI GEADAH, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo de dos mil ocho, mediante la cual, confirma la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial, el treinta y uno de marzo de dos mil ocho; con relación a la Querella por el Delito de Injurias constitutivas de Difamación interpuesta por el abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, en su condición de apoderado legal de la señora CLAUDIA MARCELA KAFATI SANTOS, también conocida como MARCELA KAFATI, también conocida como MARCELA KAFATI de ZELAYA, contra los señores KHALIL EDUARDO KAFATY GEADAH, también conocido como EDUARDO KAFATY GEADAH y LIGIA MARCELA RODRIGUEZ RAMIREZ.ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de febrero del año dos mil siete, compareció ante el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, en su condición de apoderado legal de la señora CLAUDIA MARCELA KAFATI SANTOS, también conocida como MARCELA KAFATI, también conocida como MARCELA KAFATI de ZELAYA, presentando Querella por el Delito de Injurias constitutivas de Difamación contra los señores KHALIL EDUARDO KAFATI GEADAH, también conocido como EDUARDO KAFATI GEADAH y LIGIA MARCELA RODRIGUEZ RAMIREZ.2) Que en fecha cuatro de febrero de dos mil ocho, los abogados Marco Antonio Cálix Molina y Juan Sánchez Cantillano, actuando como apoderados legales de los señores Eduardo Kafati Geadah, conocido también como Khalil Eduardo Kafati Geadah y Andrés Nicolás Kafati Geadah respectivamente, comparecieron ante el citado tribunal, interponiendo las excepciones de falta de acción, cuando no pueda proseguirse y la extinción de la acción penal.3) Que el catorce de febrero de dos mil ocho, comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial, los abogados Julio César Ramírez Mejía y Tito Hernández Salgado, como apoderados de la señora Claudia Marcela Kafati Santos, promoviendo Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir e inclusive de los escritos de excepciones presentados por las partes querelladas el cuatro de febrero de dos mil ocho.4) Que en audiencia de nulidades y excepciones celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, el Tribunal de Sentencia declaró sin lugar las excepciones planteadas por las partes defensoras, por considerar que la víctima siempre mostró interés en proseguir con la acción privada, además el sobreseimiento definitivo decretado a favor de la señora Ligia Marcela Rodríguez se dictó por la homologación del acuerdo de conciliación extrajudicial realizado entre la querellante y la querellada antes citada.5) Que conociendo de los autos por los Recursos de Apelación interpuestos por los abogados Juan Sánchez Cantillano y Marco Antonio Cálix Molina, en sus condiciones ya indicadas, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de ésta Sección Judicial, el treinta de mayo de dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso y CONFIRMÓ la resolución apelada, por considerar que el acuerdo de conciliación celebrado entre las señoras Ligia Marcela Rodríguez y Claudia Marcela Kafati, es aplicable únicamente a ellas sin favorecer a las demás partes querelladas y en cuanto a la celebración de la audiencia de conciliación deberá ser celebrada cuando las partes estén legalmente convocadas, llenando las formalidades legales pertinentes. Cita la corte como fundamento legal de su fallo los artículos 45 y 408 del Código Procesal Penal.6) El recurrente abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor del señor EDUARDO KAFATY GEADAH, conocido también como KHALIL EDUARDO KAFATY GEADAH, afirmando que la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil ocho, emitida por la citada Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 párrafos primero y segundo, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (1): Que se conoce el recurso de amparo penal interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor del señor EDUARDO KAFATI GEADAH, contra un auto dictado por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha treinta de mayo de dos mil ocho, que declara sin lugar un recurso de apelación contra el auto que desestima unas excepciones confirmando la resolución apelada de fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho dictado por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en relación a la querella promovida por la señora CLAUDIA MARCELA KAFATI SANTOS por suponerlo responsable del delito de CALUMNIA en contra de los señores EDUARDO KAFATI GEADAH y ANDRES NICOLAS KAFATI GEADAH.CONSIDERANDO (2): Que el recurrente muestra su inconformidad con la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, por estimar que la misma lesiona las garantías constitucionales de su representado, derechos que enuncia, trascribe y desarrolla en el escrito de formalización de la presente acción; constitutivas de la garantía del Derecho de Petición, desarrollada en el articulo 80 constitucional, garantía del Derecho de Defensa artículo 82, el Debido Proceso artículo 90 párrafo primero, y el Principio de Legalidad artículos 321 y 323 de la Ley Fundamental, al respecto conviene de previo, orientar el presente estudio o examen a las decisiones de carácter procesal dictadas por el Tribunal ad-quem, a efecto de establecer si las mismas responden al merco adjetivo legal o en su caso, si las resolución censurada se ve comprometida con las garantías constitucionales que aduce el reclamante.CONSIDERANDO (3): Que el Ministerio Publico en su dictamen, en su parte medular, dice lo siguiente: “El planteamiento presentado por el impetrante en su formalización de su recurso de amparo no puede considerarse de contenido constitucional, pues si bien es cierto él estima que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones, y que confirma la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, le vulnera los derechos antes mencionados, se puede determinar que éste interpone el amparo por no estar de acuerdo con la resolución y no porque dicha resolución le violente los derechos que menciona, ya que esta resolución en efecto resuelve, en el momento procesal oportuno, sobre el fondo del asunto planteado fundamentándose en derecho, siendo uno de los elementos que componen el Debido Proceso el derecho a una resolución que de respuesta al fondo del asunto, ya sea a favor o no del peticionario. En el presente caso, al emitir la Corte Primera de Apelaciones una resolución contraria a sus pretensiones, el amparista expone ante esta Corte Suprema un planteamiento de mera legalidad, ya que en el caso de mérito la determinación de la procedencia de un desistimiento tácito por abandono de la acción así como la extinción de la acción penal por acuerdo entre las partes constituye materia de estricta legalidad atribuible solamente al órgano jurisdiccional competente. En el caso concreto no podemos afirmar que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones implique la violación a los derechos y garantías constitucionales enunciados por el amparista,el planteamiento presentado, no es solo de mera legalidad, sino que encierra también la intención inequívoca de dilatar el proceso, quedando evidenciado las actitudes evasivas tomadas por parte del querellado a fin de retrasar el desarrollo normal del proceso incoado en su contra evitando no solo su citación en legal y debida forma para la celebración de la audiencia de conciliación, sino que habiendo sido citado a la misma su no comparecencia y renuencia a llegar a un acuerdo conciliatorio durante el proceso, también mediante la interposición de excepciones basadas en interpretaciones equivocadas de la ley como mediante infructuosos recursos de reposición y apelación ante las instancias correspondientes”. Se puede determinar que tanto el proceso como las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia han sido adecuadas a derecho, sin que se hayan vulnerado los derechos o las garantías que el recurrente reclama, quedando en todo caso de manifiesto la intención clara del recurrente de dilatar el desarrollo normal del proceso. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal de Sentencia, de Tegucigalpa, al motivar su resolución expresa lo siguiente: “Declara sin lugar las excepciones planteadas por ambas partes defensoras por las siguientes razones; en primer lugar una vez ordenada por el Tribunal de sentencia una citación, ésta debe ser cumplida en toda la extensión de la palabra, que de no hacerlo la falta no puede atribuirse a ninguna de las partes y por ende no se puede reparar en perjuicio de ninguna de ellas; en segundo lugar la presencia de la parte querellante tanto de la víctima como de su representante legal en la audiencia de conciliación para la cual fueron citadas en una primera oportunidad da a conocer a éste Tribunal el interés de la victima en proseguir con la acción privada planteada, en tal virtud tampoco puede deducirse o interpretarse la no interposición de recurso alguno contra la resolución de la Juez Conciliadora por la parte querellante, además de esto las resoluciones tomadas por la Juez Conciliadora no son una resolución de las que admiten un recurso de los que establece el Código Procesal Penal, ello significa que la decisión de hacer la audiencia en ese momento de posponerla para más tarde, posponerla para el día siguiente o hacerla en diferentes sesiones es una situación que también requiere la voluntariedad de las partes pero no es susceptible de ningún recurso, no puede habérsele exigido a la parte querellante haber interpuesto un recurso que no esta legalmente expresado en la ley, por otra parte eso tampoco puede interpretarse como un abandono ni una renuncia de la acción puesto que la presencia de la parte querellante y el animo por que se señalara una nueva audiencia también estaba presente en esa audiencia no es como lo dijo una de las partes defensoras y no puede interpretarse como abandono, respecto a esa audiencia corre agregado a folio 55 ya foliado el informe de la jueza conciliadora, el cual dice que en la audiencia de conciliación celebrada el 2 de mayo de 2007, únicamente se hizo presente la parte querellante acompañada de su apoderado legal, y la parte querellada a pesar de haber sido citada , sin más que informar, en tal virtud los datos expresados como antecedentes para fundar la excepción al no ser del todo cierto, también varían y también es importante para la decisión que toma este tribunal de sentencia, respecto a este incidente de excepción, también es importante hacer notar que a folio 60 del presente expediente también se encuentra el escrito donde efectivamente tal y como lo ha anunciado la parte querellante el Abogado Calix pretende que la audiencia de conciliación que se haga con su representado se verifique una fecha distante para lo cual fue citado, con esto significa que evidentemente aunque todo lo otro nos lleve a decir que no podría haber una causa de desistimiento tácito de la acción aún así la pretensión de la parte querellada era proseguir con el trámite que la acción penal privada establece, en tal virtud con ello también se subsanaría tal y como lo a referido la parte querellante el vicio que hoy alega haberse cometido y que ya este tribunal ha desestimado por no haber sido así, respecto a la segunda de las excepciones el auto cuya resolución corre agregada a folio 33 vuelto es un auto que de principio a fin trata acerca de la homologación del acuerdo de conciliación extrajudicial, esto lo refiere en los antecedentes de dicha resolución y en los fundamentos jurídicos también hace ver que es una conciliación la que esta llevando a la resolución de este tribunal, en cuanto a resolver también se tiene por extinguida la acción privada por la conciliación extrajudicial a la cual llegaron las partes, eso nos hace ver que la resolución toda va encaminada a la parte que obviamente a conciliado y que esta resolución además no es una resolución que ha decretado el tribunal de oficio sino que responde a una solicitud de homologación de acuerdo de conciliación extrajudicial con la presentación de un documento y en el numeral dos de la resolución, además se sobresee definitivamente la querella interpuesta contra la señora LIGIA MARCELA RODRIGUEZ es decir que es especifica para una de las partes querelladas por el delito de injurias constitutivas de difamación en perjuicio de CLAUDIA MARCELA KAFATI, en tal virtud no podríamos pretender que se interprete dicha resolución en cuanto al favorecimiento de las demás partes querelladas que no halan llegado a ningún acuerdo de conciliación extrajudicial tal como lo ha referido las partes, si en todo caso hubiera habido un acuerdo extrajudicial por la vía notarial de igual índole para otra persona que el tribunal hubiese omitido en esa resolución entonces si podría caber la excepción, es más con una simple reposición se habría aclarado la resolución sin embargo esto no es así y por lo tanto se deberá proseguir con el procedimiento de la acción penal privada tal y como la ley así lo ordena esta resolución quedara fijada en acta las partes tendrán copia de ella por si desean entablar algún recurso posteriormente”.CONSIDERANDO (5): Que la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en las motivaciones de su fallo, expresa lo siguiente: “El articulo 408 del Código Procesal Penal dispone que una vez admitida una querella por el Tribunal de sentencia, se convocara a las partes a una audiencia de conciliación, de lo que se desprende que para que se lleve a cabo una audiencia de conciliación entre victima e imputado debe haber necesariamente una convocatoria, la que una vez efectuada legalmente los obliga a su comparecencia. Que en el caso de que una de las partes no fue convocada legalmente, obviamente no asistirá a la audiencia, por lo tanto debe señalarse nueva fecha para la celebración y convocarse nuevamente a las partes. Que el acuerdo de conciliación celebrado entre LIGIA MARCELA RODRIGUEZ y CLAUDIA MARCELA KAFATI, es específicamente aplicable a ellas, no favoreciendo a las demás partes querelladas, puesto que no han llegado a ningún acuerdo de conciliación, ni judicial ni extrajudicial, por lo que el Sobreseimiento Definitivo solo abarca a las señoras antes mencionadas. Que debe tomarse en cuenta y acatarse lo resuelto por el Juez Conciliador al declarar fracasada la conciliación, acto en que las partes no adquieren ningún derecho procesal, por lo que procedente es señalar como lo indica el Tribunal de sentencia nueva audiencia de conciliación llenando las formalidades legales pertinentes”. Que en atención a lo expuesto, la excepción de falta de acción no deba proseguirse y de prescripción de la acción penal en concepto de esta Corte, no son pertinentes. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala observa, de acuerdo al artículo 408 párrafo segundo del Código Procesal Penal, taxativamente dispone que si durante la audiencia o en cualquier estado del juicio se logra la conciliación se dictara sobreseimiento definitivo, tal como sucedió en el caso planteado entre las señoras LIGIA MARCELA RODRIGUEZ y CLAUDIA MARCELA KAFATI, con el Acuerdo de Conciliación concertado entre ellas, por lo que el Sobreseimiento Definitivo dictado solo les abarca a ellas y está conforme a Derecho; la resolución del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, responde a una solicitud de homologación del acuerdo de conciliación extrajudicial, con la presentación de un documento, con lo que se sobresee la querella interpuesta contra la señora LIGIA MARCELA RODRIGUEZ, siendo especifica para una de las partes querelladas por el delito de injurias constitutivas de difamación en perjuicio de CLAUDIA MARCELA KAFATI, y no se puede pretender que se interprete esa resolución a favor de las demás partes querelladas que no hayan llegado a ningún acuerdo de conciliación extrajudicial. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha examinado el recurso y sus antecedentes y encuentra que efectivamente, la sentencia recurrida no lesiona, ni limita la garantía del derecho de petición, desarrollada en el articulo 80 constitucional, la garantía que consagra el Derecho de Defensa establecida en el articulo 82, el Debido Proceso que lo establece el articulo 90, y el Principio de Legalidad, artículos 321 y 323 de la Ley Fundamental, invocados como infringidas en el fallo en cuestión; y el recurrente está haciendo uso de los instrumentos procesales a su alcance en defensa del procesado a favor de quien se recurre; y el Tribunal tanto de primera instancia como de segunda, son los competentes y los previamente establecidos como Jueces naturales para conocer del negocio jurídico de que se trata, por lo que no se encuentra ofendido ningún derecho de la persona imputada. CONSIDERANDO (8): Que conforme a las consideraciones anteriores, procede denegar el recurso objeto de ésta sentencia.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 141, 202, 296, 408 y 409 del Código Procesal Penal.- FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. REDACTO EL MAGISTRADO GUTIERREZ NAVAS. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR POR LEY. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el treinta de julio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No 427-P 498=08.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL

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