Sentencia AP-393-09 — Registro 3815
Resumen
Sentencia recurrida que confirmo y declaró sin lugar las excepciónes de Incompetencia de Tribunal por falta de acción interpuestas en primera instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala observa que en el caso de mérito, no se constata la vulneración del derecho de defensa en perjuicio de la recurrente, puesto que ésta ha tenido la oportunidad de proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también de formular cuantos alegatos y recursos ha estimado procedente, en apoyo de sus pretensiones en orden a mantener su estado de inocencia. CONSIDERANDO: Que por otro lado, no se aprecia tampoco la violación de la garantía genérica del debido proceso, puesto que al contrario de lo aseverado por el amparista, y sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia que le asiste a su defendida, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial al confirmar lo actuado por el Juzgado a-quo, ha motivado suficientemente y con apego a las reglas de la lógica y la coherencia su decisión, explicando cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico en los que funda su fallo. CONSIDERANDO: Que la discusión en torno a sí el Juzgado a-quo es competente o incompetente para conocer por razón de la materia de la causa incoada en contra de la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, es una cuestión que corresponde resolver a los tribunales de instancia, en este sentido podemos afirmar que lo que tiene trascendencia en el orden constitucional es sí en el proceso incoado en contra de la imputada se han vulnerado derechos fundamentales en perjuicio de la misma, y siendo que en el caso de autos no se constata esa circunstancia, por lo que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 103 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 106 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE EMETERIO RODAS PAVON, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el colegio de abogados de Honduras bajo el numero 5582, con dirección profesional en el Edificio Maribel, segunda planta, cubículo numero 15, en la octava avenida entre once y doce calle del Barrio Concepción, de esta ciudad a favor de la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, mayor de edad, soltera, ama de casa hondureña y de este domicilio, contra la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, que confirmó la resolución de fecha dieciséis de octubre del año dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, por suponerla responsable del delito de USURPACION en perjuicio de la señora ROSINDA ESTRADA PAGOADA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada REINA ISABEL ROMERO PINO, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, por suponerla responsable del delito de USURPACION en perjuicio de la señora ROSINDA ESTRADA PAGOADA. 2) Que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil ocho, el Juzgado instructor, en audiencia inicial: a) declaró sin lugar la excepción de Incompetencia del Tribunal, interpuesta por el apoderado defensor de la encausada, por considerar que el tipo penal por el cual se ha presentado el Requerimiento Fiscal, es una acción penal, en virtud que no se ha acreditado que exista controversia entre dos títulos públicos, y de los cuales se ponga en duda sobre el verdadero dueño o dueños del inmueble en litigio, por el contrario, solo se ha presentado una escritura pública autorizada por el notario Ernesto Alfonso Carrasco Castro, donde comparece la señora ROSINDA ESTRADA PAGOADA como compradora del bien inmueble que según el Ministerio Público, se encuentra usurpado por la enjuiciada; y b) declaró sin lugar la excepción de Falta de Acción, opuesta por el apoderado defensor de la imputada, por considerar que se encuentra acreditado en autos que existe autorización de la víctima para que el Ministerio Público inicie la investigaciones e inste la respectiva acción penal; citando como fundamento de su decisión el artículo 26 numeral seis (6) del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que: a) el A-quo es competente para conocer de la causa penal deducida, y al admitir a trámite el Requerimiento Fiscal, existe apariencia de delito, en virtud de que se ha acreditado plenamente la titularidad dominical que corresponde a la señora ROSINDA ESTRADA PAGOADA, así como que hay prueba que demuestra que el inmueble en litigio es el que está ocupando la encausada, y b) existe autorización otorgada por la ofendida al Ministerio Público para ejercer la acción penal, lo que conduce a establecer que la excepción de Falta de Acción relacionada es improcedente, ya que se trata de una acción pública legitimada en la instancia de la parte ofendida; citando como fundamento de su decisión el artículo 26 numeral seis (6) del Código Procesal Penal. 4) El recurrente abogado JOSE EMETERIO RODAS PAVON, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de febrero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 82, 84, 90 párrafo primero, 92, 95, 96, 103, 106 y 183 numeral 1) de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de un examen detenido de la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, tenemos que la misma basa, su fundamentacion factica y jurídica entre otros aspectos en lo siguiente: (Sic.) “Que en el caso particular se ha acreditado plenamente la titularidad dominical que corresponde a la señora ROSINDA ESTRADA PAGOADA, respecto de la propiedad relacionada, así como hay pruebas que demuestran que tal inmueble es el que esta ocupando la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, por lo que los alegatos de la defensa no resisten en manera alguna el peso que merece el instrumento publico que ampara la propiedad de la señora ROSINDA ESTRADA PAGOADA; además de que en el caso particular se observa una profunda contradicción en los alegatos planteados por la defensa, pues por una parte se aduce en favor de la referida señora que ella es dueña, invocando un contrato privado de compra-venta y por otro lado se exhibe una autorización concedida a ella para que pueda habitar la vivienda, autorización que resultaría innecesaria si hipotéticamente tal persona en efecto fuese la dueña de la propiedad. Que en ese orden de ideas y en lo que a las excepciones planteadas se refiere esta Corte arriba a la conclusión que en el caso particular el juzgado a-quo si es competente para conocer de la acción penal deducida, habida cuenta que la justicia penal esta instituida para conocer de todas las causas criminales y, en el caso particular, como así lo estableció el a-quo al admitir a tramite el requerimiento fiscal, existe apariencia de delito; y que respecto de la pretendida falta de acción, corre a folio catorce del expediente la autorización que la señora ROSINDA ESTRADA PAGOADA, le dio al Ministerio Publico para ejercer la acción penal, lo que conduce a establecer que también es improcedente la referida excepción, ya que se trata de una acción publica legitimada en la instancia de la parte ofendida”. CONSIDERANDO: Que a juicio del recurrente la resolución judicial del ad-quem ha violentado las garantías constitucionales de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que la dignidad del ser humano es inviolable; la de que todos nacen libres e iguales en derechos y que en Honduras no hay clases privilegiadas; la de que la Constitución garantiza por igual a hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, la seguridad, libertad, igualdad ante la ley y la propiedad; la de que la libertad personal es inviolable; la de que todos los hondureños tienen derecho de hacer lo que no perjudique a otro; del derecho de petición; derecho de libre circulación; derecho de defensa; derecho de no ser arrestado sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente; derecho del debido proceso; la de que no puede proveerse auto de prisión sin que preceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito; la de que ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley; la de que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al procesado; la de que el Estado reconoce y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social; la de que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa o necesidad de interés publico; y la que el Estado reconoce la garantía de amparo a fin de que se mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Al respecto esta Sala de forma sucinta expone tales alegaciones de la forma siguiente: (sic.) “Que la señora ROSINDA ESTRADA PAGOADA, a través del Ministerio Publico presento testimonio de instrumento Publico de fecha siete de septiembre del año dos mil seis de un bien inmueble que en vida perteneció a la señora LIDIA PAGOADA MEDINA, esposa del señor JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ FIALLOS, quien en fecha siete de noviembre del año dos mil tres obtuvo sentencia de declaratoria de heredero dictada por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de esta Sección Judicial; y que por tal razón existe la violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Señala que con la decisión del ad-quem se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas y la norma sustantiva del párrafo ultimo del articulo 54 del Código Procesal Penal, y que siendo Honduras un Estado de derecho soberano constituido como republica, libre democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social y que la constitución en sus artículos del 15 al 18 se refiere a los tratados internacionales, tratados entre los cuales esta la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuyo articulo 8 se refiere a las garantías judiciales a fin de que toda persona sea oída con las garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acción penal formulada en su contra y que toda persona inculpada por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia y a tener un defensor, aduce que el articulo 25 de la misma convención señala que ante el mismo juez o Tribunal que se pida un beneficio o se interponga un recurso debe tener una respuesta conforme a derecho, y que en el caso de su defendida esta no ha cometido el delito de usurpación, ya que la misma no entro al referido inmueble por la fuerza, si no que fue autorizada por el heredero de dicha propiedad el señor JESUS RODRIGUEZ VELASQUEZ, autorización que consta en la documentación presentada en el Juzgado de letras de lo Penal; por lo que tal situación se debe ventilar en la vía civil, al tenor de lo señalado en el articulo 54 ultimo párrafo del Código Procesal Penal. Expresa que el fallo dictado por el ad-quem, no fue motivado y el mismo solo se limito a trascribir lo mismo que dejo relacionado el juez a-quo y que tomando en cuenta que a todo procesado debe tener la protección judicial consistente en un recurso sencillo y rápido propuesto ante un juez o Tribunal competente y que se le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la Republica, las leyes y los Tratados internacionales, por lo que considera que en el caso de su defendida se han violado dichos derechos, ya que en el juicio se estableció que la propiedad en la que habita su defendida es porque el cuñado y heredero de dicha propiedad el señor JESUS RODRIGUEZ VELASQUEZ, la autorizo para que continuara viviendo en la misma y que con ello queda demostrado que no existe violación del articulo 227 del Código Penal. CONSIDERANDO: Que el recurso de amparo solo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola o no garantías individuales y la restricción en el goce de los derechos que establece la constitución, en ese orden de ideas y del análisis y estudio del caso de mérito, esta Sala observa que si bien es cierto que el amparista invoca una serie de garantías constitucionales vulneradas en perjuicio de su defendida; también es cierto que no explica en que consisten tales vulneraciones, entiende esta Sala que aun cuando no se expliquen tales vulneraciones, se concluye que el malestar del recurrente tanto con a-quo como el ad-quem se funda, en que según su opinión a su representada no se le debe juzgar en la jurisdicción penal, sino que su caso debe ser conocido por la instancia civil, todo en virtud de que considera que la misma no a usurpado ninguna propiedad; al respecto esta Sala deviene en la obligación de analizar si con el fallo del ad-quem se han violentado en perjuicio de la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso, consideradas estas como las de mayor relevancia entre las invocadas, y entendiendo que la vulneración de ambas o de una de ellas lleva implícita la vulneración de las demás garantías constitucionales invocadas; en ese sentido esta Sala observa que en el caso de mérito, no se constata la vulneración del derecho de defensa en perjuicio de la recurrente, puesto que ésta ha tenido la oportunidad de proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también de formular cuantos alegatos y recursos ha estimado procedente, en apoyo de sus pretensiones en orden a mantener su estado de inocencia. CONSIDERANDO: Que por otro lado, no se aprecia tampoco la violación de la garantía genérica del debido proceso, puesto que al contrario de lo aseverado por el amparista, y sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia que le asiste a su defendida, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial al confirmar lo actuado por el Juzgado a-quo, ha motivado suficientemente y con apego a las reglas de la lógica y la coherencia su decisión, explicando cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico en los que funda su fallo. CONSIDERANDO: Que la discusión en torno a sí el Juzgado a-quo es competente o incompetente para conocer por razón de la materia de la causa incoada en contra de la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, es una cuestión que corresponde resolver a los tribunales de instancia, en este sentido podemos afirmar que lo que tiene trascendencia en el orden constitucional es sí en el proceso incoado en contra de la imputada se han vulnerado derechos fundamentales en perjuicio de la misma, y siendo que en el caso de autos no se constata esa circunstancia, por lo que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 2), 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el amparo interpuesto el abogado JOSE EMETERIO RODAS PAVON, a favor de la señora MARIA ARACELY ACOSTA ACOSTA, contra la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, en fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, Secretario de la Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de junio del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 393-P231=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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