Sentencia AP-389-09 — Registro 3814
Resumen
Sentencia recurrida que confirmó la de primera instancia por suponerlo culpable del delito de Estafa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que los Recurrentes muestran su inconformidad con el fallo del Ad-quem, por estimar que violenta los derechos constitucionales del Debido Proceso, al manifestar que el artículo 90 de la Carta Magna, establece: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” y la PROHIBICIÓN DE DOBLE JUZGAMIENTO (Nom bis in idem o ne bis in idem), enunciado en el artículo 95 del texto constitucional que literalmente dice: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.”. Para poder detectar el quebrantamiento constitucional aludido por los reclamantes, es de suyo necesario, destacar algunos puntos torales de la dinámica de la Audiencia Inicial celebrada el quince de octubre de dos mil siete, por el Juzgado de Letras Penal unificado de San Pedro Sula, Cortés, y de ahí concluir o no, si la resolución impetrada vía Amparo responde a la normativa sustantiva y adjetiva atinentes al caso, sin que por ello, esta Sala asuma ejecutorias propias de sede de instancia. Del estudio de los autos se establece, que al señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA, se le imputa el ilícito penal de Estafa mediante apropiación indebida, en perjuicio de los señores: ALBERT C. BENDECK NIMER, LEYDA SUYAPA GUERRA y REINA LIGIA PINO ALVAREZ. En audiencia inicial le fue decretado al encausado Auto de Prisión, por la citada infracción penal, sin embargo, en el decurso de la misma, la Defensa promovió varias excepciones tendientes a enervar el proceso, la que en concreto describe y matiza así: 1) Falta de acción del ente acusador; bajo el supuesto, según la alegación del recurrente que desarrolla también en la formalización de su Amparo, en el sentido de que el Ministerio Público no debió instaurar el requerimiento, por conexidad de la causa, es decir, la existencia del acto mediante el cual dos o más juicios tienen estrecha relación en la identidad de las personas y de las causas aunque las cosas sean distintas, al tenor de esa tesis la defensa del imputado Freije Peña, ataca la acción del Ministerio Público, institución que previa autorización de los sujetos pasivos por tratarse de delito cuya acción pública es dependiente de instancia particular (artículo 26 CPP), promovió la misma. Sin embargo la alegación carece de sustento, pues esta Sala ha podido evidenciar en el camino procesal transitado en el proceso, de que no existe la conexidad esgrimida por el amparista, toda vez, que basta constatar que el Requerimiento Fiscal presentado ante el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés, contra Manuel Humberto Freije Peña y Otros por el delito de Estafa en perjuicio de varias personas, dentro de las cuales, efectivamente, no se encuentra ninguno de los perjudicados señores: Leyda Suyapa Guerra, Albert C. Bendeck y Reyna Ligia Pino Alvarez, que son los acusadores en el actual proceso en que recayó la resolución del Tribunal de Alzada objeto de malestar de los impetrantes. La fuente fáctica de la causa, como se concretó con los elementos aportados en la Audiencia Inicial del quince de octubre de dos mil siete, celebrada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, y que permitió la substanciación del hecho en el tipo penal de Estafa mediante Apropiación Indebida se desprende de las actuaciones efectuadas por el señor Manuel Humberto Freije Peña, quien en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la empresa mercantil Internacional Ferretera S.A. (INFESA),efectuó una compra de un inmueble al señor Lisandro Pereira Suárez, ubicado en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, con extensión de quince manzanas, por el precio de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L. 3,000,000.00), según se constata en certificación extendida por el Señor Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Puerto Cortés, el diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve; posteriormente en fecha uno de marzo del año dos mil, dicho inmueble fue vendido por el señor Freije Peña, al señor Luis Antonio Vitanza, por el precio de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00), extremo que también se acreditó con certificación del mismo Registro Inmobiliario, y con el mérito de las deposiciones de los ofendidos, el señor Freije Peña efectuó esas transacciones sin el consentimiento de los acusadores como depositantes de la citada empresa que entre sus giros mercantiles estaba la de captar dinero del público, y que además, el producto de la compraventa no lo enteró a los activos de la sociedad mercantil, consecuentemente el Ministerio Público devino como obligación ineludible y constitucional a ejercer la acción penal pública. Desde ese punto de vista, para esta Sala es inaceptable el sobreseimiento definitivo solicitado por la Defensa, habida cuenta de que ello sólo procede en cualquiera de los supuestos que determina el artículo 296 en sus numerales del 1) al 3) del Código de Procedimientos Penales. 2) La Defensa argumenta en el caso en estudio, la EXCEPCION DE LITIS PENDENCIA, en puridad esta Institución, a criterio de esta Sala, tiene connotación civilísta o de derecho privado, equivalente a “Juicio Pendiente” o sea que se encuentra en tramitación, por no haber recaído sentencia firme, su principal importancia se deriva de constituir una excepción dilatoria que se alega cuando se siguen dos o más procedimientos iguales en cuanto a sujetos, objeto y causa. No obstante ello, en el fondo, connatural a la materia penal, que como bien lo ha inferido el Ad-quem, se recoge en el artículo 11 del Código Procesal Penal, al decir que: “Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias (Nom bis in idem o ne bis in idem), disposición penal adjetiva correlativa con la garantía constitucional invocada por los censores enunciada en el artículo 95 y que se encuentra en íntima y estrecha relación con lo prescrito en el artículo 90 del texto constitucional. De tal suerte, que los órganos jurisdiccionales no pueden sancionar respectivamente, es decir una reiteración en el ejercicio de Ius Puniendo del Estado. Unos hechos que ya fueron objeto de juicio, no pueden serlo en otro enjuiciamiento. Bajo esa perspectiva el recurrente, Defensor del imputado, argumentó en la Audiencia Inicial un doble juzgamiento bajo la proyección de una Litis Pendencia. Sin embargo se comprobó en el presente proceso la existencia de otras acciones promovidas por múltiples ofendidos, que según se determinó en la Audiencia Inicial, fueron supuestamente perjudicados por el imputado Manuel Humberto Freije Peña, quien ostentaba además la Presidencia del Consejo de Administración de otras empresas dedicadas a la intermediación financiera. Por consiguiente en los antecedentes venidos a esta Sala, se percibe que los hechos que se juzgan son otros y que las personas o sujetos pasivos son distintos e inclusive distintos los momentos en que se produjeron los hechos. En tal virtud, no puede alegarse ni asegurarse el Doble Juzgamiento o el Ne bis in idem. CONSIDERANDO: Que de las premisas esbozadas por esta Sala, conforme las consideraciones suprailustradas, fácilmente se puede establecer, que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés, con el fallo impugnado no ha quebrantado las garantías constitucionales que reclaman los amparistas, basta un análisis del mismo, para comprender que el pronunciamiento censurado responde y es un fiel reflejo del mérito de los elementos de prueba allegados en la Audiencia Inicial por el Ministerio Público, de plena prueba de la comisión del ilícito penal de Estafa, mediante apropiación indebida, concurrente con el indicio racional requerido de la probable participación del imputado Manuel Humberto Freije Peña, por la venta subvaluada de un inmueble que adquirió la Internacional Ferretera S.A. (INFESA), por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L. 3,000,000.00) y que posteriormente fue vendido por el encartado por la suma de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00), en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la referida sociedad mercantil, en perjuicio de varias personas vinculadas a la misma por la aportación de capital y en virtud, según se determina de que dicho activo no ingresó a los bienes de la empresa y que se subsume conforme al criterio de los órganos jurisdiccionales competentes y naturales en el tipo penal de Estafa contemplado en el artículo 240 del Código Penal. Por lo que la causa de mérito se está tramitando con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y a la luz de la normativa procesal penal vigente no existiendo el Doble Juzgamiento conclusión a la que arribó el Ad-quem así como esta Sala, al haber efectuado un estudio meditado de los antecedentes, para poder dar una respuesta a los amparistas sobre sus inquietudes que les motivaron a accionar ante esta Sala de lo Constitucional en procura de los derechos, que según lo sostenían les habían sido infringidos a su representado. CONSIDERANDO: Que vistas las apreciaciones anteriores, es procedente denegar el amparo relacionado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de enero de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados JOSUE GERARDO NEAL RODRIGUEZ Y ARQUIMIDES JIMENEZ, a favor del señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA, hondureño, mayor de edad, casado, e ingeniero químico industrial, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de julio del año dos mil ocho, que confirmó la resolución de fecha quince de octubre del año dos mil siete, emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, y los señores LEYDA SUYAPA GUERRA, ALBERT C. BENDECK NIMER, REYNA LIGIA PINO Y OTROS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de abril del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado MARIO DUBON MORENO, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, y los señores LEYDA SUYAPA GUERRA, ALBERT C. BENDECK NIMER, REYNA LIGIA PINO Y OTROS. 2) Que en fecha quince de octubre del año dos mil siete, el Juzgado instructor, en audiencia inicial resolvió: a) declarar sin lugar el incidente de nulidad planteado por el apoderado defensor del imputado, por considerar que en el presente caso no procede la excepción de falta de acción, en virtud de que el imputado causó grave daño a las finanzas de miles de personas, por tanto el daño causado es masivo y todo aquel que se sienta agraviado podrá incoar las acciones que estime pertinentes, pudiendo apreciar que en los otros procesos incoados en contra del imputado, no se trata de los mismos hechos y que los aquí perjudicados no aparecen en dichos procesos; b) decretó auto de prisión en contra del señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de los señores LEYDA SUYAPA GUERRA, ALBERT C. BENDECK NIMER Y REYNA LIGIA PINO, en virtud de que con las pruebas aportadas al juicio, se pudo acreditar que concurren los elementos del tipo penal de Estafa, así como la participación del imputado en el mismo; c) impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva; y d) declaró sin lugar el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa; citando como fundamento de su decisión los artículos 240 del Código Penal y 173 numeral 3) del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha veinticinco de julio del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que:a) en cuanto a la litis pendencia alegada por el apoderado defensor, se logró establecer que aunque existen otros procesos incoados en contra del imputado por el mismo delito, en el presente caso son otros hechos los que se juzgan y otras personas ofendidas, siendo también diferentes los momentos en que se cometieron los hechos que ahora se juzgan; b) con las diligencias investigativas aportadas al proceso, se pudo acreditar que existen indicios suficientes que hacen suponer la participación y por ende la responsabilidad penal del procesado en los hechos denunciados por el Ministerio Público. 4) Los recurrentes abogados JOSUE GERARDO NEAL RODRIGUEZ Y ARQUIMIDES JIMENEZ, comparecieron ante este Tribunal, en fecha siete de agosto del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor del señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha veinticinco de julio del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 95 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que se conoce el Recurso de amparo, interpuesto ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el siete de agosto de dos mil ocho, por los profesionales del Derecho JOSUE GERARDO NEAL RODRIGUEZ y ARQUIMIDES JIMENEZ a favor del señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA, a quien se le sigue proceso ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, por suponerlo responsable del delito de Estafa en perjuicio de LEYLA SUYAPA GUERRA, ALBERT C. BENDECK NIMER, REINA LIGIA PINO ALVAREZ Y OTROS y del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, contra la resolución emitida por la corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el veinticinco de julio del año dos mil ocho, en virtud de la cual, se resuelve lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado DELMER LEONEL ALTAMIRANO RODRIGUEZ, en su condición de Defensor del procesado contra el auto de prisión de fecha quince de octubre del dos mil siete, dictado por el Juez de Letras de lo Penal de esta Sección Judicial. SEGUNDO: CONFIRMAR el auto apelado…” CONSIDERANDO: Que el Ad-quem motivó su resolución así: “MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA.- PRIMERO: Que en fecha diecinueve de abril del año dos mil siete el Fiscal del Ministerio Publico presentó requerimiento Fiscal contra MANUEL HUMBERTO FREIJE por suponerlo responsable de la comisión del delito de ESTAFA en perjuicio de los señores LEYLA SUYAPA GUERRA, ALBERT C. BENDECK NIMER Y REINA LIGIA PINO ALVAREZ Y OTROS y del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y para acreditar los hechos en que funda su requerimiento presento el expediente investigativo que contiene: a) autorización otorgada al Ministerio Publico por los ofendidos (folios 7, 10, 13), b) Fotocopia del testimonio de la Escritura Publica de Constitución de la Sociedad Internacional Financiera S.A.; (INFESA); (folios del 16 al 30), c) fotocopia de Certificación del asiento numero 36 del Tomo 367 del Registro de la Propiedad de Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la sección judicial de Puerto Cortés, del Instrumento número ciento ochenta y ocho que contiene el contrato de compraventa de un terreno de quince manzanas ubicado en el Municipio de Omoa, Cortés, que hace al señor Manuel Humberto Freije Peña en su condición de Presidente del Consejo de Administración de INFESA, el señor Lisandro Pereira Suárez, por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (folios del 32 al 35) ,d) fotocopia de certificación del asiento registral No.97 Tomo 411 del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la sección judicial de Puerto Cortes del Instrumento numero Mil siete, autorizado por el notario Alfredo Silva Ortega por medio del cual el señor JOSE LUIS ANTONIO VITANZA vende al señor GUSTAVO ADOLFO FRANCO CASTILLO un terreno de quince manzanas ubicado en Omoa, Cortes, el mismo que había sido comprado por Manuel Humberto Freije Peña (folios 38,39 y 40), e) fotocopia de Certificación del asiento registral No. 84 del Tomo 412 del Registro de la Propiedad y Anotaciones Preventivas de Puerto Cortes del Instrumento numero mil cuarenta y nueve, autorizado por el Notario RAMON ALFREDO SILVA ORTEGA por medio del cual el señor GUSTAVO ADOLFO FRANCO CASTILLO vende al señor JOSE MARIO FRANCO CASTILLO un terreno de quince manzanas en el Municipio de Omoa, Cortés, por el precio de ciento cincuenta mil lempiras (folios 41 al 43), f) fotocopia de certificación de asiento registral No. Cincuenta del Tomo 410 del Registro de la Propiedad de Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Puerto Cortés del Instrumento número doscientos cincuenta autorizado por el Notario Mario Rolando Castellanos por medio del cual el señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad INTERNACIONAL FERRETERA (INFESA) vende al señor JOSE LUIS ANTONIO VITANZA un terreno ubicado en Omoa Cortés con extensión de quince manzanas, por el precio de CIEN MIL LEMPIRAS (Folios 44,45,46), g) Declaraciones administrativas de los señores ALBERT C. BENDECK NIMER (folio 73), LEYLA SUYAPA GUERRA PADILLA (f. 74), REINA LIGIA PINO ALVAREZ (folio 77), d) fotocopia de pagarés a nombre de los señores ALBERTO C. BENDECK NIMER O ISABEL WIDAD BENDECK MANZUR (folio 105), REYNA LIGIA PINO DE GARCIA O MEDARDO AUGUSTO RODRIGUEZ PINO (folio 108), LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA (folio 112) firmados todos por el señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA en su condición de Presidente Ejecutivo de INFESA por la cual se obliga incondicionalmente a pagar tales sumas. SEGUNDO: Que con respecto a lo alegado por la defensa en cuanto a la excepción interpuesta en la audiencia inicial de Falta de Acción por considerar que ya había una causa anterior a la que hoy se está conociendo con el nuevo Código Procesal Penal, por considerar que no se puede estimar que son diferentes por estar siendo conocidas en distintos cuerpos legales, a este respecto se desprende de la fotocopia que corre agregada a folio del (304 al 312) de la acusación que presentara el Ministerio Público contra MANUEL HUMBERTO FREIJE Y OTROS, por los delitos de ESTAFA en perjuicio de varias personas, apreciándose que entre éstas no se encuentra ninguna de las personas de nombre LEYDA SUYAPA GUERRA, ALBERT C. BENDECK NIMER y REINA LIGIA PINO ALVAREZ, que son los actuales acusadores, por considerar que el señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la empresa mercantil denominada INTERNACIONAL FERRETERA, S.A., realizó la compra de un inmueble al señor LISANDRO PEREIRA SUAREZ el cual se encuentra ubicado en el Municipio de Omoa Cortés, con una extensión de quince manzanas por el precio de TRES MILLONES DE LEMPIRAS, tal como consta de la fotocopia de certificación extendida por el Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Puerto Cortes, (folios 32 al 34) de fecha diecinueve de abril del año mil novecientos noventa y nueve, mismo que en fecha uno de marzo del ano dos mil fue vendido por el señor FREIJE al señor LUIS ANTONIO VITANZA por el precio de cien mil lempiras, tal como se desprende de la fotocopia de certificación del Registro de la Propiedad y Mercantil de Puerto Cortés (folios 45 y 46) todo ésto según lo manifestado por los ofendidos lo hizo el señor FREIJE sin el consentimiento de ellos como depositantes, dado que dicha empresa se dedicaba a la captación de dinero del público, y que el producto de dicha compra venta no lo enteró a los activos de la sociedad. Por lo que en el presente caso el Ministerio Público en representación y defensor de los intereses de la sociedad, está facultado para entablar la acción criminal en contra de cualquier persona que infrinja la ley, por lo que no procede lo alegado por la defensa del hoy procesado de sobreseer la presente causa. TERCERO: En cuanto a la Litis-pendencia alegada por el defensor del procesado, si bien es cierto la Juez conocedora de la causa ha dejado establecido que no hay Litis-pendencia ya que esta sólo se da en los juicios civiles, también lo es que en materia penal esta figura se conoce como doble juzgamiento tal como lo establece el Articulo 11 del Código Procesal Penal, que dice: "Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias" (Non Bis in Idem). En el presente caso, son otros hechos los que se juzgan y otras las personas ofendidas, aunque la calificación es la misma, siendo también diferentes los momentos en que se cometieron los hechos que ahora se juzgan, por lo que tampoco en el presente caso se da el doble juzgamiento que pretende y que alega la defensa. CUARTO: Para decretar auto de prisión, el Juez considerara como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. En el presente caso de las diligencias investigativas allegadas al proceso, como ser las fotocopias de los Pagarés firmados el hoy procesado, las fotocopias de certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Puerto Cortes, que registra la compra y venta de dicho terreno de quince manzanas por el señor Manuel Humberto Freije y las declaraciones administrativas de los ofendidos relacionados anteriormente, constituye para esta etapa del proceso indicios suficientes que hacen suponer la participación y por ende la responsabilidad penal del procesado en los hechos denunciados por el Ministerio Público, por lo que es procedente confirmar el auto de prisión venido en apelación.” CONSIDERANDO: Que los Recurrentes muestran su inconformidad con el fallo del Ad-quem, por estimar que violenta los derechos constitucionales del Debido Proceso, al manifestar que el artículo 90 de la Carta Magna, establece: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” y la PROHIBICIÓN DE DOBLE JUZGAMIENTO (Nom bis in idem o ne bis in idem), enunciado en el artículo 95 del texto constitucional que literalmente dice: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.”. Para poder detectar el quebrantamiento constitucional aludido por los reclamantes, es de suyo necesario, destacar algunos puntos torales de la dinámica de la Audiencia Inicial celebrada el quince de octubre de dos mil siete, por el Juzgado de Letras Penal unificado de San Pedro Sula, Cortés, y de ahí concluir o no, si la resolución impetrada vía Amparo responde a la normativa sustantiva y adjetiva atinentes al caso, sin que por ello, esta Sala asuma ejecutorias propias de sede de instancia. Del estudio de los autos se establece, que al señor MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA, se le imputa el ilícito penal de Estafa mediante apropiación indebida, en perjuicio de los señores: ALBERT C. BENDECK NIMER, LEYDA SUYAPA GUERRA y REINA LIGIA PINO ALVAREZ. En audiencia inicial le fue decretado al encausado Auto de Prisión, por la citada infracción penal, sin embargo, en el decurso de la misma, la Defensa promovió varias excepciones tendientes a enervar el proceso, la que en concreto describe y matiza así: 1) Falta de acción del ente acusador; bajo el supuesto, según la alegación del recurrente que desarrolla también en la formalización de su Amparo, en el sentido de que el Ministerio Público no debió instaurar el requerimiento, por conexidad de la causa, es decir, la existencia del acto mediante el cual dos o más juicios tienen estrecha relación en la identidad de las personas y de las causas aunque las cosas sean distintas, al tenor de esa tesis la defensa del imputado Freije Peña, ataca la acción del Ministerio Público, institución que previa autorización de los sujetos pasivos por tratarse de delito cuya acción pública es dependiente de instancia particular (artículo 26 CPP), promovió la misma. Sin embargo la alegación carece de sustento, pues esta Sala ha podido evidenciar en el camino procesal transitado en el proceso, de que no existe la conexidad esgrimida por el amparista, toda vez, que basta constatar que el Requerimiento Fiscal presentado ante el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés, contra Manuel Humberto Freije Peña y Otros por el delito de Estafa en perjuicio de varias personas, dentro de las cuales, efectivamente, no se encuentra ninguno de los perjudicados señores: Leyda Suyapa Guerra, Albert C. Bendeck y Reyna Ligia Pino Alvarez, que son los acusadores en el actual proceso en que recayó la resolución del Tribunal de Alzada objeto de malestar de los impetrantes. La fuente fáctica de la causa, como se concretó con los elementos aportados en la Audiencia Inicial del quince de octubre de dos mil siete, celebrada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, y que permitió la substanciación del hecho en el tipo penal de Estafa mediante Apropiación Indebida se desprende de las actuaciones efectuadas por el señor Manuel Humberto Freije Peña, quien en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la empresa mercantil Internacional Ferretera S.A. (INFESA),efectuó una compra de un inmueble al señor Lisandro Pereira Suárez, ubicado en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, con extensión de quince manzanas, por el precio de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L. 3,000,000.00), según se constata en certificación extendida por el Señor Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Puerto Cortés, el diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve; posteriormente en fecha uno de marzo del año dos mil, dicho inmueble fue vendido por el señor Freije Peña, al señor Luis Antonio Vitanza, por el precio de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00), extremo que también se acreditó con certificación del mismo Registro Inmobiliario, y con el mérito de las deposiciones de los ofendidos, el señor Freije Peña efectuó esas transacciones sin el consentimiento de los acusadores como depositantes de la citada empresa que entre sus giros mercantiles estaba la de captar dinero del público, y que además, el producto de la compraventa no lo enteró a los activos de la sociedad mercantil, consecuentemente el Ministerio Público devino como obligación ineludible y constitucional a ejercer la acción penal pública. Desde ese punto de vista, para esta Sala es inaceptable el sobreseimiento definitivo solicitado por la Defensa, habida cuenta de que ello sólo procede en cualquiera de los supuestos que determina el artículo 296 en sus numerales del 1) al 3) del Código de Procedimientos Penales. 2) La Defensa argumenta en el caso en estudio, la EXCEPCION DE LITIS PENDENCIA, en puridad esta Institución, a criterio de esta Sala, tiene connotación civilísta o de derecho privado, equivalente a “Juicio Pendiente” o sea que se encuentra en tramitación, por no haber recaído sentencia firme, su principal importancia se deriva de constituir una excepción dilatoria que se alega cuando se siguen dos o más procedimientos iguales en cuanto a sujetos, objeto y causa. No obstante ello, en el fondo, connatural a la materia penal, que como bien lo ha inferido el Ad-quem, se recoge en el artículo 11 del Código Procesal Penal, al decir que: “Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias (Nom bis in idem o ne bis in idem), disposición penal adjetiva correlativa con la garantía constitucional invocada por los censores enunciada en el artículo 95 y que se encuentra en íntima y estrecha relación con lo prescrito en el artículo 90 del texto constitucional. De tal suerte, que los órganos jurisdiccionales no pueden sancionar respectivamente, es decir una reiteración en el ejercicio de Ius Puniendo del Estado. Unos hechos que ya fueron objeto de juicio, no pueden serlo en otro enjuiciamiento. Bajo esa perspectiva el recurrente, Defensor del imputado, argumentó en la Audiencia Inicial un doble juzgamiento bajo la proyección de una Litis Pendencia. Sin embargo se comprobó en el presente proceso la existencia de otras acciones promovidas por múltiples ofendidos, que según se determinó en la Audiencia Inicial, fueron supuestamente perjudicados por el imputado Manuel Humberto Freije Peña, quien ostentaba además la Presidencia del Consejo de Administración de otras empresas dedicadas a la intermediación financiera. Por consiguiente en los antecedentes venidos a esta Sala, se percibe que los hechos que se juzgan son otros y que las personas o sujetos pasivos son distintos e inclusive distintos los momentos en que se produjeron los hechos. En tal virtud, no puede alegarse ni asegurarse el Doble Juzgamiento o el Ne bis in idem. CONSIDERANDO: Que de las premisas esbozadas por esta Sala, conforme las consideraciones suprailustradas, fácilmente se puede establecer, que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés, con el fallo impugnado no ha quebrantado las garantías constitucionales que reclaman los amparistas, basta un análisis del mismo, para comprender que el pronunciamiento censurado responde y es un fiel reflejo del mérito de los elementos de prueba allegados en la Audiencia Inicial por el Ministerio Público, de plena prueba de la comisión del ilícito penal de Estafa, mediante apropiación indebida, concurrente con el indicio racional requerido de la probable participación del imputado Manuel Humberto Freije Peña, por la venta subvaluada de un inmueble que adquirió la Internacional Ferretera S.A. (INFESA), por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L. 3,000,000.00) y que posteriormente fue vendido por el encartado por la suma de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00), en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la referida sociedad mercantil, en perjuicio de varias personas vinculadas a la misma por la aportación de capital y en virtud, según se determina de que dicho activo no ingresó a los bienes de la empresa y que se subsume conforme al criterio de los órganos jurisdiccionales competentes y naturales en el tipo penal de Estafa contemplado en el artículo 240 del Código Penal. Por lo que la causa de mérito se está tramitando con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y a la luz de la normativa procesal penal vigente no existiendo el Doble Juzgamiento conclusión a la que arribó el Ad-quem así como esta Sala, al haber efectuado un estudio meditado de los antecedentes, para poder dar una respuesta a los amparistas sobre sus inquietudes que les motivaron a accionar ante esta Sala de lo Constitucional en procura de los derechos, que según lo sostenían les habían sido infringidos a su representado. CONSIDERANDO: Que vistas las apreciaciones anteriores, es procedente denegar el amparo relacionado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 240 del Código Penal; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56, 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGAR la garantía constitucional de Amparo, interpuesta por los abogados JOSUE GERARDO NEAL RODRIGUEZ y ARQUIMIDES JIMENEZ a favor de MANUEL HUMBERTO FREIJE PEÑA contra las actuaciones de la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés, propiamente contra la resolución de fecha veinticinco de julio del año dos mil ocho. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en al ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el quince de febrero de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha doce de enero de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 389-P490-508=08/P365=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL