Sentencia AP-339-09 — Registro 3810
Resumen
Sentencia recurrida, amplia requerimiento fiscal y ordena auto de prisión por el delito de desobediencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en el caso sub-judice como muy bien lo ha establecido el ad-quem, no consta en el acta de audiencia inicial que los apelantes hayan propuesto la prueba documental que alegan y que el juez la haya rechazado indebidamente, por lo que al tenor del ya citado articulo 294 párrafo tercero, esta Sala estima que si la defensa del imputado no hizo la presentación de los medios probatorios, tal situación no es atribuible al juez, sino que a la propia defensa, situación ante la cual no se está violentando el derecho de defensa del imputado"...
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de enero de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, TITO HERNANDEZ SALGADO y NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ, a favor de los señores MIRNA MARIA SEVILLA BORJAS, PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES y JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, contra la sentencia de fecha veintisiete de octubre del año dos mil ocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que reformó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de agosto del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra los señores JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES, JOSE DE LA CRUZ NUÑEZ VELASQUEZ, DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ ZAMORA y MIRNA MARIA SEVILLA BORJAS, por considerarlos responsables a título de autores de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS y OTROS FRAUDES en perjuicio del señor JOSE LUIS CARBAJAL RAMOS.ANTECEDENTES 1)Que en fecha tres de julio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada YESSENIA MARIA MARQUEZ LOBO, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES, JOSE DE LA CRUZ NUÑEZ VELASQUEZ, DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ ZAMORA y MIRNA MARIA SEVILLA BORJAS, por considerarlos responsables a título de autores de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS y OTROS FRAUDES en perjuicio del señor JOSE LUIS CARBAJAL RAMOS. 2) Que en fecha veintisiete de agosto del año dos mil ocho, el Juzgado referido, mediante resolución tomada en Audiencia Inicial, resolvió: a) decretando sobreseimiento definitivo a favor de los imputados por los delitos que se les acusa, por considerar que el Ministerio Público fue incapaz de identificar e individualizar las conductas supuestamente cometidas, imposibilitando en ambos casos observar dentro de la conducta examinada delito alguno, b) declarando sin lugar la petición del fiscal para ampliar el requerimiento fiscal citado, para incorporar en él el delito de DESOBEDIENCIA, en virtud de que el Ministerio Público ratificó el Requerimiento sin efectuar la ampliación de los hechos requeridos y de los hechos que constan en autos se imposibilita subsumirlos al delito por el que se pretende ampliar el requerimiento, c) ordenando el cese de las medidas cautelares impuestas a los enjuiciados en la declaración de imputado y d) ordenó a la secretaría del juzgado librar las respectivas cartas de libertad definitiva. 3) Que en fecha veintisiete de octubre del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, resolvió: a) declarando ha lugar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por la fiscal del Ministerio Público, b) reformando la resolución apelada, dejando sin valor ni efecto los sobreseimientos definitivos dictados y a declarar sin lugar la ampliación del Requerimiento Fiscal por el delito de DESOBEDIENCIA, c) ordenando al A-quo dictar auto de prisión en contra de los señores JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, MIRNA MARIA SEVILLA BORJAS y PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES por el delito de OTROS FRAUDES en perjuicio del señor JOSE LUIS CARBAJAL RAMOS, por considerar que incurrieron en el delito enunciado, en virtud de que las actuaciones de los señores citados son ajenas a las de buena administración, mas bien hicieron que el ofendido suscribiera documentos de poderes, bajo la creencia de que los enjuiciados actuarían en beneficio de sus intereses, siendo sus actuaciones fraudulentas y perjudiciales; y admitir la ampliación del requerimiento fiscal, por considerar que la petición se hizo oportunamente, en virtud de que el decomiso de los libros contables de la Joyería y Relojería Carvajal, ordenado por Juez competente, no se pudo llevar a cabo debido a la oposición del señor JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, quien en vez de acatar el mandato judicial, hizo llegar al establecimiento a dos profesionales del derecho, y d) confirmó la resolución impugnada en sus demás pronunciamientos, en virtud de que no se demostró la plena prueba de la existencia del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS, imposibilitando que exista un indicio racional de participación; fundamentando su decisión en los artículos 242 numeral 2 del Código Penal, 294, 296 y 297 del Código Procesal Penal. 4) Los recurrentes abogados JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, TITO HERNANDEZ SALGADO y NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ, comparecieron ante este Tribunal, en fecha veintiocho de enero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de los señores MIRNA MARIA SEVILLA BORJAS, PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES y JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintisiete de octubre del año dos mil siete, es violatoria de lo dispuesto en los párrafos primeros de los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que el siete de julio del año dos mil ocho, el Ministerio Público, formuló ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Requerimiento Fiscal contra los señores: JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES, JOSE DE LA CRUZ NUÑEZ VELASQUEZ, DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ ZAMORA y MIRNA MARIA SEVILLA BORJAS, por suponerles responsables del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS y OTROS FRAUDES en perjuicio del señor JOSE LUIS CARBAJAL RAMOS. Y en Audiencia Inicial la citada judicatura emitió resolución decretando Sobreseimiento Definitivo a favor de los señores Jorge Alberto Carvajal Sevilla, Paola Elizabeth Martínez Vides, José de la Cruz Núñez Velásquez, Douglas Rafael Martínez Zamora y Mirna Maria Sevilla Borjas, por los delitos de Falsificación de Documentos Privados y Otros Fraudes en perjuicio de José Luis Carvajal Ramos y sin lugar la ampliación del Requerimiento Fiscal por el delito de Desobediencia. Resolución que fue impugnada por el Ministerio Público ante la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, Tribunal de alzada, que en fecha veintisiete de octubre del año dos mil ocho, dictó fallo cuya parte dispositiva, textualmente dice: “1) Declarando parcialmente HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto; 2) REFORMANDO la resolución apelada, en el sentido y alcance siguientes: Dejar sin ningún valor ni efecto los sobreseimientos definitivos dictados a los Jorge Alberto Carvajal Sevilla, Paola Elizabeth Martínez Vides, y Mirna Maria Sevilla Borjas, por el delito de Otros Fraudes, así como la decisión del a-quo de declarar sin lugar la ampliación del requerimiento fiscal por el delito de Desobediencia. 3) Que el A-quo, en acatamiento de esta resolución: a) Dicte auto de prisión contra los señores Jorge Alberto Carvajal Sevilla, Paola Elizabeth Martínez Vides, y Mirna Maria Sevilla Borjas, por el delito de Otros Fraudes en perjuicio del señor José Luis Carvajal Ramos; b) Admita la ampliación del Requerimiento Fiscal por el delito de Desobediencia respecto del señor Jorge Alberto Carvajal Sevilla y pronuncie la resolución correspondiente con arreglo al artículo 294 del Código Procesal Penal. 4) CONFIRMANDO la resolución impugnada en sus demás pronunciamientos. CONSIDERANDO: Que el Ad-quem motivó su resolución en lo siguiente: “1. Para sustentar su requerimiento, el Ministerio Público presentó en la audiencia inicial, por medio del Fiscal acreditado, los elementos probatorios siguientes: Testimonial: Declaraciones de los Señores Mirna Lizeth Flores Alcerro, Oscar Alejandro Ruiz Galdámez, Ramiro Antonio Reyes, German Andrés Gómez Baldillo y las del propio imputado José Luis Carvajal Ramos; Documental: Testimonio de Escritura Pública, mediante la cual el ofendido se declara comerciante individual, bajo la denominación de Joyería y Relojería Carvajal, con sus respectivas inscripciones en el Registro de la Propiedad y Mercantil, y en el Registro de Comerciantes Individuales de la Cámara de Comercio, ambos Registros, de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Testimonio de la Escritura Pública donde los señores Jose Luis Carvajal Ramos y Mirna María Sevilla Borjas le confieren un poder general de representación y administración a la imputada Paola Elizabeth Martínez Vides. Informe investigativo enviado por la Policía Nacional a la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público. Notificación de cierre del negocio denominado Joyería y Relojería Carvajal dirigida al Jefe de Administración Tributaria de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, firmada por la Señora Mirna María Sevilla Borjas. Tres dictámenes emitidos por el Laboratorio Criminalístico y de Ciencias Forenses, relativos a comparación de firmas. Testimonio de la Escritura Pública donde la Señora Paola Elizabeth Martínez Vides en representación del Señor José Luis Carvajal Ramos le da en venta un bien inmueble, propiedad de éste, a la Señora Florinda Baca representante del Señor Jorge Alberto Meraz Baca. Testimonio de Escritura Pública donde los Señores Jorge Alberto Carvajal Sevilla y Paola Elizabeth Martínez Vides constituyen la Sociedad denominada “Joyería Carbajal, Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Álbum fotográfico del negocio Carvajal Joyeros. Informe de Auditoría practicada por el Contador Gustavo Adolfo Jiménez al negocio Joyería y Relojería Carvajal. 2. La defensa, ofreció en audiencia inicial, la prueba de descargo siguiente: Parte de los mismos medios de prueba aportados por el Ministerio Público, en lo que le fueren favorables; Informe contable de las deudas del Señor José Luis Carbajal Ramos; Informe contable de pago de la Sociedad Joyería Carvajal. Tributos rendidos por la Empresa Joyería Carbajal. 3. Del estudio y apreciación de la prueba antes mencionada, el Ad-quem concluye que se han fijado los hechos siguientes: 1) Que el Señor José Luis Carbajal Ramos fue objeto de un robo en el taller donde hacía joyas o reparaba relojes para los clientes de su negocio Joyería y Relojería Carvajal, a raíz del cual se fue a residir por más de cuatro años a los Estados Unidos de América, tiempo durante el cual no recibió información sobre la marcha del negocio, tampoco utilidades que pudiera rendir el mismo; 2) Que el negocio de la victima fue cerrado; y en su lugar se abrió otro con el mismo nombre, pero constituido como sociedad de responsabilidad limitada, donde los socios son su hijo Luis Alberto Carvajal Sevilla y la Esposa de éste, Paola Elizabeth Martínez Vides, el que funciona en el mismo local que el anterior y actualmente se identifica como Carvajal Joyeros; 3) Que antes del robo, que fue como de seiscientos mil lempiras, Joyería y Relojería Carbajal, no reportaba pérdidas, sino que era un negocio económicamente estable; 4) Que la Señora Mirna María Sevilla Borjas fue la persona que envió notificación a la Alcaldía para el cierre de la Joyería y Relojería Carvajal; 5) Que la Señora Paola Elizabeth Martínez Vides accionando con un poder que le confirió el ofendido vendió un bien raíz propiedad de éste, a la Señora Florinda Baca, quien a su vez actuaba como apoderada del Señor Jorge Alberto Meraz Baca. 6) que el Señor Jorge Alberto Carbajal Sevilla se negó a entregar los libros contables del negocio Joyería y Relojería Carvajal, no obstante haber sido puesto en conocimiento de un mandamiento judicial que ordenaba su secuestro. 6) Que se pagaron deudas del ofendido, así como de la Señora Mirna María Sevilla Borjas y de uno de los hijos de éstos. 7) Que se repusieron joyas a algunos clientes que resultaron perjudicados como producto del robo antes indicado. 8) Que se hicieron dos auditorías basadas en otro tipo de información, en vista de que los auditores no tuvieron acceso a los libros del negocio Joyería y Relojería Carbajal. 9) Que no se ha establecido de manera confiable que Joyería y Relojería Carbajal, durante el tiempo que estuvo en el extranjero el ofendido, solo reportara pérdidas y ninguna utilidad. 10) Que a su regreso de Estados Unidos, al ofendido se le negó el acceso al que consideraba su negocio, informándole los Señores Jorge Alberto Carvajal y Paola Elizabeth Martínez Vides que ahora ellos eran los dueños. 4) En la Escritura Pública donde el ofendido confirió poder general a la Señora Mirna María Sevilla Borjas, es claramente observable que el mandante comparece “accionando en su carácter personal”, y no en su carácter de comerciante propietario del negocio conocido como Joyería y Relojería Carvajal; también es observable que la firma que aparece en la notificación de cierre del citado negocio fue puesta por la expresada Señora, firma que es indubitada puesto que fue objeto de comparación y dictamen en el Ministerio Público; sobre este particular aspecto, el Ad-Quem arriba a la conclusión de que la mandataria no tenía facultad expresa alguna para disponer de la Joyería y Relojería Carbajal, mucho menos para pedir el cierre de la misma, por lo que sus actuaciones excedieron los alcances del mandato conferido. Se pretende acreditar que fue la víctima quien firmó la notificación, nada más absurdo, si tal hubiese ocurrido, el Señor José Luis Carvajal Ramos habría puesto su propia firma y no la de otra persona; además, la notificación consigna una fecha en que la victima se encontraba residiendo en el extranjero. 5) En el Testimonio de la Escritura Pública en la que los Señores José Luis Carbajal Ramos y Mirna María Sevilla Borjas les confieren pode general de representación a la Señora Paola Elizabeth Martínez Vides no se aprecia que le haya dado a ésta facultad de cerrar, disolver y liquidar la Joyería y Relojería Carvajal; facultad que por otra parte era imposible que se le confiriera a la Señora Mirna María Sevilla Borjas puesto que no aparece como propietaria de dicho negocio; en adición, puede verse en el testimonio de la Escritura Pública donde la Señora Paola Elizabeth Martínez Vides vende un inmueble del perjudicado, que la Notaria afirma que tiene facultades para venderlo; lo cierto es que en el poder conferido no aparece que se le haya dado esa facultad; y aunque así hubiera sido, la venta de un bien raíz por un mandatario en nombre de su mandante, es un acto de riguroso dominio, que exige como requisito previo, que el poder esté debidamente inscrito, circunstancia que no acaece en el presente caso, por lo que se estima que también aquí se dio un exceso en el uso del poder conferido. 6. A lo anterior se agrega, que el hecho de que se hayan pagado deudas del ofendido, de su Esposa y de uno de sus Hijos, así como también, se hayan repuesto joyas a algunos clientes, en nada justifica que se haya tomado la decisión de cerrar la Joyería y Relojería Carvajal, sin previa consulta y consentimiento de su legítimo propietario. Está acreditado que el negocio era rentable antes del robo; éste ocurrió en el Taller de trabajo del ofendido y no en el local donde se exhibían joyas y se atendía al público, de tal manera que pudo seguir operando con éxito, bajo una adecuada administración; cabe preguntarse ¿Cómo si el negocio sólo reportaba pérdidas, dos de los imputados se apresuraron a constituirse como sociedad, bajo el mismo nombre, para explotar el mismo giro, funcionando en el mismo local y aprovechando su capacidad ya instalada? 7. El Señor Jorge Alberto Carbajal Sevilla mantuvo al ofendido alejado del País, al infundirle el miedo de que lo querían matar y de que si regresaba sería procesado; en ese ínterin, Mirna María Sevilla Borjas y Paola Elizabeth Martínez Vides viajaron a Estados Unidos donde convencieron a la víctima que para una mejor administración del negocio, le diera un poder a la segunda; efectivamente así lo hizo, pero lo que obtuvo no fue la prometida buena administración, sino el cierre de dicho negocio y la venta de un bien inmueble de su propiedad por parte de la mandataria, sin que haya constancia de que el dinero producto de esa venta le haya sido entregado. 8. Las actuaciones de los Señores Jorge Alberto Carvajal Sevilla, Paola Elizabeth Martínez Vides y Mirna María Sevilla Borjas, todas contrarias a lo que debe ser una sana administración, y el exceso en el uso de facultades conferidas mediante poderes, sin duda alguna han provocado serios daños patrimoniales y personales al Señor José Luis Carbajal Ramos, quien por tales causas hoy se ve despojado de su negocio y de parte de sus bienes raíces; conducta que el Código Penal configura como sancionable, pues se le hizo suscribir sendos documentos de poderes, bajo la creencia de que sus mandatarios actuarían en beneficio de sus intereses, resultando que más bien sus actuaciones fueron fraudulentas y perjudiciales. 9. El Ministerio Público pidió al Juez el secuestro de los libros contables de la Joyería y Relojería Carvajal; éste, mediante auto del 14 de marzo del 2008, concedió la orden para dicho secuestro, el apoderado legal de la Señora Paola Elizabeth Martínez Vides se personó en el juicio pidiendo que se abstuviera el Juez de ordenar dicho secuestro, y que decretara la nulidad de actuaciones, ambas peticiones fueron denegadas en auto del 28 de Marzo del 2008, contra estas resoluciones no se interpuso recurso alguno, de manera que quedaron firmes; el decomiso de los referidos libros no se pudo llevar a cabo debido a la oposición del Señor Jorge Alberto Carbajal Sevilla quien en vez de acatar el mandato judicial, más bien hizo llegar al establecimiento a dos profesionales del derecho. Lo anterior consta en el acta respectiva, levantada por el Juez Ejecutor y demás personal de la Fiscalía y de la Policía, que le acompañaban en la diligencia; y por esta razón, el agente fiscal pidió oportunamente, que se ampliara el requerimiento contra los imputados por el delito de desobediencia. 10. Respecto del delito de Falsificación de Documentos Privados, luego del examen de la prueba con la cual se pretende acreditarlo, esta Corte encuentra que dichos elementos probatorios no tuvieron la pertinencia necesaria y que por lo mismo, no se demostró en la audiencia la plena existencia de este ilícito, circunstancia por la cual, tampoco puede haber un indicio racional de participación de los imputados, lo cual torna viable el sobreseimiento definitivo que por este tipo penal se les ha decretado. 11. Por las razones antes expuestas, este Tribunal estima procedente declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto y reformar la resolución apelada, cuyo sentido y alcances se expresarán en la parte dispositiva de este fallo.”CONSIDERANDO: Que los demandantes en Amparo, abogados Julio César Ramírez Mejía, en representación de la señora Mirna María Sevilla Borjas, Tito Hernández Salgado, en representación de la señora Paola Elizabeth Martínez Vides y Nadia Karyzza Mencía Velásquez actuando en representación del Señor Jorge Alberto Carbajal Sevilla, acudieron ante este Tribunal Supremo, censurando la resolución del Ad-quem, de fecha veintisiete de octubre del año dos mil ocho, que reformó la decisión asumida por el A-quo, pronunciamientos que fueron ilustrados en el acápite anterior. Los Amparistas muestran su desencanto con el Tribunal de Segunda Instancia, porque estiman que su fallo, lesiona los derechos y garantías de sus representados, contemplados en los artículos 92, 90 y 82 de la Carta Magna, los cuales desarrollan en su formalización del presente remedio extraordinario y de los cuales, esta Sala de lo Constitucional extrae algunas consideraciones, así: El artículo 92 constitucional efectivamente indica los requisitos concurrentes y justificativos para la asunción de un AUTO DE PRISION, deben existir como condiciones sine quanom la plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de libertad e indicio racional cuya autoría se le atribuye a determinada persona. Resulta, bajo el anterior presupuesto, que el Ad-quem apreció con las probanzas vertidas en la Audiencia Inicial celebrada por el Juzgado de letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el veintidós y continuada el veintisiete de agosto del año dos mil ocho, la existencia de los elementos objetivos y subjetivos que le llevaron a la convicción de la comisión del ilícito de Otros Fraudes y el indicio racional de la responsabilidad imputada a los señores Jorge Alberto Carbajal Sevilla, Paola Elizabeth Martínez Vides y Mirna María Sevilla Borjas, en perjuicio del señor José Luis Carbajal Ramos; sede que por su propia naturaleza de instancia conoció de los factores adjetivos y sustantivos penales atinentes al Requerimiento Fiscal del Ministerio Público así como a los medios de prueba aportados por la Defensa Privada de los imputados, como lo ha podido constatar esta Sala con la simple lectura de dicha Audiencia Inicial. De tal manera que no sería dable a esta Sala profundizar sobre la procedencia o no del referido tipo penal, cuando de la motivación del Tribunal de Alzada se infiere una serie de hechos o actuaciones de los encausados que impulsaron al Tribunal de Segunda Instancia a asumir la decisión de reformar la resolución del A-quo. Traspasar el límite de las facultades que la ley confiere a esta Sala, como controlador constitucional significaría que esta Sala se constituiría en Sede de Instancia, lo que amén desnaturalizaría la Acción de Amparo, estaría de alguna manera conociendo de asuntos o violaciones que de existir serían de mera legalidad y atacable vía recurso ordinario y no con el presente remedio extraordinario un tipo penal que fue calificado por el Ad-quem previa apreciación y valoración de los elementos de prueba practicados en Sede de Instancia. Siguiendo con los argumentos de los amparistas, invocan el quebrantamiento a la garantía constitucional del artículo 90, que tutela el Debido Proceso, que comporta el juzgamiento, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, al decir, de los impetrantes que el Ad-quem no puede valorar la prueba vertida en el tribunal inferior mucho menos, cambiar la valoración o efectuar una distinta de la hecha por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa. Al respecto y aunque esta Sala sigue observando que en el desarrollo puntual de la formalización del presente Amparo se refleja un panorama de alegatos de instancia con la pretensión de demostrar violación a garantías constitucionales, es menester, afirmar que la resolución o sobreseimiento dictado por el Ad-quo, fue impugnado por la parte acusadora ú órgano persecutor del Estado y no por la defensa, por ello, y al tenor del material probatorio apreciado por el Ad-quem únicamente para los efectos de cualquiera de las decisiones que prescribe el artículo 294 del Código Procesal Penal y no para efectos de absolución o condena propio de Tribunales de Sentencia en Juicio Oral y Público, no es posible hablar de valoración de prueba en estictu sensu, sin embargo eso no priva a los tribunales de alzada a determinar si con los elementos de prueba allegados o practicados en Audiencia Inicial, existe o no, el mérito o un grado de razonabilidad suficiente para establecer los fundamentos constitucionales que justifiquen un auto de prisión, como ha acontecido con la resolución censurada. Otras de las violaciones que se arguyen como presupuesto constitucional en el amparo que nos ocupa, es el Derecho de Defensa contemplado en al artículo 82 de la Carta Magna y es el que la desarrolla la abogada Nadia Karyzza Mencía Velásquez, en representación del señor Jorge Alberto Carbajal Sevilla, y es el descontento que produce la decisión del Ad-quem en lo que concierne a la admisión de ampliación del Requerimiento Fiscal contra dicha persona por el delito de Desobediencia, aduce la quejosa, que dicha ampliación de requerimiento fue admitida por el Ad-quem, en base a los mismos hechos que originaron el sobreseimiento definitivo y que vía apelación fue reformado por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, y que al disponer el Tribunal de Alzada que el Juzgado Apelado pronuncie la resolución respectiva de acuerdo a lo que determina el artículo 294 del Código Procesal Penal, se la ha privado a su representado de formular los desagravios o descargos en su defensa vinculados al ilícito penal que se le imputa vía ampliación. Esta Sala, dada la inquietud de la accionante procedió al análisis de lo practicado en Audiencia Inicial del veintidós de agosto de dos mil ocho y su continuación el veintisiete, para poder determinar si el Derecho de Defensa se mantuvo incólume, no hay duda que la ampliación del Requerimiento Fiscal fue formulado en audiencia inicial, por una negativa según se alega, de mostrar por parte de los imputados, libros contables, sin embargo aparece fehacientemente que la Defensa rechazó la ampliación del Ministerio Público con los argumentos que tuvo a bien sustentar contra la pretensión del ente acusador, por consiguiente, es insostenible la tesis de la amparista habida cuenta de que la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, al conocer vía apelación de una decisión del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, por la naturaleza del recurso interpuesto por la Fiscalía, estaba facultado de conocer de los elementos de hecho y de derecho y por ende formarse un criterio, por lo que no estima lesivo que pudiera haber decidido la ampliación del requerimiento generado por los mismos hechos que sirvieron de fundamento al formulado por los delitos supra indicados. En todo caso, esta Sala de lo Constitucional asume que conforme se infiere de la parte resolutiva del fallo impugnado emitido por el Ad-quem, la resolución a dictarse por el A-quo debe sujetarse a cualquiera de las que taxativamente prescribe el artículo 294 del Código Procesal Penal relativo al posible delito de Desobediencia.CONSIDERANDO: Que el Derecho de Defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional de los órganos judiciales el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO: Que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional; de todo lo anterior se desprende que a los impetrantes no se les ha impedido el Derecho de Defensa, pues el tener una resolución contraria a sus pretensiones, no es razón suficiente para que se produzca una vulneración a este derecho. CONSIDERANDO: Que para que exista Debido Proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; y esta Sala observa que en el presente caso no existe quebrantamiento alguno del Debido Proceso, pues el caso se tramita por tribunal competente, con todas las garantías del proceso penal, por Ley Procesal y Penal sustantiva, que estaban en vigencia al momento de la comisión del hecho. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunas deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse, entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales y otros más. Al estudiar el caso objeto del recurso de Amparo, esta Sala de lo Constitucional no encuentra quebrantamiento al Derecho de Defensa ni al Debido Proceso. CONSIDERANDO: Que con el mérito de las argumentaciones expuestas, esta Sala evita por su propia función constitucional, entrar a escudriñar elementos de prueba, salvo muy excepcionalmente, cuando se denotan manifiestas irregularidades que pudiesen atentar acremente con las garantías concretadas en la Ley Fundamental, aventurarse a lo contrario, conllevaría a convertir a esta Sala en sede de instancia, lo que implicaría un alejamiento total de su razón de ser, de su esencia jurídica, reflexión que como referente obligatorio ha estimado procedente para el caso venido en examen, sin que ello signifique que se menoscabe su función tuteladora, controladora y de auténtico valladar constitucional contra todos los actos que considere arbitrarios o lesivos a la Ley Fundamental y en consecuencia a los más altos intereses de un Estado de Derecho. En consecuencia es procedente denegar el Amparo relacionado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56, 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGAR la garantía constitucional de Amparo, interpuesta por los abogados JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, TITO HERNANDEZ SALGADO y NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ a favor de los señores MIRNA MARIA SEVILLA BORJAS, ELIZABETH MARTINEZ VIDES y JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, contra las actuaciones de la Honorable Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, el día veintisiete de octubre de dos mil ocho. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cinco de febrero de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha doce de enero de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 339-P153-156=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA
CONSTITUCIONAL